María del Pilar Landeros Contreras
Expediente 171/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 171/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María del Pilar Landeros Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, toda vez que transcurrió el término que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si la resolución emitida en este juicio se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que por sentencia de veintiuno de junio de dos mil veintidós, el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, concedió la protección de la Justicia Federal solicitada; para los efectos siguientes: "(.) 1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa el artículo 84 de la Ley de Ingresos del Municipio Guadalupe, Zacatecas, para los ejercicios fiscales dos mil veintiuno y dos mil veintidós; asimismo, el artículo 44, fracción I, inciso a) por lo que respecta al contenido de las tablas relativas de las zonas y el tipo de construcción, considerando valores diversos al mínimo, precisándose que la concesión no tiene como alcance de exentar a la solicitante de la tutela constitucional del pago del tributo, sino para que se ubique en la zona, subdivisión o clasificación correspondiente al valor mínimo para los referidos ejercicios. Además, la autoridad deberá desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa, en lo presente y en lo futuro, el inciso b) de la fracción I del artículo 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, para los ejercicios fiscales dos mil veintiuno y dos mil veintidós; lo que implica que se abstendrá de aplicar las sobretasas a que se refiere dicho inciso para quienes cuenten con un lote baldío o no edificado y paguen el respectivo impuesto predial, esto es, "un tanto más" con respecto al importe que les corresponda a las zonas II y III; "una vez y media más" con respecto al importe que les corresponda a las zonas IV y V; y "dos veces más" al importe que correspondan a las zonas VI, VII, VIII e Industrial. En el entendido de que dichas normas no podrán ser aplicadas ni en el presente ni en el futuro a la peticionaria del amparo mientras subsista el vicio detectado en párrafos precedentes o tenga vigencia la norma. 2. La autoridad que corresponda por ejercicio de sus funciones, deberá dejar insubsistente los recibos de pago 216890, 216891, 216892, 222853, 222854 y 222855; por ende, determine el impuesto predial por los años dos mil veintiuno y dos mil veintidós, calculando el tributo teniendo como base las cantidades de menor cuantía, atendiendo al tipo de éstos que existen en el predio referido, señalados en el artículo 44, fracción I, inciso a) de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, para los ejercicios fiscales dos mil veintiuno y dos mil veintidós; así como evitando calcular la sobretasa por corresponder a predio baldío, contenida en el artículo 44, fracción I, inciso b) de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, para los referidos ejercicios. 3. Hecho lo anterior, se devuelva las diferencias existentes entre lo pagado por concepto de impuesto predial en los recibos de pago 216890, 216891, 216892, 222853, 222854 y 222855, y lo determinado conforme al monto de menor cuantía señalado, así como lo relativo al excedente por la no aplicación de la sobretasa por corresponder a terreno baldío o no edificado, previa actualización. 4. Se devuelva a la quejosa la cantidad que haya pagado por concepto del derecho por servicio de aseo público, con base en el precepto declarado inconstitucional, previa actualización de la misma." Resolución que causó ejecutoria por auto de cinco de octubre dos mil veintidós, por lo que se procedió a requerir su cumplimiento a la autoridad responsable. En atención a lo anterior, la responsable por oficio registrado con el número de folio 19571 recibido por este juzgado el nueve de noviembre de la presente anualidad, informó en primer lugar que, que anexó el oficio por el cual se le informó a la quejosa la declaratoria expresa por la que le informan que se ha inaplicado los preceptos 44 y 84 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, para el ejercicio fiscal 2021 y 2022, en su favor. Asimismo, acredita que reintegro a la quejosa las cantidades erogadas debidamente actualizadas, pues emitió y entregó un cheque con número 3855, por concepto de "devolución de impuesto predial" en favor de María del Pilar Landeros Contreras, valioso por la cantidad de $134,469.06 (ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 06/100 moneda nacional), mismos que amparan la devolución actualizada de las cantidades erogadas por la quejosa por concepto del pago del impuesto predial amparadas en los recibos de pago 216890, 216891, 216892, 222853, 222854 y 222855. Con lo anterior, se dio vista a las partes por auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hiciera manifestación alguna. Luego, toda vez que se han acatado los efectos del fallo protector; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia con registro 165807, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por otro lado, toda vez que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se ponen a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que los recoja, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, los mismos serán destruidos. ARCHIVO En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DEPURABLE, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a las autoridades responsables y por lista de acuerdos a la Agente del Ministerio Público Federal. ...
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, a diez de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos los oficios y anexos de cuenta, signado por el Coordinador Jurídico del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y remite las constancias para acreditarlo. Por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días hábiles, legalmente computados manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacerlo, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese. ...
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El trece de octubre de dos mil veintidós, el secretario Álvaro Augusto Álvarez Rendón, da cuenta al Juez, con las promociones registradas con los folios 17962 y 18004. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a trece de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta. En atención al primero de los oficios de cuenta que firma el director de procesos legislativos y asuntos jurídicos de la LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas, por el cual informa en relación con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, la imposibilidad de dar cumplimiento con la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. En ese sentido, toda vez que la autoridad oficiante únicamente participó el proceso legislativo de la Ley de Ingresos del Municipio Guadalupe, Zacatecas, para los ejercicios fiscales dos mil veintiuno y dos mil veintidós, resulta innecesario vincularla al cumplimiento de la misma; lo anterior, en te´rminos del arti´culo 192, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, por las razones que la informan la tesis, con registro 197512 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, publicada en el Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, visible en la pa´gina 414, Tomo VI, Octubre 1997, Novena E´poca, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIO´N DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atencio´n a que en nuestro re´gimen constitucional la creacio´n de normas juri´dicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unio´n y la reglamentaria del presidente de la Repu´blica, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominacio´n que se les de´, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de cara´cter general y reu´nen los dema´s atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstraccio´n e impersonalidad. En tal virtud, en aplicacio´n del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el arti´culo 107, fraccio´n II, de la Constitucio´n Federal, que sen~ala que los efectos de las mismas so´lo pueden comprender a individuos particulares, limita´ndose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaracio´n general respecto de la ley que motivo´ el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creacio´n de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicacio´n), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicacio´n de la norma, en acatamiento del amparo, tendra´n que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicacio´n de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituira´ la repeticio´n del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Por otra parte, en relación al oficio firmado por el coordinador jurídico del Ayuntamiento de Guadalupe, mediante el cual indica las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, adjuntando las constancias que así lo acreditan; de igual manera, solicita le sea concedida una prórroga fin de dar cumplimiento con el requerimiento formulado en la sentencia dictada. Atento a lo anterior, se le concede una prórroga de veinte días hábiles, legalmente computados, para que remita a este Tribunal Federal las constancias relativas al cumplimiento total de la sentencia protectora dictada en este juicio constitucional, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización vigente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese por oficio a las autoridades oficiantes y por lista a las partes. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. °AGD En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del catorce de octubre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
El diez de octubre de dos mil veintidós, el secretario Álvaro Augusto Álvarez Rendón, da cuenta al Juez, con la promoción registrada con el folio 17861. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a diez de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el coordinador general jurídico en representación del Gobernador del Estado, mediante el cual manifiesta la imposibilidad de dar cumplimiento con la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, señalando que no vincula a la autoridad que representa, pues la concesión no afecta la vigencia de la ley impugnada, por lo que solicita no sea requerida al cumplimiento respectivo. En ese sentido, toda vez que la autoridad oficiante únicamente participó el proceso legislativo de la Ley de Ingresos del Municipio Guadalupe, Zacatecas, para los ejercicios fiscales dos mil veintiuno y dos mil veintidós, resulta innecesario vincularla al cumplimiento de la misma; lo anterior, en te´rminos del arti´culo 192, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, por las razones que la informan la tesis, con registro 197512 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, publicada en el Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, visible en la pa´gina 414, Tomo VI, Octubre 1997, Novena E´poca, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIO´N DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atencio´n a que en nuestro re´gimen constitucional la creacio´n de normas juri´dicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unio´n y la reglamentaria del presidente de la Repu´blica, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominacio´n que se les de´, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de cara´cter general y reu´nen los dema´s atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstraccio´n e impersonalidad. En tal virtud, en aplicacio´n del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el arti´culo 107, fraccio´n II, de la Constitucio´n Federal, que sen~ala que los efectos de las mismas so´lo pueden comprender a individuos particulares, limita´ndose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaracio´n general respecto de la ley que motivo´ el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creacio´n de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicacio´n), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicacio´n de la norma, en acatamiento del amparo, tendra´n que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicacio´n de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituira´ la repeticio´n del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Notifíquese por oficio a la autoridad oficiante y por lista a las partes. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. °AGD En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del once de octubre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
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