María del Carmen Ortega León

Expediente 356/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
356/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
08/08/2018

Partes del expediente

  • María del Carmen Ortega León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil dieciocho. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 1/2009 En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo y el cuaderno principal incidental, encuadran en las hipótesis contenidas en el punto vigésimo primero, fracciones II y III, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído el juicio de amparo y negado las medidas cautelares solicitadas, por lo que se estima que los mismos son SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. DESTINO AL DUPLICADO DE CUADERNO INCIDENTAL En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción III, punto vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse dictado la interlocutoria correspondiente. TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTE Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial correspondiente, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de éste órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3470/2018, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmg

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de agosto de dos mil dieciocho. CUENTA CON AUTOS. Vista la cuenta que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa que es a quien le afecta el sentido de la presente resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de doce de julio de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ en los autos del juicio de amparo en que se actúa; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3470/2018, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 356/2018 promovido por María del Carmen Ortega León contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tienen reconocido el carácter de terceros interesados José García Toledo y Gabriel Prado Fernández, quienes se encuentran debidamente emplazados. Asimismo, se hace constar que el término de tres días concedido al tercero interesado Gabriel Prado Fernández, a efecto de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, transcurrió del cinco al siete de junio de dos mil dieciocho, lo cual no aconteció, por tanto, se ordena hacer las subsecuentes por medio de lista, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: El Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, de este Distrito Judicial, con sede en esta Ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa ofreció como medios de convicción las documentales que anexo a su escrito de demanda, en tanto que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada del juicio sumario civil número 898/2015. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Hace constar que el tercero interesado José García Toledo, formuló los alegatos que a su derecho corresponden. EL JUEZ: Ténganse por formulados los alegatos de referencia en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo II- 356/2018, promovido por MARÍA DEL CARMEN ORTEGA LEÓN, por su propio derecho; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, recibido en esa misma data por el Oficial de Partes de este Juzgado, MARÍA DEL CARMEN ORTEGA LEÓN, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, respecto de los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- ADMISIÓN DEMANDA.- En auto de cuatro de mayo del año en curso, este órgano jurisdiccional admitió dicho libelo constitucional, registrándolo con el número II-356/2018; se ordenó solicitar a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se encomendó al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional emplazar a los terceros interesados JOSÉ GARCÍA TOLEDO Y GABRIEL PRADO FERNÁNDEZ, lo cual aconteció según se advierte de autos a fojas 161 a 164 de este expediente; finalmente, seguido el juicio por sus demás trámites, tuvo verificativo la audiencia constitucional que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama los actos siguientes: 1.- El auto de cuatro de enero de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, dentro del juicio sumario civil número 898/2015, que sobre rescisión de contrato de arrendamiento promueve GABRIEL PRADO FERNÁNDEZ en contra de JOSÉ GARCÍA TOLEDO, a través del cual ordenó el desalojo del inmueble ubicado en la calle Privada Circuito de las Jacarandas, construida en el lote número 2, manzana E, con número 41-B, del fraccionamiento Las Hueertas Country Club, antes Country Club, situado a la salida a Pátzcuaro, de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO.- Del contenido integral del informe justificado, se advierte la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las constancias que exhibió la juzgadora responsable, consistentes en copia certificada del juicio sumario civil 898/2015, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278." CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de garantías, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia siguiente: "Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95." En la especie, este juzgado considera se actualiza la se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora de las documentales ya valoradas relativas al juico de donde deriva el acto reclamado, se advierte lo siguiente: 1.- Que el nueve de noviembre de dos mil quince, GABRIEL PRADO FERNÁNDEZ, demandó en la vía sumaria civil de JOSÉ GARCÍA TOLEDO, la rescisión del contrato escrito de arrendamiento celebrado el uno de enero de dos mil siete, respecto del inmueble ubicado en la calle Privada Circuito de las Jacarandas, número 41-B, del fraccionamiento Las Huertas Country Club, antes Country Club, situado a la salida a Pátzcuaro, Michoacán, de esta ciudad de Morelia, así como otras prestaciones. 2.- Dicha demanda fue admitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, el once de noviembre de dos mil quince, auto en el que también ordenó emplazar al demandado. 