María del Rosario Micaela Reyes García
Expediente 12/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 12/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María del Rosario Micaela Reyes García
- Director de Orden Urbano, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, del H. Ayuntamiento de Morelia
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, unoprimero de febrero de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir el auto por el cual se desechó su demanda, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MARIA DEL ROSARIO MICAELA REYES GARCIA, LA DETERMINACION DE DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES, TODA VEZ QUE NO COMPARECIO ANTE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, NO OBSTANTE DE HABERLE DEJADO EL CITATORIO RESPECTIVO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, EL CONTENIDO ES DE CONTENIDO SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, doce de enero de dos mil veintitrés. 1. Desahoga prevención. Visto lo de cuenta; téngase por recibido el escrito signado por la quejosa María del Rosario Micaela Reyes García, en atención a su contenido, se le tiene cumpliendo con la prevención formulada en auto de seis de enero de dos mil veintitrés; en esas condiciones se provee: 2. Precisión de acto reclamado. Del escrito aclaratorio se deduce que la quejosa María del Rosario Micaela Reyes García, por su propio derecho, reclama: Del Director de Orden Urbano, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia y del Inspector del departamento de licencias de construcción. ? El oficio "SEDUM-DOU-LC-440/2022", emitido en respuesta a su solicitud de quince de noviembre de dos mil veintidós, a través del cual, se hizo de su conocimiento que no había licencia de construcción para su propiedad, y que se había hecho una inspección a través de personal a su cargo, en el predio ubicado en el lote 2, manzana 13, zona 4, del poblado de Santiaguito, actualmente identificado con la calle José Miguel de Oñate, número 175, colonia Jardines de Santiaguito y/o colonia Mariano Escobedo, de esta ciudad, a partir de la cual corroboró que no existía tal construcción; y, Del Inspector del departamento de licencias de construcción. 3. Antecedentes del acto. De los antecedentes del acto reclamado y de los anexos exhibidos con la demanda de amparo, se advierte los siguientes datos: I. Que el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, le reconoció el carácter de legítima propietaria del solar urbano identificado como lote 2, manzana 13, zona 4, del poblado de Santiaguito, actualmente identificado con la calle José Miguel de Oñate, número 175, colonia Jardines de Santiaguito y/o colonia Mariano Escobedo, de esta ciudad, título de propiedad 000001004816. II. Que el diez de noviembre de dos mil veintidós, fue despojado del predio aludido por sujetos que refirieron obrar por instrucción de Antonio Ayala Fernández, asimismo, tiraron la malla ciclónica que cercada su predio. III. Por lo acontecido, llamó al número de emergencia 911, por lo que arribó una patrulla, pero uno de los sujetos mostró una licencia de construcción. IV. El once del mismo mes y año, a través de su apoderada legal, acudió ante la representación social para denunciar hechos probablemente constitutivos de delito despojo. V. Asimismo, el diez de noviembre de dos mil veintidós, dirigió un escrito a la Dirección de Orden Urbano, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia, para hacerle del conocimiento sobre la obra que se estaba realizando sin derecho sobre su propiedad y se ordenara su clausura. VI. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dice, que fue notificada del oficio "SEDUM-DOU-LC-440/2022", signado por el Director de Orden Urbano, a través del cual, se hizo de su conocimiento que no había licencia de construcción para su propiedad, y que se había hecho una inspección a través de personal a su cargo, en el predio, a partir de la cual corroboró que no existía tal construcción. Dicho oficio constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. 4. Desechamiento. Precisado lo anterior, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Por su parte el artículo 107 Constitucional dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determinen la ley, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión." Del texto de los numerales transcritos se llega al conocimiento de que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales exista algún recurso, o medio de defensa legal por virtud del cual, pueden ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley de la materia. Al efecto, debe decirse que el principio de definitividad en materia de amparo, examinado por la doctrina, adoptado en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación que tiene el gobernado de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, el cual, por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa; de ahí que dicho principio deba ser acatado previamente por la parte promovente del juicio de amparo, y en el caso, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer la agraviada, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. En esa tesitura, en el caso opera la hipótesis prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud de cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, ya que en el caso, el transcrito acto reclamado, puede combatirse a través del recurso de revisión, previsto en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, cuyos artículos 204, 205 y 206, de dicho ordenamiento legal prevén: Artículo 204. Los ayuntamientos podrán crear los órganos necesarios, para dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la administración pública municipal y los gobernados, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. La integración, funcionamiento y atribuciones de los organismos de justicia, se determinarán en el reglamento que expida, según el caso, cada Ayuntamiento. Artículo 205. Los actos y resoluciones dictadas por el Ayuntamiento, por la Presidenta o Presidente Municipal y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, podrán ser impugnados mediante el recurso de revisión, cuando afecten intereses jurídicos de los particulares. Artículo 206. El recurso de revisión a que hace referencia el artículo anterior deberá interponerse ante el propio Ayuntamiento. En este caso la Secretaria o Secretario del Ayuntamiento, fungirá como instructor del procedimiento del recurso de revisión, integrando el expediente. [Lo resaltado no es de origen] En razón de la naturaleza del acto reclamado, del cual se advierte de la lectura integral de la demanda de amparo, al provenir de una resolución de una dependencia de la Administración Pública Municipal, como lo es el Director de Orden Urbano, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia, se estima que encuadra en lo previsto por el artículo 205 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán; por lo que, contra