María del Rosario Valle Sánchez

Expediente 432/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 35 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
432/2022
Año
2022
Actuaciones
35
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • María del Rosario Valle Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Incidental

    Uruapan, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado de autos, y tomando en consideración que se ordenó el archivo definitivo en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental, se acuerda: Toda vez que en el expediente en que se actúa se evidencia que en resolución interlocutoria de dos de marzo de dos mil veintitrés, en la que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. Consecuentemente, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se precisa que: El original del presente cuaderno, es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido. Y, respecto del duplicado de este incidente, también es destruible, de conformidad con el numeral 19, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, trascurrido el plazo de seis meses ahí indicado. Una vez destruidos, deberá remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en las carátulas respectivas, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del citado acuerdo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra de la resolución de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó el juicio de amparo; con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Por tanto, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que la resolución de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en este proveído causó ejecutoria; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado acuerdo. Es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20 fracción I del citado Acuerdo General, razón por la que, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del citado acuerdo. Asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente acuérdese lo conducente en el incidente que deriva del presente juicio. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Súmese a los autos el oficio 5408/2023, signado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", mediante el cual se desprende que a su vez reenvía el oficio 5408/2023 de este órgano jurisdiccional a la Administradora Desconcentrada de Jurídica de Michoacán, para su debido seguimiento. La suscrita queda enterada de su contenido. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de julio de dos mil veintidós, por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y turnado el siguiente día a este Juzgado, ********************, por conducto de su apoderado legal Julio César López Ram, promovió demanda de amparo contra actos del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades, que serán debidamente precisados en el considerando respectivo. SEGUNDO. Trámite y audiencia constitucional. La demanda de amparo indirecto de que se trata, fue turnada a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, la que previa prevención, se admitió a trámite; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó dar la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta respectiva. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; además, en razón de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la demarcación territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar cuáles son los actos reclamados. Para lograr ese propósito, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer los actos reclamados, como son: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relacionados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan de los actos reclamados. Apoya lo anterior las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los rubros siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Así se tiene, que tanto del escrito de demanda, su aclaratorio, así como de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo, el acto reclamado de las autoridades responsables es el siguiente: Del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México. Del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en Morelia. Del Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria con residencia en Morelia. Del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Morelia. Del Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional Michoacán del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Morelia. Del Subdelegado de Afiliación Cobranza en Zamora del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán. La orden verbal o escrita de aseguramiento, bloqueo o embargo de la cuenta bancaria con número de contrato ********************, así como la diversa de número 8822 03015078 6891. Del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero BANAMEX, con residencia en Uruapan, Michoacán. La orden verbal o escrita y su ejecución de aseguramiento, bloqueo o embargo de la cuenta bancaria con número de contrato ********************, así como la diversa de número ********************. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables siguientes: Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México. Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en Morelia. Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria con residencia en Morelia. Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Morelia. Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional Michoacán del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Morelia. Subdelegado de Afiliación Cobranza en Zamora del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán. Al rendir sus informes justificados, negaron los actos reclamados que se les atribuyen. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio de amparo en que se actúa, respecto de las citadas autoridades y actos que se les reclamaron, conforme al artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Con relación a ello, se cita la jurisprudencia VI. 2o. J/20 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Debe presumirse cierto el acto reclamado que se atribuye a Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero BANAMEX, con residencia en Uruapan, Michoacán, pues si bien en su informe justificado no menciona expresamente si es cierto o no, de su contenido se advierten manifestaciones que evidencian su certeza. Lo que así se corrobora con lo señalado por la referida institución bancaria al rendir su informe justificado en el que expresó, lo siguiente: "Al respecto, se hace de su conocimiento que las cuentas con número de contrato ******************** y ******************** a nombre de ********************, se encuentran canceladas por inactividad de las mismas, la primera de ellas desde el día 11 once de abril del 2019 dos mil diecinueve y la segunda desde el día 24 veinticuatro de abril del 20019 dos mil diecinueve." Al respecto, se cita en la idea