María del Rocío Valdez Gutiérrez
Expediente 2119/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2119/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 10/04/2018
Partes del expediente
- María del Rocío Valdez Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que mediante auto de quince de marzo de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit en representante legal del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, con residencia en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió el acuse de recibo del cheque número 0000324 a la quejosa, por la cantidad de $9,708.80 (nueve mil setecientos ocho pesos 80/100 moneda nacional) . En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la promovente del amparo, con el citado libelo y documentales para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos; sin que los quejosos hayan hecho manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede resolver si de acuerdo con las constancias de autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." En ese sentido, mediante sentencia dictada en el presente sumario constitucional el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María del Rocío Valdez Gutiérrez, por lo que se determinó que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones debían: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $10,003.32 (diez mil tres pesos 03/100 moneda nacional), que pagó por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" e "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público número dos mil ciento cuarenta y tres, tomo tercero, libro décimo, del protocolo a cargo del Notario Público número veinticuatro con sede en esta ciudad, licenciado José Sigfrido de la Torre Miramontes; pago que cubrió el cinco de octubre de dos mil diecisiete, conforme se advierte del comprobante respectivo (fojas 27 y 80); en la inteligencia de que la quejosa deberá cubrir la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió. Resolución que causó ejecutoria el veinticinco de enero de dos mil dieciocho. De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Que no le fuera aplicado a la parte quejosa el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los numerales 12, 13 y 14 del mismo ordenamiento legal; esto es, para que la misma vigilara que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, en el presente y en el futuro; y Devolverle el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $10,003.32 (diez mil tres pesos 03/100 moneda nacional), la cual debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Luego, posterior a múltiples gestiones para que se informara el cumplimiento, mediante oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit en representante legal del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, con residencia en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió el acuse de recibo del cheque número 0000324 a la quejosa, por la cantidad de $9,708.80 (nueve mil setecientos ocho pesos 80/100 moneda nacional), del que se advierte la cantidad erogada con motivo del cobro declarado inconstitucional. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $10,003.32 (diez mil tres pesos 32/100 moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), se obtiene como resultado la cantidad de $9,723.32 (nueve mil setecientos veintitrés pesos 32/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron pagados el cinco de octubre de dos mil diecisiete y en el mes de marzo de dos mil dieciocho, se efectuó la devolución correspondiente mediante cheque número 0000324; por tanto, la actualización de que se habla comprende el periodo transcurrido entre dichos meses; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, en el caso, los meses de septiembre de dos mil diecisiete y febrero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de septiembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores al periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil diecisiete fue de 127.91 y para el mes de febrero de dos mil dieciocho de 131.50. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.028 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $9,723.32 (nueve mil setecientos veintitrés pesos 32/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $9,995.57 (nueve mil novecientos noventa y cinco pesos 57/100 moneda nacional); entonces, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remante a devolver, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $272.25 (doscientos setenta y dos pesos 25/100 moneda nacional). Por tanto, si la autoridad responsable entregó a la quejosa la suma de $9,708.80 (nueve mil setecientos ocho pesos 80/100 moneda nacional), como se advierte del acuse de recibo del cheque número 0000324 a la quejosa, que consta agregado en autos, es evidente que con ello se les ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver por concepto de actualización a la parte quejosa es de $9,995.57 (nueve mil novecientos noventa y cinco pesos 57/100 moneda nacional) y que éste realizó una transferencia por la diversa cantidad de $9,708.80 (nueve mil setecientos ocho pesos 80/100 moneda nacional), en virtud de que el faltante, a saber, $286.77 (doscientos ochenta y seis pesos 77/100 moneda nacional), no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Bajo ese contexto, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que mediante auto de quince de marzo de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit en representante legal del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, con residencia en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió el acuse de recibo del cheque número 0000324 a la quejosa, por la cantidad de $9,708.80 (nueve mil setecientos ocho pesos 80/100 moneda nacional) . En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la promovente del amparo, con el citado libelo y documentales para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos; sin que los quejosos hayan hecho manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede resolver si de acuerdo con las constancias de autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." En ese sentido, mediante