María del Pilar Dueñas Cruz
Expediente 1039/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1039/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María del Pilar Dueñas Cruz
Actuaciones
- Principal
En veintiséis de agosto de dos mil veintidós, certifico: que en el libro de promociones de la Oficialía de Partes de este juzgado, no obra escrito alguno tendente a recurrir el auto pronunciado el quince de agosto de dos mil veintidós. Además, que el plazo previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el proveído de referencia, transcurrió del dieciocho al veinticuatro de agosto del presente año. Con la anterior certificación se da cuenta al juez, así como con el estado procesal de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de quince de agosto de dos mil veintidós, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
9958 trece de mayo de dos mil veintidós 4223 veintinueve de marzo de dos mil diecinueve CUENTA. En quince de agosto de dos mil veintidós, da cuenta con lo siguiente: a) Demanda promovida por María del Pilar Dueñas Cruz, registrada con el número de folio 15209 con anexos y copias que se adjuntan. b) Con la circunstancia de que Christyan Nava González, cuentan con su cédula registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Luz María Guerrero Rodríguez, y Nathalia García Maciel. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, quince de agosto de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por María del Pilar Dueñas Cruz, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales T.T.D. y S.T.D contra actos del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1039/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, visible en la página 890, Materia Común, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.'. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.'. Ahora bien, el suscrito considera procedente desechar de plano la demanda de amparo, pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el 61, fracción XXIII, concatenado con el diverso numeral 5 fracción II, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, establece la improcedencia del juicio de amparo, que derive de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional; es decir, el catálogo de causas de improcedencia legal no es limitativo sino enunciativo, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la propia ley. Por su parte, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal. Por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, también se consideran como autoridades responsables a aquellos particulares que realicen actos similares a los de las autoridades -ya relatados-; lo anterior, siempre que su actuar esté debidamente reglamentado en algún ordenamiento legal vigente. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que autoridad para efectos del amparo es aquélla, a la cual, las normas jurídicas otorgan las características de un órgano público con potestad legal de emitir actos unilaterales, a través de los cuales puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir la voluntad de éstos y sin necesidad de acudir a los órganos judiciales. Por ello, para que una autoridad sea considerada como tal en el juicio de amparo, debe tener las siguientes características: - Ser un órgano público. - Actuar con potestad administrativa, es decir, que ejerza facultades decisorias de carácter irrenunciable, atribuidas por la ley -decisión de imperio-. - Emitir actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. - Para emitir sus actos, no requiere acudir a los órganos judiciales, ni del consentimiento del afectado. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Supremo, del título y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Entonces, como la acción constitucional es improcedente en casos de actos o conflictos entre particulares, salvo lo previsto en el último párrafo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, es decir, cuando aquélla realice actos equivalentes a los antes analizados y cuyas funciones estén determinadas en una norma legal, debe hacerse la distinción entre relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. I. De coordinación: Es la relación suscitada entre particulares, para dirimir los conflictos en ellas deben acudir a los procedimientos ordinarios establecidos para tal efecto en la legislación, y someter su resolución a las autoridades del orden común. Este tipo de relaciones pertenecen al derecho privado -civil, mercantil, laboral, agrario-, y en ellas las partes se colocan en un plano de igualdad. II. De subordinación: Se genera entre gobernantes y gobernados, pertenecen al derecho público y en ellas la voluntad del gobernante se impone a la del gobernado de manera unilateral, con los límites constitucionales (derechos humanos). La autoridad no requiere someter su decisión a los tribunales; los conflictos suscitados en ellas se resuelven a través del procedimiento contencioso administrativo y, los mecanismos de defensa de derechos humanos en el ámbito constitucional por medio del juicio de amparo. III. De supraordinación: Es la relación que se origina entre órganos del Estado, pertenecen al derecho público y se caracterizan por su unilateralidad, para la solución de conflictos entre las partes existen mecanismos políticos y jurisdiccionales -controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad-. Tiene aplicación a lo anterior, en la parte de