María del Rocío Poo Domínguez

Expediente 160/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 41 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
160/2016
Año
2016
Actuaciones
41
Última actuación
07/07/2017

Partes del expediente

  • María del Rocío Poo Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Ciudad de México, a siete de julio de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención de los anexos que envió la sala responsable, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 160/2016, promovido por María del Rocío Poo Domínguezcontra acto de la Primera Sala Penal de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, la quejosa en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra acto de la autoridad responsable, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. La solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que se violan sus derechos públicos subjetivos previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Una vez desahogada la prevención formulada en autos, el dos de marzo siguiente se admitió a trámite la demanda con el orden 160/2016; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como al Agente del Ministerio Público adscrito a la sala responsable; se tuvo con el carácter de tercero interesado a Benjamín Buzalí Aguilar; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional. Por auto de veintidós de junio del citado año, se ordenó el emplazamiento del citado contendiente por medio de edictos. Contra la anterior determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja, que por sesión de cinco de septiembre siguiente, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, la declaró fundada, ordenando se requiriera a diversas autoridades información del domicilio del tercero interesado. Una vez hecho lo anterior, por auto de veintiocho del mes citado en el párrafo que antecede, se ordenó el emplazamiento del citado contendiente por medio de edictos. Por auto de tres de octubre del citado año, se acordó que no era procedente ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Contra este último proveído, la justiciable interpuso recurso de queja, que por sesión de quince de noviembre del referido año, el tribunal la declaró sin materia. En proveído de once siguiente se hizo efectivo el apercibimiento con que se conminó a la quejosa en auto de veintiocho de septiembre del año en cita, por lo que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. Contra la anterior determinación se interpuso recurso de revisión, que por sesión de veintitrés de febrero de este año, resolvió el tribunal citado, revocando el auto puesto a su consideración, y ordenó se publicaran los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, una vez publicados dichos edictos, por auto de uno de junio de este año, se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón a la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado es: - La determinación de trece de enero de dos mil dieciséis, dictada en el toca 1243/2015, que confirmó la resolución de quince de octubre de dos mil quince, en que se negó la orden de aprehensión solicitada contra Benjamín Buzalí Aguilar, que se atribuye a la Primera Sala Penal de esta ciudad. TERCERO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada que remitió en apoyo al citado informe, entre cuyas constancias se encuentra la resolución reclamada (fojas 31 a 48 del anexo II); documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de la acción constitucional, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación, pues no existe algún precepto que así lo establezca. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por lo que procede a negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la justiciable. Para mejor comprensión del asunto, es necesario precisar que mediante denuncia presentada el cuatro de junio de dos mil trece, la que quejosa señaló en lo que interesa lo siguiente: Que el dieciséis de mayo de dos mil once, conoció a Benjamín Buzalí Aguilar, quien le informó que trabajaba como asistente de Joaquín Arrangois quien era Director General de Servicios Estratégicos de Grupo Salinas. Que el veintiocho de junio de dos mil doce, entregó al tercero interesado el cheque 34, de la cuenta bancaria 3921034, de Scotiabank Inverlat, S.A., por la cantidad de un millón de pesos, por concepto de préstamo, y por concepto de intereses el contendiente le pagaría seiscientos mil pesos. Que Benjamín suscribió un pagaré a su