María del Rosario de Fátima Jiménez y Sierra

Expediente 433/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 26 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
433/2018
Año
2018
Actuaciones
26
Última actuación
28/02/2019

Partes del expediente

  • María del Rosario de Fátima Jiménez y Sierra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto: agréguese a este expediente el escrito de Gustavo Alfonso Magaña Ucán, autorizado de la quejosa María del Rosario de Fátima Jiménez y Sierra, en términos amplios de artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual solicita la expedición de copia simple de las constancias a que se refiere. Al efecto, y en atención al contenido del escrito del autorizado ocursante, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de la materia, expídanse a su costa las copias simples solicitadas y entréguense las mismas, previa identificación y recibo que para constancia se otorgue en autos. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de cuatro de septiembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado, con lo informado por las autoridades responsables en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a las partes el diez de septiembre del año que transcurre, sin que estos hicieran manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia firmada el veintinueve de junio del año en curso, se concedió a la quejosa la protección constitucional para el efecto de que la Juez responsable dejara insubsistente el embargo de siete de septiembre de dos mil once, decretado en autos del juicio ejecutivo mercantil número 584/2011 y ordenara su cancelación en la oficina registral correspondiente; concesión que se hizo extensiva al Actuario adscrito al Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Por proveído de veintisiete de julio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia referida y se requirió a las responsables su cumplimiento. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con residencia en Ticul, Yucatán, remitió el oficio 987 (fojas 160 a 164), mediante el cual en acatamiento a la ejecutoria dictada en este juicio, el seis de agosto de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el embargo trabado el siete de septiembre de dos mil once y ordenó la cancelación de la inscripción al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Por su parte, la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, mediante oficio de diez de agosto de dos mil dieciocho, informó que se había cancelado el embargo trabado sobre los inmuebles con folios electrónicos 170364 y 96123. Sin embargo, la referida autoridad registradora únicamente acompañó a su oficio de mérito, la boleta relativa a la cancelación de embargo respecto del predio número doscientos noventa y cinco, letra "C", de la calle veintitrés, de la localidad y municipio de Ticul, Yucatán, con folio electrónico 170364. Por tanto, la autoridad responsable no se apegó a la ejecutoria de amparo, pues no obstante que manifestó que había cancelado los referidos embargos, lo cierto es, que no acreditó ante esta autoridad que hubiere cancelado el embargo respecto del predio número doscientos cincuenta y dos, de la calle siete, letra "A", del fraccionamiento Residencial Ticul, de la localidad y municipio de Ticul, Yucatán, con folio electrónico 96123. En vista de lo anterior, se tuvo por no cumplido el fallo protector por parte de dicha autoridad y se le requirió nuevamente para que cumpliera con la ejecutoria de mérito. Ante ello, la Directora responsable, mediante oficio INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/943/2018, de veintinueve de agosto del año en curso, envió la boleta relativa a la cancelación del embargo trabado sobre el predio número doscientos cincuenta y dos, de la calle siete del fraccionamiento Residencial Ticul, de Ticul, Yucatán, con número de folio electrónico 96123. A lo anteriormente expuesto, debe decirse que las responsables acataron debidamente el fallo protector, pues dentro del ámbito de sus funciones, procedieron a realizar la cancelación respecto de los predios de referencia, lo que acreditaron con las constancias correspondientes que adjuntaron a sus oficios de cumplimiento. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que las autoridades responsables, se ajustaron a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitieron, ya que atendieron cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que les fueron señalados como directrices bajo las que debían ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendieron en forma correcta. Por lo anterior, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó tanto la suspensión provisional como definitiva, lo anterior acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que cuenta con un plazo de noventa días para que se presente ante este órgano jurisdiccional, a recoger la documental exhibida con la demanda de amparo, la cual se le devolverá previa razón y recibo que se deje en este expediente; apercibida de que en caso de no hacerlo, la misma podrá ser destruida, conforme al citado Acuerdo General conjunto. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de cuatro de septiembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado, con lo informado por las autoridades responsables en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a las partes el diez de septiembre del año que transcurre, sin que estos hicieran manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia firmada el veintinueve de junio del año en curso, se concedió a la quejosa la protección constitucional para el efecto de que la Juez responsable dejara insubsistente el embargo de siete de septiembre de dos mil once, decretado en autos del juicio ejecutivo mercantil número 584/2011 y ordenara su cancelación en la oficina registral correspondiente; concesión que se hizo extensiva al Actuario adscrito al Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Por proveído de veintisiete de julio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia referida y se requirió a las responsables su cumplimiento. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con residencia en Ticul, Yucatán, remitió el oficio 987 (fojas 160 a 164), mediante el cual en acatamiento a la ejecutoria dictada en este juicio, el seis de agosto de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el embargo trabado el siete de septiembre de dos mil once y ordenó la cancelación de la inscripción al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Por su parte, la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, mediante oficio de diez de agosto de dos mil dieciocho, informó que se había cancelado el embargo trabado sobre los inmuebles con folios electrónicos 170364 y 96123. Sin embargo, la referida autoridad registradora únicamente acompañó a su oficio de mérito, la boleta relativa a la cancelación de embargo respecto del predio número doscientos noventa y cinco, letra "C", de la calle veintitrés, de la localidad y municipio de Ticul, Yucatán, con folio electrónico 170364. Por tanto, la autoridad responsable no se apegó a la ejecutoria de amparo, pues no obstante que manifestó que había cancelado los referidos embargos, lo cierto es, que no acreditó ante esta autoridad que hubiere cancelado el embargo respecto del predio número doscientos cincuenta y dos, de la calle siete, letra "A", del fraccionamiento Residencial Ticul, de la localidad y municipio de Ticul, Yucatán, con folio electrónico 96123. En vista de lo anterior, se tuvo por no cumplido el fallo protector por parte de dicha autoridad y se le requirió nuevamente para que cumpliera con la ejecutoria de mérito. Ante ello, la Directora responsable, mediante oficio INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/943/2018, de veintinueve de agosto del año en curso, envió la boleta relativa a la cancelación del embargo trabado sobre el predio número doscientos cincuenta y dos, de la calle siete del fraccionamiento Residencial Ticul, de Ticul, Yucatán, con número de folio electrónico 96123. A lo anteriormente expuesto, debe decirse que las responsables acataron debidamente el fallo protector, pues dentro del ámbito de sus funciones, procedieron a realizar la cancelación respecto de los predios de referencia, lo que acreditaron con las constancias correspondientes que adjuntaron a sus oficios de cumplimiento. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que las autoridades responsables, se ajustaron a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitieron, ya que atendieron cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que les fueron señalados como directrices bajo las que debían ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendieron en forma correcta. Por lo anterior, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó tanto la suspensión provisional como definitiva, lo anterior acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que cuenta con un plazo de noventa días para que se presente ante este órgano jurisdiccional, a recoger la documental exhibida con la demanda de amparo, la cual se le devolverá previa razón y recibo que se deje en este expediente; apercibida de que en caso de no hacerlo, la misma podrá ser destruida, conforme al citado Acuerdo General conjunto. Notifíquese personalmente y cúmplase. SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO Y QUEJOSO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Con conocimiento de las partes, agréguese a estos autos el oficio de cuenta INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/943/2018, de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, y anexo que acompaña, que remite en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto, como se le requirió por acuerdo de veintiocho de agosto último. Al efecto, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesado de lo anterior, así como del diverso oficio 987, de la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, y anexo que acompañó, recibidos por auto de nueve de agosto recién finalizado. Lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

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