María del Pilar Mercado Pérez
Expediente 867/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 42 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 867/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 42
- Última actuación
- 11/09/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María del Pilar Mercado Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 42.
- Principal
...agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que se devuelve los autos originales del juicio de amparo 867/2017 en un tomo y remite testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de once de junio de dos mil veinte, dictada en la inconformidad 4/2020 en la que se resolvió: "ÚNICO. Es infundada la presente inconformidad.". Acúsese recibo. Ahora, al no existir diligencia alguna por realizar, y considerando que el presente expediente se encontraba en el archivo, en su oportunidad devuélvase al mismo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus del COVID-19, se hace una atenta invitación a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente
- Principal
...agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual informa el contenido del proveído de veintinueve de enero de dos mil veinte emitido en el toca de inconformidad INCON. 4/2020, en donde admite a trámite dicho recurso, promovido por el autorizado de la parte quejosa en contra del auto de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
...agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través de cual interpone recurso de Inconformidad. En virtud de lo anterior, hágase del conocimiento de las partes el presente proveído. Por lo anterior, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, el expediente original del juicio de amparo 867/2017, anexando por separado el escrito de cuenta, para que tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda, dejando copia del mismo en los presentes autos para los efectos legales conducentes. En consecuencia, fórmese el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas.
- Principal
Vista la razón del actuario judicial adscrito a este juzgado, por medio de la cual informa los motivos por los cuales no pudo llevar a cabo la notificación de la determinación de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su artículo 2°, agréguese para que obre como corresponda y túrnese de nueva cuenta los presentes autos a la sección de actuaría de este Juzgado a fin de que se practique dicha notificación por medio de lista, así como las subsecuentes notificaciones y aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la tesis I.3o.C.80 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVI, octubre de 2007, página 3217, materia común, que dice: "Notifíquese; por lista a la parte quejosa el presente proveído, así como la determinación de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. PRIMERO. Por escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, recibido por razón de turno al siguiente día hábil en este Juzgado Federal, María del Pilar Mercado Pérez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal y señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES 1) H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 2) C. JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 3) C. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y 4) C. SECRETARIO DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. IV. ACTOS RECLAMADOS 1) DE LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE RECLAMA: ? La discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, concretamente los artículos 130 fracciones I y II numeral 1 del Código Fiscal del Distrito Federal; así como el 'Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2017', específicamente el artículo 1° numeral 1.2.1 Predial; publicados el 29 de diciembre de 2016, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; por los que se establece la obligación de enterar el impuesto predial para el ejercicio fiscal de 2017. 2) DEL C. JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE RECLAMA: ? La promulgación, expedición y orden de publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, concretamente los artículos 130 fracciones I y II numeral 1 del Código Fiscal del Distrito Federal; así como el 'Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2017', específicamente el artículo 1° numeral 1.2.1 Predial; publicados el 29 de diciembre de 2016, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; por los que se establece la obligación de enterar el impuesto predial para el ejercicio fiscal de 2017. 3) DE LA C. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE RECLAMA: ? La publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, concretamente los artículos 130 fracciones I y II numeral 1 del Código Fiscal del Distrito Federal; así como el 'Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2017', específicamente el artículo 1° numeral 1.2.1 Predial; publicados el 29 de diciembre de 2016, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; por los que se establece la obligación de enterar el impuesto predial para el ejercicio fiscal de 2017. 4) DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE RECLAMA: ? El refrendo y aplicación en perjuicio de la quejosa del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, concretamente los artículos 130 fracciones I y II numeral 1 del Código Fiscal del Distrito Federal; así como el 'Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2017', específicamente el artículo 1° numeral 1.2.1 Predial; publicados el 29 de diciembre de 2016, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; por los que se establece la obligación de enterar el impuesto predial para el ejercicio fiscal de 2017." SEGUNDO.- Mediante auto de treinta de mayo de dos mil diecisiete (folio 30 a 35), este Órgano Jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola en el libro de gobierno bajo el número 867/2017. TERCERO. Seguidos los trámites de ley, el veinticinco de julio de dos mil diecisiete (folio 91 a 120) se dictó sentencia en la que se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los siguientes efectos: "[.] En consecuencia, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa, MARÍA DEL PILAR MERCADO PÉREZ, para el efecto de que, hasta en tanto no sea reformado el artículo 130, fracciones I y II, punto 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente para dos mil diecisiete, le sea aplicada la fracción II, punto 1, rango D, del referido precepto. En otras palabras, la quejosa deberá aplicar a la mecánica del cálculo del impuesto predial la tarifa fija reducida, prevista en el artículo 130, fracción II, rango D, punto 1, del Código Fiscal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, vigente para dos mil diecisiete. En el entendido de que la concesión del amparo, tiene como efecto aplicar la cuota fija reducida regulada en el rango D de dicha porción normativa, al inmueble de uso habitacional cuyo valor se ubique entre los rangos E al P; sin embargo, si se toma en cuenta que lo que se declaró inconstitucional fue la porción normativa que regula ese beneficio fiscal, ello implica que la mecánica del tributo regulada en la fracción I de dicho precepto y que está diseñada sobre valores progresivos, continúa rigiendo el cálculo del impuesto. Por lo que, para concretar el efecto del fallo protector es necesario aplicar al valor catastral del inmueble de la quejosa, cualquiera que éste sea, los valores atinentes al límite inferior, al porcentaje sobre el excedente regulado para el rango D, y la cuota fija reducida prevista en el punto 1, de la fracción II, del artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. Ahora bien, en razón que de las constancias que integran los presentes autos se desprende que la quejosa realizó el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, procede que se realice nuevamente el cálculo de dicho impuesto aplicando la tarifa prevista en el artículo 130, fracción II, rango D, punto 1, del Código Fiscal del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, y de ser el caso, se le devuelva la diferencia que resulte previo cumplimiento de los requisitos de ley. [.]" CUARTO. Inconforme con la anterior determinación, el delegado de la entonces Asamblea Legislativa y la Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal en representación del Jefe de Gobierno, todos de la Ciudad de México, interpusieron recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito, bajo el toca identificado con el número R.A. 443/2017; Superioridad que por resolución correspondiente a la sesión de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, determinó lo siguiente: "[.] SÉPTIMO. Precisión en los efectos del amparo. Este órgano federal determina necesario hacer una precisión de los efectos del amparo. Al respecto, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que en acato al principio de congruencia externa que deben contener todas las sentencias, la precisión de los efectos de la concesión del amparo debe ser analizada de oficio por los órganos colegiados al tratarse de una cuestión de orden público e interés social. Lo anterior, debido a que a través de la correcta precisión de los alcances de la concesión del amparo será posible restituir en forma correcta al quejoso del derecho vulnerado. Por tanto, al resultar los efectos del amparo una consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad su correcta precisión atañe al interés social, de ahí que de no haberse establecido en forma correcta los efectos de la concesión del amparo por la a quo, es necesario que el órgano revisor atienda de oficio dicha cuestión. Expuesto lo anterior, cabe desatacar que la sentencia sujeta a revisión concede la protección constitucional a la quejosa al declarar la inconstitucionalidad del artículo 130, fracción II, apartado 1 del Código Fiscal de esta Ciudad, debido a que vulnera el principio de equidad tributaria al excluir en forma indebida a los contribuyentes obligados a pagar el impuesto predial ubicados en los