María del Refugio Lizárraga Osornio

Expediente 313/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
313/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
07/06/2022

Partes del expediente

  • María del Refugio Lizárraga Osornio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, siete de junio de dos mil veintidós. I. Estado procesal. Del estado de autos se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para realizar manifestaciones respecto del cumplimiento de ejecutoria; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si la responsable cumplió con los lineamientos de la sentencia protectora. II. Relación de constancias. Mediante resolución constitucional emitida el veintiocho de abril de dos mil 1 Del referido cómputo, se excluyen los siguientes días: cuatro y cinco de junio de dos mil veintidós, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. ... se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para efecto de que la responsable: "Realicen las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 1043/2021" II. Calificativo de cumplimiento. El veintiocho de abril de dos mil veintidós3 , se recibió en este Juzgado, oficio proveniente del presidente de la Junta responsable, en el que anexa copia certificada de la diligencia de veintiséis de abril de la anualidad que transcurre, en la que se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento de la parte demandada del controvertido de origen 1043/2021, III. Causó ejecutoria y vista de cumplimiento. Posteriormente mediante proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós4 , causó ejecutoria el fallo protector concedido y se otorgó vista a la parte quejosa por tres días, para que expresara lo que a su interés legal convenga respecto de la constancia de emplazamiento citada en párrafo previo, con la prevención de que transcurrido dicho plazo este juzgador se pronunciaría sobre el cumplimiento de ejecutoria, sin que al respecto hiciera manifestación alguna. Por las consideraciones vertidas la sentencia de amparo se califica como totalmente cumplida sin exceso ni defecto para todos los efectos legales a que haya lugar. IV. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal5 , depúrese el presente una vez transcurridos tres años, toda vez que se concedió el amparo solicitado y archívese este asunto como concluido. V. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE). VI. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y, por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa, autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Integración de oficio. Agréguense a los autos el oficio y anexo presentados por el presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y en cuanto a su contenido, provéase lo conducente una vez que cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente sumario. Integración de escrito. Agréguese a los autos sin mayor trámite, el escrito de cuenta presentado por los autorizados legales de la parte quejosa María del Refugio Lizárraga Osornio, toda vez que el veintiocho de abril del año en curso, se dictó resolución en el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Audiencia y sentencia constitucional. En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con tres minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Ricardo Froylán Yépiz Rosas, Secretario con quien actúa y da fe declaró abierta la presente audiencia sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, el informe rendido por el presidente de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, en cumplimiento al oficio 6177/2022 dirigido a la autoridad señalada como responsable actuario notificador del de citada junta; y, con las constancias de notificación de la totalidad de las partes - quejosa, autoridad responsable y fiscal federal adscrito-; asimismo, se da cuenta con oficio número 929/2022, suscrito por el presidente de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, registrado bajo el folio 6325. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Por otra parte, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio 929/2022, que suscribe el presidente de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora; mediante el cual informe la imposibilidad que tiene para remitir las constancias que fueron solicitadas al actuario responsable de su adscripción en auto de ocho de abril de dos mil veintidós. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con la documental allegada por el presidente de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 313/2022 L-III, promovido por el María del Refugio Lizárraga Osornio, contra el acto atribuido al actuario notificador adscrito a la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora; y, Resultando. Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Demanda. Mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, María del Refugio Lizárraga Osornio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto reclamado que más adelante se puntualizará. 2. Trámite del juicio de amparo. El diecisiete de marzo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto registró la demanda bajo el expediente 278/2022 L-III; la admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención conducente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, y fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, de conformidad con los siguientes: Considerandos I. Competencia. 3. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como a la creación de este órgano jurisdiccional. II. Precisión del acto reclamado. 4. Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: "La omisión en la que ha venido incurriendo en practicar el emplazamiento a juicio de los demandados Instituto Mexicano del Seguro Social y Teléfonos de México, sociedad anónima bursátil de capital variable, dentro del juicio laboral 1043/2021." 5. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de este, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. 6. Esta situación es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que el o los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. III. Existencia del acto reclamado. 7. El actuario notificador adscrito a la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, no rindieron su informe justificado a pesar de estar debidamente notificado de la instauración del presente juicio de amparo; por lo que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós; y, se tiene por presuntamente cierto el acto reclamado, conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. 8. Además, de las constancias que obran en el sumario que nos ocupa, específicamente de los oficios que suscribe el presidente de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, se advierte que remitió copia certificada de los autos dictados el tres de noviembre de dos mil veintiuno y veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dictados dentro del juicio laboral 1043/2021; de los cuales se advierte que se comisionó al actuario de su adscripción para que llevara a cabo la notificación a la parte actora -aquí quejosa- y el emplazamiento de las demandadas en el juicio de origen; documentales que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2; de ahí que, resulta cierto el acto que se le atribuye al actuario notificador adscrito a la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora. IV. Consideraciones jurídicas 9. Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se configure alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. 10. La parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional, dado que la responsable no se ha ajustado a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo para el dictado del laudo. 11. El concepto de violación es fundado, toda vez que el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados el derecho de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla los subderechos o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. 12. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." 13. Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. 14. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. 15. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 16. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. 17. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. 18. Por su parte, los artículos 685, 686, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, establecen, entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan; que los presidentes de las juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. 19. Asimismo, se advierte que una vez radicada la demanda laboral, la junta debe señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley dentro de los quince días siguientes, por lo que el emplazamiento de las partes deberá llevarse a cabo, cuando menos con diez días de anticipación a la fecha señalada para tal efecto. 20. Ahora, en el caso, de las manifestaciones de la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de la constancia remitida por las responsables, se desprende que: a) El once de octubre de dos mil veintiuno, la quejosa presentó demanda laboral la cual quedó registrada como expediente 1043/2021. b) Posteriormente, el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, ante la falta de emplazamiento de la parte demandada en el controvertido de origen -ordenado mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno-, la Junta responsable señaló nuevamente las trece horas con treinta minutos del día veintisiete de mayo de dos mil veintidós, a fin de llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, proveído en el cual la junta ordenó el emplazamiento de la parte demandada. 21. Lo anterior, pone de manifiesto que el proceder de la autoridad responsable actuario notificador adscrito a la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, va en contra de los principios rectores del proceso laboral, en virtud de que se encomendó el emplazamiento de los demandados en el juicio de origen, sin que se advierta que se hayan hecho oportunamente las gestiones para tal efecto. 22. En consecuencia, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 constitucional, en tanto que la autoridad desfasa los plazos establecidos en el código obrero, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. 23. Por su parte, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva; sin embargo, dicha circunstancia no lo exime de la obligación que le impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. V. Decisión 24. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus atribuciones: Realicen, las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 1043/2021. 25. Respecto de los alcances de la protección federal, se destaca que se limitan a los actos reclamados y a la etapa procesal en la que se sitúan dentro del procedimiento laboral. 26. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve 27. Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a María del Refugio Lizárraga Osornio, respecto del acto reclamado precisado en el apartado II, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados IV y V de este fallo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de abril de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio, suscrito por la presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su oficio de cuenta. Ahora bien, teniendo en consideración que la autoridad, refiere que en el juicio 1043/2021, se ordenó el emplazamiento de la parte demandada, lo cual pudiera actualizar una causal de improcedencia en el presente asunto; por lo tanto con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad mencionada con antelación para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita en su totalidad copia certificada del expediente laboral 1043/2021, de su índice. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo establecido, con apoyo en los artículos 237 fracción I, y 259 de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, salvo impedimento legal acreditado que al efecto tuviere. Notifíquese; y por oficio a la autoridad. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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