María del Rosario Portillo Ramírez
Expediente 855/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 04/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María del Rosario Portillo Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de marzo de dos mil veintidós. Agregues a los autos el oficio de cuenta, para que conste como legalmente corresponda, con el cual el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, hace partícipe de este juzgado, de la determinación emitida por tal alzada, en el amparo en revisión 61/2021, donde en sesión de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se resolvió: PRIMERO. Se declara firme el sobreseimiento decretado en el considerando tercero de la sentencia impugnada; SEGUNDO. En la materia de la revisión se confirma el fallo recurrido; y, TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo en los términos del cuarto considerando de la sentencia constitucional. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Así, este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El presente expediente es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, el incidente de suspensión original es destruible, dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio enviado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad. De lo anterior, se desprende que el tribunal de alzada recibió el diverso oficio con el que se le envió a) el original del escrito de expresión de agravios, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en este asunto, b) copia simple de tal ocurso, así como c) los autos del juicio de amparo 855/2019. Además, comunica que dicha alzada admitió tal medio de impugnación y lo registró bajo el recurso de revisión 61/2021; de lo cual queda enterado este juzgado federal. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito presentado por *******, autorizado de la quejosa, *******, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia, emitida en el presente juicio. Luego, según lo determinado en los artículos 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso en cuestión, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia, como del presente auto, remítanse al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en turno, con sede en esta localidad, los autos originales de este juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios y una copia del mismo para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Superioridad, para los efectos legales conducentes. Finalmente, se comisiona al Analista Jurídico de este órgano, para que habilite en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el rubro relativo para la consulta remota de este expediente, al Tribunal que le corresponda conocer del recurso interpuesto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de enero de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 855/2019-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, turnado a este juzgado el mismo día, *******, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, el Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, y la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, capital, de quienes reclamó lo siguiente: 1.- JUNTA ARBITRAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, le reclamo: a).- El indebido inicio y trámite de un procedimiento Paraprocesal (fuera de todo procedimiento) *******, que recibió el día 26 de marzo de 2019 y que por auto de fecha 13 de agosto de 2019, radicó y ordenó su trámite, por contener violación a derechos fundamentales susceptibles de protección constitucional, así como la orden que emitió para iniciar el trámite y la posterior notificación que se efectuó respecto de un aviso de cese en perjuicio de la titular de la acción constitucional, todo ello en contravención a los Cardinales 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos ordinales 47, 982, 983 y 991 de la Ley Federal del Trabajo aplicados supletoriamente por así permitirlo el diverso artículo 77 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua y desde luego en perjuicio del Juicio Ordinario laboral que interpuse en data 14 de marzo de 2019, ante la misma Autoridad JUNTA ARBITRAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA radicado con el número de expediente *******. Alegando desde luego para su protección constitucional violación a Derechos subjetivos públicos de la trabajadora del Derecho Burocrático titular de la acción constitucional. b).- Las órdenes que dio a las diversas autoridades administrativas: JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN y ARBITRAJE DE CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, así como al C. ACTUARIO ADSCRITO A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN y ARBITRAJE DE CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, de radicar el procedimiento Paraprocesal (acto fuera de cualquier procedimiento) *******, y notificar a la impetrante de Amparo por medio del actuario y Ministro Ejecutor del referido procedimiento paraprocesal que ya quedó identificado, radicación y notificación que causa perjuicio a Derechos Sustantivos susceptibles de protección Constitucional contenidos en el Juicio Ordinario laboral que interpuse en data 14 de marzo de 2019, ante la Autoridad JUNTA ARBITRAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA radicado con el número de expediente *******, es decir, con fecha muy anterior a la fecha en que se me notifica el cese. Alegando desde luego para su protección constitucional violación Derechos sustantivos públicos de la titular de la acción Constitucional, pertenece al Derecho Burocrático. 