Maria del Rosario Cruzaley Zepeda

Expediente 1126/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1126/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
22/05/2018

Partes del expediente

  • Maria del Rosario Cruzaley Zepeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución emitida en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo primero, del mencionado acuerdo, en razón de que se negó la medida cautelar solicitada. Por lo que se refiere al duplicado del incidente destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Por otra parte, se advierte que obra glosado un documento exhibido por la parte quejosa; en consecuencia, se ordena su devolución y con fundamento en el punto décimo primero, tercer párrafo, capítulo tercero, del referido Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlo, previa identificación, acta de entrega y copia certificada que del mismo se deje en autos, apercibida que de no hacerlo en dicho término, correrá la suerte que tenga el presente expediente Por lado, devuélvase al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, las constancias que acompañó a su informe justificado, consistente en un tomo de pruebas, toda vez que resulta innecesario conservarlo. Por otra parte, téngase por recibido el escrito del autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita copia certificada de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y autoriza a diversa persona para recibirla. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídanse a su costa la copia en los términos que solicita, previo recibo que de ello se deje en autos y téngase por autorizada para recogerla a la persona que menciona. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María del Rosario Cruzaley Zepeda, por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy tres de mayo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días para que las siguientes autoridades rindan su informe justificado: 1. Comisión Permanente de Presupuesto y Control del Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y, 2. Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ambas con residencia en esta ciudad. Lo anterior, dado que se aprecia del acuse de recibo que obra en autos que el oficio por el cual se les requirió dicho informe fue entregado el veintinueve de enero del presente año. Por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las once horas con veinte minutos del nueve de marzo de dos mil dieciocho para tal efecto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistida del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las trece horas con cincuenta minutos del primero de febrero de dos mil dieciocho, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 1126/2017, sin la comparecencia de las partes. El secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. Enseguida el secretario da cuenta al juez con las constancias que obran en el presente cuaderno incidental. A continuación, dentro del periodo probatorio el secretario da cuenta con las pruebas que adjuntó a su demanda la parte quejosa. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón a su propia y especial naturaleza las pruebas que anexó la parte quejosa a su demanda. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez provee: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del Juez, quien resolverá en definitiva esta incidencia. C O N S I D E R A C I O N E S : PRIMERA. La parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: 1. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; 2. Gobernador del Estado de Michoacán; 3. Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo; 4. Comisión Permanente de Presupuesto y Control del Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y, 5. Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Todas con residencia en esta ciudad. SEGUNDA. Las autoridades responsables al momento de rendir su informe previo manifestaron que son ciertos los actos que se les reclaman. Ahora bien, como la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados; por tanto, respecto de la aprobación y expedición del Presupuesto de Egresos para el Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, mediante Decreto Legislativo número 337, específicamente la parte que contempla una asignación presupuestaria menor a la del año dos mil dieciséis para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por trescientos noventa y un millones ciento siete mil seiscientos cinco pesos, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en el número 32 TER, tomo CLXVI de su sección extraordinaria del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que se reclama con motivo del inicio de su vigencia. El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará "para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso"; sin embargo, deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, a saber: a) La parte quejosa debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) Debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma o si regula disposiciones de orden público. En la especie, la parte peticionaria de amparo acredita su interés jurídico como destinatario de la norma que tilda inconstitucional, ya que con las documentales que anexó se advierte que es alumna de la Facultad en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por lo que se refiere a la afectación al interés jurídico del quejoso, en la especie se acredita dado que el artículo 8° de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, señala: ARTICULO 8o. La autonomía de la Universidad se deposita en la comunidad universitaria, constituida por sus autoridades, trabajadores académicos, administrativos, alumnos; y su gobierno estará formado por: (.)" y la parte quejosa comparece a esta instancia constitucional en su carácter de alumna de la Facultad en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. . En relación con la ponderación entre la apariencia del buen derecho, el interés social de la norma y la contravención de disposiciones de orden público, se procede a realizar el siguiente análisis: Por lo que respecta a la apariencia del buen derecho, en el caso no cobra aplicación atendiendo a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que, tratándose del juicio de amparo contra leyes, éstas gozan de presunción de constitucionalidad y