María del Rosario Portillo Ramírez

Expediente 344/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
344/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • María del Rosario Portillo Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de abril de dos mil veintitrés. Integra queja Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que obran agregadas las notificaciones realizadas a las partes, respecto de la sentencia dictada en este juicio de amparo, el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, así como del recurso de revisión interpuesto en su contra por el autorizado de la parte quejosa, licenciado **********, el diez de marzo del año en curso. Remite revisión Por lo tanto, ya que dicho recurso de revisión se encuentra debidamente integrado, de conformidad con los artículos 81, fracción I, inciso a), 84, 86, 88, 89 y 90 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, el escrito original de agravios, así como los autos originales de este juicio de amparo, para su substanciación, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este Juzgado para constancia. Notifíquese en lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Registro y admisión de la demanda de amparo Vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por la quejosa **********, por su propio derecho, contra actos de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 344/2023-VII. Incompetencia Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados que por esta vía combate la parte quejosa, debe tener ejecución fuera de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. En efecto, la peticionaria de amparo reclama de las responsables los actos consistentes en: ".IV.- Acto reclamado.- 1.- Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado. a).- La falta actividad jurisdiccional en torno al recurso de Revisión que interpuse el día 10 de enero de 2023, en original y 4 copias en relación la (sic) laudo dictado en el expediente JA/117/19, pues al día de hoy, 24 de marzo de 2023, no tengo noticia de que haya remitido el escrito de agravios al Tribunal de Arbitraje a fin de que se resuelva el juicio en segunda Instancia, lo que motiva una dilación excesiva en el suministro de Justicia pronta y expedita. 2.- La falta resolución y notificación personal en los términos y plazos que fija el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, aplicado supletoriamente del recurso de Revisión que interpuse el día 10 de enero de 2023, reclamando el laudo emitido en el juicio burocrático JA/117/19, pues el día de hoy, 24 de marzo de 2023, no tengo noticia de su fallo.." Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 61 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, como se demuestra enseguida. Ahora bien, es acertado transcribir los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, mismos que son del tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la intelección de los artículos que anteceden, se colige que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso. Del segundo precepto transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, como se indicó, la parte quejosa reclama esencialmente la omisión de substanciar y/o dictar la resolución correspondiente dentro del recurso de revisión interpuesto en contra del laudo emitido en el expediente burocrático JA/117/19, de la estadística de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en la ciudad de Chihuahua, capital. De la narración de hechos efectuada en la demanda bajo protesta de decir verdad, se advierte que la quejosa es parte actora en el juicio laboral natural y su contraria lo es el Gobierno del Estado de Chihuahua, Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, residentes en la ciudad del mismo nombre. De todo lo anterior se colige que en la especie se actualiza la hipótesis de incompetencia a que se refiere el inciso a) antes precisado, consistente en que es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado; ello, porque el acto reclamado citado en párrafos que anteceden, tiene un principio de ejecución en tanto sus efectos se actualicen dentro del procedimiento laboral de referencia, cuya tramitación y desahogo tendrá ejecución ante el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado, residente en la ciudad de Chihuahua, capital. Cierto, como lo explica la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión, puesto que en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación; en ese sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Desde la Sexta Época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entendía que dentro de los actos negativos se encuentran las decisiones, ejecuciones u omisiones. En su jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los actos negativos -omisivos- en realidad producen efectos meramente declarativos, es decir, que no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular, consecuentemente, carecen de ejecución material, empero, ha precisado que los actos negativos -omisivos- con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo, producen un cambio en la realidad o modifican un estado existente en las cosas. Así, para fijar la competencia por cuestión de territorio, respecto de actos que requieren de ejecución material, no basta que los actos omisivos únicamente produzcan efectos positivos en virtud de un cambio en la realidad o modifiquen un estado existente en las cosas, sino que esos efectos generen o puedan generar materialmente una ejecución. Sentado lo anterior, es inconcuso que el reclamo de la parte quejosa versa en un "no hacer" de la autoridad respecto de algo que inminentemente tendría la obligación de efectuar, en la especie, la omisión de