rangos de la "E a la P", del beneficio (reducción) concedido a los propietarios sujetos al tributo dentro de los rangos "A al D"; y en el caso, la vulneración al derecho de equidad en perjuicio de la parte quejosa se debe a que ella se ubicó en el rango "N", según el valor del inmueble y las tarifas del precepto reclamado. Empero, al establecer los efectos del amparo, la a quo precisó algunos de sus alcances pero en otros fue genérica y condicional. En esa medida, se precisa que la concesión del amparo es para el efecto de que: I. Se expulse de la esfera jurídica de la quejosa la restricción del artículo 130, fracción II, apartado 1 del Código Fiscal de esta Ciudad y, en esa medida no se le excluya en lo que respecta al ejercicio fiscal de dos mil diecisiete del beneficio de la cuota fija que prevé la disposición. II. En todo caso, a la quejosa se debe aplicar la tarifa fija prevista en el rango D del punto 1, fracción II, del artículo 130 del Código tributario de esta Ciudad, por lo que respecta al ejercicio fiscal dos mil diecisiete y subsecuentes mientras esté vigente la porción normativa declarada inconstitucional. III. Se calcule de nuevo el impuesto y se devuelvan las diferencias generadas con motivo del tributo pagado por los bimestres 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de dos mil diecisiete conforme al rango "N" donde se ubicó la quejosa. Así, ante lo ineficaz e infundado de los agravios expuestos por las autoridades recurrentes, procede confirmar la sentencia impugnada. En similares términos se pronunció este tribunal al resolver, por unanimidad de votos entre otros, los amparos en revisión 159/2017, 156/2017, 223/2017 y 483/2017, sesionados los dos primeros el seis de julio de dos mil diecisiete, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete y once de enero del año en curso, respectivamente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María del Pilar Mercado Pérez, en contra de los actos atribuidos a la Asamblea Legislativa y Jefe de Gobierno, ambos de la Ciudad de México, consistentes en la aplicación del artículo 130, fracción II, apartado 1 del Código Fiscal Federal para dos mil diecisiete, por virtud del cual se calcula el impuesto predial, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. [.]" (folio 215 a 217) Consecuentemente, mediante proveído de catorce de febrero de dos mil dieciocho (folio 218 a 221), se requirió el cumplimiento del fallo protector. QUINTO. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio presentado en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el tres de abril de dos mil dieciocho (folio 253), la Administradora Tributaria en Parque Lira de la ahora Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México remitió el cálculo mediante el cual determinó la cantidad que consideró que era procedente devolver a la peticionaria del amparo con motivo del fallo protector otorgado; monto que fue declarado firme por este Juzgado Federal mediante proveído de diecisiete de abril siguiente (folio 293 a 298), no obstante las manifestaciones de inconformidad vertidas por la impetrante del amparo mediante escrito presentado el dieciséis de abril del mismo año (folio 267 a 282), por las razones de hecho y de derecho ahí expuestas, por lo que se requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo tanto a las autoridades responsables como a las vinculadas con su ejecución. Disconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad, del cual tocó conocer al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el expediente identificado con el número INCONFORMIDAD 32/2018; el cual, por resolución correspondiente a la sesión de seis de septiembre de dos mil dieciocho, determinó lo siguiente: "[.] ÚNICO. Se declara improcedente el recurso de inconformidad" [.]" Por tal motivo, mediante acuerdo de veintiséis de septiembre de la misma anualidad (folio 440 a 442), este Juzgado de Distrito requirió nuevamente el cumplimiento del fallo protector. A través de oficio presentado en la Oficialía de Partes de este Órgano de Control Constitucional el cinco de octubre de dos mil dieciocho (folio 455) la Administradora Tributaria en Parque Lira de la ahora Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, adujo el cumplimiento de la sentencia dictada en el sumario constitucional y, a efecto de acreditar su dicho, remitió copia certificada de las siguientes documentales: Acta de notificación y entrega de documentos de cuatro de octubre de dos mil dieciocho (folio 456). Aviso de pago disponible para su cobro con número de referencia "000010284416002018", con fecha de recepción por parte de la peticionaria del amparo de cuatro de octubre de dos mil dieciocho (foja 458). Con dichas constancias se dio vista a la parte quejosa en proveído de ocho de octubre de dos mil dieciocho (folio 460), para que, en el término ahí precisado, manifestara lo que a su derecho conviniera, cuestión que realizó por escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el ocho de octubre siguiente (folio 465) en el que medularmente informó que se constituyó en la Administración Tributaria en Parque Lira y recibió el documento relativo a la devolución de la cantidad determinada en autos. Sobre esa base, a través de proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho (folio 474 a 478) se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; determinación que, al no ser recurrida por las partes, fue declarada firme por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho (folio 491 y 492), ordenándose el archivo del sumario constitucional como asunto total y definitivamente concluido. SEXTO. Por escrito recibido en este Juzgado Federal el trece de mayo de dos mil diecinueve, la quejosa MARÍA DEL PILAR MERCADO PÉREZ, por propio derecho, denunció la repetición del acto reclamado. Previo desahogo del requerimiento contenido en acuerdo de catorce de mayo del año en curso (folios 567 y 568) y ante la omisión de la peticionaria del amparo de desahogar la prevención realizada en auto de veinte de los citados mes y año (folios 574 y 575), mediante proveído de cuatro de junio de dos mil diecinueve (folios 578 y 579) se admitió a trámite la denuncia de repetición del acto reclamado y se tuvo como acto denunciado como reiterativo del reclamado, la determinación del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, contenida en la Propuesta de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial correspondiente a la cuenta predial "75601632217-1". De igual forma, se ordenó dar vista a las autoridades responsables por el término de tres días para que expresaran lo que a su derecho conviniera. En el entendido de que transcurrido dicho plazo, se turnarían los autos a la Secretaría para emitir la resolución correspondiente. SÉPTIMO. Mediante proveído de diecinueve de junio de dos mil diecinueve (folio 592) se tuvo por recibido el informe rendido por el Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal en representación de la Secretaria de Administración y Finanzas y del Jefe de Gobierno, todos de la Ciudad de México, por el cual desahogó la vista que le fue concedida en acuerdo de cuatro de mismo mes y año, realizando diversas manifestaciones en relación a la denuncia de repetición de acto reclamado interpuesta por la parte quejosa. Por acuerdo de veinticinco de septiembre del año que curso (folio 593), se dio vista al Subtesorero de Catastro y Padrón Territorial de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México con la denuncia de repetición del acto reclamado, dada su intervención en la determinación del impuesto predial a cargo de la impetrante del amparo, sin que la referida autoridad haya realizado manifestación alguna al respecto. OCTAVO. Encontrándose los presentes autos en estado de resolución, respecto de la denuncia de repetición del acto reclamado, se procede a dictar el fallo correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es competente para resolver la denuncia de repetición del acto reclamado que refiere la quejosa MARÍA DEL PILAR MERCADO PÉREZ, en contra del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en el expediente número 867/2017, por las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 199 de la Ley de Amparo, toda vez que en este órgano jurisdiccional se tramitó el juicio de amparo del que derivó dicha denuncia. SEGUNDO. Para estar en aptitud de resolver la presente denuncia de repetición del acto reclamado, es necesario recordar lo siguiente: En el artículo 199 de la Ley de Amparo, en relación con el cumplimiento de las sentencias de amparo, se encuentra prevista la figura de repetición del acto reclamado, en los siguientes términos: "La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal." De lo anterior se colige, que la materia del incidente de repetición del acto reclamado versa en examinar si el nuevo acto emitido por la autoridad responsable reitera las mismas violaciones de forma y, en su caso de fondo, que el Juez del conocimiento tuvo en consideración para otorgar la protección constitucional y, en consecuencia, procede la misma afectación en la esfera jurídica del quejoso, de lo que se desprende que para llegar a tal determinación necesariamente deben ocurrir los siguientes requisitos: a) La existencia de una sentencia que en definitiva, conceda el amparo y la protección de la Justicia Federal; b) La existencia de un acto emitido por la autoridad responsable con posterioridad a la sentencia de amparo; y, c) El pronunciamiento de la autoridad que conoció del juicio de amparo, en el sentido de que dicho acto constituye una reiteración del acto reclamado en el juicio de garantías correspondiente. Por tanto, para que la repetición del acto reclamado surja, no es suficiente que la autoridad responsable emita otro acto de la misma naturaleza y en la misma orientación de afectación que el declarado inconstitucional, toda vez que se requiere que el núcleo esencial y básico de esta figura se presente, lo cual implica la emisión de un acto de autoridad que reitere exacta y fielmente las mismas violaciones