favor, por la cantidad de un millón seiscientos mil pesos, así como el cheque 0747989, correspondiente a su cuenta, con número 00448669104, de la Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer, por la cantidad de un millón seiscientos mil pesos, con fecha de pago para el veinticinco de enero de dos mil trece. Que al intentar cobrar el cheque que le dio el tercero interesado, fue informada que esa cuenta se suspendió por inactividad, además de que en el banco fue estampado en el referido título "DEVUELTO POR LA CAUSA N°22". Que el contendiente libró un cheque a su favor, con el fin de procurarse la cantidad de un millón seiscientos mil pesos, por lo que denunció dicha conducta probablemente constitutiva del delito de fraude genérico. En escrito de ampliación de denuncia, de trece de septiembre del citado año, la que quejosa señaló en lo que interesa lo siguiente: Que en junio de dos doce, Benjamín le ofreció un negocio el cual le afirmó que era seguro y sin riesgo, pero que requería una inversión, por lo que el mencionado le solicitó un préstamo de un millón pesos, ofreciéndole pagar por concepto de interés el sesenta por ciento del préstamo, es decir, seiscientos mil pesos, argumentando que los resultados de la mencionada inversión-préstamo, serían exitosos, además dicho contendiente le precisó que contaba con el respaldo de la relación de amistad y de negocio que tenía con ella. Que el contendiente a efecto de demostrarle que el negocio era seguro, le suscribió un pagaré y un cheque. Que el veintiocho de junio de dos mil doce, se reunió con el tercero interesado, con el fin de celebrar en forma verbal el "contrato de préstamo", en el que le hizo entrega de un cheque por la cantidad de un millón de pesos. El Agente del Ministerio Público integrador, una vez que desahogó diversas diligencias, el siete de octubre de dos mil quince, ejerció acción penal contra el tercero interesado, por el delito de fraude genérico. El quince del citado mes, el juez de origen determinó negar la orden de aprehensión que se le solicitó, en lo que interesa por las siguientes consideraciones: ".el Ministerio Publico investigador incurre en fallas técnicas que impiden hasta este momento el acreditamiento del cuerpo del delito a estudio y por el que ejercita acción penal en contra del inculpado BENJAMÍN BUZALÍ AGUILAR, ya que su pliego de consignación por el ilícito antes mencionado se observa con falta de motivación y fundamentación en virtud de que, de la denuncia que se revisa no se surten en su integridad los elementos del delito de FRAUDE GENÉRICO, siendo así que son fundamentales para en su caso librar la orden de aprehensión solicitada, pues respecto al elemento subjetivo específico que configura el tipo penal de fraude, el Ministerio Público lo hace consistir indistintamente en 'el engaño' ó 'en el aprovechamiento del error', tal como lo plantea al describir en su pliego consignatorio, los 'medios de comisión', haciendo alusión a ambas hipótesis, no obstante en la hipótesis a que alude al señalar la previsión del ilícito sea la de ('Hipotesis de: al que por medio del engaño, obtenga un lucro indebido en beneficio propio') y establece que el delito debe realizarse a través de alguno de esos medios comisivos, describiendo el engaño como el inducir al sujeto pasivo a que tenga por cierto lo que no lo es, es decir a crearle una falsa realidad está demostrado ya que el ahora inculpado BENJAMIN BUZALI AGUILAR engaño a la hoy agraviada al inducirle una falsa realidad y hacerle creer que en fecha 25 de enero del año 2013 le pagaría la cantidad de $1,600,000.00 un millón seiscientos mil pesos 00/100 m.n. con el cual cubriría tanto el préstamo señalado como los intereses, al respecto primeramente es destacable indicar que de las constancias que exhibe el ministerio público y precisamente del ESCRITO DE DENUNCIA signado por la ofendida MARIA DEL ROCIO POO DOMINGUEZ ante el Fiscal Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros, presentado en fecha 4 de junio del año 2013, asienta lo siguiente: 'con fecha 28 de junio de 2012, entregué al señor BENJAMIN BUZALÍ AGUILAR el cheque número 34, de mi cuenta bancaria número 3921034, en la institución bancaria Scotiabank Inverlat, S.A., librado a favor del señor BENJAMÍN BUZALI AGUILAR por la cantidad de $1,000,000.00, (un millón de pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de préstamo'. Evidenciándose que la misma ofendida manifiesta haber entregado el dinero (cheque) en