Maria del Rosario Norato Castillo
Expediente 258/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria del Rosario Norato Castillo
- Sandra Soto Alvarado
Actuaciones
- Principal
III. Agréguese el escrito de cuenta, signado por Alma Rosa García López, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de todos y cada uno de los documentos cotejados ante Notario Público y originales que se exhibieron con su escrito inicial de demanda; por tanto, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° y considerando que el cuaderno de amparo en que se actúa se encuentra totalmente concluido, devuélvanse los mismos, previa copia certificada que se deje agregada en autos; hágase su entrega a las personas que indica, previamente su identificación y recibo que se deje en autos.
- Principal
III. A la fecha, se advierte que ha concluido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera mediante el recurso de queja, que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de esa legislación, el proveído de veintitrés de mayo del año en curso, en que se desechó la demanda de garantías promovida por María del Rosario Norato Castillo, Jesús Rosendo Mendoza Sánchez, Liliana Ledesma Cisneros, Gustavo López Juárez, Mar de Luz Méndez Gutiérrez, Tzitziki Pineda Peña, Ana Silvia Equihua Aguirre, Kenia Sierra Robledo, Baltazar Acosta Aguilar, Jazmín Hernández Vargas, Santa Sonia Mendoza Delgado, Martha Alicia Silva Barragán, Elizabeth de la Peña Hernández, Rosa Isela Vargas Santacruz, Mayra Eréndira Cardona Quezadas, Aurora Herrejón Alcaraz, María del Rosario Murillo Orozco, Yesenia Núñez Andrade, Isaura Janet Zambrano Portillo, Edgar Campos Delgado, Angélica Noemí Farías Verduzco, Roque Medina Sánchez, José Juan Dueñas Rodríguez, Alejandro Mercado González, Yunuén Juárez Gordillo, Luis Gabriel Sánchez Navarro y Ernesto Bedolla Calderón, como se desprende de la certificación de cuenta, sin que lo hubiesen recurrido. En consecuencia, de conformidad con el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación.
- Principal
III. Téngase al Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, a través del oficio de cuenta devolviendo debidamente diligenciado el exhorto 572/2018 C.O. 844/2018 del índice de este juzgado, enviado a efecto de notificar a los quejosos María del Rosario Norato Castillo, Jesús Rosendo Mendoza Sánchez, Liliana Ledesma Cisneros, Gustavo López Juárez, Mar de Luz Méndez Gutiérrez, Tzitziki Pineda Peña, Ana Silvia Equihua Aguirre, Kenia Sierra Robledo, Baltazar Acosta Aguilar, Jazmín Hernández Vargas, Santa Sonia Mendoza Delgado, Martha Alicia Silva Barragán, Elizabeth de la Peña Hernández, Rosa Isela Vargas Santacruz, Mayra Eréndira Cardona Quezadas, Aurora Herrejón Alcaraz, María del Rosario Murillo Orozco, Yesenia Núñez Andrade, Isaura Janet Zambrano Portillo, Edgar Campos Delgado, Angélica Noemí Farías Verduzco, Roque Medina Sánchez, José Juan Dueñas Rodríguez, Alejandro Mercado González, Yunuén Juárez Gordillo, Luis Gabriel Sánchez Navarro y Ernesto Bedolla Calderón, el proveído de veintitrés de mayo del año en curso. Dése de baja en el libro respectivo el exhorto que se recepciona; acúsese recibo. Ahora, como se advierte del inciso b) de la cuenta secretarial, transcurrió el término de tres días concedido a los aludidos quejosos, en proveído de veintitrés de mayo del año en curso, para que proporcionaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hayan hecho. Consecuentemente, hágase efectivo el apercibimiento de que fueron objeto, por lo que con apoyo en el artículo 29, de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista de acuerdos que se publique en los estrados de este juzgado federal, el contenido del presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, hasta en tanto designen domicilio en esta ciudad para tal efecto.
- Principal
III. Téngase por recibido el oficio 5897, enviado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, al que acompaña el expediente relativo al juicio de amparo I-415/2018-C, derivado de la demanda de amparo promovida, entre otros, por María del Rosario Norato Castillo, Jesús Rosendo Mendoza Sánchez, Liliana Ledesma Cisneros, Gustavo López Juárez, Mar de Luz Méndez Gutiérrez, Tzitziki Pineda Peña, Ana Silvia Equihua Aguirre, Kenia Sierra Robledo, Baltazar Acosta Aguilar, Jazmín Hernández Vargas, Santa Sonia Mendoza Delgado, Martha Alicia Silva Barragán, Elizabeth de la Peña Hernández, Rosa Isela Vargas Santacruz, Mayra Eréndira Cardona Quezadas, Aurora Herrejón Alcaraz, María del Rosario Murillo Orozco, Yesenia Núñez Andrade, Isaura Janet Zambrano Portillo, Edgar Campos Delgado, Angélica Noemí Farías Verduzco, Roque Medina Sánchez, José Juan Dueñas Rodríguez, Alejandro Mercado González, Yunuén Juárez Gordillo, Luis Gabriel Sánchez Navarro y Ernesto Bedolla Calderón, por su propio derecho, contra actos del Secretario de Educación en el Estado de Michoacán y otras autoridades. Lo anterior, toda vez que mediante proveído de once de mayo del año en curso, dicho juzgador, por razón de territorio, declaró carecer de competencia legal para resolver el juicio de garantías en cuestión, al considerar que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo, corresponde conocer de la demanda relativa al juicio mencionado el Juez de Distrito en turno, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán; criterio que comparte este juzgador, dado que este Juzgado Quinto de Distrito, ejerce jurisdicción en el lugar donde debe acatarse el acto reclamado, que es en donde habrá de actualizarse algún acto de ejecución, esto es, en Aguililla, Apatzingán, Coahuayana, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Parácuaro, Tancítaro y Uruapan, todos de esta Entidad Federativa. Consecuentemente, de conformidad con los artículos 37, segundo párrafo del precepto 48 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta el conocimiento del asunto en el estado procesal en que se encuentra. Comuníquese esta determinación al Juez declinante, para los efectos legales conducentes. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 258/2018-III. Apreciado íntegramente el escrito de demanda y los anexos que lo acompañan, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Lo anterior, en virtud de que se configura la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, Fracción I y 5, fracción II, de la ley de la materia, mismos que en orden jerárquico, al efecto estatuyen: "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: ".II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". En ese sentido, se advierte que los quejosos hacen consistir los actos reclamados en: Del Secretario de Educación en el Estado de Michoacán. ". La orden que en forma verbal y escrita emitió el día 02 dos de octubre de 2017 dos mil diecisiete a sus subordinados Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación en el Estado y Jefe del Departamento de Normatividad de la Delegación Administrativa de la Secretaría de Educación en el Estado, a fin de que iniciaran a nuestras espaldas y sin concedernos el derecho humano de audiencia, el procedimiento administrativo a fin de suprimirnos las plazas y claves laborales que venimos hasta hoy día ejerciendo como maestros de educación primaria al servicio de la Secretaría de Educación en el Estado; así como la retención de nuestros salarios a que tenemos derecho como empleados de la Secretaría de Educación en el Estado." Del Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. ". Se reclama la emisión de los oficios de data 30 treinta de octubre de 2017 dos mil diecisiete; 07 siete de febrero de 2018 dos mil dieciocho; 08 ocho de febrero de 2018 dos mil dieciocho, y 09 nueve de febrero de 2018 dos mil dieciocho; todo ello en cumplimiento a la orden que en forma verbal y escrita le diera el Secretario de Educación en el Estado; oficios mediante los cuales ordena al Director de Administración de Personal de la Secretaría de Educación, lleve a cabo los procedimientos administrativos necesarios a efecto de que se nos revoquen en forma definitiva y se nos supriman las plazas y claves laborales que venimos hasta hoy día ejerciendo como maestros de educación primaria al servicio de la Secretaría de Educación en el Estado; así como la retención definitiva de nuestros salarios a que tenemos derechos como empleados de tal Secretaría." Del Jefe del Departamento de Normatividad de la Delegación Administrativa de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. "., la emisión de los oficios de fechas 09 nueve y 15 quince de febrero de 2018 dos mil