Maria del Rosario Rodriguez Esquivel

Expediente 1241/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1241/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Maria del Rosario Rodriguez Esquivel

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se realiza su valoración documental como DESTRUIBLE en un plazo de tres años, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por - por propio derecho, contra actos del Director Local Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número VI-1241/2023-2. Ahora, de autos se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".Resolución administrativa dictada por la autoridad responsable fecha 14 de mayo de 2021, en Oficio - dentro del expediente administrativo - derivado de la prórroga, de fecha 4 de febrero de 2011, de la concesión número - (.) Reclamo el incumplimiento de la obligación legal de la autoridad responsable, no es una facultad discrecional, de informarme y orientarme de los requisitos legales para garantizar el ejercicio de mis derechos y el cumplimiento de mis obligaciones en la solicitud de prórroga presentada el 4 de febrero de 2011. No me informó ni orientó para adherirme al Decreto por el que se otorgan facultades administrativas a los usuarios de aguas nacionales, expedido por el titular del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federaciónel7 de abril de 2014. (.) Reclamo el incumplimiento de la obligación de la autoridad responsable de respetar lo dispuesto por el artículo transitorio segundo, segundo párrafo, que dispone la obligación de oficio de requerir los requisitos del artículo segundo del Decreto, en las solicitudes de prórroga presentadas fuera de plazo, y que en ese momento no hubieren sido resueltas, supuestos que se actualizan en el expediente, administrativo donde se dictó el acto reclamado 4.1. Además de que, en f!1trámite de mi solicitud de prórroga estaba obligado a dar trato de adhesión al mismo, ya se encontraba vigente la obligación constitucional, es decir, debió dar efecto. (.) Omisión legislativa de normas de carácter administrativo por parte del Ejecutivo para incorporar los estándares establecidos en el artículo 14.1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer..". Luego, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la Causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en: ".Resolución administrativa dictada por la autoridad responsable fecha 14 de mayo de 2021, en Oficio BOO.915.01 dentro del expediente administrativo MCH-L0039-08-02-11, derivado de la prórroga, de fecha 4 de febrero de 2011, de la concesión número 04MCH119789/18AAGE05. (.) Reclamo el incumplimiento de la obligación legal de la autoridad responsable, no es una facultad discrecional, de informarme y orientarme de los requisitos legales para garantizar el ejercicio de mis derechos y el cumplimiento de mis obligaciones en la solicitud de prórroga presentada el 4 de febrero de 2011. No me informó ni orientó para adherirme al Decreto por el que se otorgan facultades administrativas a los usuarios de aguas nacionales, expedido por el titular del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federaciónel7 de abril de 2014. (.) Reclamo el incumplimiento de la obligación de la autoridad responsable de respetar lo dispuesto por el artículo transitorio segundo, segundo párrafo, que dispone la obligación de oficio de requerir los requisitos del artículo segundo del Decreto, en las solicitudes de prórroga presentadas fuera de plazo, y que en ese momento no hubieren sido resueltas, supuestos que se actualizan en el expediente, administrativo donde se dictó el acto reclamado 4.1. Además de que, en el trámite de mi solicitud de prórroga estaba obligado a dar trato de adhesión al mismo, ya se encontraba vigente la obligación constitucional, es decir, debió dar efecto.". Toda vez que previamente a la promoción de la demanda de garantías, la quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa previsto en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que a través de esa vía se puede revocar, nulificar o dejar sin efectos el acto reclamado. El aludido precepto 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Del citado artículo se desprende que, para estar en condiciones de instar con eficacia el juicio de amparo es necesario que el acto de autoridad reclamado tenga el carácter de definitorio, esto es, que sea la última y final determinación ordinaria que provenga de la autoridad de la que emana el acto que agravia al particular; lo anterior, en razón de que el juicio de amparo tiene como fundamento esencial su carácter de recurso de defensa extraordinario, esto es, que ante la autoridad de control constitucional sólo se deben analizar aquellos actos respecto de los que ya no hay posibilidad jurídica procesal de que puedan cambiar, en otras palabras, que el acto materia de la violación de garantías sea el pronunciamiento y decisión final de la autoridad responsable. Para satisfacer lo anterior, el gobernado tiene - como carga procesal- la obligación de agotar todos los mecanismos de impugnación y defensa ordinarios que al efecto estén a su disposición por mandato del marco normativo que regule el acto que afecte su esfera jurídica; la obligación referida es lo que se conoce como la satisfacción del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. La obligación de mérito la exige esencialmente la fracción reproducida en relación a los actos provenientes de autoridades encargadas de la administración de justicia, esto es, sean judiciales o materialmente jurisdiccionales del orden federal, estatal, municipal y de cualquier materia, civil, mercantil, administrativo, familiar, agrario, fiscal, entre otras; así, cuando una de dichas autoridades emita un acto o deje de hacerlo contra alguna de las partes que integren el elenco procesal del juicio o procedimiento que estén instruyendo bajo su jurisdicción, el particular habrá de agotar todos los mecanismos de defensa ordinaria que al efecto estén dispuestos a su favor para lograr la anulación, revocación o modificación de la determinación que le causa el agravio de que se duela. En el caso, la quejosa reclama del Director Local Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, la resolución administrativa dictada el catorce de mayo de dos mil veintiuno, emitida dentro del expediente administrativo -, derivado de la prórroga, de fecha cuatro de febrero de dos mil once, relativa a la concesión número - y sus consecuencias legales Así tenemos que los artículos 83, 84 y 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establecen respectivamente lo siguiente: "Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. Artículo 84.