María del Rocío Gómez Amezcua

Expediente 711/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
711/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • María del Rocío Gómez Amezcua

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de noviembre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conservación devuélvanse a la Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, un tomo de pruebas consistente en copias certificadas relativas al juicio ordinario civil 719/2022, de su ínice. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de octubre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de autos del que se advierte que en proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio 5237/2023 BIS, enviado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, al que acompañó el expediente relativo al juicio de amparo directo 684/2023, que remitió en cumplimiento al acuerdo de siete de septiembre del año en curso, en que el Tribunal de su adscripción, determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver de la demanda de amparo promovida por María del Rocío Gómez Amezcua, por propio derecho, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán de Ocampo. En dicho auto, se previno a la parte quejosa María del Rocío Gómez Amezcua, a fin de que aclarara su escrito de demanda, por lo que se ordenó girar vía interconexión el exhorto 289/2023 (número de orden 1039/2023) al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, en turno, a fin de notificar a la parte quejosa la prevención realizada en autos; empero, de una revisión en el sistema electrónico, se advierte que no se adjuntó dicho archivo. Sin embargo, en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el escrito signado por la quejosa María del Rocío Gómez Amezcua, dando cumplimiento a la prevención realizada el doce de septiembre pasado; por tanto, se tiene por notificada en tiempo y forma a la parte quejosa del referido auto (doce de septiembre de dos mil veintitrés). SE ORDENA DAR DE BAJA EXHORTO. Para efectos administrativos, se ordena dar de baja el exhorto 289/2023 (número de orden 1039/2023), en el Libro de Gobierno el exhorto de mérito. CUMPLE PREVENCIÓN (REGISTRO 15567). En otro orden de ideas, con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa María del Rocío Gómez Amezcua, mediante el cual desahoga la prevención contenida en proveído de doce de septiembre de la presente anualidad. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae que la parte quejosa señala como acto reclamado: El proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, emitido por la Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, que negó tener a la quejosa interponiendo recusación sin expresión de causa, en el juicio ordinario civil 719/2022. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." DESECHAMIENTO. En el caso concreto, esta Juzgadora Federal determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V y 172, fracción XII, éstos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." La fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; asimismo, la fracción V del artículo 107 de dicha legislación, establece que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que en las controversias de que habla el artículo 103 de ese máximo ordenamiento, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. En congruencia, la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo, relativo a las violaciones procesales impugnables en amparo directo, indica que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas de la parte quejosa, en los demás casos análogos a los previstos en las fracciones que preceden a la XII, a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo; y el precepto legal 171 del invocado cuerpo de leyes, establece que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. De lo anterior, se desprende que resulta requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías biinstancial, que de modo directo e inmediato se transgredan derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nunca en los casos que sólo afectan los derechos adjetivos o procesales, pues los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo o fundamental del gobernado protegido por los derechos humanos, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata. Por actos de imposible reparación, deben entenderse aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos no puedan ser susceptibles de repararse en el curso del juicio o procedimiento del que deriven, como sería, por ejemplo, el embargo trabado en bienes de la quejosa, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; ello, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del juicio de que se trate, puesto que la privación de esos derechos ya no pueden ser reparados posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. En congruencia con lo anterior, se puntualiza que no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son remediables si la parte afectada obtiene una sentencia favorable. Al respecto, el máximo Tribunal de Justicia del País, al analizar los actos procesales, ha establecido que cuando éstos afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, procede en su contra el amparo indirecto, y que éste tipo de actos son aquéllos en los que, por regla general, concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto de las garantías procesales esenciales de la quejosa, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento; esto es, la impugnación reclamada en amparo indirecto deberá ser excepcional, de no ser así, el juicio de amparo será improcedente. Tiene apoyo a lo anterior, por analogía jurídica, la tesis P.LVIII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 10, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." En el caso, la promovente del amparo María del Rocío Gómez Amezcua, reclama el proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, emitido por la Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, en el cual negó tener a la quejosa por interponiendo recusación sin expresión de causa, en el juicio ordinario civil 719/2022. Para una mejor comprensión de la litis constitucional planteada, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, que realiza la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, en su escrito de demanda: 1. Ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, la quejosa María del Rocío Gómez Amezcua, fue demandan por Juan Carlos Zepeda Villaseñor, en la vía ordinaria civil; procedimiento dentro del cual, la parte demandada promovió la recusación sin expresión de causa, respecto de dicho juzgador. 