María del Socorro Alvarado de Jesús

Expediente 198/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
198/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
06/05/2019

Partes del expediente

  • María del Socorro Alvarado de Jesús

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Juicio de Amparo: 198/2019 El seis de mayo de dos mil diecinueve, Angélica Bobadilla Larios, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Certifico: Que el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo, transcurrió del dieciséis de abril al tres de mayo de dos mil diecinueve, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra del auto dictado por este Tribunal Federal el día diez de abril de dos mil diecinueve (fojas 52-55) dentro del presente juicio de amparo 198/2019; Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión por no haber sido solicitado; Que existe no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a seis de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de diez de abril de dos mil diecinueve (fojas 52-55), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. En consecuencia, dese el trámite correspondiente que establece el punto décimo primero del citado acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe. /Ale Aguilar

  2. Principal

    "... Zacatecas, Zacatecas, a diez de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del laudo de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral 626/2016; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la mencionada responsable las referidas documentales, las cuales dada su propia y especial naturaleza se tiene por admitida y desahogada. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, el quejoso reclama la omisión de dictar en tiempo y forma el laudo definitivo dentro del juicio ordinario laboral 626/2016. Luego, de las documentales adjuntadas al oficio de cuenta, se advierte que dentro del juicio ordinario laboral 626/2016 en veintinueve de marzo del año en curso se dictó laudo del que esencialmente se advierte lo siguiente: [.] " R E S U E L V E: PRIMERO. La C. María del Socorro Alvarado de Jesús, no acreditó la procedencia de sus pretensiones; y, el demandado Municipio de Mazapil, Zacatecas, sí acreditó sus excepciones y defensas, como quedó establecido en esta Resolución. SEGUNDO. Se absuelve al demandado Municipio de Mazapil, Zacatecas, al pago de las prestaciones identificadas bajos los incisos a), b), c), d), e), f), g), h) y subincisos I), II) y III), del escrito de demanda y ampliación a la misma, conforme lo sustanciado en el considerando II de esta Resolución. TERCERO. En su oportunidad se archive el presente expediente como asunto totalmente concluido. CUARTO. Notifíquese y cúmplase." [.] Por tanto, al haberse emitido la resolución definitiva respecto de la cual el aquí quejoso reclamó su omisión, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Lo anterior, pues a partir de la dilación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones al laudo emitido, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular y en consideración a la etapa en que se encuentre dentro del procedimiento laboral, conforme se indica en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 372, del Libro1, tomo I, Diciembre de 2013, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Así, el dictado del laudo en comento implica la conclusión del procedimiento laboral de origen, por lo que no sería congruente que la protección constitucional se extendiera a etapas diversas del juicio natural. De manera que el efecto del amparo únicamente se podría concretar en el dictado inmediato de la resolución base de la omisión reclamada, lo que ya aconteció en la especie. De ahí que el desfasamiento en la omisión del laudo que reclama la parte quejosa, no es susceptible de análisis constitucional, al haber cesado la omisión reclamada. Entonces, la posible afectación causada a la quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse dictado el fallo definitivo, pues no es factible que la omisión reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (once horas del dos de mayo de dos mil diecinueve); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. /Ale Aguilar

  3. Principal

    Juicio de Amparo: 198/2019 El nueve de abril de dos mil diecinueve, se da cuenta con el estado que guardan los autos del presente asunto y con la promoción con número de folio 4757. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado remitido por la responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, sin que se haya girado el oficio correspondiente al tercero interesado Municipio de Mazapil, Zacatecas. Por tanto, para el solo efecto de regularizar el procedimiento, se ordena dar vista al citado tercero interesado con el informe justificado rendido por la mencionada responsable, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional, enviándole al efecto copia simple de dicho comunicado. Por otra parte, toda vez que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, a fin de dar oportunidad a que el tercero interesado se imponga del informe justificado rendido por la citada responsable, con la anticipación que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la misma y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE para su desahogo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el pedimento 443/2019, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno; y, una vez que se emita la sentencia en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. /Ale Aguilar

  4. Principal

    Juicio de Amparo: 198/2019 El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 4136. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Glósese al presente juicio de amparo para que obre como corresponda la promoción de cuenta, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas; sin perjuicio de hacer relación nuevamente en el desahogo de la audiencia respectiva. Con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 119 de la ley de la materia, téngase a la oficiante ofreciendo como prueba copia certificada del juicio ordinario laboral 626/2016; misma que dada su propia y especial naturaleza se tiene por admitida y desahogada, sin perjuicio de relacionarla nuevamente y valorarla en la etapa procesal que corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe. /Ale Aguilar

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