él procede el recurso de revisión, ante el propio Ayuntamiento. Ello es así, debido a que los actos reclamados por parte de la peticionaria de amparo, constituyen una controversia entre la parte aquí quejosa y la Administración Pública Municipal. Además de que, la Ley citada establece la suspensión de los actos impugnados, en el artículo 221, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncie la sentencia definitiva, toda vez que establece: Artículo 221. Podrá suspenderse la ejecución del acto reclamado, cuando no se afecte el interés público y se garanticen suficientemente, mediante fianza o depósito fijado por la autoridad, los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse al confirmarse la resolución impugnada. A mayor abundamiento, se puede advertir que dicho numeral exige menores requisitos que la propia Ley de Amparo, porque en el artículo 128 regula: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. En este caso, no resulta aplicable la jurisprudencia de rubro "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. EL ARTÍCULO 240 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, AL PREVER MAYORES REQUISITOS PARA SU CONCESIÓN, HACE INNECESARIO AGOTAR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO." , porque el procedimiento relativo al recurso de revisión y la suspensión de los actos, están regulados en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán; en consecuencia, no es aplicable el Código de Justicia Administrativa del Estado. En esa tesitura, al no observarse el principio de definitividad, que hace procedente al juicio constitucional, se actualiza la citada causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, lo que motiva a desechar la demanda de amparo en estudio por notoriamente improcedente. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas aprobadas por la por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles a páginas quinientos treinta y quinientos veinticinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, CCLXXI/2012 y CCLXXV/2012, ambos del tomo I, materias constitucional y común, cuyos contenidos son los siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." 5. Correo electrónico. Se tiene proporcionado correo electrónico "mgm.caapus.live.com.mx" a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto. Por tanto, manténganse bajo resguardo ese dato a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado; y da fe la persona secretaria Víctor Hugo Alonso Cendejas.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de enero de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por María del Rosario Micaela Reyes García; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 12/2023. 2. Prevención. Previo a acordar lo que conforme a derecho proceda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción V y 114, fracción I y II, en relación con el numeral 112 de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que, dentro del término de CINCO DÍAS, legalmente computado, por escrito, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: a) Precise el acto reclamado. Toda vez que del capítulo IV, denominado "ACTO RECLAMADO", se advierte que reclama la omisión y negativa recaída a su solicitud de clausurar la obra que se efectúa en el predio que refiere ser de su propiedad, mientras que de los hechos y abstenciones la parte quejosa señala que se le dio respuesta a su solicitud mediante oficio SEDUM-DOU-LC-4440/2022; por tanto, se le requiere para que precise sí el acto reclamado lo constituye dicho oficio SEDUM-DOU-LC-4440/2022, por el cual se le dio contestación a su petición de quince de noviembre de dos mil veintidós. b) Precise si la solicitud respecto de la cual refiere la autoridad ha sido omisa y niega dar respuesta corresponde al escrito presentado el quince de noviembre de dos mil veintidós o a diverso solicitud. Lo anterior, en el entendido de que deberán exhibirse las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes, tal como lo refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo. 3. Apercibimiento. Apercíbase a la parte quejosa que de ser omisa sobre la prevención formulada, la demanda de amparo se tendrá por no presentada, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando, domicilio en esta ciudad) para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que María González Mendoza gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, mientras que Alejandra Orozco Quevedo, únicamente para oír y recibir notificaciones en razón de que no tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 6. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso
- Principal
¬POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MARIA DEL ROSARIO MICAELA REYES GARCIA LA DETERMINACION DE SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, seis de enero de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por María del Rosario Micaela Reyes García; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 12/2023. 2. Prevención. Previo a acordar lo que conforme a derecho proceda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción V y 114, fracción I y II, en relación con el numeral 112 de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que, dentro del término de CINCO DÍAS, legalmente computado, por escrito, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: a) Precise el acto reclamado. Toda vez que del capítulo IV, denominado ACTO RECLAMADO, se advierte que reclama la omisión y negativa recaída a su solicitud de clausurar la obra que se efectúa en el predio que refiere ser de su propiedad, mientras que de los hechos y abstenciones la parte quejosa señala que se le dio respuesta a su solicitud mediante oficio SEDUM-DOU-LC-4440/2022; por tanto, se le requiere para que precise sí el acto reclamado lo constituye dicho oficio SEDUM-DOU-LC-4440/2022, por el cual se le dio contestación a su petición de quince de noviembre de dos mil veintidós. b) Precise si la solicitud respecto de la cual refiere la autoridad ha sido omisa y niega dar respuesta corresponde al escrito presentado el quince de noviembre de dos mil veintidós o a diverso solicitud. Lo anterior, en el entendido de que deberán exhibirse las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes, tal como lo refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo. 3. Apercibimiento. Apercíbase a la parte quejosa que de ser omisa sobre la prevención formulada, la demanda de amparo se tendrá por no presentada, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando, domicilio en esta ciudad) para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que María González Mendoza gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, mientras que Alejandra Orozco Quevedo, únicamente para oír y recibir notificaciones en razón de que no tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 6. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso
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