María del Refugio García Aguilar

Expediente 705/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
705/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • María del Refugio García Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de siete de diciembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **************, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región, con residencia en Acámbaro, Guanajuato y otra autoridad, con apoyo en los Acuerdos Generales 21/2020 y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 705/2020-III. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, para una mejor comprensión de lo que se resolverá, es menester precisar el acto reclamado que se desprende del estudio y análisis conjunto de la demanda de amparo, atendiendo al criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Bajo la consideración anterior, se precisa que lo que la parte quejosa reclama es: El auto dictado por el Juez de Control en Materia de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con residencia en Acámbaro, dentro de la causa penal ************, instruida en contra del aquí quejoso por el hecho que la ley señala como delito de ejercicio arbitrario del propio derecho a título de dolo, en agravio de ************, en el que se convoca al quejoso a la audiencia inicial y como consecuencia de ello, la notificación realizada por el actuario de su adscripción. En ese orden, respecto a dicho acto reclamado, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos judiciales dictados fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió criterio al respecto, al determinar que la citación del imputado a la audiencia inicial, como en el caso que nos atañe, no constituye por sí sola un acto que afecte la libertad personal del investigado; ya que al considerar que se trata de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, para solicitar la presencia de una persona para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y, en su caso, se formulará la imputación correspondiente, en dicha audiencia, podrá ser o no vinculado a proceso, en su caso, ser sometido a una medida cautelar, no transgrede algún derecho fundamental del quejoso. El criterio de referencia se plasmó en la tesis de jurisprudencia 1ª./J.78/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público , en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente la libertad personal del quejoso, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos judiciales fuera de juicio será improcedente. En el caso, como previamente se estableció, el promovente del amparo acude a esta instancia constitucional reclamando esencialmente el auto dictado por el Juez de Control en Materia de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con residencia en Acámbaro, dentro de la causa penal ****************, instruida en contra del aquí quejoso por el hecho que la ley señala como delito de ejercicio arbitrario del propio derecho a título de dolo, en agravio de ****************, en el que fue convocado a la audiencia inicial. Lo que se corrobora con las manifestaciones vertidas por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, en relación a que el trece de noviembre del año en curso, el actuario adscrito al Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Acámbaro, le notificó el auto emitido dentro de la causa penal *********** iniciada en su contra, en el que se le informó que tenía que acudir a una audiencia ante el citado Juez, que lo es la citada audiencia inicial; aunado a que en el capítulo de acto reclamado, el propio quejoso destaca como acto reclamado el señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial, así como su notificación. Por tanto, como se puede observar, dicha determinación constituye un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse a la posibilidad de ser o no vinculado a proceso, a los cuales, no se les puede considerar como actos que afecten la libertad personal del quejoso, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, de manera que el acto reclamado en el caso no encuadra en la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor. Respecto a la notificación que se le realizó como consecuencia del auto emitido dentro de la causa penal ************ iniciada en su contra, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, puesto que el quejoso necesariamente está obligado a agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es decir, debe atender primeramente el medio ordinario de defensa previsto por la ley secundaria, pues su impugnación está sujeta a lo que se decida en el incidente que en su caso llegaré a hacer valer, por lo que al no haber sido así, dicho juicio es improcedente también por lo que se refiere a dicha notificación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otra parte, tomando en consideración que el quejoso solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Asimismo, téngase al promovente autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *************, al contar respectivamente con cédula profesional **************, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del precepto legal en cita, a ***************, al no encontrarse en ese supuesto. En atención a lo establecido en el artículo 22, fracción II, del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de la contingencia sanitaria que actualmente impera en el país, se le tiene otorgando el correo electrónico personal que refiere en su ocurso. En otro orden, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita al promovente para que: I. De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

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