María del Rosario Gallegos Magdaleno

Expediente 783/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
783/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • María del Rosario Gallegos Magdaleno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, y depúrese el incidente de suspensión debido a que se concedió la medida cautelar. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, devuélvanse al Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos, de la Auditoría Superior de Michoacán, con residencia en esta ciudad, las documentales que allegó al presente asunto, misma que obran en un tomo de prueba, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe. Monse. Oficios 5878, 5879 Y 5880

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de once de febrero de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 783/2021, promovido por María del Rosario Gallegos Magdaleno, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, María del Rosario Gallegos Magdaleno, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Auditor Superior del Estado de Michoacán, y de otras autoridades. Actos que estimó violatorios de los artículos 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio. En auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, previo cumplimiento a la prevención formulada, se admitió a trámite la demanda de amparo, por lo que se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete. Posteriormente, en proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió a la peticionaria del amparo para que dentro del término de quince días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho auto, manifestara si deseaba señalar como acto reclamado la notificación mediante la cual se realizó su emplazamiento al procedimiento administrativo de origen, y como autoridad responsable al notificador adscrito a la Auditoría Superior del Estado de Michoacán. Proveído que fue notificado personalmente a la autorizada de la parte quejosa el tres de diciembre de dos mil veintiuno, sin que hubiere realizado manifestación alguna al respecto, dentro del plazo que le fue concedido para ello. Atento lo anterior, mediante auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional hizo efectivo el apercibimiento decretado el uno del propio mes y año y se ordenó continuar con el trámite del presente juicio de amparo únicamente por las autoridades responsables y por los actos reclamados señalados en el escrito inicial de demanda. Seguido el procedimiento respectivo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, misma que se verificó en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda y las constancias que obran en el juicio, se advierte que María del Rosario Gallegos Magdaleno, por su propio derecho, reclama: La falta de llamado al Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Sanciones AMF-125/2015; El crédito fiscal y la sanción determinadas en su contra mediante resolución de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dentro del citado Procedimiento Administrativo. Actos que atribuye a la autoridad: Auditor Superior del Estado de Michoacán; y, La ejecución de la resolución en comento, contenida en el requerimiento de pago de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, relativo al procedimiento administrativo de ejecución ordenado mediante oficio UGAJ-PAE-21/2021, para dar cumplimiento a la resolución administrativa mencionada con antelación. Actos que reclama de las autoridades siguientes: Contralor Municipal del Ayuntamiento de Vista Hermosa, Michoacán; y, Abogado adscrito a la Contraloría Municipal del Estado de Michoacán. Tercera. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Auditor Superior del Estado de Michoacán, el Contralor Municipal del Ayuntamiento de Vista Hermosa, Michoacán, y el Abogado adscrito a la citada Contraloría Municipal, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió el Auditor Superior del Estado de Michoacán, responsable como complemento a su informe justificado, consistentes en las copias certificadas del expediente relativo al procedimiento para la determinación de responsabilidades AMF-125/2015, así como las que adjuntaron a sus informes la Contralor Municipal del Ayuntamiento de Vista Hermosa, Michoacán, y el Abogado adscrito a dicha contraloría, relativas al oficio UGAJ-PAE-21/2021. Documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, este órgano de control constitucional advierte -de oficio- que respecto del acto señalado en el inciso a), consistente en la falta de llamado al Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Sanciones AMF-125/2015, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. Las porciones normativas citadas disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]". La interpretación invertida de lo establecido en la porción normativa del segundo de los numerales transcrito, en relación con el contenido de la diversa del que se reprodujo en primer lugar, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso deje de anotar en su demanda alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, como es el relativo al señalamiento de autoridades responsables o entes de quienes proviene el acto que le perjudica al particular, así como a los titulares de los órganos del Estado a quienes competa la promulgación de una norma cuando en el juicio de amparo se pretenda impugnar la inconstitucionalidad de una ley. La finalidad de lo anterior radica en que se considere que en el juicio de amparo, como todo tipo de procedimiento jurisdiccional, debe respetarse el derecho de audiencia y defensa de quienes formen parte en el desarrollo del mismo, esto es, que si el peticionario de amparo decide someter al análisis de constitucionalidad