María del Socorro Juárez Pérez
Expediente 1306/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1306/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María del Socorro Juárez Pérez
Actuaciones
- Principal
El nueve de octubre de dos mil veintitrés, Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado da cuenta al Juez, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el folio 15062. Conste. Apizaco, Tlaxcala, nueve de octubre de dos mil veintitrés.****************************************Se admite recurso de queja.****************************************Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; por medio del cual informa que fue admitido el recurso de queja interpuesto por la quejosa María del Socorro Juárez Pérez, en contra del proveído dictado el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, el cual quedó registrado con el número 269/2023.****************************************En consecuencia, este Juzgado Federal queda enterado de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.**************************************** Notifíquese. ****************************************Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Se acepta competencia Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual, comunica el auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en el que dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por María del Socorro Juárez Pérez, en los autos del juicio de amparo directo 433/2023 de su índice, por las razones expuestas. Se desecha demanda de amparo. Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que el acto reclamado no produce efectos de imposible reparación al quejoso, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En ese sentido, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Sobre los actos cuyos efectos son de imposible reparación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías bi-instancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Lo anterior, resulta relevante en este asunto, pues el acto reclamado en el presente juicio consiste en la resolución de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dictada en el Toca Civil de Queja 161/2023, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por el que la responsable confirma la interlocutoria de veinte de enero de dicho año, dictada dentro del incidente de acumulación de autos, relativo al juicio de usucapión, en el que decreta la acumulación de autos del expediente 85/2020 al 94/2022. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: María del Socorro Juárez Pérez, mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes Común del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, promovió en vía ordinaria civil juicio de usucapión en contra de José Ramiro Paredes Sánchez, como heredero y albacea de Efrén Paredes Sánchez y Macedonia Sánchez o Macedonia Vázquez Paredes o Macedonia Sánchez Sánchez y Yolanda Paredes Sánchez, respecto de una fracción del predio denominado "Capultitla", ubicado en calle Atlatzingo, sin número, de la población de San Esteban Tizatlán, Tlaxcala. El dos de marzo posterior, el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial referido, lo registró con el número 85/2020, ordenando los emplazamientos correspondientes. Seguido el procedimiento en sus fases, José Ramiro Paredes Sánchez, mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil veintidós, promovió incidente de acumulación de autos del juicio de usucapión 94/2022 radicado ente el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala al 85/2020. El veinte de enero de dos mil veintitrés el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, ordenó la acumulación de autos del expediente 85/2020 al 94/2022. Inconforme con dicha determinación María del Socorro Juárez Pérez, interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el cual fue resuelto confirmando la interlocutoria de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente 94/2022, ordenando la acumulación del expediente 85/2020, del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala. Como puede verse, la resolución que reclama sólo tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, por lo que debe decirse que dicho acto no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Ello es así, básicamente porque de los antecedentes previos se advierte la promovente se duele de una resolución que no violenta sus derechos fundamentales, pues es el de la queja 161/2023, del cual deriva de un incidente de acumulación, en un juicio en etapa de pruebas. Resulta aplicable la tesis aislada visible en el Semanario Judicial de la Federación, con datos de identificación: volumen 127-132, Sexta Parte, página 16, registro digital: 251610, de rubro y texto: "ACUMULACION. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA RESOLUCION QUE LA DECRETA. La acumulación de autos tiene por único objeto, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que los dos juicios de que se trate, aun siguiéndose por cuerda separada, se decidan en una misma sentencia, a fin de evitar los graves inconvenientes que surgirán en muchos casos, si dos procesos ligados entre sí por estrechas conexiones, corrieran por separado, y si tal es el único objeto de la acumulación y tal el motivo que la justifica, es evidente que ella no puede mermar en lo más íntimo los derechos ejercitados por las partes en los procesos cuya acumulación se decretó. Así entonces, la sentencia interlocutoria que decreta la acumulación de juicio que se estiman conexos, no es de aquellos actos que causen un perjuicio de carácter irreparable y no se surte la procedibilidad del juicio de garantías, al no quedar el caso comprendido dentro de las hipótesis normativas previstas en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, y de los preceptos 4o. y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, resultando operante la causal de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos antes invocados y la diversa fracción V del artículo 73 mencionado, razones todas éstas para sobreseer en el juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 de la ley de la materia". Así como la tesis aislada, la tesis aislada visible en el Semanario Judicial de la Federación, con datos de identificación: Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1990, página 447, registro digital: 224899, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCION QUE DECRETA LA ACUMULACION DE AUTOS". Como el procedimiento de acumulación de autos que regulan los artículos 568 al 583 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, tiene por único objeto que dos o más juicios materia de acumulación, aun siguiéndose por cuerda separada, se decidan en una misma sentencia, a fin de evitar pronunciamientos contradictorios, es evidente que cuando se decreta la acumulación de juicios que se estiman conexos no se merman en lo más mínimo los derechos ejercitados por las partes en tales procesos. Luego entonces, si a través de la vía constitucional se reclama una resolución que decreta la procedencia de un incidente de acumulación de juicios diversos por estimarse que guardan conexidad, no se surte la procedibilidad del juicio de amparo indirecto, en virtud de que el acto reclamado no causa un perjuicio de carácter irreparable en la persona del quejoso, requisito que, para la procedencia del juicio de garantías biinstancial, exige el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo". Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, las subsecuentes notificaciones, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados. Se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del segundo párrafo del numeral 24 de la Ley de Amparo a Jerónimo Popocatl Popocatl y Daniel Paredes Vázquez, toda vez que sí cuentan con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Consulta de expediente electrónico. Asimismo, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta y notificación del expediente electrónico a través del usuario "paredesvazquez", toda vez que se encuentra registrado, en la inteligencia de que el Actuario de la adscripción deberá realizar lo conducente para la consulta del expediente electrónico. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafo sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Asimismo, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, para la práctica de diligencias y el dictado de las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv
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