calidad de préstamo, y continua reseñando en el referido primer escrito de denuncia: 'el señor BENJAMIN BUZALI AGUILAR me ofreció pagar la cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de intereses'; lo que denota principalmente que el dinero entregado al indiciado lo fue DERIVADO DE UN PRÉSTAMO, por el cual la acreedora recibiría el pago del 60% de interés, es decir, $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), sin que se advierta engaño alguno de parte del indiciado, puesto que atendiendo literalmente a las propias manifestaciones de la ofendida, no hace alusión al momento en que ella logró convencerse de realizar el préstamo, porque él le hubiera ofrecido entregarle el cheque y pagare cuyos montos cubrían un millón seiscientos mil pesos, es decir, sin que la entrega de esos documentos puedan ser considerados el medio eficaz que logro el convencimiento de la ofendida, sumado al hecho que como ya se asentó líneas precedentes, el Ministerio Público al encuadrar los hechos hace alusión a dos medios comisivos, 'el engaño' y 'el aprovechamiento del error', lo que entraña distintos medios; siendo así inconcuso que no por el hecho de que una persona solicite un préstamo de dinero comprometiéndose a pagarlo en determinada fecha, su falta de liquidación sea necesariamente un fraude por no poder pagarlo, pues de ser así nadie otorgaría préstamo alguno, y se estarían violentando el estado de derecho por basarse en presupuestos jurídicos que para la aplicación de la ley deben ser demostrados por el Ministerio Público, lo que en la especie no ocurre, pues se advierte que los documentos expedidos por el indiciado a la ofendida, constituyeron una garantía que está dotada d autonomía y no está condicionada a la causa por la cual se expidió. Así mismo, y continuando con las declaraciones de la denunciante MARIA DEL ROCIO POO DOMINGUEZ en su ampliación rendida en fecha 21 veintiuno de junio del año 2015 donde ratifica su escrito de denuncia confirma la relación de la cual surgió la expedición de los documentos que le hizo entrega el indiciado, al afirmar que: 'los mismos fueron entregados a la de la voz como garantía del pago por el préstamo que le hice al inculpado BENJAMIN BUZALI AGUILAR por la cantidad de $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/10 M.N.)'. Para posteriormente, en escrito de AMPLIACIÓN DE DENUNCIA DE MARÍA DEL ROCIO POO DOMÍNGUEZ dirigido a la Licenciada ANA ISABEL LUCRECIO HERNANDEZ, C. Agente del Ministerio Público Titular Unidad de Investigación B-1, Fiscalía Central de Investigación para la atención de los Delitos Financieros presentado el día 13 trece de septiembre del año 2013 dos mil trece, manifiesta que el indiciado 'le ofreció a ella 'un negocio que era seguro y sin riesgo, mismo que requería de una inversión significativa' variando el hecho puesto que un préstamo y la posterior entrega de la garantía (cheque y pagare) no tuvieron la consecuencia directa de obtener un lucro indebido, pues la entrega del dinero por parte de la ofendida ya se había generado en el acuerdo de voluntades previo, pues ella continua diciendo posterior a referir que fue un negocio que requería una inversión, que: 'por lo que el señor BENJAMIN BUZALI AGUILAR, me solicito un préstamo por la cantidad de UN MILLON DE PESOS'; es decir nuevamente hace alusión a un préstamo, ofreciéndole pagar por concepto de intereses el 60% del préstamo; esto es pagarle la cantidad de $600,000.00. (seiscientos mil pesos 00/100 M.N), solo por concepto de intereses, mas la suma principal del millón de pesos; argumentándome que los resultados de dicha 'inversión-préstamo' serían exitosos, al grado que ganaría seiscientos mil pesos a corto plazo y que contaba con el respaldo de las relaciones de amistad y negocio que tenía en común con ella y que él le manifestó que tan seguro era el negocio que extendería un pagare y un cheque post fechado, con el único objeto de afirmar que la inversión-préstamo en dicho negocio era la mejor opción. Ahora bien, así mismo se advierte que la parte acusadora asienta: 'esta operación se documentó mediante lo siguiente: un pagaré que el señor BENJAMIN BUZALI AGUILAR suscribió a favor de la suscrita, por la cantidad de $1,600,000.00 (un millón seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), con fecha de pago para el día 25 de enero de 2013; y el cheque número 0747989, de la cuenta bancaria del señor BENJAMIN BUZALI AGUILAR, con número 00448669104, en la institución bancaria BBVA