2.- A las Autoridades JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, ASÍ COMO AL C. ACTUARIO ADSCRITO A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, le reclamo la radicación del exhorto que recibió el día 09 de Octubre de 2019 habiéndole otorgado el número de expediente *******, señalando que el Expediente de origen es *******, mismo que recibió en oficialía de partes el día 04 de Octubre de 2019, y por medio del cual le fue hecho el encargo que se notificara a la justiciable el aviso del cese y así lo hizo el día 31 de Octubre de 2019, fecha de notificación que resulta muy posterior al Juicio laboral que interpuse por tanto su notificación, radicación y posterior notificación al ser con infracción a la Ley causa perjuicio a la impetrante y accionante del Juicio Ordinario laboral que interpuse en data 14 de marzo de 2019, ante la Autoridad JUNTA ARBITRAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA radicado con el número de expediente *******. Segundo. Derechos fundamentales que la quejosa estimó vulnerados. La quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda de amparo. Mediante auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve (foja 32), se admitió a trámite la demanda, se ordenó emplazar a los terceros interesados, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual, fue celebrada al tenor del acta que antecede. Cuarto. Vista a quejosa para ampliación y efectivo apercibimiento. En auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se dio vista a la quejosa a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, en los siguientes términos: Visto el estado de autos de los cuales se advierte que trece de marzo del año en curso se recibió el oficio que suscribe el Presidente de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, mediante el cual, en alcance a su informe justificado, remitió copia certificada de todo lo actuado dentro de los procedimientos ******* y ******* de su índice; y dado que en el presente asunto la parte quejosa se ostentó como tercero extraña por equiparación; con apoyo en el artículo 111, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda en relación con los conceptos de violación que endereza en contra del acto reclamado del que se duele, al haber afirmado, que desconocía de la existencia del juicio de origen (.). En acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado al no haber presentado escrito para ampliar la demanda y se ordenó la continuación del presente juicio únicamente respecto de los actos y autoridades precisados en su demanda de amparo, en los términos ahí indicados. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1 , de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: I. De la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, capital: - El acuerdo de admisión a trámite del procedimiento paraprocesal *******, de trece de agosto de dos mil diecinueve, originado con motivo de la solicitud presentada por Servicios Educativos del Estado de Chihuahua el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, con el objeto de que le fuera notificada la rescisión de la relación del trabajo que tenía con Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, como Supervisora de la Zona Escolar ******* de Educación Primaria. - El exhorto que giró en el propio auto de admisión a la Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje, en turno, en esta ciudad, para que hiciera de su conocimiento tal rescisión. II. De la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y del Actuario adscrito, ambos con sede en esta ciudad: - La radicación del exhorto que recibió el día nueve de octubre de dos mil diecinueve deducido del referido procedimiento paraprocesal, que se registró bajo el número *******. - La notificación que le fue practicada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, con motivo de dicho exhorto. Tercero. Inexistencia de actos reclamados. Al rendir su informe justificado (foja 41), la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y su Actuario adscrito, ambos con sede en esta ciudad, omitieron manifestar si son ciertos, o no, los actos que les fueron atribuidos. Al respecto, de las constancias que remitieron -debidamente certificadas- consistentes en todo lo actuado en el exhorto *******, se desprende que aunque dicha Junta local sí radicó tal comunicación oficial, no realizó por sí la notificación de que se duele la peticionaria del amparo, sino su Actuario adscrito; por lo que, se tiene como inexistente el acto consistente en la notificación realizada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, atribuida a dicha Junta local. Por su parte, el Actuario adscrito a tal Junta, fue quien practicó a la aquí quejosa, la notificación de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, con motivo de dicho exhorto; mismo que tal autoridad no radicó, sino, como ya se dijo, el órgano al que se encuentra adscrito; de tal suerte que se tiene por inexistente respecto a tal autoridad, el acto reclamado consistente en la radicación del exhorto de referencia. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de los actos aquí precisados, reclamados a las autoridades de referencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Es cierta la radicación del exhorto número *******, atribuido a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Asimismo, es cierto el acto reclamado al Actuario adscrito a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, consistente en la notificación que practicó a la aquí quejosa el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, con motivo de dicho exhorto. Ello -tal como fue referido en el considerando que antecede- al desprenderse de las constancias que acompañaron al informe justificado que conjuntamente rindieron, consistentes en todo lo actuado dentro del exhorto *******, del índice de tal Junta local. Por su parte, la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, capital, al rendir su informe con justificación (foja 74), señaló que no son ciertos los actos que le fueron atribuidos. Sin embargo, al remitir la totalidad de constancias relacionadas con los actos que le fueron reclamados -requeridas ante su omisión de adjuntarlas al rendir el referido informe- señaló en el oficio relativo - al que también denominó como informe justificado- que sí son ciertos los actos que se le reprocharon. Lo que se corrobora de las constancias que remitió, en copia debidamente certificada, de las que, entre otras cosas, se desprende: I. La existencia del procedimiento paraprocesal *******, originado con motivo de la solicitud presentada por Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, con el objeto de que le fuera notificada a la aquí quejosa la rescisión de la relación del trabajo que tenía con Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. II. Que en el propio auto de admisión, ordenó enviar exhorto a la Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje, en turno, en esta ciudad, para que hiciera del conocimiento de la aquí quejosa, tal rescisión. Las constancias remitidas por las responsables, referidas tanto en este considerando como en el anterior, poseen valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles2 , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por servidores públicos, dotados de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo son a) la Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; y b) el Secretario de Acuerdos adscrito a la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, capital. Ante lo anterior, es evidente la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, referidos en este considerando, por lo que se tiene por cierta su existencia. Quinto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo, es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para que el juzgador constitucional determine si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional, o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que no se dirima la controversia constitucional planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman tal figura, hipótesis normativas debidamente descritas en la Ley de Amparo, que deben analizarse de acuerdo con el texto del artículo 62 de la Ley de Amparo3 . Sentado lo anterior, se advierte que en este asunto, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracciones IV y V, interpretado éste a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Con el objeto de demostrar lo anterior, es oportuno reseñar brevemente los antecedentes de los actos aquí reclamados: I. El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, como se advierte del sello de recibido respectivo, la aquí quejosa, promovió demanda laboral en contra de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua y otros, por la reinstalación de su empleo como Supervisora de la Zona Escolar ******* de Educación Primaria; así como el pago de diversas prestaciones laborales, con motivo del despido injustificado, del que dijo, fue objeto el veintidós de febrero de dos mil diecinueve (foja 280). II. Demanda que la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, admitió a trámite hasta el dos de julio de dos mil diecinueve (foja 307) y que registró como el expediente laboral *******. III. Por otra parte, el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, como se advierte del sello de recibido respectivo -es decir, posterior a la presentación de la demanda laboral de la aquí accionante del amparo- Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, solicitó a la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, capital, que hiciera del conocimiento de la aquí quejosa, que en el procedimiento laboral *******, decretó la rescisión de la relación de trabajo que tenía con ésta, pues, aparentemente, se negó a recibirle el aviso respectivo el veintidós de febrero de dos mil diecinueve. IV. Escrito que dio origen al procedimiento paraprocesal *******-de cuya existencia, se duele la quejosa en este juicio de amparo- cuya solicitud, ya referida, se acordó de conformidad el trece de agosto de dos mil diecinueve (foja 265); en el que se ordenó el envío de exhorto a la Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje, en turno, en esta ciudad, para que hiciera del conocimiento de la aquí quejosa, la