María del Rosario Montalvo Andrade

Expediente 196/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
196/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
19/05/2022

Partes del expediente

  • Todas las Partes
  • María del Rosario Montalvo Andrade
  • Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, Boca del Río, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede en el sentido de que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara, que dicha resolución ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio, carece de relevancia documental; por lo que, se establece como fecha probable el diecinueve de mayo de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL PROVEÍDO DE 24 DE MARZO DE 2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Nuevo de la Local de Conciliación y Arbitraje en Boca del Río, Veracruz, con el cual se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tienen como pruebas de la citada responsable las constancias que anexó a su informe de cuenta, las que serán consideradas en el momento procesal oportuno como lo dispone el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, atendiendo a lo informado por la mencionada responsable en párrafos que anteceden, específicamente de los documentos anexos, así como de lo apuntado en el escrito de demanda que dio origen al juicio en que se actúa, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa se constriñen a la omisión y dilación de la responsable de dictar el acuerdo de pruebas correspondiente en el juicio laboral 443/IX/2021 del índice de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz. En ese contexto, de las constancias que obran en autos, así como de las recibidas en esta fecha se advierte que el cuatro de marzo de dos mil veintidós, en los autos del expediente laboral 443/IX/2021, se dictó un auto respecto a la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en dicho proceso. Lo cual fue notificado a la aquí quejosa a través de su autorizado, licenciado Salvador Martín del Campo el catorce de marzo de este año, de dicha constancia se evidencia que el citado letrado es apoderado legal de la parte actora aquí quejosa María del Rosario Montalvo Andrade. Sentado lo anterior, el que suscribe considera que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierte o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La cesación a que se refiere el artículo y fracción invocados se da por revocación o por sustitución; la primera implica la desaparición o destrucción del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna y, la segunda se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. En mérito de lo anterior, la hipótesis que en el presente se actualiza es la primera, en virtud de que el acto reclamado por la parte quejosa consistía, medularmente, en la omisión y dilación de la responsable de dictar el acuerdo de pruebas correspondiente en el juicio laboral 443/IX/2021 del índice de la Junta Especial Número Nueve dela Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz; sin embargo, de las constancias citadas en los párrafos que anteceden se advierte que la autoridad responsable el cuatro de marzo de dos mil veintidós, proveyó lo relativo a al admisión de pruebas en los autos del expediente laboral 443/IX/2021 de su índice. Lo que se notificó por comparecencia a la aquí quejosa a través de su autorizado, licenciado Salvador Martín del Campo el catorce de marzo de esta anualidad, estableciendo la Junta responsable que el citado letrado es apoderado legal de la parte actora aquí quejosa María del Rosario Montalvo Andrade. Documentos remitidos por la autoridad responsable a los cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es de invocarse la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, se colige que han cesado los efectos de los actos reclamados, es decir, la omisión violatoria de derechos por parte de las autoridades y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, actualizándose la manifiesta e indudable improcedencia del juicio de amparo en que se actúa, conforme a lo previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que resultaría ocioso examinar un acto que ya no surte efectos sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, además que, a nada práctico conduciría continuar con el trámite normal de este juicio y esperar hasta la fecha de la audiencia para dictar sentencia en el mismo sentido en que puede hacerse ahora, pues ello iría en perjuicio y menoscabo de la garantía de administración pronta y expedita de la justicia, que contempla el artículo 17 constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja treinta ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por todo lo expuesto, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercera interesada, por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Nuevo de la Local de Conciliación y Arbitraje en Boca del Río, Veracruz, con el cual se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tienen como pruebas de la citada responsable las constancias que anexó a su informe de cuenta, las que serán consideradas en el momento procesal oportuno como lo dispone el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, atendiendo a lo informado por la mencionada responsable en párrafos que anteceden, específicamente de los documentos anexos, así como de lo apuntado en el escrito de demanda que dio origen al juicio en que se actúa, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa se constriñen a la omisión y dilación de la responsable de dictar el acuerdo de pruebas correspondiente en el juicio laboral 443/IX/2021 del índice de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz. En ese contexto, de las constancias que obran en autos, así como de las recibidas en esta fecha se advierte que el cuatro de marzo de dos mil veintidós, en los autos del expediente laboral 443/IX/2021, se dictó un auto respecto a la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en dicho proceso. Lo cual fue notificado a la aquí quejosa a través de su autorizado, licenciado Salvador Martín del Campo el catorce de marzo de este año, de dicha constancia se evidencia que el citado letrado es apoderado legal de la parte actora aquí quejosa María del Rosario Montalvo Andrade. Sentado lo anterior, el que suscribe considera que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierte o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La cesación a que se refiere el artículo y fracción invocados se da por revocación o por sustitución; la primera implica la desaparición