María del Rosario Martínez Hernández

Expediente 964/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
964/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • María del Rosario Martínez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio y anexo remitido por el actuario judicial adscrito del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, el cual trae adjunto testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja ********************, de la que se advierte que se declaró infundado el medio de impugnación interpuesto por ********************y ********************, quedando en su único resolutivo en los siguientes términos: ".ÚNICO.- Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ********************y ********************, en contra del auto dictado el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo indirecto número ********************, del índice de Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en Boca del Rio, Veracruz, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por la propia recurrente." En tal razón, acúsese el recibo respectivo, realícense las anotaciones correspondientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintinueve de noviembre de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe. PARO/tmaa*

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que conste como corresponda el oficio remitido por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en Xalapa, Veracruz; atento a su contenido, téngasele comunicando que se dio trámite al recurso de queja interpuesto por ********************, en contra del auto de veinte de septiembre del año en curso; radicándose bajo el número de expediente ********************/2023. Notifíquese.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de protección de derechos fundamentales de cuenta, firmada María del Rosario Martínez Hernández, Marcelo Martínez Martínez y Diego Antonio Martínez Martínez, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 964/2023, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, en virtud que del escrito de demanda de amparo, no se designa representante común de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 13, párrafo primero, de la ley de la materia, se tiene con dicho carácter a María del Rosario Martínez Hernández, sin perjuicio que la parte quejosa la substituya por otro. DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sustenta lo anterior, la tesis P.VI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo destacado es propio). De lo anterior, se evidencia que si bien se refiere a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en la sentencia, también lo es que resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, de la cual se advierte que el promovente expuso hechos o antecedentes, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, de acuerdo al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2007, Tomo XXVI, página 2613, con número de registro 171389, del tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." (Lo destacado es propio). En este sentido, el promovente en el apartado de actos reclamados, señala: "Reclamo de la autoridad señalada como responsable ordenadora y ejecutora, la violación a mis garantías, constitucionales señaladas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al proveído emitido dentro del Recurso de Revocación, interpuesto y que el A-quo resolvió con fecha veintiocho de agosto del año 2023, siendo su sentido, DECLARAR NULO DE PLENO DERECHO, LAS ACTUACIONES REALIZADAS DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL No.1833/2019, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA FAMILIAR, a partir del auto de fecha ocho de julio del año 2022, donde se señala fecha y hora para la celebración de la audiencia que contempla el artículo 219 de la Ley Adjetiva Civil para el Estado, misma que se desahogó el día 30 de agosto del año 2022 ordenando la reposición del procedimiento a partir de esa fecha. Para tal efecto, el juzgado se funda únicamente en un escrito de aclaración presentado ante la oficialía de partes, el quince de febrero de dos mil veintitrés por conducto del abogado patrono, del demandado en lo principal y actor en reconvención..." En ese tenor, es dable precisarse que el acto reclamado lo constituye: Del Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, del Décimo Séptimo Distrito Judicial con residencia en Veracruz, Veracruz: a) La resolución de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, emitida en los autos del juicio ordinario civil 1833/2019, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte actora en lo principal, demandada en reconvención, aquí quejosos, en contra del proveído de nueve de junio de dos mil veintitrés, que declaró nulo de pleno derecho las actuaciones realizadas dentro de ese sumario a partir del ocho de julio de dos mil veintidós y ordenó la reposición del procedimiento. Así, en el particular, el que suscribe estima que en el caso se colma el supuesto de improcedencia que establece la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la ley en cita, debido a que la resolución reclamada es de carácter intraprocesal que no afecta materialmente los derechos sustantivos de los promoventes. Tales numerales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación armónica de los citados artículos, debe precisarse que el primero refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. El segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, una interpretación en sentido contrario de los artículos referidos, permite establecer que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiendo estos los que afecten de manera directa e inmediata derechos sustantivos, como la vida, la salud, la libertad, etcétera. En el caso, del análisis integral al escrito de demanda, como se indicó, el acto reclamado en esta vía constitucional lo constituye la determinación que