rescisión de la relación de trabajo que tenía con Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (pues ésta, tiene su domicilio en esta ciudad). V. Enseguida, a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, le correspondió conocer del exhorto de referencia, mismo que identificó con el número ******* (foja 44) y que tuvo por recibido en auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve, ordenando al Actuario de su adscripción, que lo diligenciara. VI. Por último, el Actuario adscrito a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, notificó a la peticionaria del amparo de la referida rescisión, el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (foja 46); fecha en la cual se ostentó sabedora del referido procedimiento paraprocesal, en la demanda de amparo que originó este asunto. De lo anterior se desprende, tal como lo acotó la quejosa en su demanda de amparo, que el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se le despidió de su empleo como Supervisora de la Zona Escolar ******* de Educación Primaria; acto que calificó como "injustificado" y que dio origen al juicio laboral *******, que está en trámite. Asimismo, también se advierte que el único objeto del procedimiento paraprocesal de referencia, iniciado con la solicitud de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, fue la notificación de la resolución a través de la cual, dicha dependencia decidió rescindirla de su empleo; pues, aparentemente, el veintidós de febrero de dos mil diecinueve (que, se advierte, es la fecha en que la quejosa adujo que se le despidió de forma injustificada) se negó a recibir el aviso respectivo. Ahora bien, la accionante del amparo, se dolió en este juicio de amparo biinstancial, de la admisión a trámite del procedimiento paraprocesal *******, que tuvo, como ya se indicó, el único objeto de que le fuera notificada la rescisión de la relación del trabajo que tenía con Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. Asimismo, reclamó el envío, radicación y diligenciación del exhorto ya indicado, con el objeto de hacer de su conocimiento tal determinación, al radicar en distintas ciudades la Junta Arbitral responsable (en Chihuahua, capital) y la aquí quejosa (en esta localidad). Sentado lo anterior, como se anunció, en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracciones IV y V, interpretado éste en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, pues los actos paraprocesales aquí combatidos, no son de imposible reparación. En efecto, dichos dispositivos son del contenido siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). (Es propio lo destacado.) Primero, el artículo 61 de la Ley de Amparo, contempla las hipótesis de improcedencia del juicio, entre las que se encuentra, la relativa a los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Carta Magna o de tal ley. Enseguida, la fracción IV del artículo 107 transcrita, prevé dos hipótesis de procedencia: a) la primera, consistente en que el amparo indirecto procede contra actos fuera de juicio que provengan de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; y, la segunda, b) relativa a que cuando los actos se emitan después de concluido el juicio, se limitan a la última resolución ya sea del periodo de ejecución o del procedimiento de remate; mientras que en el primero, esto es, en actos fuera de juicio, no se determina limitación alguna. En tanto que la fracción V, establece que el juicio de amparo contra actos de autoridades jurisdiccionales, como en el caso, únicamente procede contra actos de imposible reparación, entendiéndose éstos como aquéllos que afecten un derecho sustantivo. En efecto, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas. Contrario sensu, no pueden reputarse como actos de imposible reparación aquellos que impliquen sólo una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal cuyas consecuencias son meramente formales o intraprocesales. De tal manera que, si se combaten actos de esos tipos, diversos a los establecidos en la propia norma, el juicio de amparo será improcedente. Con relación a este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que conforme a la anterior Ley de Amparo, existieron una variedad de criterios respecto a qué debía entenderse por actos de imposible reparación; sin embargo, ha apuntado que en la nueva ley reglamentaria, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto en contra de dichos actos, los que, para ser calificados como tal, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias sean de tal trascendencia que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que solo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva4 . Por tanto, la procedencia del juicio de amparo debe analizarse conforme a la amplitud de la norma contenida en la fracción V del numeral citado -en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos que sean de imposible reparación- y debe estimarse que tal disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción IV, ya descrita. Dicho lo previo, el acuerdo de trece de agosto de dos mil diecinueve dictado en el procedimiento paraprocesal *******, en el que se admitió la solicitud de notificar a la aquí quejosa de la rescisión de la relación de trabajo que tenía con Servicios Educativos del Estado de Chihuahua; así