María del Rocío Alcántar Ruíz
Expediente 868/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 868/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María del Rocío Alcántar Ruíz
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al que acompaña la ejecutoria de veinticinco de noviembre del año en curso, en la que se consignan los puntos resolutivos siguientes: ".PRIMERO.- Es fundado el recurso de queja. SEGUNDO.- Se deja insubsistente la resolución recurrida. TERCERO.- Devuélvanse a la Presidencia de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, los autos relativos al recurso de queja 158/2015, en que se actúa y las constancias que la integran concernientes al amparo indirecto 868/2015-I, perteneciente al índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, para que se tramite el asunto como amparo directo." Acúsese recibo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, ya que la parte quejosa no realizo manifestación alguna respecto de si está de acuerdo o no en que de hacerse público el contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, se le tiene aceptando que se publiquen esos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual comunica que admitió el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, en contra del proveído de ocho de octubre del año en curso.
- Principal
Agréguense en autos los escritos signados por *********, tutor definitivo de *********; en atención al contenido del primer ocurso, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de ocho de octubre de dos mil quince, así como señalando las constancias que en copia certificada deberán remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver el referido medio de impugnación. II. En razón de lo anterior y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Decimosexto Circuito, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con su respectiva notificación, así como de las constancias señaladas por la parte quejosa y las que se estimen pertinentes para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente el suscrito el de ocho de octubre de dos mil quince, determinó desechar la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Por otra parte, respecto al contenido de su segundo escrito, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previo recibo que se deje en autos de su entrega.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ********, tutor definitivo de ********, calidad que acredita en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, con la copia certificada que anexa de las constancias relativas al procedimiento especial C272/2014, sobre declaración de estado de interdicción, contra actos del Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Moroleón, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 868/2015-I. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Atendiendo a dichas directrices, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Bajo la premisa expuesta se precisa que el acto reclamado en la presente instancia consiste en: La audiencia de juicio celebrada el diecisiete de septiembre del año en curso, en el juicio ordinario familiar ******** del índice del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Moroleón, Guanajuato, donde se pronunció sentencia de primer grado, por la cual se resolvió el juicio. Dicho esto, es necesario destacar que el artículo 894 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, establece: "Artículo 894. Dentro de la audiencia en los juicios orales la apelación sólo procede en contra de: I. El auto que resuelva sobre excepciones procesales y cosa juzgada; II. Los autos que resuelvan incidentes de nulidad de actuaciones y notificaciones y el de recusación de peritos; III. Las sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio; y IV. La determinación que niegue alguna medida. De la lectura del precepto legal transcrito, se desprende que el recurso de apelación es procedente, entre otros supuestos, contra las sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio, hipótesis que acontece en la especie, ya que en la audiencia que reclama se pronunció sentencia. Por tanto, si en el caso concreto la parte quejosa acude a esta instancia constitucional doliéndose de la sentencia de primer grado de diecisiete de septiembre pasado, celebrada por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Moroleón, Guanajuato, en el juicio ordinario familiar ******** de su estadística, donde se dictó sentencia en primer grado; y si, de acuerdo a lo razonado en acápites que anteceden, el numeral 894 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, prevé un medio de defensa que tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia dictada en primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados; es incuestionable que en contra del acto reclamado procede recurso de apelación, previo a la promoción del presente juicio. Además, debe ponerse de relieve que sobre los actos que se combaten no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamo no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) La quejosa no es persona extraña al procedimiento, ya que como se dijo es parte formal en el procedimiento de origen. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los numerales 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29 de la ley de la materia, la presente determinación, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, practíquenseles mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley anteriormente citada, dígase al promovente, que a fin de respetar su intimidad, que al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el primer precepto invocado se omitirán sus datos personales cuando manifieste su oposición de manera expresa, en la inteligencia de que la falta de dicha oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos; asimismo, que las referidas restricciones a la difusión de las sentencias emitidas por los Órganos Jurisdiccionales no operan respecto de quién o quienes en términos de la legislación procesal aplicable estén legitimados para solicitar copias de las mencionadas sentencias. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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