substanciar y/o dictar la resolución correspondiente dentro del recurso de revisión interpuesto en contra del laudo emitido en el expediente burocrático JA/117/19. Esto es así, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta; la violación a ese derecho se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Entonces, de conformidad a la forma en que se plantea el acto reclamado en la demanda de amparo, éste tiene la naturaleza jurídica de un acto omisivo con efectos positivos, pues debe puntualizarse que no siempre los actos de carácter omisivo carecen de ejecución material, ya que si bien, la parte quejosa reclama la omisión de substanciar y/o dictar la resolución correspondiente dentro del recurso de revisión interpuesto en contra del laudo emitido en el expediente burocrático JA/117/19, en apariencia es un acto puramente de carácter omisivo, lo cierto es que, ese "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad responsable continúe con la abstención que se le impugna, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa, como son los de seguridad jurídica y de acceso a la justicia; ya que se dilatan las etapas del procedimiento laboral. En ese orden de ideas, al establecerse que el acto reclamado tiene la naturaleza jurídica de acto omisivo con efectos positivos, esto implica que se reconoce que conllevan un principio de ejecución, ya que de esa manera, se materializan los "efectos positivos" que tienen las omisiones que han sido apuntadas. De manera que, resulta legalmente competente para conocer de la acción constitucional intentada, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde tienen ejecución los actos reclamados, esto es el que ejerce jurisdicción en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, que en el caso lo es alguno de los residentes en ese Municipio, como lo establece el Acuerdo General 3/2013, en su artículo 4, fracción XIX. Lo anterior, por identidad de razón, cobra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, página 3668, registro digital 2024553, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo". En las relatadas circunstancias, este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo. Remítase este asunto, copias de la demanda y de este auto, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que proceda a turnarlo al Juzgado de Distrito que corresponda, a fin de que esté en aptitud de resolver lo que en su opinión proceda, dejándose en su lugar, el cuaderno de antecedentes correspondiente, lo anterior previa notificación a la parte promovente de éste proveído. Por lo cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juzgado de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. Autorizados y domicilios Se tiene a la parte quejosa autorizando en amplios términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, a los licenciados que refiere en su escrito de demanda, dada la naturaleza de la materia que rige el acto reclamado en la presente vía constitucional y el carácter con que comparece en el mismo. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el indica en su demanda. Expedición de copias y acceso al expediente En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que realicen la cita respectiva para presentarse en el juzgado. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa y por oficio al Juez de Distrito de mérito. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Registro y admisión de la demanda de amparo Vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por la quejosa **********, por su propio derecho, contra actos de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 344/2023-VII. Incompetencia Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados que por esta vía combate la parte quejosa, debe tener ejecución fuera de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. En efecto, la peticionaria de amparo reclama de las responsables los actos consistentes en: ".IV.- Acto reclamado.- 1.- Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado. a).- La falta actividad jurisdiccional en torno al recurso de Revisión que interpuse el día 10 de enero de 2023, en original y 4 copias en relación la (sic) laudo dictado en el expediente JA/117/19, pues al día de hoy, 24 de marzo de 2023, no tengo noticia de que haya remitido el escrito de agravios al Tribunal de Arbitraje a fin de que se resuelva el juicio en segunda Instancia, lo que motiva una dilación excesiva en el suministro de Justicia pronta y expedita. 2.- La falta resolución y notificación personal en los términos y plazos que fija el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, aplicado supletoriamente del recurso de Revisión que interpuse el día 10 de enero de 2023, reclamando el laudo emitido en el juicio burocrático JA/117/19, pues el día de hoy, 24 de marzo de 2023, no tengo noticia de su fallo.." Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 61 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, como se demuestra enseguida. Ahora bien, es acertado transcribir los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, mismos que son del tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la intelección de los artículos que anteceden, se colige que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso. Del segundo precepto transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, como se indicó, la parte quejosa reclama esencialmente la omisión de substanciar y/o dictar la resolución correspondiente dentro del recurso de revisión interpuesto en contra del laudo emitido en el expediente burocrático JA/117/19, de la estadística de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en la ciudad de Chihuahua, capital. De la narración de