María del Socorro Acolt Mota
Expediente 502/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María del Socorro Acolt Mota
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Córdoba, Veracruz, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la ley de amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea obstáculo lo anterior, que de los presentes autos se advierta que a la fecha no obre en autos los acuses de recibo de los oficios dirigidos a la autoridad responsable y tercero interesado, en razón de que su sentido no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Asimismo, se invoca la jurisprudencia número VI.2º.C.J/270, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1274, del Tomo XXIV, Octubre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO INTERPUESTO POR EL TERCERO PERJUDICADO CONTRA EL SOBRESEIMIENTO DECRETADO EN EL JUICIO. El sobreseimiento decretado en el juicio de garantías no afecta a los terceros perjudicados y, por tanto, el recurso de revisión que interpongan al respecto debe declararse improcedente, pues no causa agravio alguno a sus derechos, ya que por el efecto natural de esa determinación las cosas quedan como estaban antes de la interposición de la demanda." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de los documentos originales ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas que remitiera la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, las cuales constan en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Córdoba, Veracruz, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Orizaba, con cuatro anexos que al mismo acompaña, consistentes en copia certificada del laudo dictado el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral número. de su estadística, y las constancias de notificaciones de dicha determinación, practicada a las partes. Ahora, del análisis integral de las constancias remitidas por la Junta responsable, se advierte de manera indudable que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la omisión de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica la desaparición total de sus efectos. En este sentido, la improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo que, tal y como se adelantó en líneas precedentes, se arriba a la conclusión de que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, habida cuenta que en esta fecha se tiene al Presidente de la Junta responsable, remitiendo copia certificada del laudo dictado el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral número. de su estadística; por tanto, con dicha actuación, cesó la omisión que se le atribuye, lo que repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Circunstancia que se acredita con las constancias que integran el presente sumario, y en concreto, con la copia certificada del laudo emitido en los autos del referido juicio laboral, que adjuntó al oficio 125/2021, a las que se les otorga pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. En las condiciones apuntadas, como la parte quejosa reclamó en el presente juicio de amparo, la omisión de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Orizaba, de dictar el laudo respectivo en los autos del expediente laboral citado, y habida cuenta que a la fecha ya se dictó la resolución respectiva, todos los efectos de la omisión reclamada han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, es decir, como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, si en los presentes autos se advierte que se dictó laudo en el expediente laboral origen de la omisión reclamada, es inconcuso que el acto reclamado en esta instancia constitucional cesó en sus efectos, actualizándose la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Además, cabe destacar que la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano que se trate, así como a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En las relatadas condiciones, es inconcuso que a la fecha cesaron los efectos del acto reclamado, motivo por el cual, al operar la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo y por ende, se deja sin efectos el día y hora que se tienen señalados para su celebración.
- Principal
NO ATENDIÓ AVISO LA PARTE QUEJOSA. Córdoba, Veracruz, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Orizaba, con cuatro anexos que al mismo acompaña, consistentes en copia certificada del laudo dictado el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral número 894/2017, de su estadística, y las constancias de notificaciones de dicha determinación, practicada a las partes. Ahora, del análisis integral de las constancias remitidas por la Junta responsable, se advierte -de manera indudable- que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, (.). De la exégesis del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la omisión de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica la desaparición total de sus efectos. En este sentido, la improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo que, tal y como se adelantó en líneas precedentes, se arriba a la conclusión de que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, habida cuenta que en esta fecha se tiene al Presidente de la Junta responsable, remitiendo copia certificada del laudo dictado el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral número 894/2017, de su estadística; por tanto, con dicha actuación, cesó la omisión que se le atribuye, lo que repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Circunstancia que se acredita con las constancias que integran el presente sumario, y en concreto, con la copia certificada del laudo emitido en los autos del referido juicio laboral, que adjuntó al oficio 125/2021, a las que se les otorga pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. En las condiciones apuntadas, como la parte quejosa reclamó en el presente juicio de amparo, la omisión de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Orizaba, de dictar el laudo respectivo en los autos del expediente laboral citado, y habida cuenta que a la fecha ya se dictó la resolución respectiva, todos los efectos de la omisión reclamada han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, es decir, como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, si en los presentes autos se advierte que se dictó laudo en el expediente laboral origen de la omisión reclamada, es inconcuso que el acto reclamado en esta instancia constitucional cesó en sus efectos, actualizándose la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Además, cabe destacar que la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano que se trate, así como a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página número 38, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relatadas condiciones, es inconcuso que a la fecha cesaron los efectos del acto reclamado, motivo por el cual, al operar la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo y por ende, se deja sin efectos el día y hora que se tienen señalados para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, correspondiente al mes Marzo de dos mil tres, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Asimismo, debe decirse que no causa agravio a las partes el hecho que no se les haya dado vista con la posible actualización de una causa de improcedencia, pues la suscrita no se encuentra obligada a ello. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia número VI.1o.T. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en la página 2421, del Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de autoridad inferior (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes.
- Principal
Córdoba, Veracruz, quince de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que de conformidad con la circular CAP/3/2020, se suspendieron plazos y términos procesales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al esquema trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid- 19; mismo que estableció que sólo se daría trámite y seguimiento oficioso a los asuntos calificados como urgentes; así como, aquéllos tramitados mediante juicio en línea. Por tanto, dado que al acto reclamado en el presente juicio de amparo, no se ubica dentro de los asuntos calificados como urgentes de conformidad con el artículo 4 del citado Acuerdo General 13/2020; se suspendió su tramitación. Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó que el ordenamiento aplicable a partir del doce de enero del año en curso, para la operación de los órganos jurisdiccionales, con excepción de la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; por lo que a partir de esa fecha se levantó la suspensión y se ordenó la reanudación de los plazos y términos procesales. En el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por tanto, toda vez que se encontraban señaladas las diez horas con quince minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO; la que se llevará a cabo sin la presencia física de las partes, toda vez que ésta no se requiere, ya que el acto reclamado no se encuentra dentro de alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los que puede alegar verbalmente, y tampoco existen pruebas pendientes de desahogar que requieran de su comparecencia o la de terceros. Lo que obedece estrictamente a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 5°, fracción II, segunda parte, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia se llevará a partir de los escritos presentados o que se presenten hasta ese momento procesal, física o electrónicamente por las partes.
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