de derechos fundamentales en que incurrió aquel impugnado en el juicio de garantías y que fue objeto del fallo protector. TERCERO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicable por identidad de razón, se establece que la materia de la denuncia de repetición del acto reclamado planteada se circunscribe a determinar si la determinación del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, contenida en la Propuesta de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial correspondiente a la cuenta predial "75601632217-1" emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, constituye un acto que reproduce idéntica violación al principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que motivó la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión en esta instancia. CUARTO. Como expresamente fue señalado en la ejecutoria de amparo, sus alcances protectores implican que las autoridades responsables: a) Expulsen de la esfera jurídica de la quejosa la restricción contenida en el artículo 130, fracción II, apartado 1, del Código Fiscal de esta Ciudad y, en esa medida, no se le excluya en lo que respecta al ejercicio fiscal de dos mil diecisiete del beneficio de la cuota fija que prevé dicha disposición. b) Consecuentemente, deberán aplicar la tarifa fija prevista en el rango D del punto 1, fracción II, del artículo 130 del Código tributario de esta Ciudad, por lo que respecta al ejercicio fiscal dos mil diecisiete y subsecuentes mientras esté vigente la porción normativa declarada inconstitucional. c) Sobre esa base, se deberá calcular de nuevo el impuesto y deberán devolver las diferencias generadas con motivo del tributo pagado por los bimestres 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de dos mil diecisiete conforme al rango "N" donde se ubicó la quejosa. Las consideraciones de la ejecutoria respectiva son, en la parte que interesa, las siguientes: "QUINTO.- Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, en términos de los artículos 217, párrafo segundo y 225 de la Ley de Amparo. El tema de la contradicción se centra en determinar si las reformas a las cuantías de las tarifas(10) del impuesto predial para inmuebles de uso habitacional, que regula el artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal,(11) afectan al resto de los elementos esenciales que definen la mecánica para el cálculo del tributo (particularmente las condiciones que provocan la reducción o aminoración de la cuota fija) y, por ende, si esas modificaciones otorgan el derecho a reclamar dicha mecánica en su totalidad mediante el juicio de amparo. Al respecto, es pertinente retomar las consideraciones expresadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2015 y, con base en ellas, enfatizar lo siguiente: El impuesto o tributo constituye un complejo de elementos relacionados lógicamente. Dichos elementos pueden clasificarse en cualitativos y cuantitativos o mesurables. Los elementos cualitativos del tributo, calificados así por la doctrina en atención a que acotan o delimitan el campo de aplicación de cada institución tributaria en particular, son, por ejemplo: el objeto o el sujeto pasivo del impuesto. Mientras que los elementos mesurables o cuantitativos, tienen como fin fijar los parámetros para determinar el monto de la deuda tributaria para cada caso concreto y que implican operaciones o aspectos técnicos. Éstos son, fundamentalmente: la base y la tasa o tarifa aplicable. De entre los elementos cuantitativos del impuesto, importa significar para el caso, la tasa o tarifa; que es el factor que cuantifica el monto a pagar por el tributo. La tarifa expresa cuotas fijas que se traducen en cantidades de dinero. La tasa se expresa en porcentajes y puede ser fija o variable. Por otra parte, existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales sujeto, objeto, base y tasa o tarifa, requieren cálculos básicos que no necesitan un mayor detalle en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, por adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas, como sucede, por ejemplo, en el impuesto predial previsto en el artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal. Además, por el tipo de relación que los elementos guardan entre sí, y con la unidad normativa, ésta puede ser de carácter ordinaria, o bien, directa o esencial. Se dice que se está ante una relación ordinaria de los elementos del tributo cuando la modificación a alguno no incide en su eficaz mecánica y funcionamiento; en cambio, si tal transformación altera estos aspectos, el sentido o alcance de alguna o varias partes del impuesto, se estará ante una relación de carácter directa. Ahora bien, debe decirse que un acto legislativo que reforma o modifica un texto legal, da derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, el texto legal referido y, además, las disposiciones que con el mismo acto se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal modo que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, mas no aquellos que simplemente por pertenecer a una misma ley guardan una relación ordinaria con el que fue materia de la reforma y cuyas hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no basta que se actualice la reforma o adición de un precepto de determinada ley, para que puedan combatirse en la vía constitucional, además de este dispositivo, todas las demás disposiciones de la ley relativa que guarden una relación ordinaria con el texto reformado, en virtud de la integración que debe tener cualquier sistema legal, pues lo que autoriza su impugnación constitucional, paralela a la reforma legislativa, es la existencia del cambio directo o formal, que desde el punto de vista constitucional, lo convierte en un acto legislativo nuevo, sin perjuicio de que también puedan reclamarse aquellas disposiciones sobre las que repercuta directamente la reforma. . Ahora bien, esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas."(13) En efecto, una reforma puede afectar a todo un cuerpo normativo, a uno o varios de los preceptos que lo integran o, inclusive, a una o varias porciones normativas de un mismo precepto legal, y sólo lo que es motivo de reforma o modificación, constituye el acto legislativo nuevo que da derecho a promover el amparo contra la hipótesis o hipótesis normativas que hayan sido modificadas, no así respecto de las previsiones legales inalteradas que no forman parte del acto legislativo nuevo, porque respecto de ellas el poder legislativo no manifiesta su voluntad soberana ni reflexiona sobre la permanencia de sus términos. Por lo que hace a los impuestos, es dable determinar que cuando una reforma afecta un elemento esencial, no por ese solo hecho ésta afecta también al resto de los elementos con los que tenga una relación ordinaria; esto es, que tal modificación no altera el eficaz mecanismo o funcionamiento del tributo, ni su sentido o alcance. Bajo el contexto señalado, este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito observa que desde la expedición del Código Fiscal del Distrito Federal, su artículo 130 sufrió las reformas publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los días treinta de diciembre de dos mil diez, treinta de diciembre de dos mil once, treinta y uno de diciembre de dos mil doce, treinta y uno de diciembre de dos mil trece, veintidós de diciembre de dos mil catorce y treinta de diciembre de dos mil quince.(14) En los decretos publicados, las porciones normativas relativas a la obligación de pago del impuesto predial para inmuebles de uso habitacional, sólo se reformaron en cuanto a las cuantías de sus cuotas (es decir, las tarifas establecidas por el legislador para el cálculo de ese tributo), como incluso se precisa en la parte inicial del artículo único de cada uno de esos decretos. La modificación de la cuantía de las referidas tarifas no afectó el objeto, los sujetos, la base, la época de pago ni las condiciones para acceder a las reducciones tocantes al impuesto predial para inmuebles de uso habitacional; ya que la relación que guardan esas tarifas con el resto del impuesto es ordinaria, en tanto que su modificación no incide en el eficaz funcionamiento del propio sistema tributario, sino sólo en la parte cuantitativa del impuesto. A mayor abundamiento, pese a la modificación de la cuantía de las referidas tarifas, se mantienen como sujetos del impuesto las personas físicas y las morales que sean propietarias del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él; como su objeto, la propiedad o posesión del suelo o de éste y de las construcciones adheridas a él que se encuentran en la Ciudad de México; como base del tributo, el valor catastral del inmueble; como época de pago, los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre; y como condiciones para acceder a las reducciones tocantes al impuesto predial para inmuebles de uso habitacional, que esos inmuebles se ubiquen en los rangos A, B, C o D, del artículo 131, fracción I, del Código Fiscal del Distrito Federal. Así, tratándose de reformas que recaen exclusivamente sobre la cuantía de las tarifas a que se refiere el artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, para el pago del tributo, respecto de inmuebles de uso habitacional, los únicos actos legislativos nuevos que surgen son, precisamente, esas tarifas en lo individual y no conjuntamente con las disposiciones jurídicas inalteradas. Como corolario de lo hasta aquí desarrollado, este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, estima que las reformas que, exclusivamente, modificaron la cuantía de las tarifas contenidas en el artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, relativas al pago del impuesto predial para inmuebles de uso habitacional, no generan el derecho a reclamar en el juicio de amparo las restantes porciones normativas que regulan la mecánica para calcular la citada contribución; en cambio, para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo contra éstas, debe tomarse en consideración si se demandó oportunamente su inconstitucionalidad en lo