María del Rocio Herrada Hernández
Expediente 1434/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1434/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/09/2015
Partes del expediente
- María del Rocio Herrada Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos el escrito de María del Rocío Castrillo Herrada autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa María del Rocío Herrada Hernández, visto su contenido, como lo solicita con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dígasele que deberá comparecer la quejosa ante este Juzgado Federal, en forma personal debidamente identificada, en el horario comprendido de nueve a doce horas, de lunes a jueves, por así permitirlo las labores del juzgado, para que se le haga la devolución de los documentos que solicita, previa copia certificada que de ellos se deje en autos, recabándose razón de su entrega. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil quince. Vistos los presentes autos y la certificación del secretario, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la nueva Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintiocho de agosto de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Se determina que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
En veintiocho de agosto de dos mil quince, doy cuenta con el oficio del Encargado de Despacho de la Dirección de Vialidad Estatal. Conste.San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de agosto de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio del Encargado de Despacho de la Dirección de Vialidad Estatal, mediante el cual rinde su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la nueva Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías y en específico de las copias certificadas enviadas por el Encargado de Despacho de la Dirección de Vialidad Estatal, que adjunta a su informe justificado de cuenta, las que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la quejosa María del Rocío Herrada Hernández en la demanda de amparo señaló como acto reclamado la omisión de dar contestación al escrito de trece de mayo de dos mil quince. Por otra parte, el Encargado de Despacho de la Dirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado; asimismo, de las constancias que adjunta al mismo, se advierte que el veintinueve de mayo de dos mil quince, dio contestación a la petición de la quejosa formulada mediante el escrito de trece del mismo mes y año, cuya falta de acuerdo se reclama en esta instancia, acordando favorablemente su petición y entregando el original de la infracción solicitada y lo notificó a través del abogado de la quejosa. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados al Titular de la Dirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que María del Rocío Herrada Hernández acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de dar contestación al escrito de trece de mayo de dos mil quince. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintinueve de mayo de dos mil quince, dio contestación al escrito cuya falta de acuerdo se reclama en esta instancia; y, que el veintinueve del mismo mes y año, notificó dicha determinación a la quejosa, entregando en ese acto el original de la infracción solicitada. Bajo esa óptica, es dable concluir que la autoridad responsable al haber dado constatación al escrito cuya falta de acuerdo se reclama, cesaron los efectos de la omisión de la que se duele la peticionaria de amparo, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable diera contestación al escrito de trece de mayo de dos mil quince, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el veintinueve del mismo mes y año, la responsable emitió la resolución correspondiente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que María del Rocío Herrada Hernández reclamó del Titular de la Dirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En tales condiciones, se deja sin efecto las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de septiembre de dos mil quince, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese, y personalmente a la quejosa.
- Principal
En veintiocho de agosto de dos mil quince, doy cuenta con el oficio del Encargado de Despacho de la Dirección de Vialidad Estatal. Conste.San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de agosto de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio del Encargado de Despacho de la Dirección de Vialidad Estatal, mediante el cual rinde su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la nueva Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías y en específico de las copias certificadas enviadas por el Encargado de Despacho de la Dirección de Vialidad Estatal, que adjunta a su informe justificado de cuenta, las que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la quejosa María del Rocío Herrada Hernández en la demanda de amparo señaló como acto reclamado la omisión de dar contestación al escrito de trece de mayo de dos mil quince. Por otra parte, el Encargado de Despacho de la Dirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado; asimismo, de las constancias que adjunta al mismo, se advierte que el veintinueve de mayo de dos mil quince, dio contestación a la petición de la quejosa formulada mediante el escrito de trece del mismo mes y año, cuya falta de acuerdo se reclama en esta instancia, acordando favorablemente su petición y entregando el original de la infracción solicitada y lo notificó a través del abogado de la quejosa. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados al Titular de la Dirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que María del Rocío Herrada Hernández acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de dar contestación al escrito de trece de mayo de dos mil quince. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintinueve de mayo de dos mil quince, dio contestación al escrito cuya falta de acuerdo se reclama en esta instancia; y, que el veintinueve del mismo mes y año, notificó dicha determinación a la quejosa, entregando en ese acto el original de la infracción solicitada. Bajo esa óptica, es dable concluir que la autoridad responsable al haber dado constatación al escrito cuya falta de acuerdo se reclama, cesaron los efectos de la omisión de la que se duele la peticionaria de amparo, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable diera contestación al escrito de trece de mayo de dos mil quince, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el veintinueve del mismo mes y año, la responsable emitió la resolución correspondiente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que María del Rocío Herrada Hernández reclamó del Titular de la Dirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En tales condiciones, se deja sin efecto las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de septiembre de dos mil quince, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese, y personalmente a la quejosa.
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