María del Socorro Ávila de Loera
Expediente 1868/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1868/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 15/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María del Socorro Ávila de Loera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Juicio de Amparo: 1868/2018 El quince de febrero de dos mil diecinueve, Angélica Bobadilla Larios, secretaria del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la parte quejosa del treinta de enero al catorce de febrero del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de enero del dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 1868/2018. Que dentro de dicho juicio sí se tramitó incidente de suspensión. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, quince de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio el veinticinco de enero del dos mil diecinueve, en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, dese el trámite que establece en punto décimo primero del referido acuerdo. Finalmente, en virtud de que dentro del presente sumario obran documentos originales exhibidos por el quejoso, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio que tiene señalado en autos y REQUIERA a la parte quejosa, a fin de que con identificación oficial vigente, en horario de labores, acuda ante este Juzgado a recoger los documentos de mérito, el cual se pone a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio en que se actúa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. /Ale Aguilar
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA MARÍA DEL SOCORRO ÁILA LOERA, LA DETERMINACIÓN DE QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "... Zacatecas, Zacatecas, quince de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio el veinticinco de enero del dos mil diecinueve, en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, dese el trámite que establece en punto décimo primero del referido acuerdo. Finalmente, en virtud de que dentro del presente sumario obran documentos originales exhibidos por el quejoso, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio que tiene señalado en autos y REQUIERA a la parte quejosa, a fin de que con identificación oficial vigente, en horario de labores, acuda ante este Juzgado a recoger los documentos de mérito, el cual se pone a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio en que se actúa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa ..."
- Principal
El catorce de febrero de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción con folio 1852. Conste. Zacatecas, Zacatecas, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa María del Socorro Ávila Loera; como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvansele los documentos que anexó a su libelo constitucional previa copia certificada que se deje en sustitución; asentando constancia de su recibo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. /Ale Aguilar
- Principal
En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el presente juicio de amparo, en audiencia pública Álvaro Augusto Álvarez Rendón, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, quien actúa ante Mario Ángel Luévano Bocanegra, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin la comparecencia de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda de amparo (foja 2 a 5), a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 16 y 17 a 20); así como, a las demás constancias que obran en los presentes autos. De igual forma, da cuenta con los pedimentos, por medio de los cuales la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formula sus alegatos. A lo anterior, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho, provee: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes y en cuanto a los pedimentos de cuenta, acuérdese lo que en derecho corresponda en la etapa respectiva. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta al Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho, con las documentales que la autoridad responsable fiscal adscrito a la Unidad Número Cuatro Especializada en la Investigación Contra el Robo de Vehículos del estado de Zacatecas, adjuntó a su informe justificado, consistentes en las copias certificadas de la carpeta de investigación ********************, instruida en contra de quien resulte responsable por el delito de robo equiparado, cometido en perjuicio de quién resulte ofendido (fojas 21 a 38). A lo que el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho, provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los vertidos por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en sus pedimentos. A lo que el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho, dispone: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase reproducidos los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Y, en relación con la petición de la mencionada representante social, contenido en sus pedimentos de cuenta, en el sentido de que se le proporcione, copia simple de la sentencia, dígasele que una vez que se emita la misma le será entregada dicha copia. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del mencionado numeral 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1868/2018; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, remitida el mismo día a este Tribunal Federal, cuyo conocimiento le correspondió por razón de turno, ********************, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridad responsable ordenadora: Fiscal adscrito a la Unidad número cuatro Especializada en la Investigación Contra el Robo de Vehículos del estado de Zacatecas; de quien reclama: - La orden verbal de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, relativa a la retención de un vehículo de su propiedad. Autoridad responsable ejecutora: Comandante de la policía ministerial adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación contra el Robo de Vehículos del estado de Zacatecas, reclamando: - La orden verbal de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, relativa a la retención de un vehículo de su propiedad. Actos que, a su parecer resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas y, en proveído de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite; se solicitó los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en: - La orden verbal de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, relativa a la retención de un vehículo de su propiedad. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El fiscal adscrito a la Unidad Número Cuatro Especializada en la Investigación Contra el Robo de Vehículos del estado de Zacatecas, negó la existencia del acto reclamado (fojas 17 a 20); sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar la negativa de la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2002, Página, 903, Materia Común del siguiente tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, al no haber demostrado la parte quejosa con medio de convicción la existencia del acto, procede sobreseer en el juicio únicamente respecto de la autoridad precisada en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable, en la especie, la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad ejecutora, comandante de la policía ministerial adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación contra el Robo de Vehículos del estado de Zacatecas, aceptó la existencia del acto reclamado, dado que así lo expresó en su informe justificado (foja 16). Lo cual se corrobora con las copias certificadas de la carpeta de investigación ********************; documentales públicas que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del referido acto que en el presente juicio biinstancial se impugna. QUINTO. Causas de improcedencia. El estudio de la procedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, es de oficio y preferente al de la materia de fondo de la constitucionalidad planteada, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la Jurisprudencia 814, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación de 1917 a 1995, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia.". Al respecto, de oficio, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente, ya que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 108, fracción III y 5, fracción II, estos últimos interpretados en sentido contrario, que señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.). III. La autoridad o autoridades responsables.