particular, dado que no resultan directamente afectadas por las tarifas fijadas ni integran conjuntamente con ellas un nuevo acto legislativo, que sirva de parámetro para decidir sobre la oportunidad del medio de control de la constitucionalidad, lo que desde luego es materia de prueba de las partes en el juicio. Asimismo, las reformas a la cuantía de la tarifa,(15) mencionadas en la presente ejecutoria, en sí mismas son actos legislativos nuevos, que pueden ser reclamados de manera destacada en el juicio de amparo dentro de los plazos correspondientes, sólo en cuanto a la decisión del legislador que se tradujo en la modificación de su importe y, se insiste, sin que ello otorgue a los gobernados la posibilidad de reclamar la mecánica para calcular el impuesto predial para inmuebles de uso habitacional, ni específicamente las pautas atinentes a la reducción o aminoración de la cuota fija. Robustecen las anteriores determinaciones, las jurisprudencias P./J. 25/2016 (10a.), 2a./J. 41/2005 y 2a./J. 103/2015 (10a.), sustentadas por el Pleno y por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, que son del tenor siguiente: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. Para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; mientras que el segundo, consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo. Este nuevo entendimiento, pretende que a través de la vía de acción de inconstitucionalidad se controlen cambios normativos reales que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto y que deriva precisamente del producto del órgano legislativo, y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa tales como, por ejemplo, variación en el número de fracción o de párrafo de un artículo, el mero ajuste en la ubicación de los textos, o cambios de nombres de entes, dependencias y organismos. Tampoco bastará una nueva publicación de la norma para que se considere nuevo acto legislativo ni que se reproduzca íntegramente la norma general, pues se insiste en que la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema."(16) "PREDIAL. LA REFORMA A LA TARIFA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2004, NO DA LUGAR A RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DE ESE ORDENAMIENTO, SI PREVIAMENTE SE CONSINTIÓ SU APLICACIÓN. La reforma a la fracción I del artículo 152 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente a partir del 1o. de enero de 2004, no actualiza el derecho de la quejosa a reclamar la inconstitucionalidad del artículo 149, fracción II, del mencionado código relativo al factor 10.0, cuya aplicación se había consentido con anterioridad, en atención a que la modificación de la tarifa por efectos de la inflación, no altera la mecánica para determinar la base del impuesto predial, no trasciende en su sentido o alcance, ni la deja de considerar como elemento esencial."(17) "TASA O TARIFA DE UN IMPUESTO. SU MODIFICACIÓN PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL RESTO DE LOS ELEMENTOS DE AQUEL QUE HUBIERAN SIDO CONSENTIDOS. La modificación a la tasa o tarifa de un impuesto constituye un acto legislativo nuevo, sólo en cuanto a la transformación de la cuantía de dicho elemento esencial; y, en ese sentido, la hipótesis consistente en la decisión del legislador de modificar su importe puede impugnarse mediante el juicio de amparo, sin que ello otorgue a los gobernados la posibilidad de reclamar en la vía constitucional los dispositivos legales que prevén los demás elementos esenciales del impuesto de que se trata que hubieran sido consentidos; salvo que la modificación de dicha tasa o tarifa hubiere repercutido directamente sobre algún otro elemento esencial del propio impuesto."(18) En mérito de los razonamientos expresados, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley de Amparo, es el sustentado por este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, acorde a las consideraciones sustentadas en esta ejecutoria y conforme las tesis que se redactan por separado a la presente resolución. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 217, párrafo segundo, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 bis, 41 bis 2 y 41 ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 17, 18 y 42 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, se resuelve: PRIMERO.-Existe la contradicción de tesis en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO.-Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, conforme a las tesis que se redactan por separado a la presente resolución." Del criterio trasunto se advierte, que el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito precisó que en relación a los impuestos, cuando una reforma afecta un elemento esencial, no por ese solo hecho ésta afecta también al resto de los elementos con los que tiene una relación ordinaria; es decir, que tal modificación no altera el eficaz mecanismo o funcionamiento del tributo, ni su sentido o alcance. Observó, que desde la expedición del Código Fiscal del Distrito Federal, su artículo 130 sufrió diversas reformas, destacando que las porciones normativas relativas a la obligación de pago del impuesto predial para inmuebles de uso habitacional, sólo se habían reformado en cuanto a las cuantías de sus cuotas. Sobre esa base, consideró que la modificación de la cuantía de las referidas tarifas no afectó el objeto, los sujetos, la base, la época de pago ni las condiciones para acceder a las reducciones tocantes al impuesto predial para inmuebles de uso habitacional; esto debido a que la relación que guardan esas tarifas con el resto del impuesto es ordinaria, en tanto que su modificación no incide en el eficaz funcionamiento del propio sistema tributario, sino sólo en la parte cuantitativa del impuesto. En otras palabras, consideró que a pesar de la modificación de la cuantía de las referidas tarifas, se mantienen como sujetos del impuesto las personas físicas y las morales que sean propietarias del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él; como su objeto, la propiedad o posesión del suelo o de éste y de las construcciones adheridas a él que se encuentran en la Ciudad de México; como base del tributo, el valor catastral del inmueble; como época de pago, los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre; y como condiciones para acceder a las reducciones tocantes al impuesto predial para inmuebles de uso habitacional, que esos inmuebles se ubiquen en los rangos A, B, C o D, del artículo 131, fracción I, del Código Fiscal del Distrito Federal. De esta forma estableció, que tratándose de reformas que recaen exclusivamente sobre la cuantía de las tarifas a que se refiere el artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, para el pago del tributo, respecto de inmuebles de uso habitacional, los únicos actos legislativos nuevos que surgen son esas tarifas en lo individual y no conjuntamente con las disposiciones jurídicas inalteradas. Consecuentemente concluyó, que las reformas que, exclusivamente, modificaron la cuantía de las tarifas contenidas en el artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, relativas al pago del impuesto predial para inmuebles de uso habitacional, no generan el derecho a reclamar en el juicio de amparo las restantes porciones normativas que regulan la mecánica para calcular la citada contribución; sin embargo, para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo contra éstas, debe tomarse en consideración si se demandó oportunamente su inconstitucionalidad en lo particular, dado que no resultan directamente afectadas por las tarifas fijadas ni integran conjuntamente con ellas un nuevo acto legislativo, que sirva de parámetro para decidir sobre la oportunidad del medio de control de la constitucionalidad. Finalmente, señaló que las reformas a la cuantía de la tarifa, en sí mismas son actos legislativos nuevos, que pueden ser reclamados de manera destacada en el juicio de amparo, pero sólo en cuanto a la decisión del legislador que se tradujo en la modificación de su importe, sin que ello implicara otorgar la posibilidad a los gobernados de reclamar la mecánica para calcular el impuesto predial para inmuebles de uso habitacional, ni en el caso concreto, los lineamientos relativos a la reducción o aminoración de la cuota fija. Como se advierte de párrafos precedentes, en el caso concreto, la materia de la denuncia de repetición del acto reclamado planteada se circunscribe a determinar si la determinación del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, contenida en la Propuesta de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial correspondiente a la cuenta predial "75601632217-1" emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, constituye un acto que reproduce idéntica violación al principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que motivó la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión en esta instancia. En ese sentido, se reitera, los alcances protectores de la ejecutoria de amparo implican que las autoridades responsables: a) Expulsen de la esfera jurídica de la quejosa la restricción contenida en el artículo 130, fracción II, apartado 1, del Código Fiscal de esta Ciudad y, en esa medida, no se le excluya en lo que respecta al ejercicio fiscal de dos mil diecisiete del beneficio de la cuota fija que prevé dicha disposición. b) Consecuentemente, deberán aplicar la tarifa fija prevista en el rango D del punto 1, fracción II, del artículo 130 del Código tributario de esta Ciudad, por lo que respecta al ejercicio fiscal dos mil diecisiete y subsecuentes mientras esté vigente la porción normativa declarada inconstitucional. c) Sobre esa base, se deberá calcular de nuevo el impuesto y deberán devolver las diferencias generadas con motivo del tributo pagado por los bimestres 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de dos mil diecisiete conforme al rango "N" donde se ubicó la quejosa. De la lectura de los efectos del fallo protector se advierte que se precisó que se debía desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la