sentencia dictada en el presente sumario constitucional el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María del Rocío Valdez Gutiérrez, por lo que se determinó que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones debían: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $10,003.32 (diez mil tres pesos 03/100 moneda nacional), que pagó por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" e "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público número dos mil ciento cuarenta y tres, tomo tercero, libro décimo, del protocolo a cargo del Notario Público número veinticuatro con sede en esta ciudad, licenciado José Sigfrido de la Torre Miramontes; pago que cubrió el cinco de octubre de dos mil diecisiete, conforme se advierte del comprobante respectivo (fojas 27 y 80); en la inteligencia de que la quejosa deberá cubrir la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió. Resolución que causó ejecutoria el veinticinco de enero de dos mil dieciocho. De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Que no le fuera aplicado a la parte quejosa el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los numerales 12, 13 y 14 del mismo ordenamiento legal; esto es, para que la misma vigilara que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, en el presente y en el futuro; y Devolverle el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $10,003.32 (diez mil tres pesos 03/100 moneda nacional), la cual debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Luego, posterior a múltiples gestiones para que se informara el cumplimiento, mediante oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit en representante legal del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, con residencia en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió el acuse de recibo del cheque número 0000324 a la quejosa, por la cantidad de $9,708.80 (nueve mil setecientos ocho pesos 80/100 moneda nacional), del que se advierte la cantidad erogada con motivo del cobro declarado inconstitucional. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $10,003.32 (diez mil tres pesos 32/100 moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), se obtiene como resultado la cantidad de $9,723.32 (nueve mil setecientos veintitrés pesos 32/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron pagados el cinco de octubre de dos mil diecisiete y en el mes de marzo de dos mil dieciocho, se efectuó la devolución correspondiente mediante cheque número 0000324; por tanto, la actualización de que se habla comprende el periodo transcurrido entre dichos meses; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, en el caso, los meses de septiembre de dos mil diecisiete y febrero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de septiembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores al periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil diecisiete fue de 127.91 y para el mes de febrero de dos mil dieciocho de 131.50. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.028 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $9,723.32 (nueve mil setecientos veintitrés pesos 32/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $9,995.57 (nueve mil novecientos noventa y cinco pesos 57/100 moneda nacional); entonces, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remante a devolver, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $272.25 (doscientos setenta y dos pesos 25/100 moneda nacional). Por tanto, si la autoridad responsable entregó a la quejosa la suma de $9,708.80 (nueve mil setecientos ocho pesos 80/100 moneda nacional), como se advierte del acuse de recibo del cheque número 0000324 a la quejosa, que consta agregado en autos, es evidente que con ello se les ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver por concepto de actualización a la parte quejosa es de $9,995.57 (nueve mil novecientos noventa y cinco pesos 57/100 moneda nacional) y que éste realizó una transferencia por la diversa cantidad de $9,708.80 (nueve mil setecientos ocho pesos 80/100 moneda nacional), en virtud de que el faltante, a saber, $286.77 (doscientos ochenta y seis pesos 77/100 moneda nacional), no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Bajo ese contexto, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el comunicado de cuenta, signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que realizó la entrega a la quejosa del cheque 0324 expedido por la institución bancaria Santander y remite el acuse de recibo respectivo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de referencia, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, con apercibimiento que de no hacerlo, con apoyo en la ejecutoria de referencia y demás constancias que obran en el presente sumario, este órgano jurisdiccional se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha la autoridad denominada Comisión Federal de Electricidad, ha sido omisa en informar el cumplimiento al fallo protector. Consecuentemente, con sustento en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Empresa Subsidiaria de Distribución, a través de la Gerencia de la División de Distribución Jalisco, de la citada autoridad, denominación correcta de la responsable, para que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, se sirva acatar la sentencia concesoria de amparo. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, acorde con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor. Se le hace del conocimiento a la mencionada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Juzgado de Distrito, hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el arábigo 193 de la Ley citada. Finalmente, se tiene por recibido el escrito signado por Eduardo Jesús Simancas Bueno, autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual, solicita se requiera al ente responsable por el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y se le hagan efectivas las medidas de apremio; consecuentemente, agréguese el ocurso de cuenta para los efectos legales a que haya lugar y dígasele que se esté a lo acordado en el presente auto.
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