declaró improcedente el recurso de revocación promovido por la parte actora en lo principal, interpuesto contra el proveído de nueve de junio del año en curso, que declaró nulo de pleno derecho las actuaciones realizadas dentro del juicio ordinario civil 1833/2019 de la estadística del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, a partir del auto de fecha ocho de julio de dos mil veintidós y ordenó la reposición del procedimiento a partir desea fecha. En ese tenor, a criterio de este Juzgador, lo anterior no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación y, por ende, no se ubica en los supuestos de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, así como tampoco en los de la fracción V, del numeral 107 de la Ley de Amparo, entendiéndose para efectos de la procedencia del amparo indirecto, en esencia, aquéllos que afectan de manera directa e inmediata algún derecho fundamental del gobernado que tutelan los derechos humanos que otorga nuestra Constitución Federal. Es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues en todo caso, sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas. De tal manera que el acto reclamado únicamente recae sobre derechos puramente procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas, y la única consecuencia es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia, la que en todo caso puede resolverse en sentido favorable a los interesados, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio la violación procesal que pretende combatir; además, al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo vía violación procesal, en términos del artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo. Por tanto, al margen de lo correcto o incorrecto de la resolución combatida en amparo, éste no reviste el carácter a que se refiere el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, por ello, el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. Razón por la cual se estima que el acto reclamado por los promoventes consistente en la resolución que declaró improcedente el recurso de revocación promovido contra el auto que ordenó reponer el procedimiento en los autos del juicio ordinario civil 1833/2019 del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por los derechos contenidos en la Constitución. Además, por identidad de razón, las jurisprudencias P./J. 37/2014 (10a.) y 1a./J. 94/2008 del Pleno y la Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." ".NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO". La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." Esta jurisprudencia es aplicable al caso, porque la determinación que se le atribuye a la autoridad responsable, no implica que necesariamente dentro de ese juicio se emitirá una sentencia contraria a los intereses de la accionante del amparo. De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente, el último interpretado a contrario sensu, al no ser de imposible reparación el acto reclamado, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el señalado en el ocurso de cuenta. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Pedro de la Hoz Jiménez, por encontrarse facultado para ejercer la profesión de licenciados en derecho, a través del registro de sus cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones a la restante persona, por no encontrarse registrado en el referido sistema, ni proporcionar número de cédula profesional para realizar la consulta correspondiente. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entreguen los oficios que del mismo deriven; ya que en el propio auto se indica la urgencia y además para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Lo anterior, sin perjuicio de que los oficios dirigidos a la autoridad responsable como tal o en su carácter de terceros interesados se hagan por los medios a su alcance, como fax o correo electrónico, según su practicidad, levantando la constancia correspondiente en la que se asiente la hora y fecha de la recepción del oficio relativo y los anexos en el caso de que los tuviere; el órgano que los remite; el servidor público adscrito de la autoridad responsable que la o los recibe, además de su nombre y cargo. Lo ordenado, para obviar trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual, evitar el desgaste innecesario a quienes se les encomienda la tarea de notificar; todo ello en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, 24 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. No se opone dicha determinación con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que los oficios y anexos dirigidos a la responsable o a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, serán entregados en el domicilio de su oficina principal por el funcionario del juzgado, quien recabará la constancia de recibo correspondiente; toda vez que el dispositivo en comento no establece que dicho diligenciario deba constituirse físicamente en la oficina principal de la autoridad a notificar, sino que bastará que el empleado entregue a la autoridad y recabe el acuse de recibo, lo cual se cumple con la constancia actuarial que al respecto se ordena levantar en cada caso, bastando ello para que surta efectos la notificación, solicitud o requerimiento respectivo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable que de no recibir el oficio o telegrama, la notificación se tendrá por hecha, previo conocimiento que de tal circunstancia haga el fedatario a la encargada de la oficina correspondiente; de igual forma, se apercibe al encargado de la oficina pública de comunicaciones, que si no envía el oficio librado en el presente juicio, de conformidad con el numeral 237, fracción I, 238 y 243 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese y personalmente a los promoventes. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe. PARO/tmaa*

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