María del Rosario de Fátima Martin Mex y Otros.
Expediente 1224/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1224/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María del Rosario de Fátima Martin Mex y Otros.
- María del Rosario de Fátima Martin Mex
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos y la razón de cuenta que antecede, se acuerda: se tiene por recibido de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, el oficio 634/2020-P-I, firmado electrónicamente, con el que remite testimonio de la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, pronunciada en la queja 143/2020, relativa al recurso de queja interpuesto por ********************, apoderado de la quejosa ********************, contra el acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente cuaderno de antecedentes, testimonio cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Es IMPROCEDENTE el recurso de queja interpuesto por ********************, en contra del auto de uno de septiembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, en el juicio de amparo indirecto 680/2012-II-A." Acúsese recibo VÍA INTERCONEXIÓN. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de diciembre de dos mil veinte. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo de cuenta, se tiene a ***, ***, ***alias ***y ***, todos de apellidos MARTÍN MEX, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclaman de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, con sede en esta ciudad. REGISTRO Se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1224/2020-VI-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. REPRESENTANTE COMÚN Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos en este juicio de amparo, a ***. DESECHAMIENTO Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad, la emisión de tres contratos de suministro de energía eléctrica en un inmueble que aduce es de su propiedad. Lo anterior, pues tal como se advierte de la demanda de amparo, señala la parte impetrante del amparo que al acudir al predio que refieren es de su propiedad, se percataron que había personas ocupándolo, las cuales, refirieron haber contratado el servicio de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad. En ese sentido, refieren que dicho proceder de la Comisión señalada, resulta violatorio de sus derechos fundamentales, pues al ser propietarios del predio en cuestión, los contratos expedidos a las personas que en la presente demanda de amparo señalan como terceros interesados, deben declararse nulos al no haber sido suscritos por los propietarios del bien inmueble en cuestión. En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de amparo que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción II del mismo cuerpo normativo, interpretado en sentido contrario, ya que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados por particulares o entidades que no les reviste el carácter de autoridades para efectos del amparo. En estos términos, resulta pertinente reproducir los numerales invocados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del primero de los dispositivos transcritos, se advierte que la Ley de Amparo prevé una hipótesis de improcedencia que no se limita a las veintidós fracciones que establece en forma específica dicho numeral, sino que es aplicable cuando la improcedencia del juicio resulte con motivo de la aplicación de diversa disposición de la propia ley o de la Constitución. Por su parte, el segundo de los numerales prevé que, con independencia de su naturaleza formal, es autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso omita un acto que de realizarse produciría estas situaciones (con independencia de si dicho acto es desplegado por una autoridad en sentido material, o bien, lo realiza un particular de forma equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general). Como se advierte de este precepto, el legislador enumeró descriptivamente los actos que puede realizar una autoridad, pero no precisó las características que deben reunir para que sean susceptibles de un control de la constitucionalidad a través del juicio de amparo. Sin embargo, sí destacó como nota distintiva que dicho juicio procede contra actos de autoridades, de tal suerte que, de no ubicarse el acto reclamado en alguna de las hipótesis ahí previstas, daría lugar a que resulte improcedente el juicio por no colmarse el requisito básico de existencia de acto de autoridad. Dicha causa de improcedencia encuentra plena justificación, en razón de que el juicio de amparo, como medio de control constitucional, fue creado para que los tribunales federales verifiquen, a instancia de parte, la conformidad de los actos de autoridad (ahora llevados a cabo por particulares o autoridades en sentido material), con los parámetros y lineamientos establecidos en la Constitución Federal. Siendo materia de los juicios ordinarios, las controversias que se susciten entre particulares, o bien, entre éstos y organismos públicos que actúan en un plano de igualdad. Por ello, el artículo 103, fracción I de la Constitución Federal dispone que el juicio de amparo procede sólo contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, se puede decir que tendrá el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, aquel ente de hecho o de derecho, que con apoyo en una norma jurídica emita actos unilaterales que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que inciden la esfera jurídica del gobernado, dentro de una relación de supra a subordinación. Es ilustrativa al respecto la tesis XVI.1o.A.22 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 19, junio de 2015, Tomo III, página 1943, registro digital 2009420, que dice: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable". En ese orden de ideas, se reitera, en el juicio constitucional en el que se actúa, la parte quejosa señala como acto reclamado, esencialmente, que la Comisión Federal de Electricidad, celebró tres contratos de prestación de energía eléctrica con las personas que señala como terceros interesados, sin cerciorarse de que efectivamente ostentaran la propiedad del predio en cuestión. De ahí que el suscrito Juzgador estime actualizada la causal de improcedencia en comento, pues deviene inconcuso que tratándose el acto reclamado de la emisión por parte de la Comisión Federal de Electricidad de contratos de prestación del servicio de energía eléctrica celebrados, dicho acto no es impugnable a través de esta vía de amparo, en virtud de que la Comisión en cita no tiene el carácter de autoridad responsable, pues dicha prestación de servicios requiere del acuerdo de voluntades entre la solicitante del servicio y quien lo presta, Comisión Federal