María del Roció Yolanda Camarena Lozano

Expediente 1268/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1268/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
21/09/2021

Partes del expediente

  • María del Roció Yolanda Camarena Lozano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Se informa estado procesal a la autoridad oficiante Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por el cual la Jueza del Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla solicita le sea informado si el juicio en que se actúa ya fue resuelto; al respecto, comuníquese a la autoridad oficiante que mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se desechó por notoriamente improcedente la demanda promovida por la parte quejosa ..., el cual causó estado por auto de cuatro de marzo del año en curso. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General citado, que establece: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; (.) Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Parte quejosa cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa María del Rocío Yolanda Camarena Lozano, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención formulada en proveído de doce de enero de dos mil veintiuno, bajo protesta de decir verdad indica cuáles fueron las peticiones realizadas al Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla dentro del juicio de división de cosa común, pago de daños, perjuicios y demás prestaciones con número de expediente 125/2020 atendidas mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte; asimismo, manifiesta que la fecha en la que le fue notificada la interlocutoria emitida el siete de diciembre de dos mil veinte, en el recurso de reclamación derivado del juicio de división de cosa común, pago de daños, perjuicios y demás prestaciones 125/2020, del índice del juzgado en mención, fue el nueve de diciembre de dos mil veinte. Ahora, del análisis del escrito aclaratorio así como de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. María del Rocío Yolanda Camarena Lozano, por derecho propio. Autoridad responsable. Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. Acto reclamado. La interlocutoria emitida el siete de diciembre de dos mil veinte, en el recurso de reclamación que confirmó el auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio de división de cosa común, pago de daños, perjuicios y demás prestaciones dentro del expediente 125/2020, del índice del Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. Desechamiento. Ahora, del análisis integral del escrito inicial de demanda de amparo y del escrito aclaratorio, es procedente desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Así, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados en sentido contrario-, los que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la Ley de Amparo vigente existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Ahora, a fin de demostrar la causa de improcedencia en este juicio de amparo, conviene realizar una breve relatoría de los antecedentes del acto reclamado al tenor siguiente: María Cristina Bárbara Hernández y Lozano promovió juicio de división de cosa común, pago de daños, perjuicios y demás prestaciones en contra de María del Rocío Yolanda Camarena Lozano, la cual, por razón de turno, la radicó el Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, bajo el número de expediente 125/2020. Por escrito de dieciséis de octubre de dos mil veinte, la parte demandada dio contestación a la demanda instaurada en su contra. Por auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, el Juzgado responsable acordó, en lo que interesa, lo siguiente: "(.) PRIMERO.- Se tiene a María del Rocío Yolanda Camarena Lozano y Blanca Nieves Camarena Lozano parte demanda dentro del presente juicio de amparo, dando contestación en tiempo y forma legal a la demanda instaurada en su contra. (.) SEGUNDO.­ Ahora bien, a fin de estar en posibilidad de llamar a juicio a la persona interesada a juicio, OSCAR IGNACIO CAMARENA LOZANO, se requiere a la parte demandada, para que dentro del término de TRES días exhiba copias de la demanda, de la contestación y de los documentos que se anexaron respectivamente a las mismas, y una vez hecho que sea lo anterior, se acordará lo procedente; apercibido que de no hacerlo, se desechará su petición de llamar a juicio a la persona que se indica. TERCERO.­ En otro contexto, tomando en consideración que las demandadas, oponen la excepción de CONEXIDAD, respecto del expediente 1077/2000 del Juzgado Décimo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, actualmente Juzgado Décimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, acompañando constancias parciales de dicho expediente; consecuentemente, se requiere a las ocursantes, para que dentro del término de tres días exhiban copias del escrito de contestación de demanda y documentos anexos, así como copias certificadas de todo lo actuado en dicho expediente 1077/2000, a fin de formar por cuerda separada el incidente de conexidad, el cual se tramitará conforme a las reglas que para los incidentes establece la ley. QUINTO. - Por lo que hace a su petición de dar vista al Ministerio Público para que intervenga de acuerdo a sus facultades dentro del presente juicio, no ha lugar a proveerla de conformidad en virtud de que ello no es materia de la Litis, por lo tanto, tiene expeditos sus derechos para que los haga valer ante la Autoridad correspondiente. SEXTO.