un acto emitido por una autoridad, resulta necesario que a ésta se le tenga como parte de la relación procesal del juicio de amparo, ello, a efecto de que tenga oportunidad de defender la constitucionalidad del acto a cuyo estudio se abocará el juzgador. El alcance jurídico de la porción normativa a que alude la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, no sólo se restringe a lo explicado en los párrafos precedentes, sino que encuentra también su operatividad en el establecimiento de un equilibrio procesal entre las partes que integran el proceso constitucional. En ese sentido debe destacarse que cuando del análisis integral al escrito de demanda, el órgano de control constitucional advierta la existencia de una autoridad no señalada por el justiciable de manera destacada, habrá de prevenir al quejoso a efecto de que la regularice, tal y como lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 30/96, visible en la página 250 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, registro 200588, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA". De igual forma, es necesario puntualizar que el referido órgano de control constitucional ha sustentado el mismo criterio pero en el caso en que la participación de una autoridad se advierta del contenido del informe que rinda una diversa o de las constancias que al efecto ésta allegue a la sede constitucional, como se encuentra establecido en la jurisprudencia 112/2003, visible en la página 93 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, Novena Época, Materia Común, registro 182617, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA". Es tan contundente en el juicio de amparo la regla procesal precisada en párrafo precedente, que uno de los supuestos en que opera la ampliación de demanda es cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre una diversa autoridad de la inicialmente señalada como responsable, tal y como así se lee en el artículo 111 de la Ley de Amparo. En la especie, como se dejó anotado en el resultando segundo de esta sentencia, este juzgador al analizar los actos reclamados y las constancias allegadas por las autoridades responsables, advirtió la participación del notificador adscrito a la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, que llevó a cabo la notificación y emplazamiento al procedimiento para la determinación de responsabilidades AMF-125/2015. Por tanto, en proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, requirió a la peticionaria del amparo para que dentro del término de quince días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho auto, manifestara si deseaba señalar como acto reclamado la notificación mediante la cual se realizó su emplazamiento al procedimiento administrativo de origen, y como autoridad responsable al notificador adscrito a la Auditoría Superior del Estado de Michoacán. Proveído que fue notificado personalmente a la autorizada de la quejosa el tres de diciembre de dos mil veintiuno, sin que hubiere realizado manifestación alguna al respecto, dentro del plazo concedido para ese efecto. Atento lo anterior, mediante auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional hizo efectivo el apercibimiento decretado el uno del propio mes y año y se ordenó continuar con el trámite del presente juicio de amparo únicamente por las autoridades responsables y por los actos reclamados señalados en el escrito inicial de demanda. En el entendido que, en la especie resultaba necesario que se llamara como responsable al notificador adscrito a la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, quien según se desprende de las constancias que obran en el juicio, fue quien practicó la notificación de llamamiento de la quejosa al Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Sanciones AMF-125/2015. De ahí que la quejosa debió señalar al menos al notificador como responsable, ya que se duele de la falta de llamamiento al procedimiento de que se trata, toda vez que dicho funcionario público está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; y por ende es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, al conocer los pormenores de la misma. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 29/94 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 49/92, visible en la foja 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 82, Octubre de 1994, Materia Común, Octava Época, registro 205423, de rubro y texto: "ACTUARIO, HIPOTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregularidades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del Tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno". En este orden de ideas, debe tomarse nuevamente en consideración la interpretación en sentido contrario de la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, que pone de manifiesto que para la debida integración de la relación procesal en el juicio de amparo, y en concordancia al respeto del derecho de audiencia y defensa previa, no es posible que en el juicio de amparo pueda ser analizada la constitucionalidad del acto reclamado si no fue parte del mismo la autoridad responsable que en él intervino, en este caso, el notificador adscrito a la Auditoría Superior del Estado de Michoacán; pues así quedó demostrado con las constancias que obran en autos. Así, debe entenderse que si la quejosa no cumplió con el requisito señalado en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, emerge el supuesto de improcedencia aludido, que conlleva el obstáculo procesal de que no se puede atender la litis constitucional efectivamente planteada sin menoscabar el derecho de audiencia y defensa que le resulta a la autoridad responsable por la que dicho acto subsiste pero que no formó