interés, la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, del título y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Ahora, con relación a los actos consistentes en la omisión de dar respuesta a la petición realizada por la quejosa el diez de agosto del presente año, donde solicita se le otorgue respuesta a su cambio de adscripción, así como el oficio mismo en que se ordena el cambio de adscripción, se estima que no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo por los siguientes motivos. Narra la quejosa que el diez de agosto del presente año, presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, solicitándole una respuesta por su cambio de adscripción como trabajadora adscrita al Tribunal mencionado; sin embargo, refiere que la responsable ha sido omisa en dar respuesta a dicha solicitud. Entonces, se estima que la omisión que en vía constitucional pretende combatir la quejosa, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque la omisión deriva de una solicitud hecha por la aquí quejosa en calidad de trabajadora; donde solicita se le otorgue respuesta al cambio de adscripción; es decir, alguien que presta sus servicios y es remunerada por ello a determinada institución u órgano público, en este caso, la Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, precisamente como patrón o superior de la hoy quejosa; máxime que esa solicitud se realizó con la finalidad de atender cuestiones o condiciones particulares con relación trabajo y funciones que desempeña, es decir, el cambio de adscripción de María del Pilar Duelas Cruz. Por las mismas razones, el oficio en el que se ordena el cambio de adscripción, la autoridad señalada como responsable lo realiza como patrón, en un plano de coordinación y no de supra a subordinación. Todo lo cual conlleva a concluir que la omisión de dar contestación a su escrito donde solicita se le explique su cambio de adscripción reclamadas al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, es conflicto entre superior y trabajador o prestador de servicios, porque se insiste, de los antecedentes narrados se obtiene que lo que busca la aquí quejosa es se le dé contestación a su escrito presentado el diez de agosto del presente año, se convierte en un acto entre particulares, no obstante que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas sea un órgano público; además, como la propia quejosa consideró que no se ha respetado su derecho como trabajadora, la conllevó a reclamar la omisión de dar contestación a su escrito presentado el diez del presente mes y año, donde solicita se le indique el motivo por el cual fue cambiado de adscripción. Por lo anterior, cualquier, abstención, determinación o controversia que se emita con motivo de la solicitud que realice María del Pilar Duelas Cruz a efecto que se le dé contestación a su escrito presentado el diez de agosto del presente año, no será acto de autoridad para efectos del juicio de amparo sino un conflicto entre los trabajadores y sus dependencias como patrones de los mismos. Máxime que la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas en su artículo 21, último párrafo, regula el cambio de adscripción de un servidor público, y en caso de dicha persona no esté de acuerdo con dicha permuta, dicha inconformidad debe plantearse en la vía laboral ante el tribunal correspondiente. Apoya a lo anterior el siguiente criterio: "TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. LA DETERMINACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL RELATIVA A SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 34 de la Constitución Política; 1, 2, 3, 9, 10, fracción III, 11, 12, 17 y 131, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, ambos del Estado de Quintana Roo, se advierte que la relación jurídica del Poder Judicial de esa entidad con sus trabajadores se regula por la ley laboral burocrática local, que fija la competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cambio de adscripción de dichos servidores públicos. Consecuentemente, la determinación del Consejo de la Judicatura Estatal relativa al cambio de adscripción de un trabajador del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, porque ese acto lo realiza como patrón, en un plano de coordinación, y no de supra a subordinación." Por otra parte, en relación a la presentación de la demanda de amparo de los menores con iniciales T.T.D. y S.T.D contra actos del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, se desecha la demanda de amparo, en razón de las siguientes consideraciones: En principio conviene precisar que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad y que su procedencia se supedita a los diversos principios que lo rigen. Dentro de los postulados básicos del juicio de garantías está el de instancia de parte agraviada y el de la existencia del agravio personal y directo, contenidos en el artículo 6° de la Ley de Amparo, los cuales consisten en que el juicio de amparo sólo se puede promover por quien resulte perjudicado con un acto de autoridad, por aquél que resiente el agravio de manera directa y personal. Al respecto, los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo vigente, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (.)" De la lectura de los preceptos legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada rector del juicio de amparo, previsto en el artículo 6° de la Ley de Amparo, el cual establece una regla general a seguir para la procedencia del juicio