Bancomer, por la cantidad de $1,600,000.00 (un millón seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), con fecha de pago para el día 25 de enero de 2013'. Lo que evidentemente conlleva a la presunción de que la hoy denunciante aceptó se le pagara el préstamo que hizo recibiendo además un interés del 60%, por dicho préstamo EL DÍA 25 DE ENERO DEL 2013, lo que permite advertir que las partes al convenir la expedición del cheque post-fechado, se subordino a la provisión de fondos lo que de no hacerse oportunamente da lugar a acciones civiles, ya que no existiría el elemento 'dolo' indispensable en la comisión del delito de FRAUDE, pues la ofendida acordó aceptar a cambio como garantía del pago, dos títulos de crédito (el cheque y pagaré antes reseñados), sin que estos hubieran sido la causa por la que ella se convenció de otorgar el préstamo ambos exhibidos por el hoy indiciado BENJAMIN BUZALI AGUILAR, el mismo día en que realizaron el trato verbal (veintiocho de junio de 2012). Hecho que por si mismo, no demuestra un fraude, y menos aun que fuera realizado por el indiciado, pues no pasa desapercibido para este Juzgador que dicha relación entre particulares (denunciante MARIA DEL ROCIO POO DOMÍNGUEZ e indiciado BENJAMIN BUZALI AGUILAR), surgió de un acuerdo de voluntades, que ya se había entregado sin advertirse algún vicio del consentimiento como error, violencia o dolo, pues como así lo apuntó la propia denunciante que en fecha 28 de junio de 2012 le hizo entrega al multicitado indiciado el cheque número 34 de su cuenta bancaria número 3921034 de Scotiabank Inverlat, por la cantidad de $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), por concepto de préstamo, a pagar el día 25 de enero de 2013, y a cambio ésta recibiría un interés del 60% de la cantidad otorgada, es decir, $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), siendo la cantidad total de $1,600,000.00, (un millón seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), pagaderos el día 25 de enero de 2013; dando lugar a que la parte acreedora aceptara en garantía el pago de dicho préstamo, dos títulos de crédito (cheque y pagaré), por lo que, es innegable que al momento de la expedición del título nominativo por la cantidad de $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), NO MEDIÓ ENGAÑO ALGUNO de parte del indiciado como medio eficaz para crear en la ofendida una falsa idea de la realidad y así ella se convenciera de otorgar el préstamo. Esto es así, en virtud de que del primer escrito de acusación de la denunciante, ella misma indica que los hechos se debieron a un préstamo hecho al indiciado, y así lo reitera en su primera declaración ministerial, sin que en ningún momento la denunciante especifique que haya sido mediante un engaño la entrega de la cantidad mencionada por razón del cheque 00034, sino que fue por un préstamo. En esa virtud, parece que en el caso concreto la ausencia del engaño, pues la ofendida aceptó en garantía los documentos que le fueron entregados, trae como consecuencia afirmar que el 'dolo penal' no es factible de ser acreditado con estos medios de prueba aportados por el Ministerio Público. . Documentales públicas que en nada contribuyen a acreditar el delito de fraude que se atribuye al indiciado BENJAMIN BUZALI AGUILAR, en virtud de que si bien de los mismos se observa el balance de la cuenta 103921034 registrada en Scotiabank Inverlat, S.A.; Institución de Banca Multiple, a nombre de MARÍA DEL ROCÍO POO DOMÍNGUEZ, correspondientes al periodo del día 19 de mayo al veinte de junio del 2012 dos mil doce, del 21 veintiuno de julio al 20 veinte de julio del 2012 de dos mil doce, también se observa la tarjeta de registro de firmas autorizadas a nombre de BENJAMIN BUZALI AGUILAR; y copia certificada de los estados de cuenta 0448669104 registrada en BBVA Bancomer a nombre del indiciado, correspondientes a los meses de, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2012 dos mil doce, enero de 2013 dos mil trece; de igual forma el registro de firmas del titular de la cuenta Benjamin Buzali Aguilar con numero de cuenta 04100115045583, así como del estado de cuenta correspondientes al mes junio, julio y agosto del 2012 dos mil doce, de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Multiple; así como copia certificada de la solicitud contrato de la cuenta 001156991318 registrada en BBVA Bancomer a nombre de BENJAMIN BUZALI AGUILAR. Los mismos carecen de valor indiciario para acreditar el engaño