dieciocho; ello en cumplimiento a la orden verbal y escrita girada por el Secretario de Educación en el Estado; oficios mediante los cuales le solicita al Director de Educación Primaria de la Secretaría de Educación en el Estado, que lleve a cabo la supresión definitiva de las plazas y claves laborales que venimos hasta hoy día ejerciendo los aquí quejosos como maestros de educación primaria al servicio de la Secretaría de Educación en el Estado; así como a retención definitiva de nuestros salarios a que tenemos derechos por la prestación de nuestros servicios." De las autoridades responsables señaladas como ejecutoras. ". El pretender de manera inminente y de un momento a otro ejecutar cada una en el ámbito de sus competencias, lo mandatado mediante oficios de data 30 treinta de octubre de 2017 dos mil diecisiete; 07 siete de febrero de 2018 dos mil dieciocho; 08 ocho de febrero de 2018 dos mil dieciocho y 09 nueve de febrero de 2018 dos mil dieciocho; suscritos por el Enlace Jurídico de la Secretaria de Educación en el Estado, y mediante los cuales de manera inconstitucional, ilegal, indebida, infundada e inmotivada, fuera de todo juicio o procedimiento administrativo, decretó se llevara a cabo la supresión de las plazas que hasta hoy día venimos ejerciendo cada uno de los aquí quejosos, así como por igual la retención de nuestros salarios; y El pretender también de manera inminente, cada una en el ámbito de sus competencias, y de un momento a otro ejecutar lo ordenado mediante oficios de fechas 09 nueve y 15 quince de febrero de 2018 dos mil dieciocho; suscritos por el Jefe del Departamento de Normatividad de la Delegación Administrativa de la Secretaría de Educación en el Estado, y mediante los cuales solicita, que lleve a cabo la supresión definitiva de las plazas y claves laborales que venimos hasta hoy día ejerciendo los aquí quejosos como maestros de educación primaria al servicio de la Secretaría de Educación en el Estado; así como la retención definitiva de nuestros salarios a que tenemos derechos por la prestación de nuestro servicios." Ahora, previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, es necesario precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supraordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por su parte, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, lo cual implica la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 164/2011 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 161133 1 de 2 Segunda Sala Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Pag. 1089 Jurisprudencia (Común) AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Además de lo anterior, con relación a lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes que dentro de sus facultades se encuentra la del imperio, es decir, de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquellas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular y de una manera imperativa. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio siguiente: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 237026 1 de 1 Primera Sala Volumen 3, Segunda Parte Pag. 13 Tesis Aislada (Común) AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUALES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES. La autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa; en otros términos, señala el artículo 11 de la Ley de Amparo, que es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por tanto, se considera que un Juez de Distrito, por el hecho de haber concedido la libertad bajo fianza al inculpado, dentro del incidente de suspensión del juicio indirecto que promovió en contra de la sentencia que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra, no debe ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo directo, pues no cae en su ámbito competencial la ejecución de la sentencia reclamada y, por tanto, el juicio con respecto a dicha autoridad es improcedente y debe ser sobreseído con fundamento en los artículos 166, fracción III, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Para acreditar la causal de improcedencia antes precisada, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden del libelo de garantías. Los quejosos son trabajadores de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, desempeñándose actualmente como maestros de primaria foráneos frente a grupos adscritos a diversas Escuelas Primarias. El tres de mayo del año en curso, al presentarse en las instalaciones de la Secretaría de Educación en el Estado, a fin de llevar a cabo trámites administrativos relacionados con sus respectivas claves, fueron informados por el Director de Educación Primaria de la Secretaría de Educación en el Estado, que había recibido diversos oficios