María del Rosario Hernández Leonardo

Expediente 120/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
120/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
24/04/2017

Partes del expediente

  • María del Rosario Hernández Leonardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva respecto del acto reclamado, por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del anexo que envió la autoridad responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 120/2017, promovido por María del Rosario Hernández Leonardo, contra acto del Juez Trigésimo Primero Penal de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el nueve de febrero del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. La solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló transgredidos en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por acuerdo de esa fecha se admitió a trámite la demanda bajo el orden 120/2017; se solicitó a la responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como al representante social adscrito al juzgado responsable; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se aprecia y se precisa que el acto reclamado del Juez Trigésimo Primero Penal de esta ciudad, es la resolución de treinta y uno de enero del año en curso emitida en la causa penal 57/2014, que recayó al incidente no especificado promovido por la quejosa. TERCERO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe de ley (foja 13), lo que se corrobora con la copia certificada del proceso penal que remitió en apoyo a dicha comunicación, entre cuyas constancias se aprecia la determinación reclamada (fojas 311 a 312 del anexo); documental que tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Por razón de técnica jurídica en el dictado de las sentencias de amparo, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Sobre el particular, el juez responsable manifestó que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista "en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo", en virtud que la justiciable "antes de acudir ante esa instancia federal, debió agotar el recurso ordinario por virtud del cual pudo haber sido modificada, revocada o nulificada la determinación de la que ahora se duele". Al respecto, debe desestimarse dicha causal porque en el caso se impugna una determinación emitida por un juez penal en una causa de la misma naturaleza, y dicho acto afecta la libertad personal del justiciable, pues aun cuando la privación de la libertad es a causa de la sentencia condenatoria dictada en el proceso penal, continuará privado de su libertad como consecuencia de dicha resolución. En ese tenor, se concluye que al afectarse la libertad personal del individuo, la determinación que dictó el juez responsable es impugnable a través del juicio de amparo indirecto sin necesidad de agotar previamente los recursos ordinarios establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la informan, la jurisprudencia, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 196, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, que en su rubro establece: "INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LAS PENAS. LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE CONSTITUYE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL, POR LO QUE PUEDE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY". Desestimada la causal de improcedencia invocada y no advirtiéndose de oficio la existencia de alguna otra, se procede al análisis del concepto de violación contenido en la demanda, el cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertara, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Materia Común, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Es infundado el concepto de violación hecho valer por la justiciable, sin que exista materia para suplir su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley reglamentaria, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. Para sustentar el sentido de esta resolución, es pertinente establecer los antecedentes de la resolución reclamada: - Por sentencia de veintiocho de mayo de dos mil quince, la autoridad responsable determinó que la quejosa había resultado penalmente responsable de la comisión del delito de extorsión calificado, por lo que le impuso la pena de prisión de cuatro años, un mes, quince días, y del análisis de dicha sentencia en lo concerniente a la individualización de esa pena, se advierte que no tomó en consideración el estudio de personalidad de la justiciable (fojas 1 a 145 del anexo). - Inconforme con dicha determinación, el defensor de la sentenciada interpuso recurso de apelación, del que conoció la Segunda Sala Penal de esta ciudad, quien al resolver el toca penal 683/2015, modificó la sentencia impugnada, pero confirmó el aspecto en que no se tomó en consideración el estudio de personalidad del quejoso (fojas 146 a 306 del anexo). - Por escrito presentado en el juzgado responsable el veintiséis de enero de este año, la amparista promovió incidente no especificado para el efecto de que se le reindividualizara la pena de prisión que le fue impuesta, sin que se tomara en consideración el estudio de personalidad que le fue practicado. - Mediante determinación de treinta y uno siguiente, el juez responsable determinó lo siguiente: ".por lo que con fundamento en el artículo 541 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México, en este acto se tiene por admitido el Incidente Innominado o No Especificado propuesto, el cual se procede a resolver de plano de conformidad con el arábigo 542 establece lo siguiente: 'cuando la cuestión sea de obvia resolución y las partes no solicitaren prueba, el juez resolverá de plano'.. . .en tales circunstancias, ha lugar a resolver de plano la incidencia planteada, lo que se lleva a cabo en los siguientes términos: Como preámbulo debe precisarse que la aplicación de la inconstitucionalidad a que hace referencia la sentenciada incidentista, consiste precisamente en que el órgano jurisdiccional al momento de individualizar la pena y determinar el grado de culpabilidad del sujeto, no tome en consideración el estudio de personalidad que le fue practicado; bajo esa perspectiva, de las actuaciones que integran la presente causa se desprende que tanto al momento de individualizar la pena que le fue impuesta dentro de la sentencia definitiva de fecha 28 veintiocho de Mayo de 2015 dos mi quince, como la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), con plenitud de jurisdicción, al resolver el toca penal 683/2015, en fecha 26 veintiséis de Agosto de 2015 dos mil quince, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la Defensa, el Ministerio Público y el