sufrido por la víctima, respecto del indiciado BENJAMIN BUZALI AGUILAR, como anteriormente se indicó; es decir, efectivamente obran en actuaciones los oficios remitidos con la concerniente información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que muestran en los estados de cuenta de la cuenta perteneciente a la ofendida de la Institución bancaria SCOTIABANK INVERLAT S.A que de la cuenta de cheques numero 00103921034 a nombre de MARIA DEL ROCIO POO DOMINGUEZ el 29 de junio de 2012 dos mil doce, por concepto de cheque depositado en otro banco y el retiro de $1,000,000.00 un millón de pesos, (foja 108); y así mismo obra de la información que remite la citada Comisión los estados de cuenta que rindió BBVA BANCAMER se advierte que en la cuenta 0448669104, cuyo titular es BENJAMIN BUZALI AGUILAR, a la fecha de corte de 31 de julio de 2012 dos mil doce, existía un saldo anterior de $661.00 seiscientos sesenta y un pesos (foja 129) así como también se cuenta con el dato que emitió la Institución BANCO AZTECA S.A. de C.V, de la cuenta 04100115045583 también a nombre de BENJAMIN BUZALI AGUILAR, en fecha 29 de junio de 2012 un abono por monto de $1,000,000.00 un millón de pesos 00/100 m.n. con cheque SBC a 24 hrs. Sin embargo tales documentales, no desvirtúan que el origen de la entrega de un millón de pesos que la denunciante le hizo al indiciado lo es un préstamo, y que la falta de pago no acredita la intención del inculpado presente desde el momento en que se celebró el acuerdo, pues al momento de que se entregó la cantidad de $1,000.000.00 (un millón de pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de préstamo, lo cierto es que no son medios de prueba idóneos que permitan acreditar un fraude. Por otro lado, si bien obra en autos el DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE CONTABILIDAD de fecha dieciséis de Marzo de dos mil trece, suscrito por los peritos MARGARITA BELTRÁN ROSAS y ELVIRA PATRICIA PÉREZ RODRÍGUEZ determino la cantidad entregada por la C. MARIA DEL ROCIO POO DOMÍNGUEZ, al C. BENJAMÍN BUZALI AGUILAR, mediante el cheque número 34 de la cuenta número 00103921034 de 'SCOTIABANK INVERLAT, S.A.', es de $1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.). (Foja 406). Y que dicha pericial posee el valor probatorio de indicio en términos del artículo 245 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, ya que a través del mismo se puede razonablemente fundar una opinión, y que cuenta con la eficacia probatoria que le asigna el artículo 254 de la citada ley procesal, al estar elaborado reuniéndose los lineamientos del artículo 175 del mencionado ordenamiento, también lo es que resulta obvio que esa determinación fue obtenida de los estados de cuenta e información que remitió la Comisión Nacional Bancaria previamente ya analizados que demuestran el retiro de la cuenta de cheques de la ofendida del numerario y el depósito a la cuenta que se encuentra en otro banco cuyo titular es BENJAMIN BUZALI AGUILAR, lo que no presupone la existencia de un engaño para hacer de un lucro, en este caso de $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N); de modo tal que de éste no se puede obtener información indiciaria suficiente y eficaz que nos lleve a inferir de manera razonada que de antemano hubiera habido una estrategia falaz de parte del activo, esto es no necesariamente en el sentido de evidenciar un engaño, ya que el hecho de recibir una cantidad cierta y real, no entraña la realización de un dolo penal, más aún si esto derivo de la celebración de un acuerdo de voluntades entre particulares, en el que imperó el concepto de préstamo que en todo caso incumplió BENJAMIN BUZALI AGUILAR. Es por lo anterior que lo procedente es negar la ORDEN DE APREHENSIÓN que solicita el Ministerio Publico en contra del indiciado BENJAMIN BUZALI AGUILAR, al no estar bebidamente motivada y fundada la acción penal que ejercita el Ministerio Publico en contra de éste, como probable responsable de la comisión de los delitos de FRAUDE GENÉRICO al no encontrarse acreditados hasta este momento todos y cada uno de los elementos que integra dicho ilícito, que amen de la insuficiencia probatoria, no pueden ser subsanado por el suscrito ya que de hacerlo se erigiría además en órgano de acusación vulnerando así derechos subjetivos al invadir las funciones del órgano persecutor como establece el artículo 21 párrafo primero parte segunda Constitucional, además de que está el Ministerio Público obligado a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado como establece el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal." (sic). Mediante oficio recibido en el juzgado responsable el veinte de octubre de dos mil quince, el Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de origen, interpuso recurso de apelación contra la anterior determinación, que admitió el juez de referencia mediante auto de veintiséis siguiente. Por resolución de trece de enero de dos mil dieciséis, la Primera Sala Penal de esta ciudad, confirmó la determinación puesta a su consideración, pues en lo que interesa expuso lo siguiente: No se demuestra el engaño como medio comisivo para acreditar el cuerpo del delito de fraude, pues no se acredita que el tercero interesado haya engañado a la quejosa. Los elementos de prueba que obran en la causa de origen no son aptos y suficientes para acreditar hasta el momento el delito de fraude genérico (hipótesis al que por medio del engaño, obtenga un lucro indebido en beneficio propio), previsto en el artículo 230, párrafo primero, del Código Penal de esta ciudad. No se requiere que se le notifique o cite al indiciado, para hacerle saber la existencia de una averiguación previa en su contra, y se le otorgue la oportunidad de declarar y ofrecer pruebas. Para que el engaño se acredite es necesario demostrar una actitud mentirosa empleada por el sujeto activo que hace incurrir en una creencia falsa a la pasivo. De la declaración de la pasivo se advierte que esta le entregó al tercero interesado un cheque por la cantidad de un millón de pesos, por concepto de préstamo. Se observa que la denunciante no ha sufrido de forma dolosa de engaño alguno, pues de las constancias de la causa penal citada, se advierte que existió un acuerdo de voluntades, el cual fue garantizado por el contendiente con un pagaré que expidió a la justiciable por la cantidad de un millón seiscientos mil pesos, con fecha de pago de veinticinco de enero de dos mil trece, así como un cheque post-fechado para su cobro en la fecha citada, por la misma cantidad. Los anteriores documentos no desvirtúan que la entrega que realizó la amparista al tercero interesado de un millón de pesos, haya sido por concepto de préstamo, de modo que la falta de pago no acredita la intención del activo de engañar a la justiciable, pues estuvieron de acuerdo con las condiciones del préstamo, por lo que su incumplimiento debe dilucidarse en la vía civil, y no en materia penal. El dictamen pericial en materia de contabilidad de dieciséis de marzo de dos mil trece, tampoco acredita el engaño por parte del contendiente, para hacerse de un lucro indebido, pues si bien se advierte la cantidad que entregó la quejosa al tercero mediante cheque, fue de un millón de pesos, también lo es que esa entrega fue derivado de la celebración de un acuerdo de voluntades entre particulares, en el que incumplió Benjamín. Así, este juzgado considera acertada la afirmación realizada por dicha sala, en el sentido de que no se configuró el delito de fraude genérico, por no existir prueba alguna de que el tercero interesado tuviera la intención de incumplir con el contrato, al haber entregado como garantía de cumplimiento del mismo, un pagaré por un millón seiscientos mil pesos, así como un cheque post-fechado, por la misma cantidad. En efecto, como correctamente lo determinó la autoridad responsable, de las constancias que obran en autos se obtiene un incumplimiento de contrato y no un fraude, lo que compete a una autoridad civil, toda vez que para que sea de naturaleza penal se debe demostrar que el activo tenía toda la intención de no cumplir con el contrato verbal que celebraron; sin embargo, contrario a ello, dio en garantía los documentos citados, es decir, se comprometió a pagar el dinero prestado. Lo anterior es así, ya que si bien la justiciable refirió que el contendiente no le pagó el dinero que le prestó, ni tampoco los intereses que generó dicho préstamo, también lo es que aquél le hizo entrega de los títulos de crédito como garantía de dicho pago. Por lo anteriormente expuesto, este juzgado estima que las consideraciones mencionadas por la autoridad responsable son ajustadas a derecho, atento a que no se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico, ya que con base en los medios de prueba que obran en la causa de origen, se aprecia que el indiciado entregó en garantía de pago el pagaré y cheque por un millón seiscientos mil pesos, esto es, se está en