o destrucción del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna y, la segunda se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. En mérito de lo anterior, la hipótesis que en el presente se actualiza es la primera, en virtud de que el acto reclamado por la parte quejosa consistía, medularmente, en la omisión y dilación de la responsable de dictar el acuerdo de pruebas correspondiente en el juicio laboral 443/IX/2021 del índice de la Junta Especial Número Nueve dela Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz; sin embargo, de las constancias citadas en los párrafos que anteceden se advierte que la autoridad responsable el cuatro de marzo de dos mil veintidós, proveyó lo relativo a al admisión de pruebas en los autos del expediente laboral 443/IX/2021 de su índice. Lo que se notificó por comparecencia a la aquí quejosa a través de su autorizado, licenciado Salvador Martín del Campo el catorce de marzo de esta anualidad, estableciendo la Junta responsable que el citado letrado es apoderado legal de la parte actora aquí quejosa María del Rosario Montalvo Andrade. Documentos remitidos por la autoridad responsable a los cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es de invocarse la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, se colige que han cesado los efectos de los actos reclamados, es decir, la omisión violatoria de derechos por parte de las autoridades y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, actualizándose la manifiesta e indudable improcedencia del juicio de amparo en que se actúa, conforme a lo previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que resultaría ocioso examinar un acto que ya no surte efectos sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, además que, a nada práctico conduciría continuar con el trámite normal de este juicio y esperar hasta la fecha de la audiencia para dictar sentencia en el mismo sentido en que puede hacerse ahora, pues ello iría en perjuicio y menoscabo de la garantía de administración pronta y expedita de la justicia, que contempla el artículo 17 constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja treinta ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por todo lo expuesto, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercera interesada, por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 24 DE MARZO DE 2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Nuevo de la Local de Conciliación y Arbitraje en Boca del Río, Veracruz, con el cual se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tienen como pruebas de la citada responsable las constancias que anexó a su informe de cuenta, las que serán consideradas en el momento procesal oportuno como lo dispone el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, atendiendo a lo informado por la mencionada responsable en párrafos que anteceden, específicamente de los documentos anexos, así como de lo apuntado en el escrito de demanda que dio origen al juicio en que se actúa, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa se constriñen a la omisión y dilación de la responsable de dictar el acuerdo de pruebas correspondiente en el juicio laboral 443/IX/2021 del índice de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz. En ese contexto, de las constancias que obran en autos, así como de las recibidas en esta fecha se advierte que el cuatro de marzo de dos mil veintidós, en los autos del expediente laboral 443/IX/2021, se dictó un auto respecto a la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en dicho proceso. Lo cual fue notificado a la aquí quejosa a través de su autorizado, licenciado Salvador Martín del Campo el catorce de marzo de este año, de dicha constancia se evidencia que el citado letrado es apoderado legal de la parte actora aquí quejosa María del Rosario Montalvo Andrade. Sentado lo anterior, el que suscribe considera que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierte o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La cesación a que se refiere el artículo y fracción invocados se da por revocación o por sustitución; la primera implica la desaparición o destrucción del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna y, la segunda se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. En mérito de lo anterior, la hipótesis que en el presente se actualiza es la primera, en virtud de que el acto reclamado por la parte quejosa consistía, medularmente, en la omisión y dilación de la responsable de dictar el acuerdo de pruebas correspondiente en el juicio laboral 443/IX/2021 del índice de la Junta Especial Número Nueve dela Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz; sin embargo, de las constancias citadas en los párrafos que anteceden se advierte que la autoridad responsable el cuatro de marzo de dos mil veintidós, proveyó lo relativo a al admisión de pruebas en los autos del expediente laboral 443/IX/2021 de su índice. Lo que se notificó por comparecencia a la aquí quejosa a través de su autorizado, licenciado Salvador Martín del Campo el catorce de marzo de esta anualidad, estableciendo la Junta responsable que el citado letrado es apoderado legal de la parte actora aquí quejosa María del Rosario Montalvo Andrade. Documentos remitidos por la autoridad responsable a los cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es de invocarse la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, se colige que han cesado los efectos de los actos reclamados, es decir, la omisión violatoria de derechos por parte de las autoridades y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, actualizándose la manifiesta e indudable improcedencia del juicio de amparo en que se actúa, conforme a lo previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que resultaría ocioso examinar un acto que ya no surte efectos sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, además que, a nada práctico conduciría continuar con el trámite normal de este juicio y esperar hasta la fecha de la audiencia para dictar sentencia en el mismo sentido en que puede hacerse ahora, pues ello iría en perjuicio y menoscabo de la garantía de administración pronta y expedita de la justicia, que contempla el artículo 17 constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja treinta ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por todo lo expuesto, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercera interesada, por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,101 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano