María del Rosario Gonzalez Olivas
Expediente 832/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- María del Rosario Gonzalez Olivas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el libro electrónico de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se tiene registro de promoción alguna que indique que las partes recurrieran el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de once de octubre de dos mil veintitrés, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, fueron notificadas en primer y segundo orden, el once y trece de octubre siguiente, quedando comprendido dicho plazo del dieciséis de octubre al trece de noviembre del año en curso. Sentado lo anterior, se declara que el auto de sobreseimiento dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Por otra parte, no es óbice a lo anterior que no obre en autos la constancia de notificación a la autoridad responsable foránea, del fallo en comento, sin embargo, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo que en el caso no sucede, pues por cuanto hace a los actos atribuidos a ésta, se sobreseyó en el juicio. Asimismo, de conformidad con el artículo 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes Judiciales Generados por los Órgano Jurisdiccionales Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este juicio de amparo es DESTRUIBLE, toda vez que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio en que se actúa.
- Principal
Informe justificado. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio sin número, firmado autógrafamente por el Magistrado Presidente y por la Secretaria general de acuerdos en funciones, ambos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, por medio del cual rinden informe justificado; memorial que se ordena glosar al cuaderno auxiliar formado a efecto de agregar las constancias que continúen presentándose de manera física y con el cual se da vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se tienen ofrecidas las pruebas documentales que exhibe la autoridad de mérito, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva, en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Tal como lo refiere la autoridad responsable al rendir su informe juzgado, en el presente juicio se advierte actualizada la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; (...) Al respecto, se destaca que cuando en el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En efecto, el precepto normativo transcrito, establece que procede el sobreseimiento cuando (i) de las constancias de autos aparezca plenamente demostrado que no existe el acto reclamado, o (ii) cuando no se pruebe su existencia. Dicho sobreseimiento prevé dos situaciones: la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio cuando la responsable lo niega. La inexistencia, propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado, máxime que éste debe analizarse en relación con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen al juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, rubro: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. En la especie, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, de dictar sentencia en el recurso de revisión ********************, de su índice administrativo, interpuesto por la propia quejosa contra el auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictado por la Sala Regional Zona Sur, de ese Tribunal, en el que desechó el incidente de falta de personalidad. De igual forma, de su escrito inicial de demanda, específicamente en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, la quejosa señaló lo siguiente: 1.- La suscrita soy parte actora en el juicio administrativo del expediente ******************** radicado ante la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, reclamando demanda de NULIDAD DE NEGATIVA FICTA DE AUMENTO DE PENSIÓN Y NEGATIVA FICTA PAGO DE PRESTACIONES (...) 2.- El Magistrado proveyó sobre la demanda, admitiéndose respecto de los actos y ordenándose emplazar a la parte demandada. 3.- Con fecha 09 de agosto del año 2022, se tuvo por contestada la demanda por parte de las demandadas. 4.- Con motivo de la admisión de la contestación de la demanda, la parte actora interpuso incidente de falta de personalidad en contra las demandadas. 5.- La autoridad de primera instancia mediante auto de fecha 30 de septiembre de 2022, desecha el incidente de falta de personalidad. 6.- Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de revisión que le correspondió conocer a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado bajo el toca ********************. 7.- Cabe destacar que con motivo del recurso de revisión el juicio de nulidad en la primera instancia quedó suspendido hasta en tanto se resolviera dicho recurso. 8.- Con fecha 27 de enero de 2023 se integró el expediente del recurso, sin que hasta la fecha se haya dictado resolución alguna. 9.- A la quejosa se me violaron los derechos humanos, en virtud de que no se está actuando conforme a derecho, por los motivos que más adelante se expondrán. (...) Luego, la autoridad responsable Sala Superior del del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en el informe que se recibe, manifestó que el acto que se le reclama no es cierto en virtud de que en sesión ordinaria celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictó resolución en el recurso de revisión ******************** de su índice. Lo que se corrobora con las copias certificadas que anexó la autoridad responsable de mérito a su informe justificado, relativas a dicha resolución de ocho de septiembre de la presente anualidad; documentales públicas que revisten valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2°, y la jurisprudencia 278, por tratarse de documentos públicos. En esa tesitura, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés- no existía la omisión reclamada, toda vez que el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable, dictó resolución en el recurso de revisión ******************** de su índice administrativo. Por tanto, la omisión reclamada era inexistente cuando se promovió el presente juicio de derechos, pues ya había pronunciamiento de la responsable respecto de la petición planteada. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis II. 1o. C. T. 217 K del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, de rubro: INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. De manera que, ante la inexistencia del acto reclamado, en términos de lo previsto en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, y se ordena dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Sustenta dicho aserto, la tesis de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. En el mismo tenor, aplica la diversa pronunciada por la otrora Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, de rubro: AMPARO IMPROCEDENTE.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por ********************contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 832/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que llegaran a derivar del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de dictar sentencia en el toca 90/2023, derivado del recurso de revisión que interpuso la propia quejosa en contra del auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó el incidente de falta de personalidad. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y demás relativos de la ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo. SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado de manera formal. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad responsable, el cual debe rendir dentro del término de quince días siguientes a aquel en que se notifique, donde expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 en consulta. Se apercibe a las autoridad responsable que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, las constancias en la forma indicada, se le impondrá a multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio, lo anterior, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Con apoyo en los artículos 9, párrafo primero, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Infórmese a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan, toda vez que este juzgado en lo subsecuente notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, verbigracia, la sentencia que se llegue a dictar, más no acuerdos de mero trámite y diferimientos de la audiencia constitucional. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Así como el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.20o.A.2 K (10a.), de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO." CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. Con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten ya que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medida de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. De conformidad con lo establecido en los preceptos 5°, fracción III, inciso b), y 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de terceros interesados al Fiscal General del Estado, Gobernador del Estado, Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado y Secretario de Administración y Finanzas, todos con sede en Culiacán, Sinaloa, por consiguiente, emplácese a juicio a la citada parte procesal, mediante oficio al que deberá anexarse copia simple del escrito inicial de demanda y del presente auto. PRUEBAS. No fueron exhibidas en el escrito inicial de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida********************colonia********************en esta ciudad, y como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a los licenciados ********************y ********************quienes tienen sus cédulas profesionales ********************y ********************, reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, por así haberlo solicitado. Asimismo, se les tiene proporcionando el correo electrónico ******************** como medio de comunicación no procesal. De igual forma, como lo solicita la promovente, con fundamento en los artículo 3 de la Ley de Amparo, 55, 58 y 66 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del propio Consejo, se le autoriza para consulta, con el usuario "********************", vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo; en consecuencia, se comisiona a la oficial judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realicen las gestiones necesarias para tales efectos. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las actuaciones que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado les da la característica de inalterables. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos físicos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Notifíquese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con copia autorizada de la demanda con que se formó el presente expediente, para la intervención que legalmente le corresponde.
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