conducente, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. DEBEN PRESUMIRSE CIERTOS LOS ACTOS SI NO SE EXPRESA SI SON O NO CIERTOS." QUINTO. Causas de improcedencia. Corresponde analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. De la interpretación conjunta de los citados artículos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. El artículo 5 de la Ley de Amparo, establece que la autoridad responsable, es aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; del mismo modo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos en los preindicados términos, que afecten los derechos del quejoso y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es decir, se estimará que un particular o una autoridad tendrán la calidad de responsables, cuando emitan un acto que afecte la esfera jurídica de las personas, con base en una norma general, en forma unilateral y con fuerza de imperio. Así, la autoridad responsable es aquella que establece una relación de supra a subordinación con un particular, que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, calidad que se considera no reúne la institución bancaria Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero BANAMEX, con residencia en Uruapan, al materializar la cancelación de las cuentas bancarias de la parte quejosa, como a continuación se explicara. En ese sentido, como se dijo, se considera que la institución bancaria Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero BANAMEX, con residencia en Uruapan, no es autoridad responsable para los efectos del presente juicio de amparo, porque la decisión de cancelar las cuentas bancarias de forma unilateral no deriva de una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de igualdad en el que las partes decidieron contratar ciertos servicios financieros. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, concluyó que los elementos o requisitos que determinan si una autoridad tiene tal carácter para efectos del juicio de amparo, son los siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Consideraciones, que se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Bajo esas consideraciones, el acto emanado por la institución bancaria responsable, no puede considerarse emitido dentro de una relación que tenga su nacimiento en la ley que la dote de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, y que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Así, la relación de servicios bancarios difiere sustancialmente de la que se entabla entre autoridad y gobernado, pues, se da entre dos gobernados -relaciones de coordinación-, y para dirimir sus controversias deben acudir ante la potestad común, toda vez que la decisión de una de las partes, aunque sea unilateral no tiene el carácter de acto de autoridad. Lo anterior es así, porque la institución bancaria Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero BANAMEX, con residencia en Uruapan, es una sociedad financiera económica que forma parte del sistema financiero mexicano y sus operaciones son reguladas por la Ley de Instituciones de Crédito y las diversas disposiciones que en su momento dicten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y al proceder a la cancelación de las cuentas a nombre de la quejosa por inactividad de las mismas, dicha decisión tiene su origen en disposiciones del orden privado, ello, al haberse celebrado entre ambas partes un contrato de apertura de cuenta bancaria, lo cual, se realizó en un mismo plano y por ende no puede considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es decir, en el caso a estudio la determinación de la institución bancaria de dar por cancelada las cuentas con número de contrato ******************** y ******************** a nombre de la quejosa, por inactividad de las mismas, es una determinación en el que la institución financiera no realizó ningún acto de autoridad, porque aun y cuando determinó por su voluntad dar por cancelada por inactividad las citadas cuentas de la impetrante de amparo, se pudiera considerar como un acto unilateral, empero, se entiende que lo hizo en una relación de coordinación y en ejercicio del margen discrecional con el que las instituciones de crédito cuentan para decidir a quienes prestan sus servicios financieros. Además, la institución bancaria no nulificó el derecho que tiene la quejosa para contar con servicios financieros, toda vez que el banco únicamente se concretó a establecer que era su voluntad cancelar las cuentas de la quejosa, sin determinar que la usuaria tuviese vedado su derecho a celebrar diversos contratos financieros, ya sea con la misma institución financiera o diversas. Por tanto, el acto que reclama la quejosa a la institución bancaria, no constituye, de acuerdo a su naturaleza, actos de autoridad para efectos del juicio amparo, sino que son acciones derivadas del contrato celebrado de manera voluntaria por ambas partes y en un mismo plano, sin afectar derechos fundamentales. Apoya lo anterior, solo en la idea jurídica y sustancialmente conducente la tesis I.9o.C.18 K (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "INSTITUCIONES BANCARIAS. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA DE CHEQUES, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO QUE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Asimismo, se cita sólo en la idea que resulta jurídica y sustancialmente conducente la tesis (II Región)1o.5 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, de rubro: "INSTITUCIONES BANCARIAS. NO REALIZAN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO INMOVILIZAN LAS CUENTAS RESPECTIVAS CON BASE EN EL CLÁUSULADO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS BANCARIOS CELEBRADOS ENTRE AQUÉLLAS Y SUS CLIENTES." Además, se cita sólo en la idea que resulta jurídica y sustancialmente conducente la tesis I.15o.C.6 K (10a.), del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "INSTITUCIONES BANCARIAS. NO SON AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO INMOVILIZAN CUENTAS EN AUXILIO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES O POR RESOLUCIÓN JUDICIAL." En esa tesitura, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, conforme al numeral 63, fracción V del referido ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero BANAMEX, con residencia en Uruapan y acto que se le reclama. Por otra parte, no pasa inadvertido que la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, expresaron manifestaciones a manera de alegatos; sin embargo, al no formar parte de la litis no existe obligación de abordarlos. Se cita, en la idea conducente, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." SEXTO. Publicación de la sentencia. De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de la información de carácter clasificada y confidencial. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, y por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.

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