Maria del Rosario Diaz Gonzalez

Expediente 909/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
909/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
17/01/2022

Partes del expediente

  • Maria del Rosario Diaz Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron la sentencia dictada por este juzgado el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la parte quejosa fue notificada el veintisiete siguiente, quedando comprendido dicho lapso del veintinueve de los citados mes y año al doce de enero de dos mil veintidós. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en vigor por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que se decretó el sobreseimiento en el mismo. Por otro lado, advirtiéndose que el cuaderno relativo a la suspensión del acto reclamado en este asunto se ubica en la hipótesis contenida en la fracción I, inciso a) del ordinal 18 del acuerdo invocado en el párrafo anterior, provéase lo conducente en la referida incidencia para que se realice su valoración documental conforme a los lineamientos contenidos en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Audiencia constitucional. En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las nueve horas del veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados en auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 909/2021. La licenciada Rocío Osuna Lizárraga, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, encargada del despacho por vacaciones concedidas al titular de este órgano jurisdiccional, mediante oficio CCJ/ST/3842/2021, firmado electrónicamente por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido por la licenciada Karín Patricia Rodríguez Morán, secretaria con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin comparecencia de las partes, haciendo constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en el módulo de "Agenda de Visita a OJ", opción "Consulta General", no se desprende que alguna de las partes haya generado cita para comparecer a esta audiencia ni que hayan solicitado estar presentes por medio de videoconferencia. Acto seguido, la secretaria realiza una lectura íntegra del escrito relativo a la demanda de amparo y procede a hacer una relación de las constancias que obran en autos: escrito inicial de demanda promovida por María del Rosario Díaz Hernández, auto admisorio de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, e informes justificados rendidos por las autoridades responsables Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia del Ramos Civil, todos con asiento en este Puerto. Acto seguido, la secretaria encargada del despacho acuerda: ténganse relacionadas las constancias que obran en autos y de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, rendidos los informes justificados de referencia. Abierto el período de pruebas: la secretaria da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. A lo anterior, la secretaria encargada del despacho acuerda: con fundamento en el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tiene admitido y desahogado en razón de su propia naturaleza el referido medio de convicción, mismo que será tomado en consideración en su oportunidad, con lo que se cierra el período probatorio. Abierto el período de alegatos: el secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló pedimento; por tanto, se cierra dicha etapa. Sin que exista diligencia pendiente que desahogar, se procede a la sentencia correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 909/2021, promovido por María del Rosario Díaz Hernández; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, María del Rosario Díaz Hernández solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que redujo al señalamiento siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS LES RECLAMO EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE LA SUSCRITA RECLAMANDO ADEMÁS TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES QUE SE HAYAN DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL QUE EN CASO HAYAN RADICADO EN SUS ARCHIVOS, SIN QUE EL MISMO ME HAYA SIDO NOTIFICADO, ASÍ MISMO RECLAMO LAS ORDENES ESCRITAS QUE HAYA DICTADO PARA EFECTO DE EJECUTAR LA ORDEN DE DESPOSESION O DESALOJO DE LA SUSCRITA DEL INMUEBLE DE MI PROPIEDAD UBICADO EN ANDADOR CUERVO, NÚMERO 303 DEL INFORNAVIT ALARCÓN DE ESTA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA, FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO LEGAL EN EL QUE SE HAYAN CUMPLIDO LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS; TODO ELLOEN FRANCA VIOLACION A LAS GARANTIAS DE AUDIENCIA Y DE SEGURIDAD JURIDICA ESTABLECIDAS A MI FAVOR POR LA CONSTITUCION. " SEGUNDO. Admisión. Correspondió conocer de la demanda, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, donde se registró con el número de expediente 909/2021, y por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado y se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento. Finalmente, las responsables, rindieron sus respectivos informes justificados y la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede, la cual concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; así como, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, toda vez que los actos reclamados pueden tener ejecución en la circunscripción territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Antes de establecer la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se estima necesario fijar en forma clara y precisa el planteamiento de impugnación que formula la parte quejosa en su demanda de garantías, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y los criterios contenidos en la jurisprudencia número P./J.40/2000 y la tesis P.VI/2004, sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera publicada en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, y la segunda a foja 255 del Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Del planteamiento de reclamo contenido en la demanda que es materia de estudio, se desprende que la parte quejosa lo hace consistir en la falta de emplazamiento a un juicio del que desconoce su origen, así como las actuaciones subsecuentes del mismo, así como la orden del desalojo del bien inmueble ubicado en Andador Cuervo, número 303, Infonavit Alarcón, de esta ciudad, y su correspondiente ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos controvertidos, ya que en toda sentencia de amparo debe privilegiarse su análisis, tal como se corrobora de la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril 1994, página 68, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia del Ramos Civil, todos con asiento en este Puerto, pues así lo sostuvieron de manera categórica al rendir sus informes justificados. En ese contexto, del análisis practicado a las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que la parte quejosa no aportó medios probatorios que vinculen a las autoridades precisadas con los actos que les son reclamados o con los que se desvirtúen las negativas de que se da noticia, siendo que la parte quejosa tiene la carga procesal de aportar aquellos medios de convicción idóneos y encaminados a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para afirmar que las responsables transgredieron su esfera jurídica. Apoya lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903, Tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." Sin para que arribar a la anterior conclusión obste lo manifestado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, en su informe justificado, en el sentido de que en el apéndice del citado órgano existe el juicio 83/2007, en el que el actor Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y la aquí quejosa celebraron un convenio judicial modificatorio de reestructuración de pago, mismo que fue aprobado y elevado a la categoría de sentencia el tres de mayo de dos mil siete. Así mismo, precisó que María del Rosario Díaz Hernández compareció a dicho sumario el veintinueve de mayo de dos mil doce, con la finalidad de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones así como autorizados y, a la fecha, la citada autoridad afirma que no ha emitido ningún mandato que tenga por objeto desposeer a la quejosa del bien inmueble que defiende. Todo lo anterior revela que no existe un diverso juicio al antes señalado, donde la quejosa revista el carácter de demandada y no hubiere sido emplazada a juicio ni haya comparecido al mismo, o bien se emitieran actos tendentes a desposeerla del inmueble que defiende, en los términos que precisa en su demanda de amparo. Por tanto, al no haberse allegado al presente sumario prueba alguna con la cual se acredite la certeza de los actos endilgados a las autoridades responsables, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio promovido por María del Rosario Díaz Hernández, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 310, sustentada por el Pleno de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1621, del Apéndice de 1995, intitulada: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Finalmente, cabe precisar que la aplicación de los criterios contenidos en las tesis invocadas en la presente resolución, no es contraria a lo previsto en el ordinal sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de amparo vigente. CUARTO. Transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Tomando en consideración que las partes contendientes en el presente juicio constitucional, no se opusieron a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, en el plazo concedido para tal efecto, no obstante haber sido legalmente notificadas del proveído, en que se les hizo de su conocimiento de tal circunstancia; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y como consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, se generará versión pública de esta resolución sin supresión de datos, a menos que se trate de información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Por lo expuesto y fundado en los artículos 63 al 74 de la Ley de Amparo, se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María del Rosario Díaz Hernández, contra los actos que reclama a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta resolución, por las razones dadas en el propio apartado. SEGUNDO. Cúmplase con lo ordenado en el considerando cuarto de la presente resolución.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio 2466/2021, signado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, ténganse recibidas las documentales que exhibe la autoridad de mérito, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva, en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio 2658/2021, signado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

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