2. En proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, la Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, determinó que no había lugar a tener a la aquí quejosa María del Rocío Gómez Amezcua, interponiendo recusación sin expresión de causa, en el juicio ordinario civil 719/2022; determinación que constituye la materia del reclamo en la presente instancia constitucional. Antecedentes que la promovente del amparo, los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA". Bajo ese contexto, la resolución reclamada en la presente instancia constitucional, no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, habida cuenta que no le reviste el carácter de definitiva, aun cuando el sentido en que se resolvió no le es favorable a la parte quejosa, en razón de que se trata de una resolución dictada durante la secuela intraprocesal, que evidentemente no resuelve en cuanto al fondo el juicio ordinario civil; de ahí que, de momento no tiene sobre la persona de la agraviada o cosas una ejecución de tal naturaleza, lo que es indispensable para la procedencia del amparo indirecto. Luego entonces, los efectos de ese acto de molestia pueden ser susceptibles de repararse en la respectiva sentencia que en su momento se llegue a dictar en el juicio de origen, la que puede ser favorable a los intereses de la agraviada, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se hubiesen cometido en su contra durante la secuela procesal; de no ser así, en su caso, tiene a su alcance el medio de impugnación ordinario que establece la ley que regula el acto reclamado, inclusive, el juicio de amparo directo, donde puede impugnar esa violación procesal. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 172834 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE NO ADMITIR O NO RESOLVER LA RECUSACIÓN FORMULADA CONTRA EL JUEZ EJECUTOR. Del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se advierte que el sistema de procedencia del juicio de garantías contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, distingue entre: 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Respecto de los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento); siendo la razón que originó esta regla de procedencia, el impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva; de ahí que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que la interlocutoria que decide no admitir o no resolver la recusación formulada contra el Juez ejecutor, al tratarse de una resolución intraprocesal que no causa agravio por sí misma, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que puede impugnarse a través del amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el procedimiento de ejecución". También, es aplicable la jurisprudencia 2023342, sustentada por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Civil del Séptimo Circuito, Noveno e Materia Civil del primer Circuito y Quinto en Materia Penal del Primer Circuito, Undécima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "RECUSACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declara infundado un incidente de recusación o si se trata de una violación procesal reclamable en amparo directo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que en contra de la resolución que declara infundado un incidente de recusación no procede el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de imposible reparación sino que, al constituir una violación a derechos adjetivos, debe reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo. Justificación: En términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, esta Segunda Sala determina que la resolución que declara infundado un incidente de recusación, no se trata de un acto de imposible reparación en contra de la cual proceda de manera inmediata el amparo indirecto, pues dicha resolución tiene como único efecto que el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal, respecto de quien se haya promovido una recusación, continúe conociendo del asunto, cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal". De esta forma, es manifiesta la improcedencia del juicio de amparo; toda vez que en el caso, el acto de autoridad que se combate no es de aquéllos que causen un perjuicio irreparable que afecte a la parte quejosa en grado predominante o superior e implique una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión dependa la suerte de todo el juicio natural. Lo anterior, máxime que se actualizan los siguientes supuestos: 1. La parte quejosa tiene la calidad de demandada en el juicio ordinario civil 719/2022, por lo que es inconcuso que no acude a esta instancia constitucional ostentándose como tercera extraña al procedimiento, por ende, es evidente que no se actualiza el supuesto de la fracción VI, del artículo 107. 2. De acuerdo con los lineamientos de los conceptos expuestos, resulta evidente que la determinación de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dictada por la Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, dentro del referido juicio ordinario civil 719/2022, que declaró improcedente la petición de recusación sin expresión de causa, formulada por la parte actora, aquí quejosa María del Rocío Gómez Amezcua, no es de imposible reparación, habida cuenta que no le reviste el carácter de definitiva, aun cuando no le es favorable a dicha agraviada, puesto que de momento no tiene sobre su persona o cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, lo que es indispensable para la procedencia del amparo indirecto; luego, los efectos de la resolución en comento, sólo son de carácter procesal. 3. Las violaciones que aduce la promovente, derivadas de la resolución impugnada, en su caso, deberán invocarse como agravios en la segunda instancia, que se haga valer al recurrir la respectiva sentencia que resuelva el juicio de origen; por tanto, tal resolución no tiene el carácter de determinante. En efecto, en el supuesto de que dicho fallo resulte ser contradictorio a los intereses de la quejosa, podrá hacer valer la mencionada violación como agravio, al momento de promover el recurso que la ley ordinaria establezca, o en su caso, a través del juicio de amparo directo. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por María del Rocío Gómez Amezcua, por su propio derecho, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, relacionado con los numerales 171 y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. DOMICILIO. Finalmente, con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en calle José Zamora, número 36, colonia Emiliano Zapata, en esta ciudad. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de septiembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE OFICIO Y SE ACEPTA CONOCIMIENTO. Téngase por recibido el oficio 5237/2023 BIS, enviado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, al que acompaña el expediente relativo al juicio de amparo directo 684/2023, que remite en cumplimiento al acuerdo de siete de septiembre del año en curso, en que el Tribunal de su adscripción, determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver de la demanda de amparo promovida por María del Rocío Gómez Amezcua, por propio derecho, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, y ordenó remitirla al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo en turno, con sede en esta ciudad, de la que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional; oficio al que acompaña: La demanda de amparo promovida por María del Rocío Gómez Amezcua, por propio derecho. El oficio firmado por la Jueza de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, mediante el cual rinde su informe justificado. Escrito de demanda. Legajo de copias certificadas relativas al juicio ordinario civil 719/2022. La constancia de emplazamiento a la parte tercera interesada. Lo anterior, en atención a que el Tribunal Colegiado de su adscripción, mediante acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, toda vez que los actos reclamados no constituyen una sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto pongan fin al juicio, como lo prevén los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo que así determinó, pues la parte quejosa reclama: El proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, emitido por la Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Sahuayo, Michoacán, que negó tener a la quejosa interponiendo recusación sin expresión de causa, en el juicio ordinario civil 719/2022. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 45, de la Ley de Amparo, este Juzgado asume el conocimiento del asunto planteado. Acúsese recibo. FORMACIÓN DE TOMO. Con las referidas constancias que se recepcionan, fórmese un cuaderno de pruebas por separado, que se identificará como tomo I. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 711/2023-IV, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PREVENCIÓN. A fin de acordar lo procedente respecto de la admisión o desechamiento del libelo constitucional, con fundamento en el artículo 108, fracción IV, en relación con el numeral 110 y 114, fracciones I, II y III de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, computados legalmente y tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su bogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II." Por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a las partes, bajo protesta de decir verdad, regularice la demanda en cuanto a lo siguiente: Otorgue la protesta de ley, respecto de los hechos o abstenciones que expresa en su demanda de amparo y que constituyen los antecedentes del acto reclamado; requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo indirecto que establece el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, tomando en consideración que de su lectura se evidencia que fue omisa en manifestar tal circunstancia. Sin que pase desapercibido que en la parte final de su escrito de demanda señala "Protesto conforme a derecho"; toda vez que esa afirmación no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis es del siguiente tenor literal: Tesis: P./J. 127/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192843 1 de 1 Pleno Tomo X, Noviembre de 1999 Pag. 32 Jurisprudencia (Común) Tomo X, Noviembre de 1999 "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." APERCIBIMIENTO. Apercibida que de no desahogar lo requerido dentro del plazo legal que para tal efecto se le confiere, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. PRECISIÓN. En el entendido de que dicha prevención deberá desahogarla la parte quejosa, ya que, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo; esto es, por el titular de la acción, se pone en evidencia que su aclaración también debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa, o en su caso, de su representante legal, pero no así por los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues, éstos carecen de atribuciones para realizar tal acto. Es aplicable, por las consideraciones que sostiene la tesis de rubro siguiente: Tesis: 1a./J. 37/2011 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 161909 1 de 1 Primera Sala Tomo XXXIII, Junio de 2011 Pag. 68 Jurisprudencia (común) "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA". USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberá precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." AUTORIZADO. Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley que rige el juicio constitucional a Sergio Andrade Villaseñor y Jesús Vega Ramírez, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sí se encontró registradas sus cédulas profesionales que los acredita como licenciados en derecho. No así, a Irma Fuentes Hernández, a quien se autoriza únicamente de conformidad con la última parte, del párrafo segundo, del invocado precepto legal; por no contar con dicho requisito. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. Ahora, toda vez que la parte quejosa, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle I. Zaragoza, número 176, interior 11, Centro Histórico, en Morelia, Michoacán de Ocampo, con apoyo en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria líbrese atento exhorto vía interconexión, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, en turno, con residencia en Morelia, para que en auxilio de las labores de este Juzgado instruya a quien corresponda, a efecto de que: Notifique el presente proveído a la quejosa María del Rocío Gómez Amezcua, y la requiera en los términos indicados. Asimismo, la prevenga para que dentro del término de tres días, computados legalmente, designe domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, para oír y recibir notificaciones personales, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes le serán realizadas por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, hágase del conocimiento del Juez exhortado que en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para el desahogo de la diligencia. De igual forma, se solicita instruya al fedatario de su adscripción para que si al momento de constituirse en el domicilio antes referido es informado por alguna persona u obtiene cualquier indicio donde pueda ser notificada la parte procesal interesada, se constituya en ese otro domicilio, sin previo acuerdo. Hágase saber al Juez exhortado que de conformidad con el artículo 300 del mencionado Código Procesal, se solicita de la manera más atenta y cordial sirva ordenar la diligencia en los términos indicados y una vez desahogada, devuelva a la brevedad las constancias que así lo acrediten por la misma vía. Comunicación que se enviara a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, por lo que hágase uso de la firma electrónica vigente y reconocida por el Poder Judicial de la Federación, con apoyo en los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEVOLUCIÓN MEDIANTE SISE. En el entendido de que la diligencia dispuesta deberá practicarse siguiendo los lineamientos que para el trámite de este tipo de comunicados oficiales dicta la ley; además, respetuosamente se solicita la devolución de lo actuado VÍA ELECTRONICA, como lo dispone el numeral 110 del propio Acuerdo General, en el entendido que no se acusará de recibo, porque se genera automáticamente. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese; por medio de exhorto a la parte quejosa; y, por oficio al Tribunal Colegiado declinante.

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