como la notificación del proveído de mérito, realizada mediante el exhorto ya indicado, el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se ubican en el supuesto de la fracción IV, al ser emitidos por una Junta fuera de juicio. Es así, en virtud de que emanan del procedimiento paraprocesal y, en estos casos, el acto judicial no es jurisdiccional pues no hay partes en sentido estricto, ya que el peticionante únicamente solicitó se notificara su decisión de rescindir un contrato. Aunado a ello, tampoco hay controversia, pues esa determinación está sujeta a ser analizada a través del juicio laboral respectivo, mismo que ya existe, *******, del índice de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, radicado el dos de julio de dos mil diecinueve y que se encuentra en trámite; en el cual, dicho sea de paso, ya se cuenta incluso con la contestación de los demandados (fojas 393; 455; 467). Luego, ni el auto de admisión del referido procedimiento paraprocesal, ni la notificación realizada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, mediante exhorto, son actos de imposible reparación, porque tales actos no producen una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus resultados no son de tal amenaza que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho. Ello, pues como la propia quejosa lo señaló, su despido -al que calificó de injustificado, en el juicio laboral *******- se dio desde el veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Aunado a lo anterior, el procedimiento paraprocesal que se reclama, se agotó con la notificación ordenada por la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, realizada por el actuario adscrito a la diversa Junta responsable local, el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, con motivo del exhorto *******, pues la notificación no es más que la consecuencia de lo ordenado en el único proveído de la Junta responsable foránea. Al respecto, es necesario citar el contenido de los artículos 982 y 991 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dicen: Artículo 982.- Se tramitarán conforme a las disposiciones de este Capítulo, todos aquellos asuntos que, por mandato de la Ley, por su naturaleza o a solicitud de parte interesada, requieran la intervención de la Junta, sin que esté promovido jurisdiccionalmente conflicto alguno entre partes determinadas. Artículo 991. En los casos de rescisión previstos en el artículo 47, el patrón podrá acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente a solicitar que se notifique al trabajador el aviso a que el citado precepto se refiere, por los medios indicados en el mismo. La Junta, dentro de los cinco días siguientes al recibo de la promoción, deberá proceder a la notificación. De la transcripción anterior, se advierte que existen actos que por su naturaleza las partes requieren de la intervención de una Junta, sin que con ello se esté promoviendo un conflicto jurisdiccional, esto es, mediante un procedimiento paraprocesal; uno de los cuales es el establecido en el artículo 991 de la Ley Federal del Trabajo, en el que el patrón puede acudir ante la Junta competente a solicitar que se notifique al trabajador el aviso de rescisión laboral, razón por la cual tal órgano, debe proceder a la notificación. Así, dicho procedimiento paraprocesal tiene como única finalidad dar al trabajador el aviso de rescisión laboral, establecido en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo; en lo que interesa, tal numeral es del siguiente contenido: Artículo 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón: (.) El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien, comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, dentro de los cinco días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal. (.). En ese sentido, no basta que el acto se emitiera fuera de juicio y que sea la determinación definitiva (la única) en un procedimiento no jurisdiccional, sino que además, para ser combatible mediante juicio de amparo biinstancial, es preciso que vulnere un derecho sustantivo de la quejosa, lo que, como ya se dijo, se estima que no ocurrió. Por lo que, como ya se indicó, en el procedimiento paraprocesal aquí combatido, no se resuelve jurisdiccionalmente conflicto alguno entre partes determinadas ni es juicio propiamente dicho, toda vez que su único objeto, fue notificar la determinación de la rescisión laboral, de manera tal que el trabajador pueda defenderse en el juicio correspondiente, mismo que, se itera, ya existe. En ese sentido, los actos emanados en ese procedimiento paraprocesal (comunicación de la voluntad del patrón), por si solos no son susceptibles de violentar derechos sustantivos. Es así, porque el aviso de rescisión no altera derecho alguno de la quejosa, puesto que se trata de la obligación ineludible al patrón, de dar aviso al trabajador por escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión. Además, la existencia de ese procedimiento únicamente implica el conocimiento del ejercicio de un derecho emanado de una relación de coordinación derivada de la relación laboral entre el Estado y sus trabajadores, de ahí que la orden de notificación no afecta el interés jurídico de la quejosa, precisamente porque existe una oportunidad inmediata posterior para analizar