MARia DEl PILAR CUAUTLE GUEVARA

Expediente 397/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
397/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
14/06/2019

Partes del expediente

  • MARia DEl PILAR CUAUTLE GUEVARA

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Al expediente el oficio y anexo de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. En él, remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja Q-59/2019, interpuesto por la quejosa +++, contra el auto de tres de mayo de dos mil diecinueve, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo. Entonces, se comunica a la quejosa nombrada que en dicha ejecutoria se resolvió como a continuación se transcribe: ".ÚNICO.- Se declara infundado el recurso de queja.". En consecuencia, se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y acusar el recibo de estilo correspondiente. Además, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo y carece de relevancia documental. Asimismo, se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.

  2. Principal

    Al expediente el oficio de cuenta signado por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. En él, acusa recibo del juicio de amparo 397/2019-VII, al cual le fue asignado el número de queja **; asimismo, informa que dicho tribunal de alzada admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por **.

  3. Principal

    Al expediente el escrito de cuenta, signado por **, por el cual interpone recurso de queja y formula agravios contra el proveído de tres de mayo de dos mil diecinueve, en el cual se desechó de plano la demanda de protección de derechos, que originó este juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por interpuesto dicho recurso. Por lo que se ordena remitir el recurso planteado, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano que deba substanciar el citado recurso. Además, se hace notar que es inviable atender lo establecido en el artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso de mérito) pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo . No paso por inadvertido, que en los autos del presente juicio, sólo obra el aviso de notificación de seis de mayo de dos mil diecinueve, relativo al acuerdo reclamado, en el cual se le requirió para que dentro de los dos días siguiente hábiles se presente a las instalaciones de este órgano jurisdiccional y, en el caso de omitir hacerlo se le notificaría mediante lista de este juzgado y por lista en la página electrónica. Sin embargo, la quejosa manifiesta que el citado proveído le fue notificado el seis de mayo del presente año. Por tanto, resulta innecesario esperar a que obre en autos la notificación de la quejosa a fin de remitir las constancias relacionadas con la queja interpuesta; sobre todo, porque aquella es a quien interesa la pronta substanciación del citado recurso. Por lo que desde este acuerdo se rinde el informe sobre el recurso de queja, en los términos siguientes : ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, puesto que el tres de mayo del año en curso, se desechó de plano la demanda origen de este expediente, por haberse encontrado una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad) que se actualizó respecto del acto combatido. Como justificante de lo anterior, se adjuntan copias certificadas de las constancias que dieron origen al recurso de queja, y las demás que se estiman necesarias.

  4. Principal

    Se recibe la demanda de protección signada por **, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin embargo, el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquéllo de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" . Ahora, de la demanda de amparo se advierte como actos reclamados destacados los siguientes:  La omisión de acordar los escritos de doce de septiembre y veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho; y,  La falta de notificación por estrados y/o en su domicilio señalado para recibir notificaciones, del proveído en recaído a los diversos escritos mencionados en el párrafo anterior. Ello, en principio, pudiera conducir a la admisión de la demanda de amparo; sin embargo, en el capítulo de hechos, señala que en el escrito de doce de septiembre de dos mil dieciocho -cuya falta de contestación reclama- ofreció diversas pruebas para efectos de la reparación del daño en autos de la carpeta de investigación **. De igual forma, a través del escrito de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, la quejosa solicitó al Agente del Ministerio Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la judicialización de la citada carpeta de investigación. En otras palabras la quejosa se duele de una omisión de la representación social que tiene por objeto la dejar de hacer lo conducente para integrar debidamente la carpeta de investigación -tener por desahogadas las pruebas ofrecidas-, así como la abstención de pronunciarse sobre el ejercicio de la acción penal -la judicialización de la investigación-. Entonces, a pesar de que aquella alegue una aparente violación al derecho de petición (artículo 8 constitucional), por la falta de contestación a los aludidos escritos, lo cierto es que, en términos de los artículos 14 y 17 constitucionales, esa falta de contestación constriñe con las reglas del procedimiento penal, en particular, la etapa de investigación inicial. Luego, esa omisión constituye una violación de carácter adjetivo, porque debe atender a las reglas expedida por el legislador nacional, a fin de que se obligue a la autoridad a dar respuesta a sus pretensiones. En ese sentido, al tratarse de una carpeta de investigación (**) debe agotarse la ruta ordinaria de impugnación. En efecto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales , prevé que las víctimas u ofendidos -como la aquí quejosa- que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por abstenciones u omisiones imputables al Ministerio Público encargado de una investigación, deben acudir ante el juez de control para que en caso de estimar ilegal su actuación lo conmine para que cese esa conducta. Entonces, resulta patente que los actos reclamados por la parte quejosa son impugnables a través de dicho recurso de control judicial; por ende, a fin de cumplir el principio de definitivita, debe agotarlo de manera previa al juicio de amparo indirecto. Así se desprende de la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 1ª./J.28/2018 (10a.) y 1a./J.27/2018 (10a.) de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES". Es más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en las jurisprudencias citadas que los preceptos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar cualquier omisión u abstención del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea éste quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y, en consecuencia, instruir al Ministerio Público la reanudación de las investigaciones en forma efectiva, hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que el acto reclamado por el quejoso debe llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definividad. De hecho, la parte quejosa debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la abstención combatida en la demanda de protección (de admitir pruebas o dictar resolución o acuerdo de judicialización en la carpeta de investigación **), motivo por el cual tiene las condiciones necesarias para impugnar esa abstención en el procedimiento ordinario de impugnación. Además, si la resolución que pronunciara después el juez de control al examinar la actuación ministerial, fuera adversa al propósito de investigar o darle continuidad a la indagatoria o la parte quejosa estimara que el análisis de la carpeta desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto, en particular contra la resolución del juez de control sobre el estado de la mencionada carpeta de investigación. Por tanto, el reclamo planteado por la parte quejosa, encuentra una causa indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causa relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la abstención combatida en la demanda debe impugnarla primero, a través de medio ordinario de impugnación que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene la parte quejosa en su condición de víctima, pues la substanciación de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la dilación del Ministerio Público frente a las actuaciones existentes en su denuncia. Por tanto, de conformidad con el artículo 113, relacionado con la fracción XX del diverso 61, ambas de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad). En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada de ningún modo contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" . Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo; asimismo, quedan autorizados ** y ** en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, pues así los señaló la quejosa. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se autoriza a la parte quejosa la utilización de medios electrónicos (cámaras, grabadoras o lectores ópticos) para extraer imágenes que forman parte de este expediente, previa identificación y acta que se deje para constancia. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. " Sin embargo, se hace notar a la parte quejosa que en todo momento habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, que pudiera contener el expediente de las demás partes, tal como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Por tanto, si al momento de capturar las constancias con algún lector óptico es imposible suprimir dichos datos personales o la información clasificada como reservada o confidencial, su reproducción habrá de efectuarse mediante fotocopias en las cuales se protegerán tales datos. Resta decir que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, estableció que dicha restricción relativa a una expedición de copias, es conforme a lo previsto en la Ley de Amparo y en los criterios jurisprudenciales que existen al respecto, como se desprende de la ejecutoria dictada en el recurso de queja ** del citado tribunal. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, se tienen por hechas la manifestaciones de la quejosa, respecto a su oposición de se mencionen su nombre y datos de identificación personal, con fundamento en el artículo 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano