María del Rosario Capulín Jiménez

Expediente 234/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
234/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
09/05/2019

Partes del expediente

  • María del Rosario Capulín Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no fue recurrido; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que QUEDA FIRME el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por lo que hace al presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de un análisis efectuado a las copias certificadas de los juicios ejecutivos mercantiles **************, que remitieron respectivamente los Jueces Sexto y Primero Menores Civiles con sede en esta ciudad a su informe justificado, a las cuales el suscrito les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, llega al convencimiento de que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Con la finalidad de capitalizar la causal de improcedencia invocada, es necesario establecer los antecedentes siguientes: 1. Ante el Juzgado Sexto Menor Civil de esta ciudad, *************, en su carácter de acreedor, demandó en la vía ejecutiva mercantil a ************** (quejosa) y otra, el pago de la cantidad de $4,284.00 (cuatro mil doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M. N.), entre otras prestaciones; demanda que quedó radicada bajo el expediente ***************. 2. En proveído de ocho de marzo del año en curso, se dictó auto con efectos de mandamiento en forma para que la parte demandada fuera requerida de pago, y para el caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar el monto de la deuda, y una vez practicado lo anterior, se procediera al emplazamiento a juicio. 3. Asimismo, en el Juzgado Primero Menor Civil de esta ciudad, ************, en su carácter acreedor, demandó en la vía ejecutiva mercantil a María del Rosario Capulín Jiménez (quejosa) y otra, el pago de la cantidad de $4,567.00 (cuatro mil quinientos sesenta y siete pesos 00/100 M. N.), entre otras prestaciones; demanda que quedó radicada bajo el expediente ***************. 4. En proveído de siete de marzo del año en curso, se dictó auto con efectos de mandamiento en forma para que la parte demandada fuera requerida de pago, y para el caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar el monto de la deuda, y una vez practicado lo anterior, se procediera al emplazamiento a juicio. 5. Cabe señalar que en ambos juicios se encuentra pendiente de llevar a cabo la diligencia encomendada; siendo hasta el momento el estado procesal que guardan los controvertidos de origen. 6. Lo anterior se robustece, con lo expuesto por la Directora de la Oficina de Partes Común de Partido Judicial con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, ya que al respecto refirió que respecto a las diligencias de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento ordenadas en los juicios Ejecutivos Mercantiles ****************, promovidos en contra de la aquí quejosa, se encontraba pendiente su ejecución. Dicho esto, debe decirse que el suscrito estima que previo a la promoción del presente juicio, la quejosa tuvo que haber impugnado dicho acto mediante el recurso de revocación contenido en los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio vigente, que estatuyen: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $574,690.47 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. De lo numerales transcritos se desprende que: Son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables. Es improcedente la apelación en los juicios mercantiles que se ventilen en juzgados menores o que el monto de la suerte principal sea inferior a quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M. N.). Respecto de dicho tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor -como en el caso-, son impugnables mediante el recurso de revocación, no así las sentencias donde sigue operando la regla general de la apelación. De lo anterior se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama los autos de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento emitidos respectivamente en su contra en los juicios ejecutivos mercantiles ******************, de la estadística de los Juzgados Sexto y Primero Menores Civiles de esta ciudad, y el referido numeral 1334 del Código de Comercio prevé un recurso -revocación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación que el mismo juzgador dictó; es incuestionable que la quejosa, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Resta mencionar que sobre el acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) La quejosa no es persona extraña al procedimiento, ya que como se dijo, puede comparecer al procedimiento de origen, donde aún no se ha emitido sentencia definitiva. Por ello, se insiste que la peticionaria de amparo previo a instar este juicio debió interponer el señalado medio de impugnación para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Sin que sea obstáculo, que el acto reclamado pueda considerarse como de imposible reparación, en virtud que la Primera Sala del Alto Tribunal consideró que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Resta mencionar que no constituye obstáculo para sobreseer fuera de audiencia la circunstancia de que las demás autoridades señaladas como responsables en el presente juicio hayan negado la existencia del acto a ellas atribuido (con excepción del actuario que fue señalado en su calidad de ejecutor), en función de que su negativa fue categórica, de ahí que sea ocioso esperar hasta el momento en que se celebre la audiencia constitucional, debido a que la peticionaria no podrá acreditar su existencia; además, la decisión asumida tiene como fin respetar el principio de expedites en la impartición de justicia establecido en el magno 17 constitucional.

  3. Incidental

    Visto el estado de los autos así como la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no exhibió dentro del término otorgado, la garantía que le fue fijada en resolución interlocutoria de veintinueve de marzo del año en curso, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida; lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable para los efectos señalados en el segundo párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Agréguense a los autos los pedimentos de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele haciendo manifestaciones en vía de alegatos, las que podrán ser tomadas en consideración al resolver el presente juicio. Respecto a la copia que solicita, dígasele que una vez que ello acontezca, previa insistencia de su parte se acordará lo conducente.

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