María del Pilar Tirado Piña
Expediente 673/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María del Pilar Tirado Piña
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiocho de julio de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa María del Pilar Tirado Piña; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo con el requerimiento que se le hizo en proveído de veintidós de julio del año en curso, toda vez que manifiesta: Que los actos que reclama en esta instancia constitucional son: La resolución de veintidós de abril de dos mil dieciséis, que caducó el incidente de nulidad de actuaciones que promovió. La falta o ilegalidad de la notificación de esta determinación de caducidad. Que lo que reclamó en el incidente de nulidad de actuaciones que promovió fue: la falta o ilegalidad de la notificación de la sentencia definitiva que resuelve el juicio civil 458/2009 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato. Que la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados fue: el trece de julio de dos mil dieciséis. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, para una mejor comprensión de lo que se resolverá es necesario precisar los actos reclamados que se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, atendiendo al criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Bajo la consideración anterior, se desprende que la quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando: La falta o ilegalidad de la notificación de la resolución de veintidós de abril de dos mil dieciséis, que caducó el incidente de nulidad de actuaciones que promovió en contra de la notificación de la sentencia definitiva que resuelve el juicio civil 458/2009 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato. La resolución de veintidós de abril de dos mil dieciséis, que caducó el incidente de nulidad de actuaciones que promovió en contra de la notificación de la sentencia dictada en el juicio civil 458/2009 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato. De la lectura del arábigo mencionado, se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para que las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la establecida, o se omitieren, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado. Bajo esas premisas, se estima que como la peticionaria del amparo se duele de la falta o ilegalidad de la notificación de la resolución de veintidós de abril de dos mil dieciséis, que caducó el incidente de nulidad de actuaciones que promovió en contra de la notificación de la sentencia definitiva que resuelve el juicio civil 458/2009 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, y como ya se vio, el referido numeral 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, prevé un medio de defensa que tiene por objeto la nulificación de la notificación cuestionada, es inconcuso que la peticionaria, previo a acudir al amparo, debió agotar dicho medio ordinario de defensa para cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Ahora bien, respecto al acto citado en el inciso 2) de la presente, consistente en la resolución de veintidós de abril de dos mil dieciséis, que caducó el incidente de nulidad de actuaciones, promovido por la quejosa en contra de la notificación de la sentencia dictada en el juicio civil 458/2009 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, resulta importante destacar que el artículo 245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato estatuye: "Artículo 245. Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere le sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos." Del numeral transcrito se advierte que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez al resolver, entre otras cosas, los autos que "decidan un incidente". Bajo ese contexto, se insiste, que si la parte quejosa reclama la caducidad del incidente de nulidad de actuaciones propuesto en contra de la notificación de la sentencia definitiva, dictada en el juicio civil 458/2009 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, y el referido numeral 245 del mismo ordenamiento legal prevé un medio de defensa que tiene por objeto nulificar dicha notificación; es incuestionable que la quejoso, previo acudir al juicio de amparo, debió interponer el referido medio de impugnación -apelación- para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto la norma procesal aplicable contempla la procedencia del recurso de apelación contra los actos que "decidan" un incidente, sin distinguir si esa decisión se produce al desechar la demanda incidental por estimarla notoriamente improcedente, o bien, hasta la resolución de fondo que dirima la litis mediante el estudio de fondo de los planteamientos propuestos, declarándolos ya sea infundados o fundados, o declarando la caducidad del mismo. De tal suerte, dado que la ley no distingue, se estima que el juzgado tampoco debe distinguir, y por consiguiente la resolución que caduca el incidente de nulidad de notificaciones debe ser susceptible de impugnación a través del recurso de apelación, puesto que su caducidad implica la culminación del mismo, dejar intocada la notificación combatida. Así las cosas, como la solicitante del amparo no controvirtió dicho acto mediante el recurso de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además cabe señalar que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que no se trata de un tercero extraño a procedimiento y el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto a los actos citados en los inciso 1) y 2) de la presente determinación, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Por recibida la demanda de amparo que presenta María del Pilar Tirado Piña, contra actos del Juez Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 673/2016-II. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en las fracciones I, II y IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. A) La fracción IV del artículo 108 de la legislación en consulta establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión puede dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." En tal virtud, en el caso concreto la quejosa en el apartado relativo al acto reclamado señaló como tales: "1. DE LA AUTORIDAD ORDENADORA; le reclamamos, A LA C. LICENCIADA MARÍA GUADALUPE CARRERA TAMAYO, H. JUEZ ÚNICO CIVIL DE PARTIDO DEAPASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO, actos, acuerdos y omisiones; emitidos el 22 de abril de 2016, acuerdo que no me ha sido notificado de forma personal hasta la fecha, la cual conculca en mi perjuicio los Derechos Humanos Fundamentales, que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1,8, 14, 16 17, 103 y 107, que garantizan el libre acceso a la impartición de la justicia, la que deberá ser imparcial, inmediata y equitativa, lo que en el presente controvertido no ha sucedido, al ejecutarse la SENTENCIA SIN QUE EXISTA CONSTANCIA DE LEGAL NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA SUSCRITA PESE A SER PARTE DEMANDADA DEL PROCEDIMIENTO CIVIL 458/2009, Y SER CONDENADA, LIMITANDO MIS DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA Y DEFINITIVIDAD A LAS SECUELAS PROCESALES, QUE OTORGAN LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR NUESTRA CARTA MAGNA, POR LO QUE PROMOVÍ EL CORRESPONDIENTE INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, MISMO QUE HA MANDADO CADUCAR, sin que obre prevención sobre la caducidad de la instancia; CADUCIDAD QUE NO ME HA SIDO NOTIFICADA PERSONALMENTE. (.) 2.- De la autoridad EJECUTORA, le reclamamos.- La omisión de notificarme la sentencia y supuesta caducidad de la instancia respecto al incidente de nulidad de actuaciones, conculcando en mi perjuicio y dejándome en completo estado de indefensión la desconocer los alcances jurídicos de la sentencia de marras." De la narrativa anterior no se puede establecer con exactitud cuál es realmente la intención de la promovente del amparo, dado que aparentemente reclaman la resolución de veintidós de abril de dos mil dieciséis, que caduca el incidente de nulidad de actuaciones que promovió; sin embargo, hacen referencia a la omisión de la responsable de notificarle: a) La sentencia definitiva que resuelve el juicio civil 458/2009 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato; y, b) La resolución que caduca el incidente de nulidad citado. Lo que hace que su demanda se torne obscura e irregular, dado que no se puede establecer con exactitud cuál es el acto o actos que en esta instancia constitucional reclama; lo cual resulta necesario para no dejar en estado de indefensión a las responsables, ya que solamente sabiendo los actos que se les imputa estarían en condiciones de rendir su informe con justificación. Por ello, ante la vaguedad en la precisión del acto que reclama, es necesario que señale si efectivamente lo que impugnan es: La resolución de veintidós de abril de dos mil dieciséis, que caducó el incidente de nulidad de actuaciones que promovió. La falta o ilegalidad de la notificación de esta determinación de caducidad. O bien, la falta o ilegalidad de la notificación de la sentencia definitiva que resuelve el juicio civil 458/2009 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato. B) En relación con la fracción V, del artículo 108, de la ley de la materia, que dispone: "(.) "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En la especie, si bien es cierto que la solicitante del amparo, en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en el apartado respectivo, narró algunos hechos relativos al reclamado, también lo es que omitió expresar: Que fue lo que reclamó en el incidente de nulidad de actuaciones que promovió; y, La fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados que pretende sean analizados en esta instancia constitucional. Datos que al ser antecedentes de los actos que pretende impugnar en esta instancia constitucional, resultan determinantes para que el suscrito esté en aptitud de determinar lo conducente respecto de su procedencia. Conclusivamente, ante las irregularidades advertidas lo procedente, conforme a los artículos 108, fracciones IV y V, en relación con el 114, fracciones I, II y IV, ambos de la ley de la materia, es prevenirla para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Aclare, cuál es el acto que reclama en esta instancia constitucional, el citado en el inciso 1), o en el inciso 2), o bien, el mencionado en el inciso 3), de la presente determinación. Manifieste bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, tal y como se requirió en el inciso B) del presente proveído. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detecten en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Téngase a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona, y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Saúl Núñez Ramírez, Rebeca Torres González, Saúl Alejandro Núñez Torres y José Antonio Díaz Pérez, al no contar con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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