María del Rosario Vega Virgen
Expediente 715/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 28 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 715/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 02/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María del Rosario Vega Virgen
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Córdoba, Veracruz, dos de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el siete de diciembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que algunas de las autoridades responsables no se encuentren notificadas o que no les transcurra el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo; en razón de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa agravio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso C), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, dos de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el siete de diciembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que algunas de las autoridades responsables no se encuentren notificadas o que no les transcurra el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo; en razón de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa agravio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso C), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.
- Principal
QUINTO. Causa de sobreseimiento en el juicio. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, procede el relativo a las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no acreditó que el acto reclamado le cause una afectación real y directa a su esfera jurídica. A efecto de evidenciar lo anterior, resulta pertinente citar los artículos invocados, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". De tales disposiciones normativas deriva que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, esto es, la solicitud de amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre acotado a que tal agravio sea real y actual. En el caso, la peticionaria de amparo acude a este juicio constitucional porque estima que el acto reclamado, consistente en la política nacional de vacunación contra el virus SARS-COV-2, le causa un agravio real y actual a su esfera de derechos, pues manifiesta que se le está obligando a vacunar al contemplar la expedición de un certificado de vacunación contra dicho virus, pues las personas que no cuenten con éste no tendrán acceso a los servicios de salud, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier clínica de salud pública o privada; no podrán trabajar en empresas o instituciones públicas o privadas, tampoco visitar lugares turísticos y servicios personales, profesionales y de "servicio". Sin embargo, de las constancias que conforman el presente sumario no se advierte alguna que demuestre la afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa, pues ésta únicamente citó la página electrónica en la que puede ser consultada la Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, pero de ella no deriva que la impetrante sea usuaria de servicios de salud en alguna institución pública o privada, desempeñe sus labores en alguna empresa o entidad pública, que haya visitado 715/2021 lugares turísticos o requerido servicios personales, profesionales y de otro tipo; y que con motivo de no tener el referido certificado de vacunación se haya negado el acceso a alguno de ellos. En consecuencia, al no demostrarse la afectación real y actual que a la esfera de derechos ocasiona el acto reclamado a la quejosa, se actualiza la causa de improcedencia invocada; por consiguiente, se impone sobreseer en el presente juicio, acorde con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto de admisión se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75, 77, fracción I y 79, de la Ley de Amparo aplicable se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ****************, contra los actos reclamados de las autoridades responsables, precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los diversos tercero y quinto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de la misma. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa. Así, lo resolvió y firma la licenciada Margarita Morrison Pérez, Jueza Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, asistida de la licenciada Guadalupe Villagómez Aguilera, secretaria de la Sección de Amparo, que autoriza y da fe, hoy siete de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
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