hechos efectuada en la demanda bajo protesta de decir verdad, se advierte que la quejosa es parte actora en el juicio laboral natural y su contraria lo es el Gobierno del Estado de Chihuahua, Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, residentes en la ciudad del mismo nombre. De todo lo anterior se colige que en la especie se actualiza la hipótesis de incompetencia a que se refiere el inciso a) antes precisado, consistente en que es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado; ello, porque el acto reclamado citado en párrafos que anteceden, tiene un principio de ejecución en tanto sus efectos se actualicen dentro del procedimiento laboral de referencia, cuya tramitación y desahogo tendrá ejecución ante el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado, residente en la ciudad de Chihuahua, capital. Cierto, como lo explica la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión, puesto que en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación; en ese sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Desde la Sexta Época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entendía que dentro de los actos negativos se encuentran las decisiones, ejecuciones u omisiones. En su jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los actos negativos -omisivos- en realidad producen efectos meramente declarativos, es decir, que no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular, consecuentemente, carecen de ejecución material, empero, ha precisado que los actos negativos -omisivos- con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo, producen un cambio en la realidad o modifican un estado existente en las cosas. Así, para fijar la competencia por cuestión de territorio, respecto de actos que requieren de ejecución material, no basta que los actos omisivos únicamente produzcan efectos positivos en virtud de un cambio en la realidad o modifiquen un estado existente en las cosas, sino que esos efectos generen o puedan generar materialmente una ejecución. Sentado lo anterior, es inconcuso que el reclamo de la parte quejosa versa en un "no hacer" de la autoridad respecto de algo que inminentemente tendría la obligación de efectuar, en la especie, la omisión de substanciar y/o dictar la resolución correspondiente dentro del recurso de revisión interpuesto en contra del laudo emitido en el expediente burocrático JA/117/19. Esto es así, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta; la violación a ese derecho se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Entonces, de conformidad a la forma en que se plantea el acto reclamado en la demanda de amparo, éste tiene la naturaleza jurídica de un acto omisivo con efectos positivos, pues debe puntualizarse que no siempre los actos de carácter omisivo carecen de ejecución material, ya que si bien, la parte quejosa reclama la omisión de substanciar y/o dictar la resolución correspondiente dentro del recurso de revisión interpuesto en contra del laudo emitido en el expediente burocrático JA/117/19, en apariencia es un acto puramente de carácter omisivo, lo cierto es que, ese "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad responsable continúe con la abstención que se le impugna, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa, como son los de seguridad jurídica y de acceso a la justicia; ya que se dilatan las etapas del procedimiento laboral. En ese orden de ideas, al establecerse que el acto reclamado tiene la naturaleza jurídica de acto omisivo con efectos positivos, esto implica que se reconoce que conllevan un principio de ejecución, ya que de esa manera, se materializan los "efectos positivos" que tienen las omisiones que han sido apuntadas. De manera que, resulta legalmente competente para conocer de la acción constitucional intentada, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde tienen ejecución los actos reclamados, esto es el que ejerce jurisdicción en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, que en el caso lo es alguno de los residentes en ese Municipio, como lo establece el Acuerdo General 3/2013, en su artículo 4, fracción XIX. Lo anterior, por identidad de razón, cobra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, página 3668, registro digital 2024553, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo". En las relatadas circunstancias, este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo. Remítase este asunto, copias de la demanda y de este auto, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que proceda a turnarlo al Juzgado de Distrito que corresponda, a fin de que esté en aptitud de resolver lo que en su opinión proceda, dejándose en su lugar, el cuaderno de antecedentes correspondiente, lo anterior previa notificación a la parte promovente de éste proveído. Por lo cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juzgado de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. Autorizados y domicilios Se tiene a la parte quejosa autorizando en amplios términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, a los licenciados que refiere en su escrito de demanda, dada la naturaleza de la materia que rige el acto reclamado en la presente vía constitucional y el carácter con que comparece en el mismo. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el indica en su demanda. Expedición de copias y acceso al expediente En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que realicen la cita respectiva para presentarse en el juzgado. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa y por oficio al Juez de Distrito de mérito. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

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