María del Pilar Centurión Díaz
Expediente 377/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 377/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María del Pilar Centurión Díaz
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil dieciocho. CAUSA ESTADO. Visto por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se DESECHÓ la demanda de garantías promovida por María del Pilar Centurión Díaz; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. ARCHIVO DEFINITIVO. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. DESTRUCCIÓN. En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede se advierte que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente expediente, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. TRANSFERENCIA. Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial ubicado en Toluca, Estado de México, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy FeJso.
- Principal
Por lista notifico a la promovente el siguiente auto: Morelia, Michoacán, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. CUMPLE PREVENCIÓN. Visto el escrito de cuenta que suscribe la quejosa María del Pilar Centurión Díaz, mediante el cual, en atención a la prevención que les fue formulada mediante proveído de dos de mayo de dos mil dieciocho, bajo protesta de decir verdad precisa que no es su deseo señalar como acto reclamado la orden de detención de la quejosa directa, ni autoridad responsable al respecto. Asimismo, precisa las autoridades responsables, así como el acto que respectivamente les atribuye. Finalmente, anexa a su escrito, copias suficientes para correr traslado a las demás partes. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA DEMANDA En mérito de lo anterior, se inicia el análisis de procedencia o improcedencia de la demanda. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Por su parte, el diverso artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, en observancia a dichos numerales, el suscrito estima que la demanda promovida deviene improcedente respecto de los actos que la parte quejosa reclama del Director de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía de Morelia, Michoacán, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y otras autoridades, consistente en a).- La integración de la carpeta de investigación número 1003201815910; b).- Ordenar la integración del procedimiento de conciliación, mediación y junta restaurativa, ante el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución a Controversias, sin que previamente se le hubiesen dado a conocer los hechos denunciados, ni acceso a los datos de prueba. c).- La citación dentro del procedimiento de conciliación, mediación y Junta Restaurativa ante el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, sin que previamente se le hubiesen dado a conocer los hechos denunciados, ni acceso a los datos de prueba; lo anterior, por los motivos que a continuación se expondrán: El arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Del primero de los artículos transcritos, se desprende que para la procedencia de la acción constitucional, es menester que ésta se siga a instancia de la parte agraviada, esto es, quien acuda a solicitar la protección de los Tribunales Federales, debe ser aquél que resienta un agravio. Por su parte, el segundo de los dispositivos, confirma lo que el imperativo constitucional establece, pues prevé que el juicio de amparo deberá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique la ley o acto que de cada autoridad se reclama. Luego, por agravio personal y directo se entiende la lesión o afectación de los derechos de una persona, a través de una resolución judicial o cualquier acto de autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un derecho, y éste es el significado que se emplea en los numerales 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales. Lo anterior se explica en virtud de que la Constitución Federal establece el juicio de amparo como un medio de defensa de los derechos sustantivos, para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de las garantías individuales. Ahora bien, en relación con esto último, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público". Del texto constitucional trascrito se desprende que la persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público en representación de la sociedad, por lo tanto, debe colegirse que dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no forma parte de los derechos fundamentales de los gobernados, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a dicha institución. De ahí que las actuaciones de la autoridad responsable tendientes a la integración y consignación de averiguación previa o carpeta de investigación, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, puesto que son de orden público, excepción hecha cuando en aquella se ordenara un acto privativo de la libertad, posesiones o derechos. Por otra parte, de conformidad con los artículos 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 218, y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el sistema penal acusatorio, a cargo del Ministerio Público, tiene por objeto que éste reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; lo cual, por regla general está exento de cualquier acción tendente a paralizarlo, incluso el control constitucional, pues los actos en la referida fase no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender a su esfera jurídica, en la medida de que aquéllos son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Además, como se precisó en supra líneas, de considerar que los actos dictados durante la substanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber el Ministerio Público de recabar datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe probabilidad de que el indicado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, el artículo 2181 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que en la investigación inicial, los registros de ésta, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados. Además, que el imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. De ahí que sea incuestionable que, por el estado procesal de la carpeta de investigación, no es susceptible de combatirse, a través del juicio de amparo, los actos que reclama el impetrante de amparo, aun cuando pudiera alegarse que con ellos se trastoca el derecho fundamental de defensa adecuada, dado que ese derecho podrá ejercerse una vez que se actualice alguna de los supuestos establecidos en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales en comento. Inclusive, lo antes determinado encuentra sustento en la propia Constitución, donde se limita al quejoso para ejercer el citado derecho de defensa, al no ubicarse en ninguno de las hipótesis que establece el numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, para corroborar lo considerado conviene transcribir la fracción VI del artículo 20, apartado B, de la Constitución Federal, que dispone: "Artículo 20. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; (.)". Del precepto transcrito se advierte el derecho de defensa adecuada de todo imputado, pues tanto éste como su defensa tendrán acceso a los registros de investigación, no obstante ello, dicho derecho se encuentra limitado a que siempre y cuando el primero se encuentre detenido y cuando se le pretenda recibir su declaración ante el juez de control o entrevista realizada ante la representación social en la fase de investigación inicial, en el caso de ser citado a declarar por parte del Ministerio Público. Limitaciones constitucionales que plasmó el legislador en el artículo 218 del Nacional de Procedimientos Penales, al establecer que el imputado y su defensor podrán tener acceso a la carpeta de investigación cuando se encuentre detenido el presunto responsable, sea citado para comparecer como imputado y se pretenda recibir su entrevista, ya que a partir de dicho momento no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. En la inteligencia que, es facultad del Ministerio Público determinar si resulta necesario para la integración de la carpeta de investigación respectiva, contar con la declaración o entrevista del imputado como dato de prueba, siendo que únicamente en ese supuesto, es que solicitará su comparecencia a la misma, al no ser obligatorio la obtención de su declaración en dicha indagatoria. Además, es de destacarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 293/2011, sostuvo que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material. Consideraciones que fueron plasmadas en la jurisprudencia P./J. 20/2014(10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril 2014, Tomo I, Décima Época, página 202, que literalmente dispone: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano." De ahí que, el derecho de defensa no se encuentra trasgredido puesto que dicho derecho, se insiste, podrá ejercerse una vez que se actualice, en su persona, alguna de las hipótesis establecidas en el citado numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que como se ha dejado establecido, derivan de lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, constitucional. Es decir, de conformidad con los citados artículos constitucional y legal, el imputado y su defensa tendrán acceso a los registros de investigación cuando se encuentre detenido; se reciba su declaración ante el juez de control; o entrevista realizada ante la representación social en la fase de investigación inicial; o en el caso de ser citado para comparecer como imputado a declarar por parte del Ministerio Público, ya que a partir de cualquiera de esos supuestos no podrán mantenerse en reserva los registros de la carpeta de investigación, precisamente, para no afectar su derecho de defensa. Asimismo, es de destacarse que el numeral 219 del código adjetivo nacional penal invocado, dispone que una vez convocados a la audiencia inicial el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar su defensa. Igualmente, de conformidad con el artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público podrá solicitar excepcionalmente al juez de control que determinada información se mantenga bajo reserva aun después de la vinculación a proceso, ello, con el objeto de evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los testigos del hecho, para asegurar el éxito de la investigación, o para garantizar la protección de personas o bienes jurídicos. En esa tesitura, cuando esté en cualquiera de esos casos, el quejoso tendría derecho a preparar su defensa, o en su caso, podría acudir ante el juez de control si el Ministerio Público le negara el acceso a la carpeta de investigación. Máxime que, conforme al nuevo sistema penal acusatorio, los actos del Ministerio Público en la investigación inicial como en la complementaria, tienden a ser revisados o controlados primeramente por los jueces penales y los actos o determinaciones de estos últimos son objeto de análisis constitucional a través del juicio de amparo, de ser procedente el mismo. Lo cual es acorde con los principios constitucionales y legales del nuevo sistema penal acusatorio, principios que deben ser considerados por los jueces constitucionales al resolver sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio se desprende que, en esencia, el impetrante de amparo reclama la integración de la carpeta de investigación número 1003201815910 que se lleva ante la Fiscalía de Morelia, Michoacán, por la supuesta comisión del delito de fraude específico, cometido en agravio de José Salvador Bejarano Rojas y otros, así como el procedimiento de conciliación, mediación y junta restaurativa; lo anterior sin que se le haya dado a conocer al denunciante los hechos y datos de prueba que justifican la investigación de su persona. Conforme al marco legal expuesto, los actos así reclamados no le deparan perjuicio alguno a la quejosa, pues dichas actuaciones no implican que se le haya privado de su libertad, posesiones o derechos; además de que, como ya se dijo, la facultad del Ministerio Público para la persecución e investigación de los delitos no es un derecho que forme parte de la esfera jurídica de los quejosos, sino que es un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a la institución mencionada, por lo que la resolución sobre su integración, no le irroga perjuicio alguno sino hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resuelve procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión. En decir, la quejosa carece de interés jurídico para instar la acción constitucional, ya que el acto reclamado no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica, ya que es susceptible de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el juez de control y, en su caso, se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Lo anterior sin pasar desapercibido de que también pretende impugnar la integración y citación al procedimiento de conciliación originado con motivo de la investigación aludida; sin embargo, es el caso que lo anterior no le irroga perjuicio alguno, pues se toma en cuenta que dicho procedimiento es un mecanismo alternativo de solución de controversias en materia penal, cuya finalidad es propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre los miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad; procedimiento que, en lo que interesa, se rige por el principio de voluntariedad, es decir, la participación de los intervinientes acontece de manera libre por decisión propia, sin coacción y no por obligación, lo anterior en términos de los artículos 1 y 4 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Así las cosas, los actos reclamados no irrogan una afectación real y actual en la esfera jurídica a la peticionaria de amparo, de ahí que se arribe a la conclusión en el sentido de que no tienen interés jurídico para reclamar por esta vía los actos emanados de alguna carpeta de investigación, lo que actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, pues como se precisó con antelación, basta la lectura del escrito de demanda para tener conocimiento cuáles son los actos reclamados y advertir su naturaleza, por lo que, con independencia de que se sustancie el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo procedente es DESECHAR DE PLANO de la demanda promovida por María del Pilar Centurión Díaz, con fundamento en el artículo 113 de la misma ley. Resulta ilustrativa por las razones en ella expuesta la tesis aislada 1a. CXXXV/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, de rubro y texto siguientes: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." También es aplicable la tesis visible en la página 2592, libro 33, agosto de 2016, Tomo IV, Materia Común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo Coahuila, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." Asimismo, se cita la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, de rubro y texto siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión."
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