María del Rosario Aguilar Rosas y Otros.
Expediente 1217/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1217/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María del Rosario Aguilar Rosas y Otros.
- María del Rosario Aguilar Rosas
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE PROMOVENTE MARÍA DEL ROSARIO AGUILAR ROSAS, MAYRA DEL ROSARIO DURÁN AGUILAR Y LEONEL RAFAEL DURÁN AGUILAR , EL AUTO QUE DICE: María del Rosario Aguilar Rosas, Mayra del Rosario Durán Aguilar y Leonel Rafael Durán Aguilar promueven demanda de amparo contra actos del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1217/2016, que le corresponde. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito a examinar la demanda de amparo y en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia a desecharla de plano. En el presente caso, se advierte que se actualizan dos causales de improcedencia que, para mayor comprensión se estudiaran por separado. a. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA RESPECTO DE LAS QUEJOSAS MARÍA DEL ROSARIO AGUILAR ROSAS, MAYRA DEL ROSARIO DURÁN AGUILAR. PROPUESTA DEMOSTRATIVA En primer lugar, se considera respetuosamente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la parte quejosa María del Rosario Aguilar Rosas y Mayra del Rosario Durán Aguilar como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de dicha Ley. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos dispone que las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, por lo que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en dicha Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo establece que son partes en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley mencionada y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo solamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. comentado en el párrafo anterior, pudiendo hacerlo el quejoso por sí, por conducto de su representante legal o apoderado, o por cualquier otra persona, en los casos y procedimientos específicos, previstos en la mencionada Ley. De la interpretación sistemática de los artículos mencionados, se deduce que es requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo el cumplimiento del principio de instancia de parte agraviada, lo cual implica que en el escrito de demanda correspondiente, mediante el cual se promueva la instancia de amparo, deberá estar plasmada la voluntad del directo quejoso o de su representante, por lo regular, mediante el asentamiento de su firma. HECHOS En el caso, de la certificación secretarial que antecede, así como el análisis íntegro de la demanda de amparo se advierte que el escrito de demanda que originó este asunto no está firmado por la parte quejosa María del Rosario Aguilar Rosas y Mayra del Rosario Durán Aguilar, quienes aparecen como promoventes en el proemio de la demanda. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que al no haber estampado las promoventes su firma o, en su caso, huella digital, la demanda deviene en un simple papel en el que no se incorpora la voluntad de éstas de presentarlo, por lo que no existe manifestación de voluntad para solicitar el amparo, ya que el documento respectivo no está suscrito por aquellas, y por tal, no puede ser admisible un escrito anónimo carente de autenticidad. No se inadvierte que de la papeleta de turno (foja 1) se omitió asentar, en el apartado de observaciones, que la demanda de amparo no contiene la firma de las quejosas María del Rosario Aguilar Rosas, Mayra del Rosario Durán Aguilar, lo cual podría generar la presunción de que el escrito de demanda se presentó en original y con las referidas signaturas; sin embargo, se considera que al haberse presentado el escrito de demanda mediante buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el personal adscrito a aquella no tuvo la oportunidad de asentar dicha circunstancia en el acuse o razón correspondiente, máxime que la firma del escrito de demanda manifiesta la voluntad de quien la suscribe, lo cual no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de su presentación. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis siguientes: Época: Décima Época Registro: 2009142 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: XVII.7 K (10a.) Página: 2154 "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.). En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA.". Registro No. 223817 Localización: Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Enero de 1991 Página: 213 Tesis Aislada Materia(s): Común "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN, NO CONTRAVIENE DISPOSICIÓN LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión." Registro No. 208351 Localización: Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación XV-II, Febrero de 1995 Página: 303 Tesis: VI.1o.151 K Tesis Aislada Materia(s): Común "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por cuanto hace a las quejosas María del Rosario Aguilar Rosas y Mayra del Rosario Durán Aguilar con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. b. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA RESPECTO DEL QUEJOSO LEONEL RAFAEL DURÁN AGUILAR. PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso de oficio se advierte respetuosamente, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por cuanto hace a los actos que reclama el quejoso Leonel Rafael Durán Aguilar como se explica enseguida: HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos cuya constitucionalidad fue analizada en un diverso juicio de amparo. Asimismo, del mencionado artículo cabe destacar que se utiliza la expresión "materia de ejecutoria", término que refiere en el caso concreto a las resoluciones concluidas, con el fin de preservar la "cosa juzgada", a fin de evitar que en una segunda ocasión se realice el análisis de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de una segunda decisión de amparo. Lo anterior, con el interés para evitar que en los diversos juicios de amparo que se tramitan ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se emitan sentencias contradictorias, pues implicaría desconocer la decisión previa adoptada, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados, por lo que se estarían contraviniendo los principios de continencia de la causa y cosa juzgada. HECHOS En el caso, acorde con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio que la parte quejosa promovió el diverso juicio de amparo identificado con el número 1004/2016 del índice del Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad en contra de actos del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades en el que señaló como acto reclamado el oficio número 014012 de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis emitido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en el Estado de Veracruz que ordenó el cambio de adscripción del quejoso como trabajador del Juzgado de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Pacho Viejo, Veracruz al diverso Juzgado Mixto Menor del Distrito Judicial de Acayucan, Veracruz. Asimismo, se destaca que mediante acuerdo de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, emitido en el diverso juicio de amparo 1004/2016 del índice del Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad se desechó la demanda de amparo respecto del mismo acto que constituye el reclamado en estos autos; proveído que quedó firme mediante el diverso de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis. CONCLUSIONES De lo anterior, se concluye respetuosamente que el acto reclamado en este asunto, consistente en el oficio número 014012 de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis emitido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en el Estado de Veracruz que ordenó el cambio de adscripción del quejoso como trabajador del Juzgado de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Pacho Viejo, Veracruz al diverso Juzgado Mixto Menor del Distrito Judicial de Acayucan, Veracruz, también fue materia de análisis del diverso juicio de amparo 1004/2016 del índice del Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad promovido por el mismo quejoso, atribuido a la misma autoridad responsable. En ese contexto, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Tienen aplicación las tesis siguientes: "Registro No. 164818 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Abril de 2010 Página: 2717 Tesis: I.7o.A.132 K Tesis Aislada Materia(s): Común COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados "Registro No. 166168 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Octubre de 2009 Página: 1529 Tesis: I.2o.P.183 P Tesis Aislada Materia(s): Penal, Común EJECUTORIA. ALCANCE DE SU CONNOTACIÓN CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La connotación ejecutoria tiene el referente procesal que lo identifica con la institución de la cosa juzgada, misma que atañe a la decisión judicial que en jurisdicción definida tiene los atributos de firmeza e inamovilidad; rige en forma directa a propósito de los aspectos sustantivos de la litis, aunque también, por excepción, impera en torno a situaciones adjetivas que impiden ejercer nuevamente la acción previamente rechazada. Ambos supuestos se actualizan en el caso de la acción de amparo, de tal manera que, con referencia al tema procesal, la fracción IV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina la improcedencia del juicio de garantías cuando se promueve contra "actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior", remisión normativa en vía de antecedente por la que se exige que en forma previa se haya promovido la acción de amparo por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado; de tal manera que si en el trámite del juicio de amparo directo un Tribunal Colegiado de Circuito determina la improcedencia de la acción por calificar que el quejoso realizó una manifestación de voluntad que entrañó su consentimiento con respecto al acto controvertido, en tal supuesto, es indefectible que ante la firmeza procesal de esa decisión que impidió el curso de la acción, aplica por identidad los alcances del concepto ejecutoria, en virtud de que por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, no cabe la posibilidad que posterior a esa resolución diverso Tribunal Colegiado esté en aptitud de efectuar nuevo pronunciamiento sobre si existió o no dicho consentimiento, pues admitir tal facultad implicaría reconocer la relatividad de la decisión previa adoptada y, más aún, avalar la coexistencia válida de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda interpretación se concluyera en sentido contrario al originalmente resuelto. En consecuencia, procede declarar actualizada la causa de improcedencia analizada y se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO respecto del quejoso Leonel Rafael Durán Aguilar, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se faculta como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que designa, debido a que no tienen su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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