Maria del Pilar Pérez Galan

Expediente 699/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
699/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/08/2019

Partes del expediente

  • Maria del Pilar Pérez Galan

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte: la parte quejosa omitió impugnar el acuerdo de seis de agosto de dos mil diecinueve, por el cual se tuvo por no presentada la demanda origen de este juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, SE DECLARA QUE EL REFERIDO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo tanto, se ordena: hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, y carece de relevancia documental, en atención al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo. En último lugar, se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, posteriormente realice la certificación correspondiente. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    El estado procesal de este asunto y la certificación secretarial de cuenta, reflejan: El plazo de cinco días concedido a la quejosa para desahogar el requerimiento formulado en acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, transcurrió del veintinueve de julio al dos de agosto del año en curso, sin que lo hubiera hecho, a pesar de estar notificada para ello, como se advierte de la constancia de notificación respectiva. Bajo este contexto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda origen de este juicio de protección.

  3. Principal

    Se recibe la demanda de amparo signada por **, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura armónica de la demanda se advierten diversas irregularidades en torno al acto reclamado y las autoridades señaladas como responsables. Las cuales, a continuación se explican: De inicio, en ella se apuntó como acto reclamado, sólo a las autoridades responsables ordenadoras Juez Primero y Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la orden de aprehensión librada en contra de la quejosa. De ahí deriva la primera irregularidad, pues se omitió señalar el acto reclamado a las demás autoridades responsables. Luego, en lo tocante a la segunda irregularidad mencionada, esto es, a las autoridades señaladas como responsables, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; para este órgano judicial es un hecho notorio el contenido del oficio CJ506, signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el cual da a conocer el Acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla por el que se decreta el cierre de los juzgados sexto, séptimo y octavo de lo Penal, todos del Distrito Judicial de Puebla. Por ello, a partir del doce de noviembre de dos mil dieciocho, dejaron de recibirse los oficios dirigidos a tales juzgados. Y, los juzgados penales (del sistema tradicional) que continúan laborando, conocerán de los procesos que tenían los juzgados sexto, séptimo, octavo y noveno de lo Penal, todos del Distrito Judicial de Puebla. Por tanto, es evidente que a los Jueces Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de lo Penal en esta ciudad de Puebla, ya no les puede asistir el carácter de responsables. Sumado a ello, también se mencionaron como autoridades responsables ejecutoras a los "Juzgados 1, 2, y 3, de lo Civil en el Estado de Puebla". Lo cual es incongruente con lo asentado en el capítulo IV (acto reclamado) pues esas autoridades civiles carecen de facultades para ejecutar órdenes de aprehensión, y en todo caso, si la quejosa deseará reclamarles algún acto, este juzgado eventualmente carecería de competencia para calificar su constitucionalidad. En tales circunstancias, la demanda de amparo se torna confusa, pues no se tiene certeza de cuál es el acto reclamado en realidad y a quién se le imputa. En tales circunstancias, con fundamento en los artículos 112, 108, fracciones I y IV y 114, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que en el plazo de cinco días siguientes a aquél en el que surta efectos la notificación de este acuerdo: I. Aclare cuál es el acto que desea reclamar en este juicio de amparo, a todas las autoridades responsables. II. Señale si insiste en señalar como responsables a los Jueces Sexto, Séptimo, octavo y Noveno de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, así como a los Jueces Primero, Segundo y Tercero de lo Civil; o en su defecto, especifique si desea dejar de tenerlos como autoridades responsables. Además se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir con el requerimiento formulado en el inciso precisado con el numeral número I, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, las listas de este juzgado y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas señaladas en la demanda de amparo, por así haberlo solicitado. También, se hace saber a la quejosa que desde este momento se autoriza la toma de fotografías del expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se le hace saber: las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada existente en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información clasificada como reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, deberán sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa del solicitante, y las obtenidas serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se le hace saber el derecho que le asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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