María del Pilar Iglesias García y Otros.
Expediente 1100/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1100/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 30/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María del Pilar Iglesias García y Otros.
- María del Pilar Iglesias García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el AUTO de fecha 25/noviembre/2021, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio y/o aviso que se dejó en su domicilio. AUTO cuyo contenido es: Queda firme el citado auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, remítase los presentes autos al archivo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido, se ponen a disposición de la parte quejosa dichos documentos por el término de noventa días.
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NOTIFICACION POR LISTA... Ciudad de México; treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra del proveído de tres de noviembre del año en curso, dictado en el presente juicio, dentro del término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto a través del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 12, 14 y 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órgano jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, el expediente principal es susceptible de depuración, además de que este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por el cual deba conservarse. Por otro lado, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito y obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el punto décimo primero último párrafo y vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ponen a su disposición dichos documentos, por el término de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este juzgado a efecto de que recoja los mismos, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. Asimismo, hágase de su conocimiento que deberá seguir el procedimiento establecido en el Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus del COVID-19, a fin de recoger dichos documentos. Por último, a fin de notificar el presente proveído a la parte quejosa, se habilitan días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, así como de manera electrónica al Agente del Ministerio Público adscrito. Así, lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa en unión de Grisel Ariana de la Cruz Cano, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Subdirector de lo Contencioso adscrito a la Oficina de la Abogada General en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del Titular de la Secretaría de Salud y del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, mediante el cual informa la diversa cita para la inoculación de la segunda dosis contra el virus SARS -COV-2, con el biológico Pfizer-BioNTech. En tales condiciones, se toma conocimiento de lo informado, sin que sea necesario realizar mayor proveído respecto de la cita que se informa, así como de la diversa causal de improcedencia que se hace valer, en virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado mediante proveído de tres de noviembre pasado; máxime que por escrito registrado con el número de promoción "21606", la parte quejosa informó que al menor de iniciales ******************** ya se le había aplicado la segunda dosis de la vacuna en comento.
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PERSONAL.... agréguese a los autos el escrito signado por María de Pilar Iglesias García, quien promueve en representación de su menor hijo de iniciales M.A.R.I, a través del cual informa que le ha sido aplicada la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, y al respecto exhiben copia del comprobante de vacunación correspondiente. Conforme a lo manifestado en el escrito de cuenta, así como al contenido del anexo que le acompaña -aplicación de la segunda dosis de la vacuna al menor-, es conveniente traer a contexto el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que al tenor establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." En términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente en los casos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación del acto combatido implica que la autoridad responsable haya revocado la actuación materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al promovente. Cabe señalar que en el presente se actualiza la causa de improcedencia en cita, toda vez que la confesión expuesta en el escrito referido, así como con la contenida en el diverso escrito registrado con el folio "18234" [que obra agregado en autos], y en los anexos que acompañan a dichos ocursos -comprobantes de vacunación-, los que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia de conformidad con su artículo 2°, párrafo segundo, es apta para establecer que han cesado en sus efectos los actos reclamados y las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional. Se sostiene la causa de improcedencia aludida cuando el juicio no tiene razón de ser porque su objetivo ha desaparecido, y que en términos del arábigo 77 de la ley en consulta, es restituir al promovente en el pleno goce y respeto del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión. En ese sentido, en oportuno precisar que los actos reclamados, medularmente se hicieron consistir en: "[.] [.]." De la lectura de lo anterior precisado, se desprende que María de Pilar Iglesias García, quien promueve en representación de su menor hijo M.A.R.I, esencialmente reclama la Política Nacional de Vacunación contra SARS-CoV-2 para la prevención del COVID19, y su ejecución, traducido en la omisión de no aplicarle la vacuna correspondiente por estar el infante en el rango de menores de doce a dieciocho años, lo que vulnera el pleno derecho a la salud. Delimitado lo anterior, se sostiene tal causal, pues en el caso acontece que el menor de edad con resguardo de identidad e iniciales M.A.R.I, fue vacunado con la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, contra SARS COV2, única en ser autorizada por la autoridad sanitaria del gobierno federal para su aplicación en menores; por lo que actualmente cuenta con el esquema completo de vacunación. Por tanto, se insiste que, la confesión realizada en el escrito que se acuerda, así como en el diverso registrado con el folio "18234", es suficiente para acreditar que las autoridades responsables han restituido al menor de edad en el goce del derecho fundamental cuya violación alegó su representante, se cometió en perjuicio del infante, pues a nada práctico conduciría el análisis de la falta de inclusión en la Política Nacional de Vacunación contra SARS-CoV-2 para la prevención del COVID19, a los menores de edad en el rango de doce a dieciocho años, si el infante quejoso fue inoculado. Por lo que, tal Política no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección constitucional. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DEL PRESENTE ASUNTO. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del tomo VII, abril de 1998, de la novena época, del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es aplicable en su parte conducente, la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 210, cuyo contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada para llevarse a cabo la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encuentra fijada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Por último, a fin de notificar el presente proveído a la parte quejosa, se habilitan días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo.
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