presencia de un incumplimiento de contrato y no un fraude. Es importante destacar que una conducta desplegada por una persona puede generar tanto responsabilidad civil o penal, ya que las leyes tipifican como delitos los atentados a la propiedad, pues el legislador está interesado en proteger a la sociedad de quienes atacan el patrimonio de las personas aprovechando su buena fe, su ignorancia o error en que se encuentran, otorgándose por ello la tutela penal mediante la tipificación de los delitos que repriman esas agresiones, no obstante, la voluntad de las partes es soberana para regir las situaciones que han creado por virtud del contrato. Así, la responsabilidad civil se funda en el daño causado a los particulares y su objeto es la reparación de ese agravio ocasionado a la persona lesionada, por lo que es incuestionable que un acto jurídico puede engendrar tanto responsabilidad civil como penal, sin embargo, no se debe pasar por alto que la utilización de la fuerza del Estado a través del derecho penal, es la última ratio o la última razón de ser, y si en la especie se hace patente un incumplimiento de contrato, esa controversia necesariamente deberá dilucidarse ante una autoridad civil, con lo cual en manera alguna se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues por dicha vía puede lograr que se le restituya la cantidad de dinero que refiere no le fue entregado por concepto de préstamo. Por tanto, si el indiciado entregó como garantía los documentos mencionados, entonces no debe entenderse que al no cumplir con lo pactado, incurrió en una ilicitud de carácter penal, ya que para que esta conducta encuadre en ese tipo, se hace necesario acreditar que desde que se celebró el convenio con el activo había decidido no cumplirlo, esto es, resulta indispensable demostrar que la operación aparentemente civil fue engendrada por el dolo penal de una de las partes, de manera que la prueba de ese dolo original sólo puede consolidarse por medio de aquellos elementos que debidamente analizados en relación con los contratos, lleven a la convicción plena de que el activo pactó a sabiendas de que no cumpliría; por lo que si esto no se demostró, no puede válidamente establecerse que los hechos de que se trata sean constitutivos del ilícito mencionado, sino que debe concluirse que se trata de contratos de naturaleza netamente civil, cuyo incumplimiento sólo engendra acciones de la misma naturaleza, vía que desde luego, tiene expedita la quejosa. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 334 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, marzo de 1994, Octava Época, que dice: "CONTRATO, REQUISITOS PARA QUE EL INCUMPLIMIENTO PUEDA DAR LUGAR AL DELITO DE FRAUDE. En los procesos penales que se caracterizan por tener como origen un contrato, la línea divisoria entre la esfera penal y la civil presenta una sutileza tal que puede dar lugar a la confusión de dichos ámbitos, por lo que para considerar que una de las partes ha incurrido en una infracción penal, es preciso acreditar que no se ha cumplido con lo pactado y que la persona incumplida, así como quien con ella coadyuva desde que se celebró el contrato habían decidido dolosamente no cumplirlo; tiene que demostrarse, por lo tanto, que la operación aparentemente civil fue engendrada con el dolo penal de una de las partes, y la prueba de ese dolo original sólo puede consolidarse por medio de aquellos elementos de convicción que engendren en el juzgador la convicción de que el contratante pactó a sabiendas de que no llegaría a cumplir, para obtener el lucro premeditadamente concebido, por lo que si los elementos de prueba sometidos a consideración del juzgador no llevan implícitos un incumplimiento ni poseen fuerza retroactiva, en cuanto que mediante ellos pueda establecerse la existencia de un engaño ocurrido en el pasado, es decir, en la época de la celebración del contrato, el Juez no puede atribuir a la simple celebración del contrato y sus modalidades, o al incumplimiento, el carácter de penal; así ni el incumplimiento de un contrato ni mucho menos la sola celebración, necesariamente constituyen una conducta penal". Igualmente apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 733 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, julio de 1999, de contenido siguiente: "FRAUDE, INEXISTENCIA DEL, TRATÁNDOSE DE UN CONTRATO PRIVADO. NO SE PUEDE ATRIBUIR AL INCUMPLIMIENTO CARÁCTER PENAL, SI NO SE PRUEBA LA EXISTENCIA DEL ENGAÑO EN LA ÉPOCA EN QUE SE