María del Rosario Carmona Carmona
Expediente 162/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 162/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María del Rosario Carmona Carmona
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado auto de desechamiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa María del Rosario Carmona Carmona, hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federa, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308, (dentro de un horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Desahoga prevención Agréguese a los autos el escrito signado por María del Rosario Carmona Carmona, por su propio derecho, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de quince de febrero del año en curso, y al efecto se provee: Consideración previa Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: Las acciones de obstrucción de las actuaciones, funciones y de las atribuciones y facultades inherentes al cargo que tiene conferidas la quejosa como Directora de Comercio y Mercados Municipales del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala. El inminente cese del cargo público que ostenta como Directora de Comercio y Mercados Municipales del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala. La omisión del Presidente de Municipal de Teolocholco, Tlaxcala, en dar contestación al escrito de veinte de enero de dos mil veintitrés. En ese contexto, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio constitucional, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, prevé la obligación del juez de distrito de examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Desechamiento respecto de los actos reclamados señalados con el inciso a) y c). Falta de legitimación En ese sentido, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el párrafo primero del 7°, ambos de la Ley de Amparo, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. (.)" Como puede apreciarse, el arábigo transcrito en primer término, dispone que es improcedente el juicio de amparo, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia Ley de Amparo o, incluso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el segundo dispositivo establece que las personas morales oficiales podrán solicitar el amparo cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, esto es, cuando esa afectación tenga como origen la actuación del organismo público dentro de una relación de coordinación, o sea, cuando realiza actividades como persona moral particular o de carácter privado, pero no cuando están íntimamente relacionadas con el quehacer público que la Constitución y otras leyes le encomiendan. De acuerdo con lo anterior, una persona moral oficial cuenta con legitimación para promover juicio de amparo, siempre y cuando la afectación a sus intereses patrimoniales sean derivados de actos jurídicos que realice como particular o gobernado, bajo un plano de igualdad frente a otro gobernado; distinguiéndose así dicha actuación con la que realiza en despliegue de sus atribuciones propias de gobierno, porque en estas últimas el organismo público crea, modifica o revoca, unilateralmente, una situación que afecta la esfera legal del particular, es decir, que únicamente podría tener el carácter de autoridad responsable, pero no de quejoso. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a.lJ. (sic) 171/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, cuya fuente es el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2006, tomo XXIII, página 467, que dice: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio." Los actos que en la presente vía constitucional pretende combatir la parte quejosa, quien acude a esta instancia con el carácter de Directora de Comercio y Mercados Municipales del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, consisten en: a) las acciones de obstrucción de las actuaciones, funciones y de las atribuciones y facultades inherentes al cargo que tiene conferidas la quejosa como Directora de comercio y mercados municipales del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala y c) la omisión del Presidente de Municipal de Teolocholco, Tlaxcala, en dar contestación al escrito de veinte de enero de dos mil veintitrés. En ese sentido, si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger a los individuos contra el Estado, creó el juicio de amparo, queda al margen de toda discusión, que los órganos del Estado no gozan de garantías individuales y, por lo mismo, no están legitimados para promover juicios de amparo. Regla general a la que se ha opuesto una excepción, que se contempla en el artículo 9° de la Ley de Amparo, la cual radica en que el Estado puede obrar con un doble carácter; como entidad pública y como persona moral de derecho privado. Dicha equiparación en el obrar, indujo al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo, cuando aquél, obra como persona moral de derecho privado, derechos tutelares entre los que principalmente se encuentran las garantías individuales, que están protegidas a través del juicio constitucional. Por tanto, se considera que se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, ya que la quejosa María del Rosario Carmona Carmona, con el carácter de Directora de Comercio y Mercados Municipales del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, al tratar de combatir la legalidad de actos de autoridad y no de intereses patrimoniales de derecho privado no tiene legitimación para promover el juicio de amparo por no contar con la condición para el ejercicio de la acción constitucional, pues ello implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad de un derecho y que de acuerdo con la Ley de Amparo se considere particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional. Dicha circunstancia queda evidenciada ya que al promover la presente instancia no se despoja del carácter de Directora de Comercio y Mercados Municipales del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, que ostenta, reclamando una afectación en el desempeño de su función administrativa, refiriendo que esa función no se encuentra subordinada a la de las autoridades señaladas como responsables. Así, se reitera que la única manera en que la quejosa investida con el carácter de Directora de Comercio y Mercados Municipales del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, puede acceder al juicio