María del Rosario Hernández de la Rosa
Expediente 1632/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1632/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- María del Rosario Hernández de la Rosa
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el recurso de queja 11/2022; en virtud de haberse resuelto el recurso de queja que hizo valer la quejosa María de Rosario Hernández de la Rosa, en contra del auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda que instó. Acúsese recibo. Por cuanto de la ejecutoria de que se trata, se advierte que el Tribunal revisor en su punto resolutivo determinó: ÚNICO: "Se declara infundado el recurso de queja, interpuesto por María de Rosario Hernández de la Rosa, en contra del auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, pronunciado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza, en el juicio de amparo indirecto1632/2021-6.". En consecuencia, intégrese a los autos el cuaderno de antecedentes derivado del juicio en que se actúa, únicamente con las constancias originales, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger el documento original que haya aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido. En la inteligencia que previo a ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, el promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará la entrega del citado documento. Ahora, de conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, se hace de su conocimiento que el horario presencial de este juzgado es de lunes a viernes de las ocho horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
- Principal
mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, comunica el contenido del acuerdo de diez de enero del año en curso, del que se desprende que se admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa María del Rosario Hernández de la Rosa, quedando radicado bajo el número de expediente 11/2022, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; el escrito de cuenta, signado por Santos Leopoldo Arroyo Gonzalez, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa, y en atención a su contenido se acuerda: se tiene a la parte promovente interponiendo recurso de queja y expresando agravios en contra del auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, se tiene a la parte quejosa promoviendo recurso de queja en términos de los artículos 97, fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo. Sin que sea el caso proceder acorde a lo establecido por el artículo 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que el auto impugnado se refiere al desechamiento de la demanda promovida por la parte quejosa, por lo que, resulta innecesario correr traslado con el escrito de queja a las partes y dar vista a fin de que señalen constancias, al no haberse dado trámite a la demanda de mérito. En consecuencia, se rinde informe en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo promovida por la quejosa María del Rosario Hernández de la Rosa, contra los actos que reclamó de la autoridad señalada como responsable, en virtud de considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Finalmente, agréguese a este expediente una de las copias del escrito de expresión de agravios que se provee y remítase el original del expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar, adjuntándole el original del escrito de expresión de agravios y una copia del mismo para el Representante Social Federal de su adscripción; dejándose cuaderno de antecedentes de este asunto, con copias certificadas de las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda mediante el cual María del Rosario Hernández de la Rosa, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1632/2021-6. DESECHAMIENTO. Ahora bien, el acto reclamado por la promovente de mérito, lo hace consistir en: La sentencia interlocutoria de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el cuadernillo de incidente de honorarios profesionales 120/2003 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, que declara procedente el recurso de revocación y decreta sacar a remate los derechos litigiosos del juicio principal 120/2003. En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en el presente asunto es la sentencia interlocutoria de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, dentro del incidente de cobro de honorarios profesionales 120/2003, que declara procedente el recurso de revocación promovido por Moisés Pérez Zapata, y decreta sacar a remate los derechos litigiosos del juicio principal 120/2003, del cual emana la citada incidencia. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: En efecto el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107, fracción IV, del mismo ordenamiento legal preceptúa: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la ejecución, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De conformidad con lo establecido por la última fracción de los numerales transcritos, el juicio de amparo bi-instancial es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, los cuales generalmente, no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en ese juicio; sin embargo, tratándose de actos de esta naturaleza; es decir, actos en ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En relación con lo anterior, nuestro máximo Tribunal de Justicia en el País, ha interpretado lo que debe entenderse por "última resolución"; estableciendo que es aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o bien, que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De tal suerte que, la procedencia del juicio de amparo en la forma planteada, sólo se justifica si se tiene en cuenta que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, y que por naturaleza propia del procedimiento, consiste en una serie de actos concatenados entre sí, que culminará con una resolución; esto es, dada la vinculación de causa a efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo una infracción legal y que se dejó sin defensa a la parte quejosa, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de lo contrario, de resultar infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite que sea utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Asimismo, en congruencia con lo establecido en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se colige que el acto reclamado por la parte quejosa, aun cuando se advierte fue emitido dentro del período de ejecución de la sentencia pronunciada en los autos del juicio de origen; no tiene el carácter de última resolución dictada en dicho procedimiento de ejecución; ello, tomando en cuenta que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra actos de esa naturaleza, debe entenderse por última resolución dictada en el referido período de ejecución, aquélla en la que se da por cumplida la sentencia definitiva o se declara la imposibilidad jurídica o material para tenerlos por cumplidos. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 16, Tomo V abril de 1997, Pleno Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro y texto siguiente dicen: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Luego, es inconcuso, que al no constituir la resolución que en esta vía se tilda de inconstitucional, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio de origen; por consiguiente, la peticionaria de garantías, aún no está en condiciones de reclamar las violaciones que estima la han dejado sin defensa durante ese procedimiento, dado que éstas en todo caso, las deberá combatir al momento de impugnar la última resolución que se pronuncie en el expediente de origen; pues estimar lo contrario, haría que el juicio de garantías se utilizara para retardar y obstaculizar el cumplimiento de una resolución con el carácter de cosa juzgada. Cobra aplicación, por su contenido, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 230, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". Asimismo, la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 145, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el libelo de garantías instado en esta vía por la citada parte quejosa resulta improcedente en forma manifiesta e indudable y, por ende, con apoyo en el cardinal 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a las personas que señala en la misma, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado la parte quejosa. En relación al número telefónico y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para tales efectos. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Asimismo, se les exhorta para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes
- María del Rosario Domínguez Sosa906/2022
- Maria del Rosario Gomez Jimenez449/2018
- María del Rosario Gómez Jiménez1337/2022
- María del Rosario Gómez Jiménez1738/2019
- María del Rosario González Pérez148/2016
- María del Rosario Hernández de la Rosa1561/2022
- María del Rosario Jiménez Uribe1192/2019
- Maria del Rosario Morales López1058/2020
- María del Rosario Pérez Pérez469/2017
- María del Rosario Pérez Pérez1885/2017
- María del Rosario Rodríguez Alvarado1230/2018
- María del Rosario Ruiz Vicente1508/2021