María del Rosario Domínguez Sosa

Expediente 906/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
906/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
08/07/2022

Partes del expediente

  • María del Rosario Domínguez Sosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 906/2022-9, promovido por María del Rosario Domínguez Sosa, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el siete de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el ocho siguiente, María del Rosario Domínguez Sosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "[.] LA OMISIÓN DE EMITIR Y ORDENAR LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDENAS DECRETADAS EN EL LAUDO DE FECHA 12 DE MAYO DE 2012." (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES Junta Especial No. 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. Actuario adscrito a la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. PREVENCIÓN Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El nueve de junio de dos mil veintidós se, radicó la demanda con el expediente 906/2022-9 se previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda y previo desahogo el catorce de junio de dos mil veintidós se admitió a trámite el asunto; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su respectivo informe justificado; se dio la intervención correspondiente al fiscal del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La omisión de emitir la resolución incidental de liquidación, así como su notificación, en el expediente laboral 765/2005 acumulado al 277/2007, de su índice. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Junta responsable y el Actuario de su adscripción fueron omisos en rendir su informe justificado, no obstante que se les requirió el mismo mediante oficios 20883/2022 y 20884/2022, comunicaciones que recibieron el dieciséis de junio de la presente anualidad, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra glosada en autos; por lo que el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo para tal efecto trascurrió del diecisiete de junio al siete de los actuales, con excepción de los días inhábiles previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; sin que rindieran su informe respectivo. Esto significa que, con independencia de las afirmaciones vertidas por la impetrante, para tener por cierta la omisión de la que se duele, en principio debe acreditarse la existencia del juicio y el estado procesal del mismo, en los términos que aduce y además, que efectuó la petición de la que se duele no fue atendida, lo cual en la especie no se acreditó. En arreglo a lo anterior, para que este órgano de control de amparo se encuentre en aptitud de precisar la existencia de la conducta omisiva incoada a las responsables, se insiste que la parte quejosa debió acreditar en principio que, es sujeto receptor de la obligación que aduce no fue atendida, en la especie, debió validar fuera de toda duda como ya se dijo, la existencia del juicio laboral y el momento procesal que refiere y que en su voz, estima que se encuentra pendiente de atención a su petición -resolver en incidente de liquidación y su notificación-; para entonces encontrarse en condición de ser receptor de la obligación que aduce se ha omitido, en la especie, la dilación procesal. En ese tenor, si bien es cierto, que los actos que por esta vía se reclaman les reviste la característica de ser negativos y, por regla general, en quien recae la carga de la prueba es a quien se le imputa la abstención, también lo es que, tratándose de actos donde se reclame una conducta negativa u omisa a las autoridades, respecto de la cual requiere forzosamente de la existencia de una solicitud de manera previa a efecto que las autoridades competentes ejerciten sus facultades previstas en las leyes aplicables, es precisamente a la gobernada a la que le corresponde probar que llevó a cabo, o cumplió, con el trámite correspondiente a fin de exigir la actuación de las autoridades. En consecuencia, si la parte quejosa en este juicio de amparo no acreditó con medio de prueba idóneo durante la secuela procesal haber elevado alguna petición a las autoridades responsables es inconcuso que la omisión que reclama no existe, para efectos de este medio de control constitucional; por consiguiente, se tiene plenamente probada la inexistencia de los actos reclamados respecto de las citadas autoridades. Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a. CXLI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: VI, Diciembre de 1997, página 366, del siguiente rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: 'ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.', constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última" . Sin que pase inadvertido para la suscrita quien resuelve que la quejosa en su escrito de demanda de amparo y ocurso recibido en este juzgado el siete de los actuales haya anexado las siguientes pruebas documentales: Copia simple del escrito de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, dirigido al expediente 765/2005 acumulado al 277/2007. Copia simple de la audiencia incidental de liquidación desahogada el once de enero de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio laboral 765/2005 acumulado al 277/2007. Copia con firmas autógrafas del auto de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio laboral 735/2005. Original de la constancia relativa a la diligencia de desahogo de la inspección ocular ofrecida por la parte incidentista celebrada el ocho de mayo de dos mil diecinueve, en autos del juicio laboral 765/2005. Sin embargo, respecto a las documentales identificadas con los números 3 y 4, se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 136, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, sin que hayan sido objetadas