Maria del Rocio Escobar Lara

Expediente 478/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
478/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Maria del Rocio Escobar Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En razón de que la parte quejosa no compareció ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el veintidós de noviembre del año en curso; ni tampoco se puso de acuerdo con el Actuario para que le notificara, por lo que se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado. QUE DICE Uruapan, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio y anexo que remite el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, en atención a su contenido, téngasele informando que se puede consultar el testimonio de la ejecutoria pronunciada por los Magistrados integrantes del citado Tribunal en sesión de cinco de octubre del año en curso, dentro de la queja administrativo 256/2023, así como el original del juicio de amparo 478/2023 del índice de este Juzgado; acúsese recibo. Ahora bien, la Superioridad en lo conducente resolvió: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja. DESECHAMIENTO Ahora, dado lo determinado por el Tribunal de Alzada, en la ejecutoria que se recibe, si bien, revocó el acuerdo en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo, lo cierto es que también estableció que se admitiera la demanda de amparo, sin perjuicio de que se pueda actualizar un diverso motivo de improcedencia. En el caso, este juzgado de distrito advierte se actualiza un diverso motivo de improcedencia al señalado en un primer término por el cual se había desechado la demanda de amparo; así, el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone a la persona juzgadora la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, esto es, señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. En el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en el siguiente: "IV-ACTOS RECLAMADOS: 1.- Reclamo de la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora (H. CONSEJO CONSULTIVO DELEGACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN), la resolución de fecha 05 cinco de junio del año 2023 dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente C.C. MICH. 0592023, formado con motivo del Recurso de Inconformidad hecho valer en contra de la resolución de negativa de pensión de viudez número 23/211573 de fecha 01 uno de febrero del año 2023 dos mil veintitrés. 2.- EN CUANTO A LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE, DEBO DE ESTABLECER QUE IGUAL SE SEÑALA. COMO: 3.- ACTOS RECLAMADOS. SE RECLAMA LA APROBACIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL NUEVA LEY PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 21 VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE 1995 DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, ESPECÍFICAMENTE COMO INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 132." Bajo ese contexto, como se indicó párrafos precedentes este juzgado de distrito advierte que se actualiza un motivo de improcedencia, ya que el acto reclamado no es acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por lo cual actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Dicho lo anterior es necesario examinar el tipo de relación que existe entre la quejosa frente a quien le atribuye el acto reclamado, es decir, si implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que la parte quejosa la haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. Y para comprender de mejor manera el acto, debe atenderse, en primer orden, la relación que puede existir entre, la quejosa frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, concretamente con su departamento contenciosos del consejo consultivo delegacional, para ello, resultarán ilustrativas, las consideraciones contenidas en la contradicción de tesis 129/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que, uno de los puntos de contradicción, se concretó en, determinar si la resolución que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, al decidir el recurso de inconformidad, es un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social vigente al dicado de su ejecutoria, disponían: "Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto, podrán recurrir en inconformidad, en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos del artículo siguiente. Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del Instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señale el reglamento correspondiente, se entenderán consentidos.". "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Advirtió que, del precepto 294 en cita, la posibilidad que tienen los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, de interponer recurso de inconformidad, cuando consideren impugnable cualquier acto definitivo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, fue precisa en señalar que la norma contenida en el numeral 295 distingue la posición jurídica que guardan los patrones y demás sujetos obligados frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de aquella que se presenta entre asegurados o sus beneficiarios y el propio Instituto; pues, en relación con los primeros determinó que las controversias que existan entre ellos serán dirimidas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tanto que los segundos tienen que acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Precisó que, esa distinción tiene su justificación en la medida en que la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social no es similar cuando actúa frente a los patrones y demás sujetos obligados, que cuando lo hace con los asegurados o sus beneficiarios. Lo cual le permitió afirmar que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el organismo público descentralizado encargado de administrar el seguro social, como instrumento básico de la seguridad social, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Expresó que, la seguridad social prevista en la Ley del Seguro Social, y que se encuentra a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, se dirige, en un primer nivel, a la protección de los trabajadores, y en un nivel ulterior a sus beneficiarios, quienes para ser acreedores a las prestaciones de seguridad social deberán satisfacer los requisitos previstos por la misma ley y sus reglamentos. Por tanto, determinó que, cuando un asegurado o su beneficiario solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social cualquier prestación de seguridad social prevista en la ley, dicho Instituto se encuentra en la relación jurídica como ente asegurador, porque al resolver cualquier petición sobre ese particular, no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de cualquier pensión que será garantizada por el Estado, de forma que está sometido al imperio de la ley, a favor del asegurado. Por todo lo expuesto, el Alto Tribunal del País, en su segunda Sala, puso de manifiesto que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados, y como órgano asegurador frente a los asegurados y sus beneficiarios. Por lo cual, afirmó, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social resuelve un recurso de inconformidad que interpone un patrón o sujeto obligado, lo hace en su carácter de organismo fiscal autónomo en cuyo caso, se erige en autoridad con plena potestad de decisión. En cambio, cuando el recurso de inconformidad es planteado por un asegurado o beneficiario, aun cuando sea optativo interponerlo, respecto de las prestaciones en especie o dinero de seguridad social que otorga la Ley del Seguro Social, si bien el citado Instituto cuenta con atribuciones para decidir sobre la procedencia de la prestación mediante la resolución del recurso de