el ejercicio del derecho del patrón, que en su caso, es el que causa la afectación a derechos sustantivos, y que, se reitera, ya se encuentra en trámite (juicio laboral *******, del índice de la propia Junta Arbitral foránea). Razón por la cual dichos actos no pueden ser analizados en amparo indirecto, porque al no ser definitivos y al haber sido el referido, su único fin, no causó perjuicio en la esfera jurídica de la gobernada. En su caso, se insiste, que es en el juicio laboral ya promovido ante la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, capital, donde se estudiará la legalidad o ilegalidad de la rescisión de la relación laboral. Sirve de apoyo a lo previo, la tesis XXI.1o.90 L sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, julio de dos mil tres, materia laboral, registro 183939, Novena Época, del rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LOS ACTOS DICTADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL SER EMITIDOS EN UN PROCEDIMIENTO PARAPROCESAL. El auto que ordena la notificación al trabajador de la rescisión de la relación laboral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47, penúltimo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, así como su ejecución, son actos emitidos en un procedimiento paraprocesal, en el cual no se resuelve jurisdiccionalmente conflicto alguno entre partes determinadas ni existe juicio propiamente dicho, toda vez que el único objeto del aludido procedimiento, en el caso, es notificar la determinación de la rescisión laboral, de manera tal que el trabajador pueda defenderse en el juicio correspondiente; razón por la cual dichos actos no pueden ser analizados en amparo indirecto, porque al no ser definitivos no causan perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, en virtud de que la violación a las garantías derivará, en todo caso, del juicio laboral que se promueva ante la autoridad correspondiente, que es donde se estudiará la legalidad o ilegalidad de la rescisión de la relación laboral; de ahí la improcedencia del juicio en los términos de la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo. Asimismo, la tesis XXI.3o.15 L, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, Novena Época, del contenido: AVISO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL PROCEDIMIENTO PARAPROCESAL PARA REALIZARLO, POR NO OCASIONAR UN AGRAVIO PERSONAL Y DIRECTO AL TRABAJADOR. Si se tiene en cuenta que de conformidad con lo previsto en los artículos 982 y 991 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta de Conciliación y Arbitraje no ejerce, en términos estrictos, jurisdicción contenciosa al tramitar un expediente paraprocesal promovido por el patrón con el propósito de dar al trabajador el aviso de rescisión del contrato de trabajo a que se refiere el artículo 47 de dicha legislación, sino que se limita a servir de conducto para hacer fehaciente la comunicación respectiva, debe estimarse que sus actos no prejuzgan sobre la legalidad de la rescisión, ni tampoco sobre la oportunidad de la notificación misma, motivo por el cual no son susceptibles de impugnación a través del juicio de amparo por parte del notificado, toda vez que éste conserva íntegros sus derechos para defenderlos en la vía contenciosa correspondiente y no le causan agravio personal y directo, que es presupuesto inexcusable de la acción constitucional en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se pierde de vista que la quejosa señaló que una de las bases de la defensa en el juicio laboral *******, de los que fueron sus patrones, fue la notificación de la rescisión de referencia a través del procedimiento paraprocesal aquí combatido, cuya solicitud que lo originó, efectivamente, fue posterior a la presentación de la demanda laboral que originó aquél, como se destacó previamente. Sin embargo, el hecho de que haya sido ofertado como defensa de los que fueron sus patrones no implica, necesariamente, que el fallo deba ser contrario a sus intereses. Además, en caso de que lo previo trascienda al resultado del laudo, que en su momento emita la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, capital, la aquí quejosa, si así lo estima, podrá combatirlo a través de juicio de amparo directo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia aludida en este apartado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo5 , lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría, máxime cuando se estima que la estudiada es la que debe prevalecer, y lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que se atribuyeron a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y al Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, en virtud de que los mismos fueron parte directa de lo ordenado por la Junta foránea en el auto de admisión del procedimiento paraprocesal de referencia, y no se reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia de la admisión de éste. Es aplicable en la especie, la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 66, que a la letra dice: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman especialmente, vicios de ésta. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, con relación a los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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