corresponde a quien las impugna, demostrar fehacientemente que éstas son inconstitucionales, cuyo estudio es propio del juicio principal. La jurisprudencia mencionada, fue publicada con el número 1a./J. 121/2005, en la página 143, del Tomo XXII, Septiembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto: "LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, basta con expresar la causa de pedir; sin embargo, ello no significa que los quejosos o recurrentes puedan limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento, pues a ellos corresponde exponer las razones por las cuales estiman inconstitucionales los actos reclamados. Por tanto, toda ley en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, goza de la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, correspondiendo a quienes la impugnan, la carga de la prueba, pues sólo así es posible analizar si la ley reclamada contraviene o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Criterio que es acorde con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el varios 912/2010, con posterioridad a la reforma constitucional en derechos humanos, en donde estableció lo siguiente: "Esta posibilidad de inaplicación por parte de los Jueces del país en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de las leyes, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. De este modo, este tipo de interpretación por parte de los Jueces presupone realizar tres pasos: A) Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los Jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. B) Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos. C) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces, al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.". La porción transcrita de la ejecutoria mencionada, dio origen a la tesis P. LXIX/2011(9a.), consultable en la página 552, del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y sus Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.". Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando una ley contiene una distinción basada en una categoría sospechosa, es decir, en alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional (el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas), el juzgador debe realizar un escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad, puesto que estas distinciones están afectadas de una presunción de inconstitucionalidad. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a. XCIX/2013 (10a.), consultable en la página 961, del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y textos siguientes: "IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando una ley contiene una distinción basada en una categoría sospechosa, es decir, en alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional (el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas), el juzgador debe realizar un escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad, puesto que estas distinciones están afectadas de una presunción de inconstitucionalidad. Si bien la Constitución no prohíbe que el legislador utilice categorías sospechosas, el principio de igualdad garantiza que sólo se empleen cuando exista una justificación muy robusta para ello.". El contexto anterior permite afirmar, que para nuestro Alto Tribunal: 1. Las normas gozan de la presunción de constitucionalidad, luego entonces el impetrante en el juicio de amparo que las impugna tiene que verter argumentos suficientes a fin de demostrar su inconstitucionalidad -los cuales únicamente son susceptibles de analizarse en la sentencia relativa al juicio principal-; y, 2. Las normas que contienen una distinción basada en una categoría sospechosa, es decir, en alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional, están afectadas de presunción de inconstitucionalidad, y en este caso es el órgano emisor quien debe justificar la distinción. En ese sentido, como la parte impetrante del amparo impugna el decreto legislativo 337, que contiene el presupuesto de egresos para el Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, específicamente lo conducente a la asignación presupuestaria menor a la del año dos mil dieciséis para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que al tenerlo a la vista, válido resulta sostener que no contiene una categoría sospechosa, esto es, una distinción basada en el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, ya que sólo establece el presupuesto designado a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el que resuelve no advierte distinción basada en una categoría sospechosa, es decir, en alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional. Por ello, partiendo de la presunción de constitucionalidad de la que gozan todas las leyes, en el caso tampoco se estima actualizada la apariencia del buen derecho, que consiste precisamente en el asomo provisional a la constitucionalidad del acto reclamado. En consecuencia, toda vez que no se cumplió con el requisito señalado en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone negar la suspensión definitiva solicitada. Aunado a lo anterior, y tomando en consideración que el quejoso reclama el decreto legislativo 337, que contiene el presupuesto de egresos para el Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, específicamente lo conducente a la asignación presupuestaria menor a la del año dos mil dieciséis para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con motivo de su entrada en vigor, el cual señala es inconstitucional y no con motivo de la materialización de un acto concreto de aplicación de la misma, por ello la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a la parte quejosa, lo que es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión. Sirve de apoyo al particular, la Tesis de Jurisprudencia número VI.2º.C. J/174, visible en la página 775, Tomo X, julio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena Época, que a la letra dispone: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión.". Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve ÚNICO. Se niega al María del Rosario Cruzaley Zepeda la suspensión definitiva respecto de las autoridades responsables precisadas en la consideración primera de esta interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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