de amparo, es que se vean afectados en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas, en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares; hipótesis que, como quedó evidenciado, no se actualiza en el caso concreto. Apoya lo anterior la tesis III.2o.P.240 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010, página 1949, Novena Época, Materias Penal, de contenido: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, PROMOVIDO POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. Si bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger a los individuos contra el Estado, creó el juicio de amparo, queda al margen de toda discusión, que los órganos del Estado no gozan de garantías individuales y, por lo mismo no están legitimados para promover juicios de amparo; regla general a la que se ha opuesto una excepción, que se contempla en el artículo 9o. de la Ley de Amparo. Esa excepción radica en que el Estado puede obrar con un doble carácter; como entidad pública y como persona moral de derecho privado. Dicha equiparación en el obrar, indujo al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo, cuando aquél, obra como persona moral de derecho privado, derechos tutelares entre los que principalmente se encuentran las garantías individuales, que están protegidas a través del juicio constitucional. Ahora bien, es correcto considerar que se actualiza la causal de improcedencia, a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1o. de la ley en cita y 103, fracción I, de la Constitución Federal, cuando el amparo sea promovido por el agente del Ministerio Público de la Federación, al tratar de defender la legalidad de actos de autoridad y no de intereses patrimoniales de derecho privado. Lo anterior, porque si el representante social presenta demanda de garantías, en la que aduce que lo hace como particular y no investido de su función pública, pero de sus conceptos de violación se advierte, que el acto que reclama es con la pretensión de defender la legalidad de actos de autoridad, se actualiza la falta de legitimación ad causam, para promover el juicio de garantías, por no ser titular de un derecho como gobernado. Esto es, la condición para el ejercicio de la acción constitucional implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad de un derecho y, que de acuerdo con la Ley de Amparo, se considere particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional". Así como la tesis 111.30.T.6K (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que se comparte y es localizable en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo 111 (sic), página: 2475, registro: 2005501, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. EN EL SISTEMA DEL JUICIO DE AMPARO VIGENTE PREVALECE LA RESTRICCIÓN DE SÓLO ACUDIR CONTRA ACTOS QUE AFECTEN SU ESFERA PATRIMONIAL Y MIENTRAS ACTÚEN EN UN PLANO DE IGUALDAD FRENTE A LOS PARTICULARES (INTEPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9o. DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA Y 7o. DE LA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Del análisis comparativo de los artículos 9o. de la Ley de Amparo abrogada y 7o. de la vigente, se advierte la procedencia acotada del juicio de amparo para personas morales oficiales, cuando desprovistas de imperio, el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales de manera actual y directa. Así, conserva la misma limitante, sólo que ahora incorpora la enumeración de Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, pero termina aludiendo a cualquier persona moral pública. Asimismo, el legislador añade que podrán acudir por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, pero conserva el requisito de afectar su patrimonio y, en todo caso, incorporó para mayor claridad que tendría que ser respecto de relaciones jurídicas en un plano de igualdad con los particulares, lo que excluye que acudan en defensa de una función o potestad pública, o bien, respecto de los que hubieren actuado como autoridad. Así, el legislador dotó excepcionalmente al Estado de acceso al juicio de amparo, bajo ciertas condiciones: a) cuando aquél obra como persona moral de derecho privado (equiparándose); y, b) se trate de actos que afecten su patrimonio. Ése es el tipo de perjuicio y plano bajo el cual pueden ser protegidas en amparo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido una regla general y la excepción. La primera, que el Estado (poder público), no goza de garantías individuales y, por lo mismo, no podía promover juicio de amparo. La excepción, cuando actúa como si fuera particular desde una proyección de derecho privado, en defensa de intereses patrimoniales, único caso en que puede acudir al amparo, restringido exclusivamente a combatir actos que menoscaben su presupuesto directo o que afecten los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que sean titulares dichas corporaciones (bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones), excluidos aquellos actos en que actúen como autoridad o que tengan su origen en el ejercicio de potestades públicas. En cada caso, el órgano de amparo debe verificar que se cumplan tales requisitos para estimar procedente el juicio constitucional y, de ahí, estar en condiciones de examinar la constitucionalidad del acto de que se trate, al ser presupuesto de orden público. Por ende, existe compatibilidad con las jurisprudencias referentes al tema, integradas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, el cual dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva normativa, ya que en tal tema no son opuestas a los principios y situaciones abordadas, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir." Criterios orientadores. En ese sentido, en términos similares se pronunció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al emitir la resolución del recurso de queja penal 180/2022, relativo al juicio de amparo 830/2022, de la estadística de este órgano de control constitucional y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el recurso de queja 62/2020, relativo al juicio de amparo 315/2020, de la estadística de este Juzgado Federal. Desechamiento respecto del acto reclamado señalado con el inciso b). Ahora bien, respecto del acto reclamado consistente en el inminente cese del cargo público que ostenta como Directora de Comercio y Mercados Municipales del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, atribuida al Presidente Municipal de Teolocholco; sin embargo, para efectos del juicio de amparo, dicha institución no es autoridad responsable cuando se reclama el cese o despido (sea justificado o no). Por lo tanto, en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 1, fracción I, y el artículo 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo vigente. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El tercero de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; además, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Como puede advertirse, el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley de Amparo, establece que para efectos del juicio constitucional, los particulares pueden tener la calidad de autoridad responsable, siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad; por tanto, con independencia de la denominación y naturaleza formal de quien emita el acto, si éste reúne las características de ser considerado como un acto de autoridad, debe tenerse a su emisor como autoridad responsable; sin embargo, no todos los actos de los particulares son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo, sino sólo aquellos que sean equiparables a los actos de autoridad, los que como se indicó, exigen de requisitos indispensables. Ahora bien, la nota distintiva del concepto jurídico de "autoridad responsable" consiste en el ente público que actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad, esto es, todo acto de autoridad es unilateral, imperativo y coercitivo. Así, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa mutuo propio; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió los aspectos distintivos del concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo en la jurisprudencia 164/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, la cual es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Conforme a dicha jurisprudencia, una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. En ese aspecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que, por autoridad responsable debe considerarse a las personas que, con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que, la autoridad es todo aquel ente público o particular, que ejerce facultades decisorias que le confiere la ley, y por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Sobre el particular, es oportuno citar la Jurisprudencia P. XXVII/97, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero 1997, Novena Época, visible en la página 118, cuyo contenido es: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De igual forma, para concebir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Así, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de ese tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contenciosoadministrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Ese tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público, que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución General de la República. Cobra aplicación a lo antes expuesto la tesis 2ª.XXXVI/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Marzo 1999, Novena Época, visible en la página 307, cuyo rubro y texto es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Sentado lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y, el ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que tenga características de órgano público; c) Las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, d) Emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Lo antes definido tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,1 de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Ahora, es cierto que conforme al artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, el concepto de autoridades responsables se amplió, en relación a la ley abrogada, de cuyo contenido transcrito con anterioridad se puede inferir que se comprenden las siguientes: a) Autoridades stricto sensu, es decir, los entes públicos con facultades coercitivas que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar un acto susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, o bien, omiten el acto que crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones; y, b) Los particulares asimilados a autoridades, que son los entes públicos sin facultades coercitivas o las personas privadas que realizan actos equivalentes a los de las autoridades en virtud de una norma general. Ahora, el acto que reclama la parte quejosa se hace consistir en el inminente cese del cargo público que ostenta como Directora de Comercio y Mercados Municipales del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, atribuida al Presidente Municipal de Teolocholco; acto que no reúne los elementos necesarios para ser considerado como proveniente de autoridad y estimar que en su contra resulta procedente el juicio de amparo. De ahí, que esas cuestiones, se vinculan con una relación laboral, esto es, el acto del que se duele la parte quejosa queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, la cual será regida por ordenamientos de derecho laboral, lo que significa que las controversias que se susciten deben ser ventiladas mediante los procedimientos ordinarios conducentes y no a través del juicio de amparo, ello en virtud de que, el juicio de amparo constituye un medio de defensa extraordinario para que los gobernados puedan hacer proteger sus derechos constitucionales de las violaciones que al respecto cometan las autoridades. Se afirma lo anterior, pues de acuerdo a las consideraciones vertidas en párrafos que anteceden, concretamente, que el acto del que se duele la parte quejosa, tiene su origen en una relación laboral patrón-trabajador. De ahí que se torne improcedente el presente juicio por parte de este órgano jurisdiccional, en virtud de tal carácter particular. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado en realidad no deriva de una relación de supra-subordinación entre la quejosa y la autoridad señalada como responsable, sino de una de coordinación, en tanto deriva de la relación de trabajo equiparada existente entre éstas y el promovente, en virtud del contrato laboral que celebraron, constituyendo derechos y obligaciones recíprocos en un plano de igualdad, en el que surgió un conflicto laboral; por ende, cualquier controversia que se suscite con motivo de dicha relación contractual debe ser resuelta por el tribunal laboral competente y no en esta vía Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 10/90, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, página 92, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución". Corrobora lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los actos realizados por los órganos del Estado, en su carácter de patrones, en el que ha establecido: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. De los artículos 90, 93 y 131 de la Constitución Política; 13, 14, fracción IV, 24, fracción VI y 94, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 44, 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54, fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, y sus decisiones son definitivas e inatacables, salvo las referidas a la designación, adscripción, remoción y no ratificación de Jueces, las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva, dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales. Por otra parte, en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales, serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores, y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación. Consecuentemente, el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías, dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad." (Jurisprudencia 2a./J. 111/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXXII, agosto de 2010, página 444, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ******************** Criterio orientador. Así, en términos similares se pronunció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al emitir la resolución del recurso de queja 301/2022, relativo al juicio de amparo 1354/2022, de la estadística de este órgano de control constitucional. Notifíquese personalmente Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Miriam Atonal Sánchez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, quince de febrero de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve María del Rosario Carmona Carmona, por propio derecho contra actos del Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Teolocholco, Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 162/2023-II. Prevención. Ahora, debe destacarse que el artículo 108, de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra el establecido en la fracción IV y V, que a la letra señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)". Del precepto legal transcrito se desprende que la parte quejosa se encuentra obligada a manifestar bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado de manera clara los acto que reclama y a quién se los reclama, pues ello constituye información indispensable para que el Juez de Distrito esté en aptitud de analizar la constitucionalidad de los actos que se les atribuyen. Ahora bien, la parte promovente señala como acto reclamado lo siguiente: Asimismo en dicho capítulo, también refiere lo siguiente: ".mediante un escrito de fecha veinte de enero del año dos mil veintitrés, INFORME al Presidente Municipal RODRIGO CUAHUTLE ZALAZAR de lo ocurrido en la oficina a mi cargo señalándole que se encontraba vacía; asimismo, le SOLICITE que me informara por escrito si la suscrita seguiría ostentando mi cargo público, Y SIENDO EL CASO QUE HASTA LA PRESENTE FECHA DICHO Presidente, NO ME HA DADO NINGUNA RESPUESTA A MIS PETICIOES." (sic) Por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 108, fracción IV, 110 además del 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad: Manifieste si también desea señalar como acto reclamado la falta de contestación al escrito de fecha veinte de enero del año en curso, dirigido al Presidente Municipal de Teolocholco, Tlaxcala. Se requiere copias de escrito aclaratorio. Además, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Todo lo anterior, para estar en condiciones de darle a la demanda el trámite legal que corresponda. Apercibimiento. Por tanto, se apercibe a la parte promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido en párrafos que anteceden, en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá como acto reclamado única y exclusivamente el que se encuentra señalado inicialmente. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados Por otro lado, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo, realícese las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos, que se pública en los estrados de este juzgado, lo que no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales; no obstante lo designó de esa forma, en el entendido que queda expedito su derecho para señalar domicilio en la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal. Autorizados Se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos Jordán Atonal Texis, Karina Atonal García y Noé Hernández Tecuapacho, por así haberlo solicitado. Solicita uso de medios electrónicos. Asimismo, se autoriza el empleo de medios electrónicos, en términos de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Por su aplicación, se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada I.3o.C.725 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Resguardo de documento y memoria USB. Por otro lado, se ordena el resguardo del documento que exhibió la parte quejosa previa copia certificada que se agregue a los presentes autos; asimismo, para un mejor manejo de las presentes actuaciones y dada su naturaleza del anexo al escrito de cuenta, consistente en una memoria USB, se ordena su resguardo por separado ante la secretaria correspondiente. Habilitan días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Asimismo, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese, personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Miriam Atonal Sánchez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes
- María del Rocío Rivera Ramos560/2021
- María del Rocío Sánchez Rodríguez641/2016
- María del Rocío Sánchez Rodríguez528/2016
- María del Rocio Silva Solano814/2019
- María del Rocío Velázquez Aguilar1113/2019
- María del Rosario Amezquita Martínez220/2022
- María del Rosario Concepción Hernández de Marcos570/2023
- María del Rosario Esperanza Escobedo Álvarez1258/2016
- María del Socorro Juárez Pérez1306/2023
- Maria Delfina Guadalupe Rojas Andrade683/2017
- María Delia Cervantes Mendoza1237/2023
- María Delia Gutiérrez González359/2021