inconformidad, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación. Incluso, mencionó que el artículo 295 de la citada Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que la propia Ley otorga, serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ello, para la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, significó que las resoluciones que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto por los asegurados o beneficiarios respecto de las prestaciones que otorga la ley, no tienen el carácter de acto de autoridad, porque la propia norma jurídica determina, categóricamente, que las controversias de esa índole serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que, evidentemente, el Instituto no puede acudir como autoridad. En conclusión se afirma que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y b) De órgano asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero que otorga la Ley del Seguro Social. Por lo que, consideró que, la resolución emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social que otorga la ley, no tiene el carácter de acto de autoridad; por una parte, porque: Si bien cuenta con facultades para determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, no se encuentra investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación; y, por otra; Debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que, evidentemente, el Instituto no puede acudir como autoridad. En consecuencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos negativos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo. De lo anterior se evidencia que el acto reclamado, consistente en la resolución de cinco de junio de dos mil veintitrés, en que desechó de plano la reclamación intentada contra lo resuelto en el recurso de inconformidad planteado por la negativa de pensión por viudez, no se trata de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues versa acerca de prestaciones de seguridad social, en una relación jurídica en la cual ni el inconforme, por una parte, ni el Instituto Mexicano del Seguro Social, por la otra, están investidos de imperio, ya que este último actúa como ente asegurador, derivado del establecimiento de un vínculo laboral entre el asegurado y su patrón, o con base en el convenio celebrado al efecto. Esto es, se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que en la especie, tratándose de las prestaciones de seguridad social. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, en lo conducente, que los actos del Instituto Mexicano del Seguro Social que impliquen una afectación en las prestaciones en dinero o en especie derivadas de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y demás prestaciones sociales que integran el régimen obligatorio, deben considerarse de carácter laboral, por haber sido establecidas a favor de un trabajador asegurado, en razón del derecho que corresponde a éste por el régimen obligatorio del seguro social. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J.134/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1511, Septiembre de 2011, Tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que textualmente establece: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." Consecuentemente, atendiendo a la naturaleza del acto impugnado y a lo dispuesto por el artículo 295 de la Ley del Seguro Social vigente, las controversias suscitadas entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que otorga el ordenamiento mencionado, deben tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, mientras que las surgidas entre ese Instituto y los patrones o demás sujetos obligados, se llevarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En tales condiciones, al no constituir lo reclamado, acto de autoridad para efectos del amparo, dado que su naturaleza y origen versa acerca de prestaciones previstas en la Ley del Seguro Social, derivadas del vínculo jurídico entablado con los asegurados o sus beneficiarios y, por tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, al tratarse de una relación de coordinación, es decir, entre particulares, por lo cual el juicio constitucional no es procedente en los términos a que se contraen los artículos 103, fracción I, constitucional, 1o., fracción I, 5o., fracción II de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en el artículo 113 de la aludida ley de la materia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio que remite el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante transcribe el auto dictado por el Magistrado de dicho órgano jurisdiccional el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, del que se advierte que admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por la pare quejosa, registrado bajo el consecutivo ********************; circunstancia de la que este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa María del Rocío Escobar Lara, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de trece de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, anexando el escrito original del recurso de queja y copia para el fiscal de su adscripción. Asimismo, ríndase el informe relativo a la materia de la queja, en el que se manifieste a la Superioridad que ES CIERTO el acto reclamado, toda vez que este Juzgado Federal, el trece de julio de dos mil veintitrés, desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. También, deberá acompañarse al citado informe copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Sin que pase inadvertido que el numeral 101 de la ley en comento, establece que el órgano jurisdiccional notificará a las demás partes la interposición del recurso para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver, y una vez fenecido el término, se tramitará como corresponda. Sin embargo, es evidente que al haberse desechado la demanda de amparo, no se dio intervención legal alguna a las demás partes que pudieran haber resultado en este juicio, como lo serían las autoridades responsables, Agente del Ministerio Público adscrito y, en su caso, a quien le correspondiera el carácter de tercero interesado. De ahí que a criterio de esta juzgadora es factible dar el trámite correspondiente al recurso en los términos ya acotados, es decir, sin necesidad de correr traslado con el escrito de expresión de agravios a las demás partes, así como tampoco requerirlas en términos del citado ordinal 101 de la ley de la materia, pues se insiste, no tuvieron intervención legal alguna en el asunto, precisamente, por el desechamiento de la demanda de amparo. Por lo antes expuesto, una vez que se notifique por lista el presente proveído, sin previo acuerdo, intégrense las constancias señaladas por este órgano jurisdiccional, a fin que sean remitidas a la Superioridad que conocerá del asunto. Apoya lo anterior, la tesis XXVII.3o.1 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el veintiocho de marzo de dos mil catorce, del rubro y texto siguiente: .... NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa ********************atento a su contenido comparece manifestando que aclara su escrito inicial de demanda, toda vez que en la misma se estableció diversa fecha de conocimiento del acto reclamado. En razón de lo anterior, no es el caso acordar favorablemente su petición conforme a sus pretensiones, toda vez que por auto de trece de julio del año en curso, por las razones ahí expuestas, este órgano jurisdiccional determinó desechar de plano la demanda de amparo. No obstante lo anterior, dígase a la parte ocursante que queda expedito su derecho para hacer valer su petición en la vía correspondiente. Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,363 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano