María del Roció Julieta Jiménez García
Expediente 1043/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1043/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/09/2019
Partes del expediente
- María del Roció Julieta Jiménez García
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de destrucción en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó, en el entendido que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, en virtud de que se formó un Anexo I con motivo de las copias certificadas, remitidas por la Titular del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla; devuélvanse a su lugar de origen, por lo que se ordena glosar a los autos la carátula de citado anexo, como constancia de envío.
- Principal
R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por MARÍA DEL ROCÍO JULIETA JIMÉNEZ GARCÍA, respecto del acto y autoridad que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Titular del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en tales condiciones, con el contenido del mismo, dese vista a las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Por otra parte, atendiendo a la voluminosidad de las constancias remitidas por la referida responsable, se ordena formar el ANEXO I de este juicio, el cual conservará su folio original; del mismo modo, se hace constar que en términos del artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, dichas constancias se encuentran a su disposición en el expediente impreso los cuales no se agregan en su versión electrónica dado su tamaño. Lo anterior con sustento en la tesis I.3o.C.104 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2342 del Tomo XXXIII, febrero de dos mil once, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, titulada: "JUICIO DE AMPARO. LAS DOCUMENTALES EXHIBIDAS POR LAS AUTORIDADES SE DEBEN CONSIDERAR FORMALMENTE AGREGADAS AL EXPEDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE INTEGRE UN LEGAJO POR SEPARADO". NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de quince de abril de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (fojas 129 y 130): ".deje insubsistente la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el Toca de Apelación 134/2017, y en su lugar dicte otra en la que, REITERANDO todo lo expuesto y señalado en la misma en relación con el tema de la impugnación al acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil trece, dictado en el expediente 740/1997, del Juzgado Décimo Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla, elimine lo relativo a la condena en costas que decretó en esa resolución en contra de los hoy quejosos. Asimismo, mediante oficios recibidos el dieciséis de mayo y cuatro de junio de dos mil diecinueve, las autoridades responsables dieron cumplimiento a la sentencia de amparo, toda vez que el Juez Décimo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, informó que se abstendrá de ejecutar la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca 134/2017 (foja 144). Asimismo, la diversa autoridad responsable Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución quince de mayo de dos mil diecinueve, dentro del toca 134/2017, en la que dejó insubsistente la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho y dictó otra siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo (fojas 150 a 158). Por auto de cinco de junio de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con tales documentos, mismo que se les notificó el once de junio del año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por el Juez Décimo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla y la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla,-las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio-, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que la primera autoridad, informó que se abstendrá de ejecutar la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca 134/2017. Asimismo, la segunda autoridad, remitió copia certificada de la resolución quince de mayo de dos mil diecinueve, dentro del toca 134/2017, en la que dejó insubsistente la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho y dictó otra siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de destrucción, en el apoyo en la fracción III del Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser destruido, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, intégrese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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