ofendido, específicamente en el apartado de individualización de las penas, no se tomó en consideración el contenido del estudio de personalidad que le fue practicado para determinar su grado de culpabilidad; es decir, en ambas determinaciones no se tomaron en consideración los aspectos denotativos de la personalidad de la aquí incidentista, sino únicamente las circunstancias del hecho analizado, por lo que en tales circunstancias, también deviene improcedente acordar de conformidad la solicitud que formula la sentenciada incidentista Maria Del Rosario Hernandez Leonardo, en el sentido de que se realice una nueva graduación de la culpabilidad, desestimando el estudio clínico-criminológico que en su momento le fue practicado, toda vez que como ya quedó precisado en líneas que anteceden, esto ya aconteció, debiendo estarse a lo resuelto en las determinaciones de referencia.". Siendo esta determinación la que constituye el acto que por esta vía se reclama. Ahora, del análisis realizado a la determinación reclamada se advierte que se encuentra adecuada y suficientemente fundada y motivada, por lo que válidamente se puede concluir que no transgrede el artículo 16, párrafo primero, de la constitucional. De la interpretación del artículo citado, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, a la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Se afirma lo anterior, ya que fue correcta la forma en que la responsable resolvió el incidente no especificado que promovió la amparista, pues de conformidad con los artículos 541 a 545 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, se obtiene que cuando el incidente planteado es de obvia resolución y las partes no ofrecen pruebas, será resuelto de plano, lo que así aconteció en el caso a estudio, en que no se requería de mayor trámite por el grado mínimo de dificultad de la pretensión planteada por la justiciable; con lo cual adecuó la litis sujeta a su potestad con la hipótesis normativa que estimó aplicable, y ajustó su decisión a las exigencias establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 166 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del Tomo VI, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del título siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ahora, del análisis de las constancias remitidas por la responsable, se observa que ni el juez de origen ni la Segunda Sala Penal de esta ciudad, tomaron en consideración el estudio de personalidad al momento de graduar la culpabilidad de la amparista en la causa y toca respectivos. Es decir, quedó establecido en el acto reclamado, desde luego en vinculación con los aspectos en que la justiciable pretendió se realizara un nuevo pronunciamiento al respecto, que ya había sido materia de decisión por parte del juzgado responsable y de la sala mencionada, en cuanto a que es indudable que no resulta válido volver a plantear su discusión como lo hizo la quejosa. Por tanto, si el grado de culpabilidad y la penalidad impuesta a la solicitante de amparo en la causa de origen y toca respectivos ya fueron materia de análisis, ello no puede ser materia de estudio una vez más. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 1631 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, septiembre de 2016, del Tomo II, Materia Común, emitida por el Pleno de Circuito en Materia Penal de este circuito, del rubro y texto siguiente: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE COSA JUZGADA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA, ES INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 20/2014 (10a.) DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PARA REINDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN, SI YA EXISTE SENTENCIA EJECUTORIA. Cuando el quejoso pretende la reindividualización de las sanciones que le fueron impuestas en una sentencia ejecutoria, con sustento en que se deje de considerar el dictamen pericial para conocer su personalidad, con fundamento en la jurisprudencia 1a./J. 20/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de marzo de 2014 a las 9:53 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 376, de aplicación obligatoria a partir del martes 18 de marzo de 2014, de título y subtítulo: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR NO DEBE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 175/2007].", el juzgador no puede atender la petición relativa, ya que transgrediría el binomio fundamental de cosa juzgada y de seguridad jurídica, que es de orden público, de estudio oficioso y de aplicación general con efectos erga omnes -para los sentenciados, víctimas, ofendidos, terceros interesados o extraños al juicio, así como para todas las autoridades-, los cuales no pueden ser superados o inobservados por el diverso axioma de interpretación más favorable a la persona". Por lo que se reitera, fue correcta la decisión del juez responsable de resolver improcedente el incidente referido. En ese sentido, se declara infundado el motivo de disenso relativo a que la autoridad responsable sí tomó en consideración el estudio de personalidad que le fue realizado, ya que si bien es verdad fue recabado dicho estudio, también lo es que de las resoluciones de primera y segunda instancia se advierte que no se tomó en consideración dicho aspecto. En esas condiciones, al resultar infundado el concepto de violación hecho valer, sin que se advierta materia para suplir en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, lo que procede es negar a Maria Del Rosario Hernandez Leonardo, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado contra el acto que reclamó del Juez Trigésimo Primero Penal de esta ciudad. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Maria Del Rosario Hernandez Leonardo, contra el acto reclamado consistente en la resolución de treinta y uno de enero del año en curso emitida en la causa penal 57/2014, atribuida al Juez Trigésimo Primero Penal de esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia.

  3. Principal

    Ciudad de México, a nueve de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que aún no transcurre el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por tanto la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse, el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete a las catorce horas. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que acompaña a su informe de ley, la cual se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dado el excesivo volumen de la constancia que adjuntó la autoridad responsable, fórmese por separado un anexo, respetando su sello, rúbricas y folio.

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