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no señala de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación en sentido contrario de lo previsto en el numeral 108, fracción III, de la ley de la materia. Por otra parte, de la interpretación de los artículos 108, fracción III y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, siempre y cuando en la demanda de amparo se les haya señalado como responsables y se hayan integrado a la relación jurídico procesal a través del emplazamiento respectivo, pues resulta ilegal realizar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable ni emplazada a juicio, precisamente porque no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Tal consideración se justifica más aún porque el resultado del eventual examen que se hiciera del acto reclamado respecto de la autoridad que sí fue llamada al proceso en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, pues sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento. Tiene aplicación por el criterio que sustenta, la tesis XXXI.1, emitida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito con registro 164185, consultable en la página 2199, tomo XXXII, agosto de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO EMITIDO CONJUNTAMENTE POR DIVERSAS AUTORIDADES. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE SEÑALA COMO RESPONSABLE A ALGUNA DE ÉSTAS, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AL SER IMPOSIBLE HACER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉL. De la interpretación de los artículos 116, fracción III y 11 de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, o bien se les finque un acto de omisión, siempre que en la demanda de garantías se les haya señalado como responsables. Así, tratándose de un acto reclamado emitido conjuntamente por diversas autoridades, la sanción por el incumplimiento del quejoso a dicha obligación, al no señalar como responsable a alguna de éstas a pesar de la prevención correspondiente, es que el juicio de garantías sea improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la señalada ley, en relación con los citados preceptos, toda vez que es imposible hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de una sola de las autoridades -que sí fue llamada al proceso- en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento." En lo conducente, también es aplicable la tesis I.4o.A.92 K del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 209026, consultable en la página 150, tomo XV-I, febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que se transcribe enseguida: "AUTORIDAD RESPONSABLE NO LLAMADA A JUICIO. IMPOSIBILIDAD DE ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS AUN CUANDO DEPENDA DIRECTAMENTE DE OTRA DIVERSA QUE SI FUE LLAMADA A JUICIO. Es correcto el razonamiento del juez de Distrito por medio del cual determina que no puede analizar la constitucionalidad del acto reclamado de una autoridad que no fue llamada a juicio, y no es obstáculo para determinar lo anterior, el hecho de que esta última dependa directamente de otra que sí fue llamada a juicio, ello en virtud de que, dentro de las atribuciones de la autoridad que suscribió el acto reclamado, no se advierte que pueda hacerlo en sustitución de la señalada como responsable." En el caso, el comandante de la policía ministerial adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación contra el Robo de Vehículos del estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado, aceptó que el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, fue asegurado el vehículo indicado por la parte quejosa, pues contaba con reporte de robo en el estado de Jalisco, mismo que se puso a disposición de ********************, agente del ministerio público permanente número nueve de la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas, mediante oficio 2747 (foja 16). Luego, en virtud que del informe rendido por el fiscal adscrito a la Unidad Número Cuatro Especializada en la Investigación Contra el Robo de Vehículos del estado de Zacatecas, se advirtió que la autoridad que emitió el acto por escrito y no verbalmente como lo refiera la impetrante -reporte vigente de robo de vehículo-, fue la agente del Ministerio Público adscrita al Sistema Tradicional de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco; en tal virtud, por acuerdo de tres de diciembre de dos mil dieciocho, se requirió a la quejosa para que dentro del plazo de quince días, manifestara si era su deseo o no ampliar la demanda y señalar a la agente del estado de Jalisco, como autoridad responsable, bajo el apercibimiento que de no señalarla, se continuaría con el trámite del juicio de amparo únicamente respecto de los actos y autoridad precisados el libelo constitucional primigenio (fojas 43 y 44). Ahora bien, como la peticionaria del amparo no cumplió con el requerimiento en el término concedido, no obstante de estar debidamente notificada (foja 44 vuelta), se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto de tres de diciembre pasado y se ordenó continuar el procedimiento sólo con las autoridades señaladas hasta esa data (foja 48). En tales condiciones, si la agente del Ministerio Público adscrita al Sistema Tradicional de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, fue quien realizó el reporte vigente de robo de vehículo y dicha autoridad no fue señalada como responsable en el juicio que nos ocupa, resulta evidente que no es factible estudiar la constitucionalidad de tal acto. Norma el criterio expuesto, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 1681, tomo XC, del Semanario Judicial de la Federación, quinta época, que dice: "AUTORIDAD ORDENADORA NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE. Si la autoridad ordenadora no fue señalada como responsable, no es dable estudiar la constitucionalidad del acto reclamado.". Por tanto, al haber incumplido la peticionaria del amparo con su obligación de señalar a la autoridad responsable que ordenó el acto que reclama, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, 5, fracción II y 108, fracción III, estos últimos interpretados en sentido contrario de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento. Resulta aplicable al caso, en lo conducente, la tesis 69 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 53, tomo VI, materia común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre, página 195, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento.". El sobreseimiento decretado se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al comandante de la policía ministerial adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación contra el Robo de Vehículos del estado de Zacatecas, en razón de que su actuación no fue combatida por vicios propios. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 239008, consultable en la página 50, tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, que se cita enseguida: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 77, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por MARÁI DEL SOCORRO ÁVILA LOERA, por su propio derecho, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta sentencia, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6944/2018 de once de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Mario Ángel Luévano Bocanegra, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
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