María del Rosario Esquivel Portugal

Expediente 2353/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2353/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Director General del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, Nayarit
  • María del Rosario Esquivel Portugal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    . Tepic, Nayarit, dos de octubre de dos mil veintitrés. Se recibe oficio 28478. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director Jurídico del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada del auto de veintiocho de septiembre de la presente anualidad, a través del cual, comunica las gestiones que se encuentra realizando a fin de que se ejecute el laudo, esto es, que giró el oficio IJLB/SCMT/294.IX/2023 al Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a efecto de que se realice el cobro de las multas impuestas en auto de siete de septiembre de la presente anualidad, al Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, que señaló las doce horas del dieciséis de octubre del año en curso, para la diligencia de ejecución de laudo y que las partes ya se encuentran notificadas de dicha determinación, en consecuencia, agréguense a los presentes autos el comunicado y anexos de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido. Requerimiento. No obstante a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Sala de Conflictos entre los Municipios y sus Trabajadores del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado, con sede en esta ciudad para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, remita las constancias que acrediten que se realizó el cobro de las multas impuestas en auto de siete de septiembre de la presente anualidad, a los integrantes del ********************Apercibimiento. En caso de incumplimiento, se le impondrá a ********************, una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización vigente en esta fecha, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Incidente de inejecución. En términos del numeral 193, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, en la inteligencia de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo seguirá teniendo responsabilidad que puede derivar en la separación del cargo y la consignación del titular y en su caso a su superior jerárquico. Se recibe oficio 28459. Se tiene por recibido el diverso oficio signado por el ********************, mediante el cual comunica que con fecha veintiocho de abril de la presente anualidad se turnó para estudio análisis y dictamen respectivo, la iniciativa con proyecto de decreto a través del cual el citado ayuntamiento solicita la contratación de una deuda pública, de lo anterior, este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Francisco Javier Soto Moreno, que autoriza y da fe. Joceline A

  2. Principal

    . Tepic, Nayarit, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Escrito. Se tiene por recibido el escrito signado vía electrónica por Pedro Cariño Abarca, autorizado de la parte quejosa, a través del cual comunica que la autoridad dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el que resultó procedente la solicitud de pensión y le fue notificada la entrada en vigor de lo cual anexa copia; en consecuencia, téngase por hechas las manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar. En atención a lo manifestado por la parte quejosa y del estado procesal, se procede al análisis del cumplimento a la ejecutoria de amparo. Calificación del cumplimiento. En el caso concreto, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, diera respuesta a la petición formulada por la parte quejosa y notifique dicha determinación. Mientras que el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, y el Director de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit debían hacer la actividad que les corresponde a fin de establecer la procedencia o improcedencia de la pensión solicitada por la parte quejosa. Sentencia que causó ejecutoria el treinta de agosto de dos mil veintitrés. Ahora bien, del análisis del comunicado y anexo recibidos en este juzgado federal el uno de septiembre del año en curso, la autoridad responsable el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, a través de su representante, acreditó haber dado cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; se dice lo anterior, toda vez que adjuntó copia certificada del dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio otorgado a la parte quejosa; respuesta que le notificó el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Circunstancia que implica que las restantes autoridades responsables hicieron lo propio, pues el trámite administrativo de referencia precisamente concluye con la emisión del dictamen de pensión, en casos como el presente en que se declaró procedente su otorgamiento. Con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, párrafo cuarto, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE JUICIO. Destino del expediente principal. Con sustento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, el cual este órgano jurisdiccional determina que es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Destino cuadernos incidentales. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. De lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Jesús Amador Casas, que autoriza y da fe. María Teresa