- En cuanto a la tercera de sus peticiones, no ha lugar a proveerla de conformidad, en virtud de que no es el momento procesal oportuno para ello, lo anterior al tenor del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Finalmente, en cumplimiento al ACUERDO EMITIDO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA FUNCIONANDO EN PLENO DE FECHA VEINTISÉIS DE JUNIO DEL ACTUAL se ordena notificar el presente proveído a las partes interesadas, a través de los correos electrónicos proporcionados." En contra de dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de reclamación, el cual, mediante interlocutoria de siete de diciembre de dos mil veinte, el Juez responsable declaró procedente el recurso, y confirmó el auto recurrido. Siendo dicha interlocutoria el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Con base en lo anterior, se concluye que la interlocutoria emitida el siete de diciembre de dos mil veinte, en el recurso de reclamación que confirmó el auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio de división de cosa común, pago de daños, perjuicios y demás prestaciones dentro del expediente 125/2020, del índice del Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Se afirma lo anterior, ya que la interlocutoria reclamada confirmó el auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, en el cual, en esencia, el Juez responsable tuvo por contestada la demanda, por opuestas las excepciones, por ofrecidas diversas probanzas; asimismo se requirió a la parte demandada para que exhibiera copias de la demanda, de la contestación y de los documentos que se anexaron respectivamente a las mismas, con la finalidad de poder llamar a Óscar Ignacio Camarena Lozano; igualmente se le requirió para que exhibiera copias del escrito de contestación de demanda y documentos anexos, así como copias certificadas de todo lo actuado en dicho expediente 1077/2000, a fin de formar por cuerda separada el incidente de conexidad solicitado; además no se proveyó de conformidad su petición de dar vista al Ministerio Público ni de absolverla de las prestaciones reclamadas, al no ser el momento procesal oportuno. En ese sentido, dicha interlocutoria no puede ser considerada como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho sustantivo de la quejosa sino, en todo caso, la violación de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales, aunado a que bien podría ocurrir que aquél obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedaría reparada la violación y los posibles perjuicios que se le hubieren causado. Aunado a lo anterior, con dicha determinación combatida no se impide su participación procesal, aunado a que pude emitirse una sentencia favorable a sus intereses, por lo que dichas cuestiones procesales podrían quedar reparadas. Por tanto, se insiste tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues en caso de que la resolución que ponga fin al referido procedimiento resulte adversa a sus intereses, entonces esa violación procesal sería reclamable en el juicio de amparo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en tanto se trate de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes. La causa de improcedencia se patentiza si se toma en consideración que en relación a la conexidad que propone, aun en el caso de que ésta se declare improcedente, es una resolución que no causa una afectación a derechos sustantivos. En efecto, el hecho de que se niegue la conexidad de autos solicitada, no priva del derecho de defensa que en cada uno de esos procedimientos tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente. Asimismo, en relación a que la petición de que se tenga como tercero interesado en el juicio natural a Oscar Ignacio Camarena Lozano, aun en el caso de que se determine que no deba llamarse al juicio tampoco causa a la parte quejosa una afectación a sus derechos sustantivos, ya que la determinación que la niegue o la admita tampoco es un acto de imposible reparación, en tanto solo produce efectos procesales y no materiales. Por otra parte, en relación a la petición de dar vista al ministerio público, tampoco se estima que dicha determinación cause una afectación a sus derechos sustantivos, en tanto que la autoridad responsable dejó a salvo sus derechos para que los haga valer en la instancia correspondiente, puesto que estimó que no es materia de la litis, por lo que dicha determinación puede ser reclamable en el amparo directo como una violación procesal. Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados en sentido contrario-, se desecha de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Autoridad responsable remite constancias. Agréguese a los autos el oficio del Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de doce de enero de dos mil veintiuno, remite copia certificada de diversas actuaciones del expediente ... de su índice. Al respecto, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto la parte quejosa cumpla la prevención contenida en el proveído antes citado, o bien, transcurra el plazo concedido para ello. Cúmplase.

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