del Jefe del Departamento de Normatividad para que llevara a cabo la inmediata supresión con carácter definitivo de las plazas y claves laborales que venían ejerciendo. así como la retención definitiva de sus salarios por la prestación de sus servicios. Cabe señalar que la parte quejosa reclama en forma toral la emisión de los oficios de data 30 treinta de octubre de 2017 dos mil diecisiete; 07 siete de febrero de 2018 dos mil dieciocho; 08 ocho de febrero de 2018 dos mil dieciocho, y 09 nueve de febrero de 2018 dos mil dieciocho, así como su ejecución, lo que pone de relieve que lo que se reclama en esta instancia constitucional no se trata de actos de autoridad propiamente, sino del ejercicio de un derecho laboral de los quejosos en un plano de coordinación y no de supra-subordinación, dado que de sus propias manifestaciones se advierte que prestan sus servicios como maestros de primaria foráneos frente a grupos, adscritos a diversas Escuelas Primarias del Estado de Michoacán. Lo anterior, en razón a que la principal afectación radica en el riesgo que se puso su estabilidad laboral ante la supresión con carácter definitivo de las plazas y claves laborales que venían ejerciendo. así como la retención definitiva de sus salarios por la prestación de sus servicios, por lo que las autoridades adscritas a la dependencia citada que señalan como responsables, no se encuentran en un plano superior como autoridad, sino en su calidad de patrón de los peticionarios del amparo, pues fue el titular (Secretario de Educación) de la dependencia para la que laboran el que puso en riesgo su estabilidad laboral al intentar la supresión con carácter definitivo de las plazas que ocupan, cuya consecuencia fue la retención de sus salarios. Por ende, el acto reclamado queda comprendido dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, sometido a las prevenciones del derecho laboral como particular, de ahí que los actos de que se duelen no pueden ser considerados como de autoridad para los efectos del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del rubro y texto. Tesis: I.6o.T.26 L Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 202602 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo III, Abril de 1996 Pag. 347 Tesis Aislada (Laboral) AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito. Así, lo reclamado por la parte quejosa se ubica en un plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, el incumplimiento de alguna de las partes a las disposiciones que rigen esa relación adjetiva debe ser analizado en principio por el tribunal laboral, porque los contendientes no actúan frente a sí en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular. En suma, el juicio de amparo no es el medio de defensa idóneo para reclamar la supresión de sus plazas que como maestros les fueron otorgadas, así como la retención de sus salarios por la prestación de sus servicios, pues para ello pueden acudir ante la instancia laboral competente encargada de velar por sus derechos que tienen como trabajadores, dado el vínculo trabajador-patrón entablado entre los agraviados y la Secretaría de Educación Pública. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente. Tesis: 2a. CII/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193419 1 de 1 Segunda Sala Tomo X, Agosto de 1999 Pag. 226 Tesis Aislada (Laboral) COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN CONOCER DE LAS DEMANDAS FORMULADAS POR TRABAJADORES INCORPORADOS AL SISTEMA DE EDUCACIÓN ESTATAL EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA ENTIDAD. Toca al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán conocer de la demanda sobre prestaciones derivadas de la relación laboral entablada por un trabajador de la Secretaría de Educación del Estado, que con anterioridad pertenecía a la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo Federal, ya que de conformidad con el artículo 96 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios, en ese tribunal recae la competencia para conocer de los conflictos individuales suscitados entre las dependencias estatales y sus trabajadores, en razón de que al suscribirse el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y el convenio correspondiente el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, la secretaría estatal adquirió el carácter de patrón sustituto de los trabajadores que laboraban en los planteles escolares federales que fueron incorporados al sistema educativo estatal, subrogándose en las obligaciones laborales que tenía la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo Federal con esos empleados. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, es indudable que debe desecharse de plano la demanda de garantías promovida por María del Rosario Norato Castillo, Jesús Rosendo Mendoza Sánchez, Liliana Ledesma Cisneros, Gustavo López Juárez, Mar de Luz Méndez Gutiérrez, Tzitziki Pineda Peña, Ana Silvia Equihua Aguirre, Kenia Sierra Robledo, Baltazar Acosta Aguilar, Jazmín Hernández Vargas, Santa Sonia Mendoza Delgado, Martha Alicia Silva Barragán, Elizabeth de la Peña Hernández, Rosa Isela Vargas Santacruz, Mayra Eréndira Cardona Quezadas, Aurora Herrejón Alcaraz, María del Rosario Murillo Orozco, Yesenia Núñez Andrade, Isaura Janet Zambrano Portillo, Edgar Campos Delgado, Angélica Noemí Farías Verduzco, Roque Medina Sánchez, José Juan Dueñas Rodríguez, Alejandro Mercado González, Yunuén Juárez Gordillo, Luis Gabriel Sánchez Navarro y Ernesto Bedolla Calderón, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común a la primera de los quejosos, esto es, a María del Rosario Norato Castillo, sin perjuicio de ser substituida por cualquiera de los diversos promoventes. Ahora, en relación a la solicitud que formulan los agraviados, en el sentido de que se les autorice tomas fotográficas del expediente en que se actúa; al respecto, dígase a los promoventes que la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, refiere únicamente que no existe inconveniente por parte del referido Órgano Colegiado, en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los juzgados de Distrito y tribunales, a través de medios electrónicos, pero no obliga a que se autoricen dichos medios en todos los casos. Por ello, se autoriza para la reproducción de las constancias que mencionan, insertas en el presente juicio, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada; en la inteligencia de que ello lo podrán solicitar de manera verbal al Secretario adscrito a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y sólo por conducto de las personas autorizadas para recibir notificaciones. Téngase como persona autorizada para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alma Rosa García López, virtud a que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada a nombre de dicha persona, cédula profesional que la acredita como licenciada en derecho. No así a, Mario Ordaz Rodríguez, Aideth Torres Téllez, Karla Mariana García Dávila, Néstor Quintero Reyes y José Antonio Cuiriz Anguiano, a quienes se les autoriza únicamente con la última parte del párrafo segundo del mencionado artículo 12 de la ley reglamentaria, toda vez que no cuentan con dicho requisito. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.11o.A.4 A, que aparece publicada en la página 1188, Tomo XXIII, Abril 2006, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado". Ahora, toda vez que el domicilio proporcionado por la parte quejosa no pertenece a esta ciudad, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto vía electrónica, al Juez de Distrito, en turno, con residencia en Morelia, Michoacán, para que en auxilio de la Justicia Federal, ordene a quien corresponda, notifique el presente auto a la parte quejosa, por sí o por conducto de sus autorizados en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones ubicado en la calle Miguel Cabrera número 269-1, centro, en la citada población. Asimismo, los requiera para que dentro de los tres días siguientes al en que queden debidamente notificados, por escrito, proporcionen domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, donde oír y recibir notificaciones; en caso de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, les serán ordenadas por medio de lista, como lo establece el artículo 29, de la Ley de Amparo. Con la indicación que desde este momento se habilitan días y horas inhábiles en caso de ser necesario, para la práctica de dicha diligencia; de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Asimismo, para en caso de que se tenga conocimiento de un diverso domicilio al referido en líneas precedentes, se practique la diligencia necesaria para llevar a cabo la notificación correspondiente. Sin que se estime necesario que la autoridad exhortada acuse el recibo correspondiente, en virtud de que la constancia de envío que expide el sistema se tendrá como tal. Se solicita a la autoridad jurisdiccional federal, que una vez hecho lo encomendado, remita únicamente vía electrónica las constancias con las que acredite la diligenciación de dicho exhorto. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa y tercero interesada que tienen el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa y tercero afectada, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifiesten por escrito si están de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que la resolución respectiva se publique con tales datos.
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