MARÍA DEL ROSARIO ÁVILA GÓMEZ y Otros.

Expediente 1993/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1993/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
26/01/2016

Partes del expediente

  • MARÍA DEL ROSARIO ÁVILA GÓMEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE MARÍA DEL ROSARIO ÁVILA GÓMEZ, EL ACUERDO DE TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, QUE DICE: Analizada la demanda de amparo promovida por María del Rosario Ávila Gómez, contra actos del Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1993/2015. CAUSA DE IMPROCEDENCIA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". De acuerdo con la disposición transcrita, se advierte que antes de acudir al juicio de amparo contra actos judiciales, el promovente debe agotar previamente los medios ordinarios de impugnación del acto reclamado, ya que dada su naturaleza extraordinaria, el juicio de amparo solamente procede excepcionalmente contra actos revisados mediante los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos, salvo casos de excepción. Por otra parte, los artículos 1°, 2, fracción I, y 280, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, prevén lo siguiente: "Artículo 1°. Las disposiciones del presente Código tienen por objeto regular las bases generales de los actos y procedimientos de la Administración Pública; así como el recurso de revocación y el juicio contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional competente. Los procedimientos administrativos, así como los recursos y medios de impugnación a que se refiere el párrafo anterior, deberán estar regulados por leyes especiales y se regirán por éstas en lo que no se opongan al presente Código y, en lo no previsto en dichas leyes, se aplicarán las disposiciones de este ordenamiento. Los recursos y medios de impugnación no previstos en el presente Código o en las leyes especiales, se tendrán por inexistentes o insubsistentes. Quedan excluidos de la aplicación de este Código los actos administrativos y los procedimientos en materia laboral, electoral, de derechos humanos y de procuración de justicia, así como los actos de nombramiento y remoción de los servidores públicos estatales y municipales, excepto los relacionados con la remoción, cese o baja de integrantes de las instituciones de seguridad pública del Estado y municipales. Artículo 2. Para efectos del presente Código, se entenderá por: I. Acto administrativo: La declaración unilateral de voluntad, externa, particular y ejecutiva, emanada de la Administración Pública, que tiene por objeto crear, transmitir, reconocer, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta para la satisfacción del interés general; (.)" "Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: (.) II.- Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute, o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares; (.)". Adicionalmente, aun cuando no la parte quejosa no solicite la suspensión del acto reclamado se le destaca que los artículos 266 a 268, 305 y 306, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, establecen: "Artículo 266. El interesado podrá solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del acto o de la resolución recurrida, en cualquier momento hasta antes de que se resuelva la revocación. La autoridad que conozca del recurso deberá acordar lo conducente dentro de los cinco días siguientes a la solicitud. Artículo 267. La autoridad que conozca del recurso, al resolver sobre la solicitud de suspensión deberá señalar, en su caso, las garantías necesarias para cubrir los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con dicha medida. Tratándose de indemnizaciones y sanciones pecuniarias y demás créditos fiscales, el recurrente deberá garantizar el interés fiscal en cualquiera de las formas previstas por la Ley de la materia. En los casos que proceda la suspensión, pero su otorgamiento pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, el interesado deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que pudieran ocasionar con dicha medida. Artículo 268. No se otorgará la suspensión en aquellos casos en que se cause perjuicio al interés social, se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el procedimiento. (.) Artículo 305. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes y actos que de llegar a consumarse hicieran imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el juicio contencioso, ante la Sala que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 306. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se dicte sentencia. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio al interés público, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, o bien, cuando a criterio de la Sala sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la Sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó." De los artículos transcritos, se advierte que al promover el juicio contencioso administrativo, se puede solicitar la suspensión del acto impugnado. En relación con lo anterior, cabe destacar el contenido de los artículos 128, 129 y 154, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. "Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión." Ahora bien, del examen comparativo de los artículos transcritos del Código de Procedimientos Administrativos para la Entidad, en relación con los transcritos de la Ley de Amparo, se pone de manifiesto que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el recurso de revocación o en el juicio de nulidad, no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, atendiendo a que ambas legislaciones, en lo conducente, disponen que: -La debe solicitar el agraviado. -Procede si no se causa perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. -Se puede solicitar en cualquier momento hasta antes de que la sentencia quede firme. -Los términos y condiciones para fijar la garantía son similares. HECHOS En el caso, en el escrito de demanda la parte quejosa, reclama destacadamente el oficio VD/0717/2015 de veintiséis de octubre de dos mil quince, signado por la Jefa del Departamento de Vigencia de Derechos del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, mediante el cual dio contestación a su solicitud relacionada con el beneficio de jubilación, mismo que fuera contestado en términos de la sección segunda, artículo 35, de la Ley 287 del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que previo al juicio constitucional y a fin de cumplir con el principio de definitividad que lo rige, la parte quejosa debió impugnar el acto reclamado, a través del juicio contencioso administrativo, ante la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el cual tiene como finalidad la restauración de un derecho o la resolución de una controversia, mediante una sentencia por parte de la Sala Regional de mérito, por medio de la cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Ello tomando en consideración que la relación que existe entre el aquí quejoso y las responsables es de naturaleza administrativa, razón por la cual la competencia para conocer de los conflictos suscitados entre éstos, corresponde a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Tienen aplicación las tesis siguientes: Época: Novena Época Registro: 177279 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Septiembre de 2005 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 111/2005 Página: 326 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva. Octava Época Registro: 216138 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 66, Junio de 1993 Materia(s): Administrativa Tesis: VII.A.T. J/21 Página: 55 "JUICIO PREVISTO POR LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE VERACRUZ. OBLIGACION DE INSTAURARLO PREVIAMENTE AL EJERCICIO DE LA VIA CONSTITUCIONAL. De conformidad con los artículos 1o., 3o., 21, fracciones I, II y III, 30 y sexto transitorio de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, cabe instaurar juicio ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a través del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados por el quejoso, antes de acudir a la vía constitucional de acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, y al no hacerse así, se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse el juicio con apoyo en el diverso 74, fracción III, ibídem. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Brenda Rosario Chiquito Aquino y Efraín Abraham Romero Pastoressa, debido a que tienen sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y, únicamente para oír y recibir toda clase de notificaciones e imponerse de los autos a las restantes personas, por no contar con dicho registro. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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