restricción contenida en el artículo 130, fracción II, apartado 1, del Código Fiscal del Distrito Federal, reformado mediante Decreto publicado el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, hasta en tanto no fuera reformado o derogado; y, en su lugar, se le debía aplicar la cuota fija de descuento señalada para el rango "D", sobre el monto del impuesto predial que resultara a su cargo, por ser éste el último descuento previsto en el punto 1 de la fracción II, del artículo impugnado, lo que se traducía en hacer extensiva a su favor únicamente la reducción de la cual fue privado. En ese contexto, resulta importante, en primera instancia, precisar que de conformidad con los razonamientos lógico-jurídicos plasmados por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 31/2017, las reformas que, exclusivamente, modifican la cuantía de las tarifas contenidas en el artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, relativas al pago del impuesto predial para inmuebles de uso habitacional, no generan el derecho a reclamar en el juicio de amparo las restantes porciones normativas que regulan la mecánica para calcular la citada contribución. Consecuentemente, si bien es cierto que el amparo concedido en autos tiene como efecto que no se aplique al quejoso la restricción contenida en el artículo 130, fracción II, apartado 1, del Código Fiscal del Distrito Federal, reformado mediante Decreto publicado el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, hasta en tanto no sea reformado o derogado y que dicha porción normativa fue reformada el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete y el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. También lo es que las referidas reformas únicamente modifican la cuantía de las tarifas contenidas en el citado artículo para los ejercicios fiscales dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, sin afectar el objeto, los sujetos, la base, la época de pago ni las condiciones para acceder a las reducciones tocantes al impuesto predial para inmuebles de uso habitacional. De lo que se deduce la procedencia de la denuncia de repetición del acto reclamado planteada por la impetrante del amparo en relación a la determinación del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, no obstante que la porción normativa por la cual le fue concedido en amparo haya sido reformada el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete y el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en virtud de que las referidas reformas sólo modifican la cuantía de las tarifas aplicables sin incidir en el eficaz funcionamiento del propio sistema tributario, sino sólo en la parte cuantitativa del impuesto. No obstante lo anterior, este Juzgado Federal considera que los agravios expuestos por la recurrente en la presente denuncia de repetición del acto reclamado resultan infundados, por los siguientes motivos: La materia del incidente de repetición del acto reclamado se circunscribe a determinar si el nuevo acto emitido por la autoridad reitera las mismas violaciones de forma y, en su caso de fondo, que el Juez del conocimiento tuvo en consideración para otorgar la protección constitucional y, en consecuencia, procede la misma afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, de lo que se desprende que para llegar a tal determinación necesariamente deben ocurrir los siguientes requisitos: a) La existencia de una sentencia que en definitiva, conceda el amparo y la protección de la Justicia Federal; b) La existencia de un acto emitido por la autoridad responsable con posterioridad a la sentencia de amparo; y, c) El pronunciamiento de la autoridad que conoció del juicio de amparo, en el sentido de que dicho acto constituye una reiteración del acto reclamado en el juicio de garantías correspondiente. Ahora, en el caso que nos ocupa, el primero de los requisitos en comento -la existencia de una sentencia que haya concedido la protección constitucional-, se acredita con la resolución de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, dictada por este Juzgado Federal (folio 91 a 120), confirmada por el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión identificado con el número R.A. 443/2017, en sesión de veinticinco de enero de dos mil dieciocho (folio 191 a 217), documentales a las que dada su naturaleza de públicas se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º , de las cuales se desprende que se concedió a la parte quejosa el amparo solicitado. No obstante lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que no se actualizan el segundo y tercero de los requisitos enunciados en líneas precedentes al no advertirse de autos la existencia de un acto emitido por la autoridad responsable con posterioridad a la sentencia de amparo que constituya una reiteración del acto reclamado en el juicio de garantías. A efecto de apoyar la anterior determinación, resulta conveniente traer a colación los razonamientos vertidos por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 36/2007-PL, suscitada entre la Primera y Segunda de sus salas, en sesión correspondiente al día treinta de abril de dos mil nueve, los cuales, en lo que interesa, son del literal siguiente: "CUARTO. Existencia de la contradicción. De los antecedentes que informan los incidentes de inejecución de sentencia precisados en el considerando que antecede, así como de las consideraciones que sustentan las resoluciones respectivas, se advierte que en la especie se actualizan los supuestos esenciales para estimar que existe una contradicción de criterios, por lo siguiente: A) Al resolver los asuntos de sus respectivos índices, la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal, se pronunciaron sobre una situación jurídica esencialmente igual, a saber, cuál es el mecanismo legal que deben observar los Jueces de Distrito para obtener el cumplimiento de una sentencia respecto del acto de aplicación de una norma declarada inconstitucional relativo a un inmueble distinto del que originalmente se mencionó en la demanda de amparo, tratándose de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. B) Al pronunciarse sobre el particular, las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, arribaron a conclusiones disímiles, ya que la Primera Sala consideró que durante el procedimiento de ejecución de sentencia no correspondía al Juez de Distrito ocuparse de la situación fiscal de inmuebles distintos del mencionado en la demanda, por lo que debía limitarse a ordenar únicamente la devolución de las cantidades erogadas con relación al predio que hubiera motivado la instauración del juicio de amparo, correspondiéndole al quejoso solicitar directamente ante las autoridades administrativas la restitución de cualquier otra cantidad que hubiera enterado con apoyo en la disposición declarada inconstitucional respecto de otros inmuebles de su propiedad. En cambio, la Segunda Sala de este Alto Tribunal, implícitamente determinó que, dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, sí es procedente que el Juez de Distrito aproveche y se ocupe de analizar la devolución de todas las cantidades que la parte quejosa hubiese pagado en observancia del precepto declarado inconstitucional, incluso, respecto de inmuebles distintos al que generó el primer acto de aplicación señalado en la demanda. Es importante destacar que este Tribunal Pleno determinó que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito. Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 93/2006 , cuyo rubro se lee: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO." Luego, si durante el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo del cual deriva el incidente de inejecución 42/2007, el Juez de Distrito determinó que era procedente devolver al quejoso la cantidad que pagó por concepto del impuesto sobre adquisición de inmuebles respecto de un bien inmueble diverso al que generó el primer acto de aplicación de las normas impugnadas, y al conocer del referido incidente, la Segunda Sala ordenó devolver los autos al A quo a efecto de que requiriera a la autoridad exactora la devolución de esa cantidad, es inconcuso, que el referido órgano colegiado implícitamente considera que tratándose de impuestos reales, los efectos concesorios del amparo se traducen en devolver al quejoso todas las cantidades que hubiese pagado en acatamiento a los preceptos declarados inconstitucionales, incluso, respecto de un diverso inmueble al que generó el primer acto de aplicación de dichos preceptos legales. C) Los criterios sustentados por las Salas de este Alto Tribunal, si bien no parten con exactitud del examen de los mismos elementos, sí se encuentra que existe una conclusión esencial en la que discrepan ambos órganos jurisdiccionales, toda vez que en los dos casos, se refirieron al estudio de los siguientes aspectos generales: Los incidentes de inejecución derivaron de sentencias en las que se declaró la inconstitucionalidad de los preceptos legales que regulan el mecanismo de tributación de un impuesto real; Las normas reclamadas se impugnaron con motivo de su primer acto de aplicación; Durante el trámite de los juicios de amparo, no hubo una petición expresa de ampliación de la demanda respecto de otros actos de aplicación de las normas impugnadas; Con posterioridad al dictado de la sentencia ejecutoria, emergió la cuestión relativa a determinar si los pagos efectuados por concepto del impuesto declarado inconstitucional respecto de inmuebles diversos al que generó el primer acto de aplicación de las normas impugnadas, debían o no formar parte del procedimiento de ejecución de sentencia. En las sentencias de amparo dictadas por los respectivos Jueces de Distrito, que dieron origen a sendos incidentes de inejecución, no hubo pronunciamiento alguno con relación a la devolución de pago alguno de un inmueble distinto del que fue citado en la demanda de amparo como generador del primer acto de aplicación de la norma impugnada; y Los juicios de amparo guardan uniformidad en la forma en que fueron