CELEBRÓ EL CONTRATO. Los límites que en ciertos casos separan al derecho penal y al derecho civil son tan sutiles que pueden determinar la desfiguración del derecho privado para servir, desafortunadamente, a quienes merecen la represión del derecho penal; pero, también por la misma sutileza de las fronteras que median entre ambas disciplinas, puede acontecer lo contrario. En efecto, es explicable que a veces los Jueces penales, al estudiar cuestiones de esta naturaleza, incurran en el error de considerar conductas meramente civiles como delictuosas, desvirtuando en esa forma el derecho penal, el cual queda por ello al servicio de intereses particulares, como son los del contratante que se dice víctima del engaño y que al contratar aceptó el riesgo de que su contratante no cumpliera, lo cual puede suceder y de hecho sucede frecuentemente, a pesar de que la parte que no cumple haya celebrado el contrato con la suficiente buena fe y la intención de cumplir. Adoptar criterio distinto conduciría sin esfuerzo a la consideración de que todos aquellos que incumplan con los contratos serían delincuentes, por lo que debe advertirse con claridad en todo caso, la existencia del elemento engaño al celebrarse el contrato para que pueda proceder la represión penal". En consecuencia, si de las constancias generadoras del acto reclamado se aprecia que no quedó probada la intención de no cumplir con el contrato pactado, entonces debe considerarse que el asunto tiene carácter estrictamente civil, o sea, de contrato no cumplido. De ahí que la autoridad responsable, de manera acertada, precisó que los hechos denunciados constituyen un incumplimiento de contrato y no el delito de fraude genérico. Las consideraciones hasta aquí expuestas evidencian lo infundado de los conceptos de violación que hizo valer la amparista, pues sí existe concordancia lógica entre las afirmaciones de la responsable y los elementos de convicción que constan en la causa penal, como quedó plasmado en la relación del material probatorio allegado. En esas condiciones, es infundado el concepto de violación hecho valer por la justiciable, en que refirió que la resolución reclamada no está adecuadamente fundada y motivada, ya que contrario a su afirmación, este órgano de control constitucional estima que la sala responsable expuso, de manera suficiente, las razones por las que consideró aplicables los preceptos en que se apoyó para confirmar la determinación emitida por el juez de origen, lo que incluyó la consideración de los agravios formulados por el agente del ministerio público adscrito al juzgado de origen que fueron declarados infundados e inoperantes para variar el sentido de la determinación puesta a su consideración. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por María del Rocío Poo Domínguez, contra el acto consistente en la resolución de trece de enero de dos mil dieciséis, dictada en el toca 1243/2015, que confirmó la resolución de quince de octubre de dos mil quince, en que se negó la orden de aprehensión solicitada contra Benjamín Buzalí Aguilar, que se atribuye a la Primera Sala Penal de esta ciudad. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Por los motivos expuestos en la última consideración, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a María del Rocío Poo Domínguez, contra el acto consistente en la resolución de trece de enero de dos mil dieciséis, dictada en el toca 1243/2015, que confirmó la resolución de quince de octubre de dos mil quince, en que se negó la orden de aprehensión solicitada contra Benjamín Buzalí Aguilar, que se atribuye a la Primera Sala Penal de esta ciudad.

  4. Principal

    Ciudad de México, a primero de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de treinta días que se otorgó al tercero interesado Benjamín Buzalí Aguilar para que se apersonara en este juicio de amparo, ha transcurrido sin que hubiese comparecido; en consecuencia, se le tiene por emplazado y con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, háganse por lista de acuerdos. Ahora, del estado de autos se advierte que mediante proveído de siete de abril de dos mil dieciséis, se reservó señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto se emplazara al contendiente mencionado, lo que en el caso acontece, por lo que se señala el veinte de junio de dos mil diecisiete a las doce horas con veinte minutos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio.

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