María del Refugio Lizárraga Osornio

Expediente 280/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
280/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • María del Refugio Lizárraga Osornio
  • Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede no obran en el sumario documentos originales. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de abril de dos mil veintitrés.********************Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio que remite el presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, mediante el cual cumple con lo requerido en auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés.********************Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexas a al oficio que se atiende; por lo que es procedente proveer lo siguiente.********************Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.********************En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] ********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado********************[.]."********************Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. ********************De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal.********************Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija.********************Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: ********************"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." ********************En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en:********************La omisión de la Junta responsable de resolver respecto a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral ********************.********************La omisión de la responsable de acordar la promoción presentada el ocho de diciembre de dos mil veintidós, en oficialía de partes de esa autoridad.********************Ahora bien, el presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, en el oficio que se atiende, remitió copia certificada del proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en el que proveyó respecto a las pruebas ofrecidas por las partes y, asimismo, en dicho proveído dio contestación al escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral ********************.******************** En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión de proveer respecto a las pruebas ofrecidas por las partes y dar contestación al escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el juicio natural, lo cual ya aconteció, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto sus pretensiones se encuentran satisfechas, lo que torna improcedente su estudio por esta vía.********************En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: ********************"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE".********************Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las diez horas con dieciocho minutos del día de hoy.********************Háganse las anotaciones correspondientes, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.********************Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.********************RamiroRJ********************

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, y dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa, las cuales serán valoradas en cuanto a su procedibilidad en audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, dos de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de telegrama. Agréguese a los autos el telegrama remitido por la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Mexicali, Baja California, en el que informa que remitió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, el exhorto ** sin diligenciar. Se requiere cumplimiento. No obstante, con fundamento en el artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe las gestiones realizadas en relación con el exhorto deducido de los autos del expediente laboral **, del índice de la junta laboral mencionada. Apercibimiento. Apercíbasele que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del plazo indicado, salvo impedimento legal justificado que al efecto tuviere, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización , conforme los artículos 258, fracción I, y 193 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para iniciar el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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