parte del desarrollo procesal de este juicio, de ahí la improcedencia de mérito; tomando en consideración además que la razón por la que una de las partes, esto es, la autoridad responsable, no fue llamada a juicio, reside en la voluntad tácita de la justiciable que así lo decidió, como ha quedado demostrado en autos del presente expediente. Apoya lo anterior la tesis 2a. CLXIV/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, enero de 1999, Novena Época, Materia Común, registro 197684, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Así como la jurisprudencia VI.2o. J/205, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 468 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, Materia Común, registro 208065, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, en relación con el diverso 61, fracción XXIII y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio en relación con el acto consistente en la falta de llamamiento al Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Sanciones AMF-125/2015. Continuando con el análisis respectivo, respecto del acto identificado en el inciso b), consistente en el crédito fiscal y la sanción determinadas en su contra mediante resolución de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dentro del referido Procedimiento Administrativo, se actualiza también la diversa causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 17 y 18 del propio ordenamiento legal. A efecto de explicar la premisa planteada, conviene traer a glosa el contenido de los preceptos legales que prevén el indicado motivo de improcedencia: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." [.]" Del contenido del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término que se señala en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Asimismo, que en el precepto 18 de la Ley de la Materia, el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo previsto en diverso 17 del mismo ordenamiento, para la promoción del juicio de amparo: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame; A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de su acto de ejecución; y, A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En el caso, se actualiza el primer supuesto del artículo 18 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues no obstante que la quejosa en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo manifestó que el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, las autoridades ejecutoras le requirieron el pago del crédito fiscal del cual no tenía conocimiento hasta ese día, de las constancias allegadas al juicio se desprende que la resolución reclamada de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, le fue notificada el treinta y uno de agosto siguiente, mediante los estrados de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de Michoacán, toda vez que la peticionaria del amparo no señalo domicilio para tal efecto dentro del término que para ello le fue concedido [fojas 183, 183 reverso y 271 del tomo de pruebas]. Motivo por el cual debe prevalecer como fecha de conocimiento del acto reclamado, la que obra en el expediente de origen, esto es, la que le fue practicada por estrados el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, pues esa fecha no fue desvirtuada por la quejosa; es más, a pesar de la vista otorgada respecto del llamamiento al procedimiento administrativo, así como señalar como acto reclamado la notificación por estrados de la resolución determinante de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, fue omisa en manifestar algo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis en materia administrativa consultable a fojas 199, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, registro número 226886, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA, SI EL QUEJOSO SE OSTENTA SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO EN DETERMINADA FECHA. De la interpretación del artículo 21 de la Ley de Amparo, se llega al convencimiento de que como el legislador establece diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, el juzgador que previene de la demanda no debe invariablemente empezar a contar dicho término al día siguiente de cualquiera de los tres medios que se señalan para presumir que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, tales como: la notificación, el conocimiento, o la confesión, sino que es necesario que haga distinciones en cada caso concreto. De otra suerte hubiera sido suficiente con que el legislador dispusiera que el término de quince días empezaría a contarse al día siguiente de aquel en que por cualquier medio o circunstancia el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. En tal virtud, la misma diferencia específica entre los conceptos utilizados por el legislador en la enumeración de las tres formas por medio de las cuales el quejoso se puede enterar legalmente de un acto de autoridad, debe servir al juzgador para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. Desde luego, la notificación legal del acto reclamado, ha de prevalecer sobre el conocimiento del mismo cuando mediando aquélla el quejoso, que ha sido parte en el procedimiento del que emanó el acto reclamado, pretende hacerla a un lado por convenirle más a sus intereses expresar que ha tenido conocimiento del acto de autoridad en determinada fecha y no prueba que la notificación del mismo sea ilegal o no la controvierte en ninguna forma. Sólo a falta de notificación, el cómputo del término ha de iniciarse a partir de que el quejoso manifiesta haber tenido conocimiento del acto reclamado. Sin embargo, la tercera fórmula expresada por el legislador en el artículo 21 en comento dice: "Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente ... al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos". Como entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de su demanda le perjudica, debe preponderar sobre la notificación y por ende, sobre el conocimiento del acto, puesto que el propio quejoso, al confesar expresamente cuándo se hizo sabedor de la existencia del acto reclamado, hace a un lado dicha notificación. En efecto, resulta lógico que la confesión expresa de la fecha en que el quejoso se enteró de la existencia del acto reclamado, prepondere sobre cualquiera de las otras dos fórmulas empleadas por el legislador en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que se traduce en una prueba plena de ese hecho, según lo dispone el artículo 199 el propio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria que establece: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio". Así las cosas, basta con que el quejoso, tratándose de una persona con capacidad jurídica o su representante legal o convencional, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedor del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción o violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador al proveer sobre la admisión de su demanda, se encuentre obligado a computar el término para determinar la oportunidad de su presentación a partir de la fecha en que se hizo sabedor del acto reclamado, sin tomar en cuenta la notificación que en su caso medie de tal acto, toda vez que la confesión expresa del quejoso o de su representante legal, la dejaron sin efectos." De suerte que, si la notificación de la resolución aquí reclamada se realizó a la parte quejosa el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, debe considerarse que el plazo para promover amparo contra el acto que aquí reclama se computa a partir de las veinticuatro horas del día siguiente hábil al de la publicación de la lista, por ende su demanda resulta extemporánea. Esto es, la demanda que nos ocupa fue presentada hasta el siete de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Morelia, más de un año después de su notificación. Apoya lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, visible en la página 1931 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, registro número 165582 del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Por tanto, se concluye que el juicio de amparo no fue promovido dentro del término de quince días que establece la ley de la materia, puesto que la notificación de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, surtió efectos a las veinticuatro horas del día siguiente hábil al de la publicación de la lista, por lo que en ese sentido, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -siete de septiembre de dos mil veintiuno-, habían transcurrido en exceso los quince días que para ese efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Esto es así, puesto que el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo establece que los términos previstos en el artículo 17 de la misma disposición, se computarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame. Lo anterior, porque cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse mediante juicio de amparo y deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, tal conducta se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Junio de mil novecientos noventa y tres, página doscientos treinta y cinco, que expresa: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Luego, al operar la causa de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo respecto del acto consistente en la resolución administrativa de veinticuatro de agosto de dos mil veinte. Siguiendo en esa línea argumentativa, este juzgador también advierte que respecto del diverso acto reclamado precisado en el inciso c), consistente en el requerimiento de pago de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, dicho precepto relacionado a su vez con la diversa fracción IV del propio numeral, toda vez que el acto reclamado no constituye la última resolución emitida dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Para sostener la actualización de la causa de improcedencia en comento, es necesario precisar que de las constancias que integran el presente sumario se desprende que mediante resolución administrativa de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dictada dentro del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Sanciones AMF-125/2015, instruido contra la quejosa María del Rosario Gallegos Magdaleno, en su carácter de Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Vista Hermosa, Michoacán, y otros, el Auditor Superior de Michoacán, determinó que se acreditaron las responsabilidades atribuidas a los encausados, en relación a la Auditoría Financiera correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, durante la administración 2012-2015 del aludido municipio. Por lo anterior, resolvió que deberán resarcir de manera mancomunada la cantidad acreditada de $6,160,062.92 (seis millones ciento sesenta mil sesenta y dos pesos 92/100 MN), correspondiéndoles reintegrar la cantidad total de $1,277,288.36 (un millón doscientos setenta y siete mil doscientos ochenta y ocho pesos 36/100 MN); asimismo, se les sancionó pecuniariamente en forma individual con una multa de $63,864.41 (sesenta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 41/100 MN). De igual forma, determinó que las sanciones impuestas se elevan a la categoría de crédito fiscal, por lo que ordenó remitir copia de la citada resolución a la autoridad Fiscal Municipal del Ayuntamiento de Vista Hermosa, Michoacán, para que la cumplimentara en sus términos mediante la instauración del Procedimiento