de Electricidad, -no obstante exista un desacuerdo respecto a la persona que efectivamente ostenta tal propiedad-; particularidad que indefectiblemente conduce a determinar que el contrato que celebran las partes es entre particulares, por lo que no se trata de un acto unilateral a través del cual se crea, modifica o extingue por sí o ante sí una situación jurídica que afecta la esfera legal de la parte quejosa. Lo anterior, pone de manifiesto que los actos que por esta vía pretenden combatirse, no pueden considerarse emitidos por una autoridad, pues la señalada como tal en este juicio no interviene en una relación de supra a subordinación sino en una de coordinación, en virtud de que se trata de una acción efectuada por la dependencia federal como particular en prestación del servicio contratado de energía eléctrica; por lo que los conflictos derivados de ella, no tienen el carácter de autoridad. Apoya lo expuesto, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 159/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Octubre de 2009, página 125, registro digital 166061, cuyo epígrafe y texto son los siguientes: "SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO PARA LA INSTALACIÓN DE POSTES Y CABLEADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE JUICIO DE AMPARO, PORQUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE CUANDO REALIZA ESTE TIPO DE ACTOS. La servidumbre legal de paso, cuya finalidad es la instalación de postes y cables para la conducción de energía eléctrica, se constituye cuando se colocan los materiales necesarios y se entrega al propietario del predio gravado la indemnización correspondiente, sin que su establecimiento deba ordenarse previamente por autoridad jurisdiccional, pues ésta sólo se pronuncia en caso de discrepancia en cuanto a las medidas y ubicación del paso; cuando haya diversos predios que puedan dar acceso e impere desacuerdo sobre cuál debe proporcionarlo en función del menor perjuicio que deba causarse o cuando no hubiere existido una indemnización previa al dueño de la finca gravada, supuestos en los cuales el propietario del terreno puede ejercer la acción relativa para que, en términos de los artículos 1099 a 1102 del Código Civil Federal, dicha autoridad determine lo que en derecho proceda. Por consiguiente, la constitución de la servidumbre legal de paso por la instalación de las líneas y postes de conducción de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no es impugnable mediante juicio de amparo, en virtud de que ésta no tiene el carácter de autoridad responsable, porque dicha constitución requiere de la voluntad del dueño de la finca sirviente, particularidad que indefectiblemente conduce a determinar que no se trata de un acto unilateral a través del cual se crea, modifica o extingue por sí o ante sí una situación jurídica que afecta la esfera legal de aquél, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado". Consecuentemente, si en el presente asunto los actos reclamados tratan sobre la cotratación de la prestación del servicio de energía eléctrica, se tiene que éstos no corresponden a actos de autoridad respecto de los que es procedente el juicio de amparo; siendo que en caso de desacuerdo, como en el caso acontece, podrá la parte quejosa acudir ante la autoridad ordinaria competente a demandar la acción correspondiente. Por lo expuesto en líneas precedentes y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por MARÍA DEL ROSARIO DE FÁTIMA, ELSY MARÍA, WILBERT alias WILBERTH y ELIZABETH DEL PILAR, todos de apellidos MARTÍN MEX. SUSPENSIÓN DE PLANO Sin que proceda darle un tratamiento distinto a la presente demanda de amparo, atendiendo a que la parte quejosa solicita la suspensión de plano en términos de los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, en virtud de que, con independencia de que los actos que reclama no se ubican en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo; el proceder del Juez de Distrito en cuanto a la calificación de los mismos, le es una atribución exclusiva, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de plano, lo que en el caso no se surte. Es aplicable al caso la jurisprudencia y la tesis siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." (Época: Octava Época, Registro: 229397, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, Materia(s): Administrativa, Tesis: I. 3o. A. J/7, Página: 951). "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." (Época: Novena Época, Registro: 179731, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia(s): Común, Tesis: VI.1o.A.19 K, Página: 1458). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo; y como su autorizada a RUBÍ JOSEFINA UC AVILÉS, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acredite ante este Juzgado Federal, encontrarse legalmente facultada para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se le otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otro lado, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el similar 25/2020, en relación al periodo de vigencia, se tienen por señalados como su número telefónico 9992585355 y como su correo electrónico rubi.uc.aviles@gmail.com; ello, con la finalidad de establecer comunicaciones no procesales, de resultar necesario por esas vías. EXHORTACIÓN A LAS PARTES DE LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el considerando Noveno, artículos 28, 29 y 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, reformado por el similar 25/2020, en relación al periodo de vigencia; se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; estando a su disposición el aplicativo de firma electrónica en los enlaces señalados en el Transitorio Décimo Primero, del referido Acuerdo General 21/2020, reformado por el similar 25/2020, en relación al periodo de vigencia. Así como deberán proporcionar un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, en términos de lo dispuesto en el numeral 5, fracción I del multicitado Acuerdo General 21/2020, reformado por el similar 25/2020, en relación al periodo de vigencia, para establecer comunicaciones no procesales. Lo anterior a fin de estar en la posibilidad de continuar en todo momento con el juicio de amparo, pues de no ser así podría llegarse al supuesto de excepción de no poder continuar con el trámite del mismo hasta su conclusión, pues de presentarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 19 del citado Acuerdo General 21/2020, reformado por el similar 25/2020, en relación al periodo de vigencia, eventualmente, podría suspenderse el trámite del presente juicio de amparo. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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