María del Rosario Micaela Reyes García

Expediente 519/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
519/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • María del Rosario Micaela Reyes García

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para que acuda a recoger los documentos que exhibió con su demanda de amparo, apercibida de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE ABRIL D EDOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. 1. Responsable informa. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la apoderada jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Delegación Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual adjunta las constancias que acreditan que, de forma oportuna y constante, desde el diecinueve de enero al diecisiete de abril de este año, se ha otorgado a través del especialista en oncología, la atención médica a la parte quejosa, así como la realización de los estudios necesarios para su padecimiento, pues así se desprende de dichas documentales. Además, de las constancias anexas se advierte que la próxima cita programada para la quejosa lo es a las trece horas del quince de junio de este año. 2. Estado de autos. Ahora, del estado que guardan los autos se advierte que en auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia que se concedió el amparo de la Justicia Federal, por lo que en esa data se requirió a las autoridades responsables, a fin de que en tres días, dieran cabal cumplimiento a ello, para los siguientes efectos: "( Le proporcionen el tratamiento y medicamentos que a juicio del o los especialistas correspondientes, sean útiles y adecuados para la correcta atención médica de la quejosa ********************, atendiendo a los padecimientos que presenta. ( En caso de no contar con los equipos e insumos y/o tratamientos que se requieran para brindar la atención médica que necesita la quejosa, deberán realizar las gestiones necesarias para obtenerlos y dar a la citada impetrante la atención médica de calidad entre las cuales se encuentra el servicio médico subrogado de ser necesario. En el entendido de que la atención médica prestada deberá ser integral, con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico de la paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación o, de ser el caso, procurando la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado de salud de la paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; procurando que el tratamiento sea adecuado, de modo que si la paciente requiere algún medicamento y/o tratamiento, éste contenga las sales originales o genéricas que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia de las sales originales para su efectividad. Asimismo, la atención otorgada deberá garantizar que el tratamiento se preste de forma oportuna, permanente y constante, garantizando que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento, lo hagan de conformidad con los estándares más altos de tecnología y especialización médica. Para lo cual deberán continuar actualizando el expediente clínico de la paciente conforme evolucione su historial médico, y mantenerla constantemente informada respecto del avance de su condición de salud, en términos de las fracciones V y VII del artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud. Asimismo, deberán elaborar un programa integral que sea adecuado para la atención y tratamiento del padecimiento de la quejosa, que puede ser modificado o ajustado conforme evolucione su salud, teniendo siempre como eje rector la recuperación respecto de la enfermedad o el control de la sintomatología. En todo caso, la responsable deberá informar de manera periódica, sobre las sesiones y citas programadas y el resultado de las mismas, así como de toda acción que sea parte del tratamiento de la paciente y la evolución de su salud'." 2.1. Bajo ese contexto, se tiene que las autoridades responsables han venido proporcionando la atención médica de manera constante y oportuna desde el diecinueve de enero al diecisiete de abril de este año, como se advierte de las constancias adjuntas a su misiva de cuenta; además, se desprende que la próxima cita con el especialista en oncología es para las trece horas del quince de junio de dos mil veintitrés, pues así fue programado para su padecimiento. 3 Vista con cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, dese vista a las partes con lo anterior, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.UBB