Administrativo de Ejecución. En ese contexto, cabe destacar que el procedimiento administrativo de ejecución, también conocido como facultad económico-coactiva, es la actividad administrativa que desarrolla el Estado para hacer efectivos en vía de ejecución forzosa los créditos fiscales a su favor, que se efectúa mediante una serie de actos que en el procedimiento de origen tienen su inicial orientación en lo que dispone el artículo 122 del Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán, en cuanto a que las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, y su finalidad es precisamente obtener el pago, por la vía coactiva, del crédito fiscal debido. Para ello, el numeral 123 del ordenamiento legal invocado dispone que el mismo procedimiento se aplicará para hacer efectiva la responsabilidad civil en que incurran los servidores públicos que manejen fondos públicos del Estado, y cuya notificación a efecto de iniciar el procedimiento de cobro se establece en el diverso precepto 129 de la misma ley. Por tanto, de conformidad con el artículo 131, a partir de la fecha de exigibilidad del crédito fiscal el ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora puede constituirse en el domicilio del deudor para practicar la diligencia de requerimiento de pago, a efecto de que en el plazo de seis días contado a partir de que surta efectos su notificación, efectúe el pago del crédito y sus accesorios y, en el supuesto de no hacerlo, las autoridades fiscales procederán al embargo de bienes suficientes para, en su caso, rematarlos o enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco municipal, o bien el embargo de negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. Los bienes o negociaciones embargados se inscribirá en el Registro Público que corresponda, en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de que se trate y si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga o de la autorización para pagar en parcialidades, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento. También se establecen las formalidades a que debe sujetarse el ejecutor en la diligencia de embargo, establecidas en los artículos 113 y 114 del propio código, así como que al finalizar la diligencia se levante acta pormenorizada y se entregue una copia a la persona con la que se entendió la misma, la cual debe llenar los requisitos previstos en el numeral 36 del mismo ordenamiento. De igual forma, del artículo 133 del Código Fiscal en comento se desprende el orden a que se debe sujetar el embargo de bienes, y los que quedan exceptuados de ello; y del diverso 135 se obtiene que los bienes o negociaciones embargados se podrán dejar bajo la guarda del o de los depositarios que se hicieren necesarios, y que los jefes de las oficinas ejecutoras, bajo su responsabilidad, nombrarán y removerán libremente a los depositarios, quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales. Asimismo, que la responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes embargados a satisfacción de las autoridades fiscales. Igualmente, se prevé que una vez trabado el embargo, se procederá a la enajenación de los bienes, para lo cual debe fijarse la base mediante la valuación por peritos cuyas designaciones se harán conforme a las reglas ahí establecidas. Además, el precepto 152 del ordenamiento legal en cita, establece lo conducente para la convocatoria de remate, la postura legal, las formalidades que deben observarse para realizar el remate, la procedencia de segunda almoneda, la venta fuera de subasta, la adjudicación al fisco, etcétera. Luego, fincado el remate y pagado el precio, se lleva a cabo la adjudicación y entrega de los bienes rematados al adquirente y la aplicación del producto de los bienes rematados para cubrir el crédito fiscal y sus accesorios legales. En conclusión, el procedimiento administrativo de ejecución es un conjunto de actos concatenados por medio de los cuales se pretende la obtención, por vía coactiva, del crédito fiscal debido por el deudor. Expuesto lo anterior, es necesario destacar que el artículo 107, en sus fracciones III y IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" Del análisis del artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, en sus fracciones a) y b), se infiere que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y contra actos que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, de la fracción IV del citado precepto legal se desprende que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Finalmente, establece que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Sentado lo anterior, se considera necesario precisar que el procedimiento administrativo de ejecución a que aluden los artículos 122 a 174 del Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán, es administrativo porque tanto el órgano que lo ejecuta es la administración pública, como porque materialmente no tiene como finalidad la resolución entre partes contendientes, por lo que no teniendo como supuesto una controversia, no puede decirse, en rigor, que se trate de actos administrativos seguidos en forma de juicio, en los términos literales del artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, que prevé las reglas de procedencia del juicio de amparo tratándose de actos que no provienen de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo formalmente dichos. Sin embargo, de la interpretación relacionada de la fracción III del artículo 107, de la Ley de Amparo, con el tercer párrafo de la fracción IV del mismo ordenamiento, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, se infiere que tratándose del procedimiento administrativo de ejecución, operan las mismas razones para la procedencia del