María del Rosario Gutiérrez Villatoro

Expediente 1227/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1227/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
13/04/2021

Partes del expediente

  • María del Rosario Gutiérrez Villatoro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de abril de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa, no fue recurrida por la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia que determinó sobreseer el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia que determinó sobreseer en el juicio y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. No existen en autos documentos originales. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Andrés Cholula, Estado de Puebla, a las nueve horas con cuarenta minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno *** SENTENCIA *** RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Diferimiento. Visto el estado procesal de autos y la certificación, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, está pendiente que el Director de la Unidad de Oncología de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, desahogue el requerimiento de información formulado en auto del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, relativo al resultado del examen macroscópico de laboratorio que se ordenó realizar a los órganos extraídos quirúrgicamente (útero y anexos) a la parte quejosa; mismos que se estimó se entregarían el veinticinco del mes y año en curso. En tal sentido, con fundamento en el artículo 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional. En ese orden, se fijan para su celebración las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Requerimiento. Por ende, se requiere al Director de la Unidad de Oncología de los Servicios de Salud del Estado de Puebla para que, una vez que cuente con los resultados del estudio de anatomía patológica, realice lo siguiente: A. Informe el resultado del examen macroscópico de laboratorio que se ordenó realizar a los órganos extraídos quirúrgicamente (útero y anexos) a la quejosa ***; B. Indique el tratamiento a seguir o, en su caso, si es factible dar de alta de la quejosa. Sirve de fundamento, la jurisprudencia P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 199454, de rubro y texto: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Así como, la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 319, tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 176291, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Apercibimiento. En el entendido que de omitir dar cumplimiento, se le impondrá una multa de 50 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 158, 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de febrero de dos mil veintiuno. Informe sobre intervención quirúrgica. El representante del Director de la Unidad de Oncología y de la Dirección del Hospital General de Puebla "Dr. Eduardo Vázquez Navarro", de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, informa lo siguiente: El dos de febrero del año en curso, se realizó a la quejosa *** una histerectomía simple en el Hospital General de Puebla "Dr. Eduardo Vázquez Navarro". Debido a su evolución fue dada de alta el cuatro de febrero siguiente. Para acreditarlo anexa el oficio ***, solicitud y registro de operación quirúrgica, notas preoperatorias, postoperatorias, médicas y de la alta. El informe relativo indica lo siguiente: *** Asimismo, de la nota postoperatoria signada por el Doctor ***, se advierte que los órganos extraídos quirúrgicamente a la paciente quejosa (útero y anexos), se enviaron a laboratorio para examen macroscópico, tal como enseguida se evidencia: *** Se toma conocimiento. En consecuencia, se tiene al Director de la Unidad de Oncología y al Director del Hospital General de Puebla "Dr. Eduardo Vázquez Navarro", desahogando el requerimiento formulado en autos. Nuevo requerimiento. Atento a lo anterior, se requiere al Director de la Unidad de Oncología de los Servicios de Salud del Estado de Puebla y al Director del Hospital General de Puebla "Dr. Eduardo Vázquez Navarro" para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, realicen lo siguiente: A. Informen el resultado del examen macroscópico de laboratorio que se ordenó realizar a los órganos extraídos quirúrgicamente (útero y anexos) a la quejosa ***; B. Informen si con la histerectomía simple realizada a la quejosa, se eliminó la enfermedad que padece (cáncer cervicouterino), y; C. En caso negativo, indiquen el tratamiento a seguir para erradicar el cáncer. Sirve de fundamento, la jurisprudencia P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 199454, de rubro y texto: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Así como, la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 319, tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 176291, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Apercibimiento. En el entendido que de omitir dar cumplimiento, se les impondrá una multa de 50 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 158, 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese; los oficios en físico por conducto de Actuario Judicial; y, también por correo electrónico a las siguientes cuentas:

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