juzgados en primera y segunda instancias, ya que las sentencias relativas se limitaron a lo planteado en la demanda con relación al acto de aplicación de la norma impugnada, derivado de un solo inmueble. Para corroborar lo anterior se tiene en cuenta que de la lectura de la sentencia dictada por la Segunda Sala, se advierte que el diez de abril de dos mil seis, el Juez de Distrito dictó sentencia en la que concedió la protección constitucional solicitada, la cual fue confirmada por el Tribunal Colegiado del conocimiento, el siete de junio del mismo año, y que no fue sino hasta el veintisiete de julio siguiente en que el mismo Juez dictó un proveído en el que ".determinó que los efectos concesorios del amparo debían hacerse extensivos al pago realizado por el quejoso el tres de febrero de dos mil seis (antes de que se dictara la sentencia de amparo) por concepto del impuesto sobre adquisición de inmuebles respecto del diverso inmueble de su propiedad ubicado en Ricardo Flores Magón número 506, colonia Santa María la Ribera, Delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal." Este último dato adquiere especial relevancia, ya que si bien en la sentencia pronunciada por la Segunda Sala no se da cuenta de la fecha en la que el Juez de Distrito fue informado de la existencia de un distinto inmueble, sí existe en cambio precisión acerca del momento en que el Juez de Distrito hizo extensiva la exigibilidad del cumplimiento de la sentencia hacia otra propiedad de la parte quejosa, lo cual aconteció una vez que ya había causado estado el fallo protector, y que el mismo se encontraba en la fase de ejecución. Coincidente con lo anterior, en la ejecutoria de la Primera Sala se aprecia con nitidez que, el catorce de agosto de dos mil seis, es decir, a casi dos años de distancia de que se otorgó el amparo en sentencia firme, el Juez de Distrito fue informado de la existencia de otros nueve inmuebles propiedad de la parte quejosa, quien solicitaba que los pagos del gravamen declarado inconstitucional, realizados con relación a estas propiedades, se incorporaran al mismo procedimiento de ejecución de sentencia, petición que fue atendida favorablemente por dicho juzgador, pero la misma, una vez que fue del conocimiento de la Primera Sala, a través del incidente de inejecución respectivo, se estimó que era el caso de declarar infundada la pretensión de hacerse cargo, dentro del propio incidente, de la devolución de los impuestos relacionados a esos nueve predios. Esta conexión entre ambos asuntos, derivada de la circunstancia de que los Jueces de Distrito acometieron el problema relativo a la incorporación al procedimiento de ejecución de sentencia de inmuebles distintos del generador de la controversia, una vez que ya se había dictado sentencia ejecutoria, permite establecer que ambas Salas de este Alto Tribunal tuvieron ante sí, en esencia, el mismo planteamiento jurídico. De esta manera, los dos órganos colegiados analizaron, uno en forma expresa (Primera Sala) y otro en forma implícita (Segunda Sala) cuál era la solución que debería darse al caso en que la parte quejosa solicitara que, dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, quedaran comprendidos otros pagos que no hubieran formado parte de la litis del juicio de garantías, bajo el argumento de que, al derivar de otros inmuebles de su propiedad, lo pagado por concepto del gravamen declarado inconstitucional debía de comprender también a estos otros enteros del mismo tributo. Como ya quedó precisado, en un caso se estimó que por ningún motivo el procedimiento de ejecución de sentencia debería ocuparse de inmuebles distintos del citado en la demanda (Primera Sala); y en el otro, se aceptó lisa y llanamente la decisión del Juez de Distrito de haber hecho extensiva la protección constitucional, ?y consecuentemente el procedimiento de ejecución respectivo? hacia un inmueble ajeno a la contienda, cuya propiedad ostentaba también la parte quejosa, de forma tal que la Segunda Sala incluso ordenó que dicho Juez realizara determinados actos tendientes al cumplimiento del fallo protector por dos inmuebles, en lugar de uno solo como había sido primariamente planteado en la demanda, con lo cual dicha Sala de manera tácita asumió que no existía inconveniente legal para que dicho juzgador hubiera ampliado la ejecutividad de la sentencia. Conviene aclarar que las particularidades de cada asunto, como serían el momento en que sobrevinieron los diversos pagos (antes o después de dictada la sentencia definitiva); la modalidad en que se liquidan o autoliquidan los tributos enjuiciados; el gravamen que específicamente se declaró inconstitucional en cada caso; la existencia o no de jurisprudencia al respecto, etcétera; no tienen un significado suficiente para estimar inexistente la contradicción de criterios, ya que hay un punto central en el que los incidentes de inejecución que dieron lugar a la apertura del presente expediente sí tienen un denominador común, como es la pretensión de los quejosos de aprovechar el procedimiento de cumplimiento de una sentencia estimatoria, para adicionarle otros pagos del impuesto declarado inconstitucional, los cuales no fueron señalados inicialmente en el juicio como actos de concreción de la norma impugnada, por derivarse de inmuebles distintos del que generó la primigenia aplicación de ésta. Asimismo, el hecho de que ninguno de los criterios en comento se encuentre redactado y publicado conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, no es óbice para estimar que existe contradicción de tesis entre las Salas de este Alto Tribunal, tal como deriva de la jurisprudencia 2a./J. 94/2000 que se lee bajo el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY". En ese orden de ideas, el punto de contradicción que debe dilucidar este Tribunal Pleno, estriba en establecer si en un mismo procedimiento de ejecución de sentencia, deben o no concentrarse todas las pretensiones de la parte quejosa para que se le restituyan los pagos del impuesto declarado inconstitucional, aunque algunos de ellos obedezcan a inmuebles que no fueron señalados como generadores del primer acto de aplicación de la norma enjuiciada en la demanda. QUINTO. Interrupción de la jurisprudencia del Tribunal Pleno P./J. 26/2001. (.) SEXTO. Alcance de la interrupción de la jurisprudencia P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno. (.) Bajo estas nuevas reflexiones anteriormente desarrolladas, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que al interrumpir su jurisprudencia, P./J. 26/2001, el alcance de tal medida queda sintetizado de la siguiente forma: CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo tal que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas otras cuya existencia sobre un problema central, se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables, o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa la declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan. SÉPTIMO. Criterios que deben prevalecer con carácter de jurisprudencia. Son los que sustenta este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en atención a lo siguiente. Ante todo se tiene presente que en materia de amparo contra leyes, los efectos de la concesión de la protección constitucional solicitada no se limitan al primer acto de aplicación de la norma legal cuestionada, sino que la cobertura es mucho mayor, en términos del siguiente criterio de este Tribunal Pleno: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X. Noviembre de 1999. Tesis: P./J. 112/99, página: 19). Este criterio permite establecer, como premisa básica, que los órganos que conozcan del juicio de amparo tienen la obligación de garantizar que en materia de amparo contra leyes, los efectos de una sentencia estimatoria no únicamente se limiten al primer acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, sino que deben asegurar que esa protección también tenga la eficacia suficiente para dejar insubsistente toda aplicación futura que se haga del mismo precepto legal. La expresión contenida en la parte final de la jurisprudencia en consulta, en el sentido de que los efectos del amparo contra una ley impiden que ésta le sea aplicada válidamente al quejoso en el futuro, implica que todo acto posterior al primer acto de aplicación impugnado en la demanda, apoyado en la misma ley declarada contraria a la Constitución Federal, debe quedar insubsistente por virtud del fallo protector, sea que se hubiera generado antes o después del dictado de la sentencia definitiva que lo proteja. Consecuentemente, como el problema relacionado con el alcance y la eficacia de las sentencias en amparo contra leyes, ya se encuentra precisado en la jurisprudencia citada, el tema que se examina en la presente contradicción no es el relativo a determinar si la parte quejosa debe o no ser atendida en su pretensión de destruir ulteriores actos de aplicación de la norma declarada inconstitucional, ya que sobre esto no hay materia que resolver en la contradicción, en la medida en que ninguna de las Salas negó la procedencia de este derecho, y antes al contrario, ambos órganos señalaron cuál era el mecanismo procesal para atender esa petición. La diferencia de criterios estriba, únicamente, en el método como se debe atender la petición formulada por la parte quejosa ?sobrevenida al otorgamiento de la protección constitucional? para que dentro del mismo procedimiento de ejecución de sentencia se dejen insubsistentes otros actos de aplicación de la norma declarada violatoria de garantías. Para resolver la cuestión, en primer lugar se toma en cuenta que el procedimiento de ejecución de sentencia y el incidente de inejecución de sentencia, constituyen dos fases del juicio de amparo diversas, en tanto que el primero está a cargo del juzgador primario, quien tiene la obligación de formular oficiosamente los requerimientos necesarios para obtener el cumplimiento del fallo protector, y sólo en caso de que no obtenga la satisfacción de la sentencia, entonces procederá a solicitar al superior la apertura del señalado incidente, cuyo objetivo esencial es el de sancionar a la autoridad omisa por el desacato a un mandato judicial, conforme se explica en el siguiente criterio: "SENTENCIA DE AMPARO. DIFERENCIAS ENTRE PROCEDIMIENTO PARA SU EJECUCIÓN E INCIDENTE DE INEJECUCIÓN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 36/96, de rubro: 'INCONFORMIDAD, INCIDENTE DE. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NO SE PRONUNCIÓ SOBRE SI LA EJECUTORIA DE AMPARO FUE O NO CUMPLIDA.', sostuvo que cuando no se haya logrado el cumplimiento de una sentencia que otorga la protección constitucional, el Juez de Distrito, de oficio o a instancia de parte, abrirá el incidente de inejecución para lograr su cumplimiento, realizando las diligencias idóneas señaladas en el artículo 105 de la Ley de Amparo. Al respecto, deben distinguirse dos momentos en la actuación del Juez de Distrito: el que puede calificarse como procedimiento de ejecución de sentencia, en que requiere a la autoridad responsable o a sus superiores a fin de que acaten el fallo; y en el que habiendo agotado esas gestiones, concluye que es necesario remitir el expediente a la Suprema Corte para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que es, propiamente, cuando se inicia el incidente de inejecución, abriéndose el expediente respectivo. De ello se sigue que cuando el Juez de Distrito, sin decidir aún enviar el expediente al Máximo Tribunal, realiza actos para lograr el acatamiento de la sentencia, se considerarán desarrollados dentro del procedimiento de ejecución de ésta, y será hasta que decida que no hubo cumplimiento y envíe al Alto Tribunal el expediente para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, cuando se abra el incidente de inejecución." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII. Marzo de 2008. Tesis: 2a./J. 25/2008, página: 221). De la jurisprudencia anterior se sigue que, antes de la apertura del incidente de inejecución ante el superior, es obligación del Juez de Distrito o del Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, agotar oficiosamente, por todos los medios legales a su alcance, las gestiones necesarias para obtener el cumplimiento de sus sentencias, pero para resolver el problema que interesa en la presente contradicción de tesis, debe aclararse si en amparo contra leyes esas gestiones deben comprender sólo el acto de aplicación estrictamente juzgado, o bien, si la actuación oficiosa de dicho Juez o Magistrado puede abarcar aún aquellos otros actos de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, que no hubieren formado parte de la materia del asunto. Como se expuso al principio de este considerando, constituye un mandato ineludible que los órganos que conozcan del juicio de amparo garanticen, oficiosamente, que la protección del amparo contra leyes inconstitucionales comprenda, tanto a los actos de aplicación presentes, como a los futuros que llegaren a materializar las mismas disposiciones jurídicas que, por virtud de la protección concedida, ya no resulten de observancia obligatoria para el quejoso. Por tanto, tratándose de amparo contra leyes, corresponde a los Juzgados de Distrito, y en su caso a los Tribunales Unitarios de Circuito en los asuntos de su competencia, recibir las peticiones que formulen los quejosos, en orden a dejar insubsistentes diversos actos de aplicación del que fue concretamente sentenciado, pues si tales órganos son garantes de que la declaración de inconstitucionalidad tenga plena eficacia presente y futura, son ellos quienes tienen a su cargo, en principio, señalar el procedimiento adecuado para tal fin. Pero esto no significa, sin embargo, que en el procedimiento oficioso de ejecución de sentencia que se tramite para dar cumplimiento al fallo protector contra una ley, los referidos órganos jurisdicciones tengan también el deber de concentrar indiscriminadamente tanto el cumplimiento de lo estrictamente señalado en la sentencia, como la petición de insubsistencia de absolutamente todos los actos de aplicación ajenos al juicio de garantías, ya que existen diversos mecanismos legales para la consecución de la ejecución del fallo, y dependerá fundamentalmente del momento en que acaecieron esos otros actos, para que opere uno u otro mecanismo de cumplimiento. A este respecto se tiene en cuenta que la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos generales, ha establecido cuáles son los procedimientos esenciales para obtener el cumplimiento de las sentencias dictadas en el juicio de amparo, en los siguientes términos: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberán abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el funcionario judicial dictará un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decida si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirá el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelve que la sentencia de amparo se cumplió, deberá ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII. Febrero de 2001. Tesis: 2a./J. 9/2001, página: 203.) "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. EVOLUCIÓN A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 9/2001, DE LOS PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. De las jurisprudencias y tesis aisladas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno del Alto Tribunal se advierte, por una parte, que para entender la lógica y congruencia del procedimiento para el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es necesario distinguir el cumplimiento básico, para lo que existen caminos precisos que deben seguirse, del cumplimiento defectuoso, que se produce cuando habiéndose dado el básico puede suceder que haya tenido las irregularidades de ser defectuoso o excesivo, dándose también los medios procesales específicos a los que debe acudirse, no debiendo mezclarse los correspondientes a la primera situación con los relativos a la segunda, pues además de producirse inseguridad jurídica, puede darse indefensión para alguna de las partes o contradicción en las decisiones, cuando se acude simultáneamente a dos medios de defensa, correspondientes a las dos situaciones descritas. Así, atendiendo a las anteriores precisiones, el procedimiento para el cumplimiento de una ejecutoria de amparo que concede la protección constitucional es el siguiente: 1. Cuando la sentencia de amparo causa ejecutoria, la autoridad judicial debe vigilar su cumplimiento. 2. Una vez que cause ejecutoria el fallo constitucional, la autoridad jurisdiccional requerirá a la autoridad o autoridades responsables el cumplimiento respectivo; si no se logra éste, se requerirá al superior inmediato de la autoridad o autoridades responsables y, en su caso, al superior de éste, en términos del artículo 105, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo. 3. Si después del requerimiento a la autoridad responsable, en caso de que no tenga superior jerárquico, o después de haber requerido sucesivamente a sus dos superiores (si existieran) no se logra el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la autoridad jurisdiccional deberá, de oficio o a instancia de parte, abrir el incidente de inejecución de sentencia, en el que -en virtud de no haberse cumplido la sentencia que otorgó la protección constitucional- acordará remitir los autos, tratándose de juicios de amparo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y respecto de los juicios de amparo del conocimiento de los Juzgados de Distrito o de los Tribunales Unitarios de Circuito, al Colegiado correspondiente, en términos del punto quinto, fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2001 mencionado, para efectos de que este órgano colegiado determine si debe aplicarse el referido artículo constitucional, y de concluir en sentido afirmativo, remitirá los autos a la Suprema Corte con la resolución respectiva. 4. Si durante el trámite ante el Colegiado o ante la Corte, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 5. Si no demuestra haber cumplido, el Pleno del Máximo Tribunal emitirá resolución en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo y/o con los que siendo superiores de ellos no lograron que se diera el cumplimiento. 6. En el supuesto de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen el acatamiento de la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario o el presidente del Colegiado, según corresponda, dictará un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo que de no desahogarla dentro de determinado plazo, se resolverá si se dio o no cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con que se cuente. 7. Una vez cumplido el requerimiento o vencido el plazo otorgado, de no haberse desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario o el Colegiado, éste funcionando en pleno, dictará un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidirá si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 8. Si se concluye que no se ha cumplido con la sentencia de amparo y se advierte que la autoridad o autoridades responsables o sus superiores no pretenden eludirlo, se seguirá el trámite previsto en los puntos 2 a 5; si se pretende eludir el cumplimiento se iniciará el trámite mencionado en los puntos 3 a 5 anteriores. 9. Por el contrario, si se determina que la sentencia de amparo se cumplió, deberá ordenarse la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que pueda hacer valer el medio de defensa procedente. 10. Para efectos del punto 7, el juzgador de amparo se limitará, cuando el acto reclamado sea un laudo o resolución jurisdiccional (juicio de amparo directo), a determinar si se dejó sin efectos y si se emitió otro que atienda la sentencia de amparo y, cuando el acto reclamado sea uno de autoridad no jurisdiccional (juicio de amparo indirecto), analizará no solamente si la autoridad o autoridades responsables lo revocaron o no, sino también si los efectos que de él pudieron derivarse se cumplieron plenamente. 11. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario o del Colegiado correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diversos medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: 11.1 Que considere que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en forma básica, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que podrá promoverse dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto que declara cumplida la ejecutoria de amparo y su materia consistirá en determinar si dicho auto fue dictado conforme al punto 10; de aquélla conocerá un Tribunal Colegiado de Circuito, cuando el auto de cumplimiento haya sido dictado por un Juez de Distrito o un Tribunal Unitario de Circuito; en cambio, si fue dictado por un Colegiado, de la inconformidad conocerá la Suprema Corte. Cuando se declare fundada la inconformidad se seguirá el trámite previsto en el punto 9 precedente. 11.2 Que considere que si bien se dio cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, en cuyo caso procederá el recurso de queja contemplado en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley de Amparo, según sea el caso, el que podrá interponerse dentro del plazo de 1 año a partir del día siguiente al en que las partes hayan tenido conocimiento de los actos que entrañen esos vicios, y cuya materia es determinar si la responsable cumplió con exactitud lo ordenado, cuando el acto reclamado sea un laudo o resolución jurisdiccional, o si aquélla nulificó totalmente los efectos del acto reclamado en amparo indirecto. Contra lo resuelto por el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario en este medio de defensa procederá el recurso de "queja de queja" o re-queja, previsto en el artículo 95, fracción V, de la Ley citada, de la que conocerá un Tribunal Colegiado de Circuito; en cambio, si la resolución del recurso de queja por exceso o defecto es emitida por un Colegiado, procederá la "queja de queja" o re-queja, siempre y cuando en el asunto del cual derive se haya determinado la inconstitucionalidad de una ley o se hubiere establecido la interpretación directa de un precepto constitucional y, además, se hagan valer argumentos relativos al exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, relacionados con la materia de constitucionalidad. 11.3 Que considere que habiéndose otorgado un amparo para efectos, en el que se dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o se dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieren lugar a la protección constitucional, de estimarse que se incurrió en una nueva violación de garantías procederá un nuevo amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada. 11.4 Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución, ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar, en cuyo caso podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado establecido en el artículo 108, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Al resolverse el incidente podrá suscitarse alguno de los siguientes supuestos: a) que el órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo determine que no existe repetición del acto reclamado, en cuyo caso la parte interesada podrá promover inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que haya surtido efectos la notificación; de ésta conocerá la Suprema Corte cuando la resolución que determine que no hay repetición de acto reclamado sea dictada por un Tribunal Colegiado, y si es emitida por un Juez de Distrito o un Tribunal Unitario, de ella conocerá el Colegiado correspondiente el cual, en caso de determinar que es fundada, es decir, que existe repetición del acto reclamado, remitirá los autos a la Corte, para la aplicación del artículo 107, fracción XVI, constitucional; b) que se determine que sí existe repetición del acto reclamado, entonces, se remitirán los autos, tratándose de los asuntos del conocimiento de un Juzgado de Distrito o de un Tribunal Unitario a un Colegiado, para que determine si es el caso de aplicar el artículo constitucional antes citado (en caso de que determine que sí, remitirá los autos al Alto Tribunal para esos efectos), en cambio, si la determinación de que existe repetición del acto reclamado se dicta en los juicios de amparo del conocimiento de los Colegiados, éstos resolverán colegiadamente y su Presidente remitirá los autos a la Corte para esos mismos efectos. 12. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso considera que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado y, por lo mismo, incurrieron en la misma violación que se cometió en el acto que fue materia del anterior amparo, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente el incidente de repetición del acto reclamado, para lo cual se seguirá el trámite referido en el punto 11.4." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII. Julio de 2008. Tesis: 2a. LXXXIX/2008, página: 536). De los anteriores criterios se observa una minuciosa descripción interpretativa de las normas que regulan los procedimientos relativos al cumplimiento de las sentencias de amparo, a fin de que los justiciables elijan la vía correcta de acuerdo con sus pretensiones, y precisamente en la última parte de la tesis aislada que se comenta, se aprecia con claridad una aproximación a la solución del problema planteado en la presente contradicción. Pero antes, es conveniente reiterar que todo acto de aplicación de las leyes declaradas inconstitucionales, en contra del quejoso, debe verse afectado con la protección constitucional que le fue otorgada, de forma tal que la autoridad administrativa está obligada a declarar la insubsistencia de los siguientes actos: a) Del primer acto de aplicación reclamado en la demanda; b) De los actos generados con posterioridad al primer acto de aplicación de la norma contra la cual se pidió el amparo, emitidos hasta antes de la emisión de la sentencia definitiva; c) De los actos dictados con posterioridad a la concesión firme del amparo. La insubsistencia de todos estos actos deberá garantizarse porque, una vez que adquirió firmeza la sentencia protectora contra una ley, los efectos de la misma deben retrotraerse para dejar insubsistente la primera afectación reclamada con motivo de la cual se hubiese pedido el amparo, y de paso, irradiar esa protección otorgada en favor del quejoso respecto de todo acto de fecha posterior a la primera aplicación, que se hubiera suscitado durante el curso del juicio. Merced a esta precisión, conforme a la cual se debe hacer extensiva la protección constitucional respecto de todos los actos ulteriores a la fecha del primer acto de aplicación, suscitados durante el curso del juicio, procede acotar el procedimiento a seguir para obtener la insubsistencia de los actos emitidos con posterioridad al primer acto de aplicación y hasta antes de que adquirió definitividad la sentencia que otorgó el amparo. Tratándose de los actos de aplicación emitidos durante el juicio, toda actuación de la autoridad fundada en la norma declarada inconstitucional, distinta de la que concretamente fue juzgada en el juicio de amparo, es decir, diversa del primer acto de aplicación de la norma que se estimó contraria a la Constitución Federal, debe quedar comprendida dentro del procedimiento oficioso de ejecución de sentencia que le corresponde tramitar al órgano que conoció del asunto en primera instancia, ya que se trata de actos dictados en observancia a la misma norma legal impugnada, cuya subsistencia también estaba condicionada al resultado de la sentencia. En efecto, existe un mecanismo legal básico para obtener el cumplimiento de lo resuelto en el juicio de garantías, en el cual el órgano jurisdiccional que conoció del juicio actúa oficiosamente, y tratándose del amparo contra leyes, no se observa en el procedimiento de ejecución un mayor grado de diferencia con aquellos casos en los que no se impugnan normas generales, como no sea la que se refiere a la circunstancia de que, a los órganos que intervinieron en el proceso legislativo, no les es exigible conducta alguna por virtud de la protección constitucional concedida. De la anterior transcripción se advierte que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explica, en primera instancia, que en materia de amparo contra leyes, los efectos de la concesión de la protección constitucional no se limitan al primer acto de aplicación de la norma legal cuestionada, sino que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros. Sobre esa base el Tribunal Pleno señaló que tratándose de amparo contra leyes, corresponde a los Juzgados de Distrito, y en su caso a los Tribunales Unitarios de Circuito en los asuntos de su competencia, recibir las peticiones que formulen los quejosos, en orden a dejar insubsistentes diversos actos de aplicación del que fue concretamente sentenciado, pues si tales órganos son garantes de que la declaración de inconstitucionalidad tenga plena eficacia presente y futura, son ellos quienes tienen a su cargo, en principio, señalar el procedimiento adecuado para tal fin. En esa línea argumentativa, el Máximo Tribunal del país reiteró que todo acto de aplicación de las leyes declaradas inconstitucionales, en contra del quejoso, debe verse afectado con la protección constitucional que le fue otorgada, de forma tal que la autoridad administrativa está obligada a declarar la insubsistencia de los siguientes actos: a) Del primer acto de aplicación reclamado en la demanda; b) De los actos generados con posterioridad al primer acto de aplicación de la norma contra la cual se pidió el amparo, emitidos hasta antes de la emisión de la sentencia definitiva; c) De los actos dictados con posterioridad a la concesión firme del amparo. En este contexto, lo que procede es decretarse procedente pero infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, de conformidad con el artículo 199 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, es de resolverse, y se; R E S U E L V E : ÚNICO. Es procedente pero infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, en los términos precisados en el último considerando de la presente resolución.
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