juicio de amparo tratándose de actos de ejecución de sentencia, en contra de los cuales, únicamente puede promoverse el juicio de amparo, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. En efecto, aun cuando, como antes se dijo, los actos integrantes del procedimiento administrativo de ejecución, no son actos desarrollados en forma de juicio, lo cierto es que sí existe una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme, similar en esto a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, si la sentencia es título ejecutivo, la liquidación fiscal firme constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación, pues constituye un presupuesto formal de éste; y el procedimiento administrativo de ejecución, es el medio por el que pueden hacerse efectivos los créditos fiscales que se encuentren firmes y líquidos sin la necesidad de acudir a los tribunales para una previa aprobación. De modo que, de acuerdo con la precisada naturaleza del procedimiento administrativo de ejecución en comento, se justifica que el juicio de amparo sólo proceda hasta que en el remate se dicte la resolución definitiva en que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados a fin de no obstaculizar su desarrollo, pudiéndose reclamar válidamente en tal oportunidad, todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento; pues se insiste, si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, que es precisamente la finalidad de las reglas de procedencia del juicio de amparo previstas en el artículo 107, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior debe estimarse así, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en reiteradas ocasiones que la obstaculización del procedimiento ejecutivo no debe permitirse, ni siquiera cuando se reclama la inconstitucionalidad de las leyes que a ese procedimiento rigen, tal como se advierte de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal en cita, aplicable al caso por identidad jurídica substancial, publicada con el número 184, en la página 225, del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del siguiente tenor literal: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." Asimismo, conviene citar por identidad jurídica substancial, la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 227, en la página 227, del Tomo I, Materia Constitucional, Volumen Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA. El artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se impugnen actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en dicho procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige, inclusive, cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclama también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución del procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe." El referido criterio que tiende a evitar la obstaculización de la ejecución de sentencias, se ha sustentado también tratándose de cuestiones procesales que se hacen valer en dicha etapa de ejecución, como lo es la personalidad, pues se determinó que la finalidad de tal cuestionamiento, es impedir la ejecución de la sentencia definitiva, y por tanto, debe impugnarse a través del amparo promovido contra la última resolución emitida en dicha etapa, pues si no opera la excepción de procedencia del amparo hasta el dictado de la última resolución ni siquiera cuando se impugna la constitucionalidad de leyes, mucho menos, cuando se hacen valer cuestiones procesales; tal como se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 23/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo XXI, Mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa." Desde esa óptica, de la interpretación relacionada de las fracciones III y IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se concluye que la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio de amparo, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ni aun cuando se hagan valer cuestiones tan trascendentes como las procesales o la inconstitucionalidad de las leyes aplicables. En tal virtud, aun cuando los actos procesales aislados dictados en un procedimiento administrativo de ejecución, anteriores a la resolución definitiva, pueden causar perjuicio al particular, el amparo sólo procede cuando se dicta la resolución definitiva; por lo que el quejoso debe esperar ésta, y si le perjudica podrá atacarla en amparo junto con las violaciones de procedimiento. Ahora bien, atento a lo antes expuesto y a fin de determinar la procedencia o no del presente juicio de amparo, debe establecerse que, como se precisó en la consideración segunda, el acto reclamado es el requerimiento de pago a la quejosa, efectuado el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, derivado de la determinación del crédito fiscal y sanción contenidos en la resolución administrativa dictada en el procedimiento AMF/125/2015. Esto es, los actos reclamados materia de este apartado, fueron emitidos dentro de la resolución administrativa de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dictada dentro del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Sanciones AMF-125/2015, de modo que el procedimiento administrativo de ejecución tiene como base el crédito fiscal ahí determinado a la quejosa María del Rosario Gallegos Magdaleno, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Vista Hermosa, Michoacán, el que evidentemente puede hacerse efectivo mediante el procedimiento administrativo de ejecución a que aluden los artículos 122 a 174 del Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán, al tratarse de responsabilidad resarcitoria y una sanción por la inadecuada aplicación de recursos o fondos públicos que ocasionaron daños y perjuicios a la Entidad Municipal de Vista Hermosa, Michoacán, en el ejercicio fiscal 2013, durante la administración 2012-2015. Crédito que, para efectos del presente juicio de amparo, debe estimarse como firme como así lo determinó la autoridad Auditoría Superior de Michoacán, ya que las partes no hicieron valer el recurso de revocación, y como ha quedado precisado en párrafos que anteceden, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación y, en tratándose el procedimiento administrativo de ejecución el juicio de amparo sólo podrá promoverse hasta que se dicte la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate. En tal virtud, cabe concluir que el presente juicio de amparo -respecto del acto materia de este apartado- resulta improcedente, por no tratarse de la última resolución dictada en dicho procedimiento coactivo. Por ende, quien aquí resuelve estima que el acto que reclama la peticionaria del amparo consistente en el requerimiento de pago efectuado el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, derivado de la determinación del crédito fiscal contenida en la resolución administrativa dictada en el procedimiento AMF-125/2015, fue emitido dentro del procedimiento administrativo de ejecución derivado del crédito fiscal determinado a la quejosa; por tanto, tal como se ha expuesto con antelación, la peticionaria del amparo debe esperar hasta que se dicte la última resolución en dicho procedimiento para reclamar en el amparo, todas las violaciones que estime se cometan en el mismo, atento a lo preceptuado en el artículo 107, fracciones III y IV de la Ley de Amparo. En tales condiciones, es de concluirse que en el presente caso, respecto del acto materia de este apartado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracciones III y IV, del propio ordenamiento legal, dado que, al reclamarse actos emitidos dentro del procedimiento administrativo de ejecución, es inconcuso que el juicio de amparo sólo procede hasta que se dicte en tal procedimiento, la resolución definitiva en que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pues atento a la intención del legislador al establecer la procedencia del juicio de amparo hasta ese momento a fin de no entorpecer los procedimientos de ejecución, tal como se advierte de la interpretación de las fracciones anotadas del referido artículo 107 de la Ley de Amparo, como ya se expuso en párrafos precedentes, será hasta que se dicte tal resolución, cuando el quejoso podrá reclamar válidamente mediante el juicio de amparo, todas las violaciones que, en su caso, se hubieran cometido dentro de dicho procedimiento. Es así porque como ya se dijo, si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales que integran tal procedimiento, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva. Al respecto es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página número 81, de los Volúmenes 91-96, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, del siguiente tenor literal: "EJECUCIÓN, ACTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE. AMPARO IMPROCEDENTE. Si en el juicio de garantías se reclaman actos administrativos emanados de un procedimiento de ejecución, ello hace improcedente el juicio constitucional, ya que tratándose de estos actos, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en ese procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieran dejado sin defensa al quejoso (artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo). Si en la transcripción del acto reclamado aparece que éste se hace consistir en mandamiento de ejecución, jurídicamente dicho acto sólo podrá reclamarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento administrativo de ejecución, todo lo cual conduce a estimar que el juicio de garantías es improcedente atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, y 11, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, y procede decretar el sobreseimiento en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 73 del mismo ordenamiento." En las condiciones apuntadas, como en el caso se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción III, esta última fracción a su vez relacionada con la diversa IV, del propio precepto legal, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el juicio de amparo, en términos de lo preceptuado en el artículo 63, fracción V, de la propia Ley en comento. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María del Rosario Gallegos Magdaleno, por su propio derecho, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en la consideración cuarta de la presente sentencia. Segundo. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy once de febrero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas del veintiséis de enero de dos mil veintidós, el licenciado Óscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 783/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al Secretario encargado del despacho con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al Secretario encargado del despacho con las documentales que ofreció la parte quejosa, así como con la documental exhibida por el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos, de la Auditoría Superior de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Al respecto el Secretario encargado del despacho acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes presentó alegatos. En relación con lo anterior el Secretario encargado del despacho acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Secretario encargado del despacho para dictar la resolución que conforme a derecho procedaÓscar Hernández García Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular

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