- La oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo deberá alegarse por los interesados durante dicho procedimiento, para su consideración, en la resolución que ponga fin al mismo. La oposición a tales actos de trámite se hará valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva. Artículo 85.- El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra." En ese sentido, de la anterior interpretación de los numerales antes señalados, se advierte que tal acto reclamado, puede ser impugnado ante la autoridad responsable. Medio de defensa que no fue interpuesto por la quejosa, de tal suerte que al no hacerlo así, no ha respetado dicho principio que rige la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. LXXXVIII/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XVII, junio de 2003, materia administrativa, página 300, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ADMINISTRATIVOS. LOS PREVISTOS EN LAS DIVERSAS LEYES ADMINISTRATIVAS SE ENCUENTRAN TÁCITAMENTE DEROGADOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, Y LOS PRECEPTOS QUE AÚN NO SE DEROGAN EXPRESAMENTE SE CONSERVARÁN PARA SOLUCIONAR AQUELLOS MEDIOS DE DEFENSA INTERPUESTOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE DICHA LEY. El artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994, establece que se derogan todas las disposiciones que se opongan a dicha ley, particularmente los recursos administrativos de los diferentes ordenamientos que se refieren a las materias reguladas por ella, las cuales están acotadas por su artículo 1o. que señala que es aplicable a toda actividad de la administración pública federal (centralizada y paraestatal), con exclusión de su campo de aplicación de las materias fiscal, responsabilidades de servidores públicos, justicia agraria, justicia laboral, funciones constitucionales del Ministerio Público, y respecto de las materias de competencia económica y prácticas desleales de comercio internacional y financiera, con una exclusión parcial, toda vez que a ellas les será aplicable el título tercero A, relativo a la mejora regulatoria; además, el referido artículo transitorio prevé que aquellos recursos que se encontraran en trámite a la entrada en vigor de la nueva ley adjetiva se resolverán conforme a la ley de la materia. Por su parte, el artículo 9o. del Código Civil Federal establece que la ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente, o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior. En atención a lo expuesto, a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, todos los recursos que hubieran estado previstos en las diferentes leyes administrativas que regulen materias que entran en el campo de aplicación de aquella ley, se encuentran tácitamente derogados, y los preceptos que aún no lo estén expresamente se conservan para solucionar los medios de defensa interpuestos antes de su entrada en vigor. De igual forma sirve de apoyo a los asertos anteriores, la jurisprudencia 2a./J. 116/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo X, octubre de 1999, materia común, página 447, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular.". En consecuencia, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías en estudio. Determinación de desechamiento que se hace extensiva respecto del diverso acto reclamado que se hace consistir en: ".Omisión legislativa de normas de carácter administrativo por parte del Ejecutivo para incorporar los estándares establecidos en el artículo 14.1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.". Toda vez que tal acto corre la misma suerte del diverso reclamo, relativo a la resolución administrativa dictada por la autoridad responsable el catorce de mayo de 2021, dentro del expediente administrativo -, derivado de la prórroga, de fecha cuatro de febrero de 2011, de la concesión número -, en virtud que se reclama como consecuencia de dicha resolución, contra la cual, como se vio, es improcedente el juicio de amparo al no haberse agotado el principio de definitividad, es decir, el recurso de revisión que establecen los numerales 83, 84 y 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Se hace del conocimiento de las partes, que en?caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de??????? internet del Portal de Servicios? en Línea del Poder Judicial de la Federación?http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea?a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.? Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción.? Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente:??????????????? ?"REPRODUCCIÓN?ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.".? En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad.??? De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles.?? En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Por otra parte, como lo solicita la promovente, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta al promovente con su nombre de usuario -. en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que por este medio tenga acceso al expediente electrónico y se le realicen las notificaciones respectivas. Asimismo, se tiene por autorizado, en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, al abogado -, cuya cédula profesional fue localizada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, tal como se desprende de la constancia secretarial que antecede; mientras que a los restantes profesionistas que indica, se les autoriza únicamente para para recibir notificaciones e imponerse de autos, así como para recoger documentos, dado que no cumplen con los lineamientos que establece dicho numeral. Notifíquese personalmente.

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