  3. Incidental

    . Tepic, Nayarit, a cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que la autoridad responsable Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado fue omisa en remitir el proceso legislativo de la Ley Laboral Burócrata del Estado de Nayarit y aunado a lo anterior, es un hecho notorio que al realizar la búsqueda de dicho proceso legislativo en la página oficial del https://procesolegislativo.congresonayarit.gob.mx/leyes-y-decretos/, el mismo no se encuentra, como a continuación se muestra: Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento de constancias. Derivado de lo anterior, de conformidad con el dispositivo 75 de la Ley de Amparo y diverso 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por así disponerlo su numeral 2°, requiérase a la autoridad responsable denominada Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente se sirva remitir las constancias relativas al proceso legislativo de la Ley Laboral Burócrata del Estado de Nayarit, o en su caso, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Apercibimiento. En caso de incumplimiento o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización vigente en esta fecha, con fundamento el ordinal 237, fracción I, en relación con los numerales 238 y 259 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página cuatrocientos cincuenta y cuatro, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete a dos mil, que a la letra señala: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SI HAY EVIDENCIA SOBRE SU EXISTENCIA DEBE INDAGARSE Y, EN SU CASO, RECABARSE OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ACREDITARLA. De conformidad con el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia, por lo general, deben ser examinadas de oficio. Por ende, si de autos se advierte alguna evidencia sobre su existencia como la indagación y, en su caso, recabación de pruebas necesarias para acreditar dichas causales también debe hacerse de oficio y en cualquiera de las instancias en que se encuentre el procedimiento en el juicio de garantías. Desatender tal obligación transgrede las reglas fundamentales que rigen dicho procedimiento y hace necesaria su reposición en términos del artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia." Asimismo, en la Tesis I.13º. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de trece de abril de dos mil uno, que a la letra señala: "LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías." Diferimiento y audiencia constitucional. Se difiere la audiencia constitucional de referencia y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, con la finalidad de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de alegar lo que a su derecho convenga. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de Jurisprudencia número 54/2000 aprobada por el Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/98 en sesión del veintiocho de marzo del año dos mil, entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala, ambas de ese Alto Tribunal, y que literalmente dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, (".el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Valeria Aimme Lara Horta, que autoriza y da fe. VALH/Luis.

  4. Incidental

    . TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se recibe ejecutoria. Ténganse por recibido el libelo de cuenta, suscrito por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual, transcribe la ejecutoria de diez de agosto del año en curso, emitida dentro del amparo en revisión 697/2023, y remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 362/2023, de la que se aprecia que quedaron intocadas las consideraciones vertidas con relación a la concesión decretadas en la sentencia recurrida; asimismo, en la materia de la revisión CONFIRMA la misma, donde se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitados por la parte quejosa. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó a partir del escrito en que se interpuso el recurso de revisión. Requerimiento. En ese tenor, atendiendo a la sentencia pronunciada por este órgano jurisdiccional el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido, para los efectos siguientes: "[.] 1. Los artículos 20, fracción II, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales por los cuales se adquiera, trasmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, incluyendo los fideicomisos y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la parte amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, deberá devolver a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación del equivalente a 8 Unidades de Medida y Actualización vigente, por pago de concepto de inscripción de documento público, realizado con sustento el artículo 20, fracción II de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional, respectivamente; lo anterior respecto de la transferencia electrónica realizada el veinte de enero de dos mil veintitrés. Ello es así, porque dicha cuota de 8 Unidades de Medida y Actualización vigente, establecida en el artículo 20, fracción XX, de la ley de ingresos reclamada, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, relativa al registro de donaciones de toda clase de inmueble, corresponde a la mínima establecida por el legislador local para la inscripción de documentos que se sujetan al mismo procedimiento de registro. Lo anterior obedece a las razones asentadas en el considerando anterior, en el sentido de que la concesión de amparo respecto de una ley fiscal, siempre y cuando prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar, de modo alguno puede liberar al contribuyente de su obligación de contribuir al gasto público, establecida en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Remanente que debe calcularse en función de las erogaciones realizadas por la parte quejosa, acreditadas mediante las impresiones de los formatos de pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución de las erogaciones que realizó la parte quejosa por los impuestos referidos en relación a los pagos que efectuó, sólo respecto conceptos de inscripción de documento público o privado. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. Cabe mencionar que, además de devolver el pago de contribuciones realizado mediante transferencia bancaria realizada el veinte de enero de dos mil veintitrés, la devolución también deberá realizarla, en los mismos términos, respecto de la transferencia electrónica realizada el nueve de febrero de dos mil veintitrés (foja 12). Lo anterior, pues del análisis de las constancias, se observa la parte quejosa allegó la factura expedida en favor de Fernando Verdín Heras,(foja 32) relativa al pago de las contribuciones materia de concesión del presente asunto, por la cantidad de $13,671.00 pesos. Luego, tomando en consideración que la presente declaratoria de inconstitucionalidad amplía la desincorporación total, presente y futura de los preceptos reclamados, la concesión del amparo también abarca la devolución de ese pago, bajo los mismos lineamientos que el diverso realizado el veinte de enero de dos mil veintitrés. En la inteligencia que las normas reclamadas señaladas inconstitucionales se tendrán que desincorporadas de la esfera jurídica de la parte quejosa desde el momento en que se le haga devolución de las cantidades que pagó con sustento en dichos preceptos, debidamente actualizadas [.]" Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento al fallo protector se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, al momento de la emisión del presente auto. Requerimiento a superior jerárquico. Con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a la autoridad responsable, dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Incidente de inejecución. En términos del numeral 193, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, en la inteligencia de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo seguirá teniendo responsabilidad que puede derivar en la separación del cargo y la consignación del titular y en su caso a su superior jerárquico. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Francisco Javier Soto Moreno, que autoriza y da fe. Lulú

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