constitucional, relativa a que éste sólo se puede promover por aquella persona a quien afecte la norma general o cualquier otro acto de autoridad; sin embargo, también prevé un caso excepcional, pues, dicho principio se considera cumplido si la demanda es promovida por un representante del agraviado o su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o bien, por medio de algún pariente, o persona extraña en los casos en que la ley reglamentaria lo permita en forma expresa. En tal virtud, como el acto reclamado en la demanda de amparo no se ubica en los supuestos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, es evidente que no se justifica el hecho de que otra persona promueva en su favor la demanda. En el caso, los menores promoventes T.T.D. y S.T.D reclaman: El oficio en que se ordena el cambio de adscripción de su madre a diverso lugar de trabajo. La omisión de las autoridades responsables de escuchar a los menores en el procedimiento de cambio de adscripción de su madre. Por lo que se surte el supuesto de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, este último citado con antelación, de la propia ley reglamentaria, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, justifica la existencia de diversas causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguna de las específicas previstas en el numeral de referencia; ejemplo la establecida en los numerales 5º, fracción I y 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Por otra parte, del análisis de los referidos artículos 5º, fracción I y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto que se reclame; en consecuencia, para que sea procedente, es menester que quien lo interponga esté legitimado para ello, presupuesto que se colma con la existencia de una ofensa, lesión o agravio en su esfera de derechos. En ese tenor, es dable afirmar que si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; entonces, aquella persona que no resulta agraviada directamente con el acto o resolución que pretende reclamar, carece de legitimación para excitar la función jurisdiccional y por ende, resulta improcedente la demanda que promueva en esas circunstancias. En el caso, el análisis integral de la demanda de amparo, en términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, advierte que T.T.D. y S.T.D reclaman el oficio en que se ordena el cambio de adscripción de su madre a diverso lugar de trabajo. Lo cual evidencia que T.T.D. y S.T.D carecen de legitimación para promover la acción constitucional, porque el acto que reclaman no les causa agravio material y directo en su esfera jurídica, ya éstos únicamente inciden en la esfera jurídica de María del Pila Dueñas Cruz; y, por tanto, no se surte el supuesto de procedibilidad previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo. En esa tesitura, se reitera que la determinación reclamada no les causa un agravio personal y directo a la esfera jurídica de los menores promoventes, ya que los actos reclamados únicamente causan agravio a María del Pila Dueñas Cruz. Es aplicable al caso, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Tomo CXXX, materia administrativa, Quinta Época, que se cita enseguida: "LEGITIMACIÓN PARA LA ACCIÓN DE AMPARO Y RECURSOS Y ACCIONES INCIDENTALES. La legitimación, para iniciar y seguir el recurso de garantías, debe fundarse en la ofensa, lesión o agravio, causado por acto de autoridad o por la ley, al interés del particular, moral o físico, sea de naturaleza jurídica o patrimonial; y esa legitimación para lo principal, lógicamente se requiere para propuestos, durante el curso del juicio o terminado éste, así sean, por razón de legitimación y de igualdad, partes principales en la controversia constitucional, terceros perjudicados o terceros extraños; y de no llenarse esos requisitos básicos, surge ineludiblemente la improcedencia, sea también de la acción principal, recursos y acciones incidentales, en los términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, ya que puede ocurrir que no se compruebe la afectación de los intereses jurídicos del quejoso; que el acto reclamado haya sido consentido, tácita o expresamente; que haya cambiado la situación jurídica del acto impugnado o dejado este de surtir efectos por extemporaneidad de la demandada y otras causas. La legitimación por consecuencia, que requieren la acción de amparo, y los recursos o incidentes que surjan en la controversia o terminada ésta, no es otra, fundamentalmente que la lesión u ofensa de un derecho constitutivo del agravio que deba ser reparado por anticonstitucional o ilegítimo." Similar opinión sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 200/2022, de su estadística, donde un menor acudió al juicio de amparo, reclamando el traslado de su padre a un diverso centro penitenciario. Por lo tanto, debe estimarse actualizada las causales de improcedencia previstas por la fracción XXIII, del artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, 5º fracción II, y 6°, todos de la Ley de Amparo; y consecuentemente lo procedente es desechar la demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Christyan Nava González toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos a Luz María Guerrero Rodríguez, y Nathalia García Maciel; por no contar con dicho registro; además, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado, ante Jaime Santillán Chávez, secretario que autoriza y da fe. Nes
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