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFCICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: Morelia, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. 1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por María del Rosario Micaela Reyes García, por propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 519/2023. 1.2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: El auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual pone los autos del expediente 876/2017, en estado de ejecución, señalándose día y hora hábil de despacho, para que el personal del juzgado se constituya en el inmueble materia de la Litis y ponga en posesión real y material a la parte actora -Antonio Ayala Fernández-, autorizando el uso de cerrajero, y el auxilio de la fuerza pública. 1.3. Desechamiento de la demanda. Con fundamento en los preceptos 103 y 107 constitucionales, así como 1°, en relación con el 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de origen se encuentra en estado de ejecución y que la parte quejosa no es tercera extraña al juicio, pues fue oída y vencida en el mismo. En efecto, de los antecedentes de la demanda de amparo se advierte que la quejosa presentó demanda contra Antonio Ayala Fernández, sobre acción de nulidad de escritura, registrado con el número 876/2017; en dicho juicio el demandado reconvino a la promovente, y el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno se dictó sentencia, en la que se determinó improcedente la acción ejercida por la actora, y procedente la acción intentada en reconvención. Esa resolución fue confirmada en apelación por la Tercera Sala Civil, dentro del toca I-33/2022; contra la misma promovió juicio de amparo, que correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, bajo el número 328/2022, en el que se concedió el amparo para dictarse una nueva resolución. En cumplimiento a dicha ejecutoria el trece de enero de dos mil veintitrés, la Tercera Sala Civil dictó una nueva resolución en la que se declaró improcedente la acción ejercida por la actora, y procedente la acción intentada en reconvención, al considerar que Antonio Ayala Fernández, tenía mejor derecho a poseer. En auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, el juez responsable pone los autos en estado de ejecución, señalando día y hora para la entrega del bien inmueble materia del juicio civil a favor de la parte vencedora; dicho acto constituye el reclamado en esta instancia constitucional al juez responsable, y su ejecución le es atribuida al secretario de su adscripción. Como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la materia, deberá examinarse el escrito de demanda en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano. En el caso concreto, se advierte que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, conforme al siguiente razonamiento. La fracción IV del artículo 107 establece la procedencia del juicio de amparo contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, como regla general. Sin embargo, en sus párrafos segundo y tercero establece algunas condicionantes para dicha regla, consistentes en: "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y b) Los actos en ejecución de sentencia tengan autonomía y sean ajenos a la cosa juzgada. Lo anterior, con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece la procedencia del amparo hasta dictada la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, se podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a esa regla será, como ya se dijo, su autonomía respecto al procedimiento de ejecución, ya que en ese caso la violación invocada no podrá ser motivo de análisis en la última resolución. La jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En la especie, el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Ello es así, pues la quejosa reclama en esta instancia constitucional el auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual pone los autos del expediente 876/2017, en estado de ejecución, señalándose día y hora hábil de despacho, para que el personal del juzgado se constituya en el inmueble materia de la Litis y ponga en posesión real y material a la parte actora -Antonio Ayala Fernández-, autorizando el uso de cerrajeroy el auxilio de la fuerza pública. Esto es, la quejosa pretende a través del juicio de amparo, que se analice el auto en el que la autoridad responsable, ordena poner en posesión real y material a la parte actora -Antonio Ayala Fernández- respecto del bien inmueble materia de la condena dentro del juicio de origen. Acto que no encuadra dentro de los supuestos de excepción antes precisados pues su finalidad es impedir la ejecución de la sentencia, por lo cual es un acto que, interpretado a contrario sensu, comparte la naturaleza de aquellos que se han considerado dentro de la regla general (que tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia), ya que pretende impedir la ejecución alegando violación en la orden de desalojo con motivo de la entrega del bien al actor, cuya finalidad es lograr el cumplimiento de la sentencia. Por lo que, no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Cabe señalar que si bien es cierto que los actos dictados en la fase de cumplimiento de la sentencia no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan; también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia se determina no por el aspecto procesal formal de haber dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. En consecuencia, si la finalidad de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, es evidente que ello opera también respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado; y por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia. Además, tampoco afecta derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada, ya que al tratar de combatir el auto que niega decretar la suspensión de la diligencia de entrega de posesión del inmueble materia de la Litis, con motivo de la ejecución de la sentencia definitiva; esto es, la orden de entrega real y material no es ajeno a la cosa juzgada en la sentencia de fondo que le puso fin al juicio de origen; con dicho acto, no se está privando a la quejosa de ningún derecho fundamental, pues la orden emitida por la responsable únicamente tiene como finalidad lograr la entrega del bien que ya fue materia de la sentencia definitiva, ante el desacato voluntario de la parte demandada para darle cumplimiento. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción IV, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Así como la Jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." En ese contexto, como se dijo, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, esta última interpretada a contrario sensu, y 113 todos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo. 1.4. Tomo de pruebas. Con las documentales que exhibió la parte quejosa con su demanda de amparo, fórmese cuaderno de pruebas para un mejor manejo del expediente, identificándose como Tomo I. 2. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que ******************** gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que ********************, únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acredite contar con la profesión de licenciada en derecho. 3. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 4. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

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