Maria del Rosario Garcia Martinez

Expediente 144/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
144/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
02/09/2019

Partes del expediente

  • Maria del Rosario Garcia Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a dos de septiembre de dos mil diecinueve. Como lo pide el Delegado de la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, residente en la Ciudad de México en el oficio de cuenta, remítasele la copia certificada a que alude. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Como del estado procesal que guardan los autos y de la certificación de cuenta se advierte que ha fenecido el término de quince días que establece el artículo 202, en relación con el 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el proveído de veintiséis de julio del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de garantías, sin que en ese lapso se hayan inconformado; en consecuencia, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DEPURACIÓN, dado que se concedió a la parte quejosa al amparo y protección de la Justicia de la Unión; y el original y duplicado del incidente de suspensión, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, y toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva; lo anterior, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  3. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... del acuerdo de veintiséis de julio de dos mil dieciocho... Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables, a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se procede a pronunciarse respecto al cumplimiento realizado por la citada responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Mediante resolución de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos; inconformes con dicha resolución los impetrantes de amparo, por conducto de su autorizado, interpusieron recurso de revisión, ordenándose el envío de los autos a la superioridad, para la substanciación del recurso hecho valer. En sesión de pública de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, resolvió en los siguientes términos: ".PRIMERO. En la materia del recurso, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a Analid González Sandoval y/o Analith González Sandoval y/o Analy González Sandoval y/o Anali González Sandoval y Angel Gonzáles Sandoval y/o Ángel Adolfo González Sandoval y/o Adolfo González Sandoval, contra los actos que reclamarón de las autoridades responsables Gobernador del Estado de Michoacán, Secretario de Salud, Consejo de Trasplantes, ambos del Estado de Michoacán, Director del Hospital General "Doctor Miguel Silva", de esta ciudad y el Director general del Hospital Regional de Especialidades Médicas de Segundo Nivel del Municipio de Hidalgo Michoacán. La concesión es para los efectos precisados en la sentencia recurrida.". Por lo que en proveído de siete de mayo de dos mil dieciocho, se requirió a las autoridades responsables Gobernador del Estado de Michoacán, Secretario de Salud, Consejo de Trasplantes, ambos del Estado de Michoacán, Director del Hospital General "Doctor Miguel Silva", de esta ciudad y al Director General del Hospital Regional de Especialidades Médicas de Segundo Nivel del Municipio de Hidalgo Michoacán, para que dentro del término de tres días dieran cumplimiento a la ejecutoria en mención, de la que se desprende se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa a fin de que realizara lo siguiente: ". 1). Respeten, hagan efectivo y fiscalicen el derecho humano a la salud, que le asiste a los quejosos Analid González Sandoval y/o Analith González Sandoval y/o Analy González Sandoval y/o Anali González Sandoval y Angel Gonzáles Sandoval y/o Ángel Adolfo González Sandoval y/o Adolfo González Sandoval, como residentes del Municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán, para que: a). Cuando los quejosos acudan al Hospital Regional de Especialidades Médicas de Segundo Nivel del Municipio de Hidalgo, Michoacán, una vez que éste se encuentre debidamente equipado, se le brinde la atención médica adecuada a su enfermedad renal avanzada que padecen; además, cuando acudan al Hospital General "Dr. Miguel Silva, con sede en esta ciudad, a recibir atención médica especializada, le sea brindada, en especial para atender el padecimiento de los hoy inconformes (enfermedad avanzada) b). Fiscalicen y se le proporcione a los hoy quejosos la atención médica, psicológica, psiquiátrica y nutricional necesaria cuando los inconformes acudan a alguno de los hospitales responsables." Mediante oficio registrado con folio 8326 recibido en este juzgado el once de mayo del año en curso, la Subdirectora de Asuntos Constitucionales y Amparos, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación del Gobernador del Estado de Michoacán, manifestó que a través del diverso oficio número CJEE/DACL/190/2018, solicitó a la Secretaría de Salud en el Estado, con sede en esta ciudad, en el ámbito de sus facultades y atribuciones cumplieran en sus términos la ejecutoria concesoria de amparo. Por su parte, el apoderado jurídico de la Secretaria de Salud de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, estos por sí y en cuanto a superior jerárquico del Consejo de Trasplantes del Estado de Michoacán; del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva"; y del Director del Hospital Regional de Especialidades Médicas de Segundo Nivel del Municipio de Hidalgo, Michoacán y de la Secretaria de Salud de Michoacán, informaron lo siguiente: ".por lo anterior mis mandantes han cumplido con el fallo protector a cabalidad, ya que tal y como lo acredito con las constancias médicas de los expedientes clínicos de los amparistas, mismas que anexo en copia certificada al presente, en todo momento se ha otorgado la atención a los quejosos siempre, que han comparecido a recibir tratamiento médico, suministrándoles las recetas que derivado de dichas atenciones le han sido prescritas, así como entregándoles el medicamento respectivo a su padecimiento, previa firma de recibido de los aquí quejosos, tal y como se demuestra con las copias certificadas de los archivos del Consejo Estatal de Trasplantes, referente a la gratuidad de medicamento de ambos quejosos; cumpliendo con ello a cabalidad lo establecido en los incisos.." Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por las autoridades responsables en cita, a la ejecutoria en esta instancia Constitucional, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL. Sin perjuicio de que la parte quejosa interponga los recursos correspondientes, para el caso del incumplimiento de las autoridades responsables. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución...

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables, a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se procede a pronunciarse respecto al cumplimiento realizado por la citada responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Mediante resolución de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos; inconformes con dicha resolución los impetrantes de amparo, por conducto de su autorizado, interpusieron recurso de revisión, ordenándose el envío de los autos a la superioridad, para la substanciación del recurso hecho valer. En sesión de pública de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, resolvió en los siguientes términos: ".PRIMERO. En la materia del recurso, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a Analid González Sandoval y/o Analith González Sandoval y/o Analy González Sandoval y/o Anali González Sandoval y Angel Gonzáles Sandoval y/o Ángel Adolfo González Sandoval y/o Adolfo González Sandoval, contra los actos que reclamarón de las autoridades responsables Gobernador del Estado de Michoacán, Secretario de Salud, Consejo de Trasplantes, ambos del Estado de Michoacán, Director del Hospital General "Doctor Miguel Silva", de esta ciudad y el Director general del Hospital Regional de Especialidades Médicas de Segundo Nivel del Municipio de Hidalgo Michoacán. La concesión es para los efectos precisados en la sentencia recurrida.". Por lo que en proveído de siete de mayo de dos mil dieciocho, se requirió a las autoridades responsables Gobernador del Estado de Michoacán, Secretario de Salud, Consejo de Trasplantes, ambos del Estado de Michoacán, Director del Hospital General "Doctor Miguel Silva", de esta ciudad y al Director General del Hospital Regional de Especialidades Médicas de Segundo Nivel del Municipio de Hidalgo Michoacán, para que dentro del término de tres días dieran cumplimiento a la ejecutoria en mención, de la que se desprende se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa a fin de que realizara lo siguiente: ". 1). Respeten, hagan efectivo y fiscalicen el derecho humano a la salud, que le asiste a los quejosos Analid González Sandoval y/o Analith González Sandoval y/o Analy González Sandoval y/o Anali González Sandoval y Angel Gonzáles Sandoval y/o Ángel Adolfo González Sandoval y/o Adolfo González Sandoval, como residentes del Municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán, para que: a). Cuando los quejosos acudan al Hospital Regional de Especialidades Médicas de Segundo Nivel del Municipio de Hidalgo, Michoacán, una vez que éste se encuentre debidamente equipado, se le brinde la atención médica adecuada a su enfermedad renal avanzada que padecen; además, cuando acudan al Hospital General "Dr. Miguel Silva, con sede en esta ciudad, a recibir atención médica especializada, le sea brindada, en especial para atender el padecimiento de los hoy inconformes (enfermedad avanzada) b). Fiscalicen y se le proporcione a los hoy quejosos la atención médica, psicológica, psiquiátrica y nutricional necesaria cuando los inconformes acudan a alguno de los hospitales responsables." Mediante oficio registrado con folio 8326 recibido en este juzgado el once de mayo del año en curso, la Subdirectora de Asuntos Constitucionales y Amparos, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación del Gobernador del Estado de Michoacán, manifestó que a través del diverso oficio número CJEE/DACL/190/2018, solicitó a la Secretaría de Salud en el Estado, con sede en esta ciudad, en el ámbito de sus facultades y atribuciones cumplieran en sus términos la ejecutoria concesoria de amparo. Por su parte, el apoderado jurídico de la Secretaria de Salud de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, estos por sí y en cuanto a superior jerárquico del Consejo de Trasplantes del Estado de Michoacán; del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva"; y del Director del Hospital Regional de Especialidades Médicas de Segundo Nivel del Municipio de Hidalgo, Michoacán y de la Secretaria de Salud de Michoacán, informaron lo siguiente: ".por lo anterior mis mandantes han cumplido con el fallo protector a cabalidad, ya que tal y como lo acredito con las constancias médicas de los expedientes clínicos de los amparistas, mismas que anexo en copia certificada al presente, en todo momento se ha otorgado la atención a los quejosos siempre, que han comparecido a recibir tratamiento médico, suministrándoles las recetas que derivado de dichas atenciones le han sido prescritas, así como entregándoles el medicamento respectivo a su padecimiento, previa firma de recibido de los aquí quejosos, tal y como se demuestra con las copias certificadas de los archivos del Consejo Estatal de Trasplantes, referente a la gratuidad de medicamento de ambos quejosos; cumpliendo con ello a cabalidad lo establecido en los incisos.." Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por las autoridades responsables en cita, a la ejecutoria en esta instancia Constitucional, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL. Sin perjuicio de que la parte quejosa interponga los recursos correspondientes, para el caso del incumplimiento de las autoridades responsables. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Notifíquese personalmente.

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