por alguna de las partes en cuanto a su autenticidad, de las mismas no se advierte la existencia de los actos reclamados consistente en la omisión de emitir la resolución incidental de liquidación, así como su notificación, en el expediente laboral 765/2005 acumulado al 277/2007, de su índice; en virtud de que en dichas documentales respectivamente se aprecia el señalamiento de la fecha y hora para el desahogo de la inspección ocular ofrecida por la parte incidentista y la diligencia de su desahogo; las cuales son actuaciones diversas a los actos reclamados. Por otra parte, por lo que respecta a las documentales identificadas con los números 1 y 2, al ser copias simples, su valor probatorio se reduce a un indicio, que no arroja certeza jurídica de que sus contenidos sean verdaderos, aunque no hayan sido objetadas por alguna de las partes, y el valor indiciario referido sólo podría robustecerse si se adminiculara con alguna otra probanza, para que así la suscrita juzgadora estuviera en aptitud de determinar el alcance probatorio que se les pudiera otorgar, lo cual en la especie no ocurrió; por ello, las referidas documentales son insuficientes para demostrar la existencia de los actos reclamados. Es aplicable al caso la Jurisprudencia 193, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 132, Tomo VI, Materia Común, con número de Registro 394149, Octava Época, Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS". En las relatadas circunstancias, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquéllas. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITEENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.". Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, porque si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RSPECTO EN LA SENTENCIA". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de nueve de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María del Rosario Domínguez Sosa, por las razones apuntadas en el considerando tercero de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  2. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 906/2022-9; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO: Por escrito presentado el seis de junio de dos mil veintidós, María del Rosario Domínguez Sosa, solicitó la suspensión definitiva del acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otra autoridad, el cual hizo consistir en: ACTO RECLAMADO La omisión de emitir la resolución incidental de liquidación en el juicio laboral 765/2005 acumulado al 277/2007, así como su notificación. AUTORIDADES RESPONSABLES Sentido del Informe previo 1 Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. Admite 2 Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. Admite SEGUNDO. En proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, este Juzgado ordenó tramitar el presente incidente de suspensión, se pidió informe previo a las autoridades responsables, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional del acto reclamado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 125, 128, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por sí y en representación del Actuario de su adscripción, con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto reclamado. TERCERO. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Ahora bien, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la omisión de emitir la resolución incidental de liquidación en el juicio laboral 765/2005 acumulado al 277/2007, así como su notificación; considerando que se trata de acto omisivo y dada su naturaleza no es susceptible de suspenderse, ya que no es dable que con motivo de la concesión de la medida cautelar se ordene a la autoridad responsable abandonar su conducta omisiva, pues de ser así se estarían dando efectos restitutorios que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio principal del que deriva el presente incidente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6o.T.3 K (10a), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable la página 1912, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." Luego, procede negar la suspensión definitiva solicitada respecto del acto reclamado. Tiene aplicación la tesis XXI.2.II K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 214, del Tomo V, Abril de 1997, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además en los artículos 139, 144 y 146 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a María del Rosario Domínguez Sosa, la suspensión definitiva que solicitó de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en términos del considerando segundo de la presente interlocutoria. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; con el escrito aclaratorio de cuenta se tiene a María del Rosario Domínguez Sosa, dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de nueve de junio de dos mil veintidós, esto es, manifiesta que desea señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO Pídase informe justificado a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias de las que derivan los actos reclamados, las que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, apercibidas que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, en términos de la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. Hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se les otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a las autoridades que en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el informe que se les solicita con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rindan informes, presenten promociones o acusen recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia.} AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se les impondrá una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); lo que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. En el entendido que de negarse a recibir los oficios de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que se deduce en los mismos términos de lo decretado con anterioridad. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Por otra parte, con fundamento en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. INTERVENCIÓN DE LAS DEMÁS PARTES Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO Ahora, no ha lugar a reconocerle la calidad de tercero interesada a la dependencia que señala en su escrito de demanda, en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo, porque aun cuando sea su contraparte en el juicio natural, no tiene interés jurídico en que subsista el acto reclamado, en virtud de que éste es una omisión. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa, ofreciendo como pruebas en el presente asunto las documentales que adjuntó a su escrito en copia simple y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórense al momento de dictarse la sentencia respectiva. Luego, ofrece como pruebas la documental pública consistente en el expediente laboral 765/2005 acumulado al 277/2007, el índice de la responsable y la instrumental de actuaciones, las cuales se reserva proveer, hasta en tanto la autoridad responsable ordenadora haga lo propio. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión respectivo por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, como lo dispone el artículo 125 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto lo de cuenta, como está ordenado en el cuaderno principal, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Amparo, se forma y tramita por separado y duplicado el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 906/2022-9, promovido por María del Rosario Domínguez Sosa, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO Y APERCIBIMIENTO De conformidad con los artículos 138, fracción III, en relación con el 140, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe previo, mismo que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de su notificación, enviándoles al efecto copia simple de la demanda, expresando si son o no ciertos los actos reclamados; apercibidas que en caso de omisión, se presumirán ciertos y como lo dispone el artículo 260, fracción I, de la ley de la materia aplicable; se les impondrá a las autoridades responsables omisas, una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables las penas en que incurren al afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rindan informes, presenten promociones o acusen recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia incidental en el presente expediente. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora, por lo que se refiere a los actos reclamados la quejosa los hace consistir en: La omisión de emitir la resolución incidental de liquidación en el juicio laboral 765/2005 acumulado al 277/2007, así como su notificación. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO De acuerdo al artículo 107, fracción X, Constitucional y 128 de la Ley de Amparo, para concederse la suspensión del acto reclamado, deben cumplirse con los siguientes requisitos: Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; Que exista la solicitud del quejoso, lo que lleva aparejada la existencia del interés suspensional y la afectación; Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte quejosa con su ejecución. La naturaleza de la figura jurídica de la "suspensión" en el juicio de amparo, es el de una medida cautelar, esto es, que tiene como finalidad que de manera previa, se impida la realización del acto y objeto del juicio, que pueda causar un daño de difícil o imposible reparación para la quejosa. Así, la suspensión sólo es susceptible de otorgarse contra actos futuros que aún no se han ejecutado, pues de ésta manera se impide que puedan irrogar perjuicio a la impetrante del amparo. Aplicando los anteriores lineamientos al caso que nos ocupa, se establece que los requisitos de procedencia para otorgar la suspensión, parten del supuesto de que el acto que se reclame sea susceptible de suspenderse, de lo contrario, por más que se surtan esos requisitos no podría concederse la medida cautelar ante la presencia de un acto que por su naturaleza no pueda ser suspendido. Lo anterior, salvo aquéllos casos en que el otorgamiento de la suspensión sea necesaria para mantener viva la materia del juicio o cuando los efectos del acto se prolongan en el tiempo. NEGATIVA DE LA SUSPENSION PROVISIONAL Ahora bien, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la omisión de emitir la resolución incidental de liquidación en el juicio laboral 765/2005 acumulado al 277/2007, así como su notificación; considerando que se trata de acto omisivo y dada su naturaleza no es susceptible de suspenderse, ya que no es dable que con motivo de la concesión de la medida cautelar se ordene a la autoridad responsable abandonar su conducta omisiva, pues de ser así se estarían dando efectos restitutorios que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio principal del que deriva el presente incidente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6o.T.3 K (10a), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable la página 1912, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." Luego, procede negar la suspensión provisional solicitada respecto del acto reclamado. Tiene aplicación la tesis XXI.2.II K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 214, del Tomo V, Abril de 1997, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este incidente; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este juzgado federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese.

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