3.- El juicio se tramitó por todas sus etapas procesales, y el doce de octubre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva, en la cual el juzgador responsable declaró procedente la acción intentada, declaró la rescisión del contrato de arrendamiento en cita, se condenó al demandado a desocupar y entregar a la parte arrendadora el bien raíz objeto de dicho juicio, apercibido que de no hacerlo dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 726, del Código Procesal Civil del Estado, sería lanzada del mismo a su costa; asimismo se impuso al demandado pagar a favor del arrendador la suma de veinticinco mil pesos por concepto de las rentas vencidas y no cubiertas correspondientes a los meses de enero a octubre de dos mil quince, así como las pensiones rentísticas que se sigan erogando hasta la desocupación y entrega del inmueble materia del arriendo. 4.- El quince de noviembre de dos mil dieciséis, el juzgador de primer grado declaró ejecutoriada la aludida sentencia, elevándola a la categoría de cosa juzgada y ordenó notificar a la parte demandada, para que dentro del término de tres días, cumpliera voluntariamente con dicha resolución, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procedería a su ejecución forzosa. 5.- En auto de cuatro de enero de dos mil diecisiete, virtud al incumplimiento de la parte demandada, sobre lo señalado en el punto anterior, la responsable, ordenó la ejecución forzosa de dicha resolución, autorizando el uso de la fuerza pública y cerrajero, a fin de llevar a cabo del desalojo del inmueble ya referido. 6.- El cinco de abril de dos mil dieciocho, el Juez y Secretario de Acuerdos del juzgado responsable, se presentaron junto con el apoderado jurídico de la parte actora, hoy tercero interesado en el inmueble multicitado, a efecto de llevar a cabo al diligencia de desalojo; sin embargo, acudió a su llamado una persona que se identificó como Ofelia León Campos, y una vez que le indicaron el motivo de su presencia, les indicó que ella vive en esa casa con sus dos nietos menores de edad y su hija de nombre Carmen Ortega León, ésta última también asistió a dicha diligencia, en la cual afirmó conocer tanto al actor como al demandado del juico natural, que éste último es el padre de sus hijos, que se encontraba viviendo en ese domicilio aproximadamente desde la fecha de la suscripción del contrato de arrendamiento base de la acción del contradictorio de origen, esto es, el uno de enero de dos mil siete; asimismo se advierte que en ese momento la ahora quejosa llegó a un convenio con la parte actora, hoy tercero interesada, para desocupar el inmueble en el término de un mes natural que concluiría el cinco de mayo del presente año, para desocupar voluntariamente el inmueble de mérito, con el apercibimiento que de no hacerlo se continuaría con la ejecución de la sentencia dictada en ese contradictorio En el caso que nos ocupa, el acto reclamado deriva del juicio sumario civil 898/2015, promovido por GABRIEL PRADO FERNÁNDEZ en contra de JOSÉ GARCÍA TOLEDO, sobre rescisión de contrato de arrendamiento respecto del inmueble ya descrito en esta sentencia, cuya desposesión reclama la parte quejosa. Al efecto la quejosa como tercero extraña a dicho procedimiento, se ostenta poseedora del inmueble cuyo desalojo reclama. En principio se considera que la orden de desalojo reclamada, no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, pues en principio la misma se encuentra dirigida a JOSÉ GARCÍA TOLEDO, como arrendatario del inmueble, materia de rescisión del contrato de arrendamiento en el juico de donde deriva el acto reclamado por la ahora quejosa, como tercero extraña a dicho procedimiento. En consecuencia, si la ahora quejosa se duele que con motivo de dicha diligencia se le ha causado molestia en su posesión, debe acreditar el interés jurídico que tiene sobre el inmueble, o dicho en otras palabras, la afectación al derecho sustantivo especificó de la posesión que aquí defiende. Corrobora lo anterior, la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2006503 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común, Civil Tesis: I.13o.C.12 C (10a.) Página: 2040 INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias. DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 6/2014. Moisés Alejandro Juan Ugalde Hernández. 12 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio Solorio Campos. Secretario: Gabriel Zúñiga Roque. Amparo en revisión 36/2014. José Luis Medina Camargo. 5 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio Solorio Campos. Secretario: Gabriel Zúñiga Roque. Amparo en revisión 39/2014. Moisés Alejandro Juan Ugalde Hernández. 20 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio Solorio Campos. Secretario: Gabriel Zúñiga Roque. Esta tesis se publicó el viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Amparo en revisión 1441/88. Guadalupe Henderson Calderón. 29 de agosto de 1988. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García. Amparo en revisión 1522/97. Comisariado Ejidal de Mixquic, Delegación Tláhuac, Distrito Federal. 2 de diciembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. Amparo en revisión 204/2002. Enseñanza y Educación de Occidente, A.C. e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 18 de septiembre de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez. Amparo en revisión 964/2005. Jorge Francisco Durán Olvera y/o Jorge Durán Olvera. 10 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Joaquín Cisneros Sánchez. Amparo directo en revisión 1035/2007. Tenedora Global, S.A. de C.V. 5 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Miriam Flores Aguilar. Tesis de jurisprudencia 168/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil siete." Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, sostiene lo siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2004501 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: 2a. LXXX/2013 (10a.) Página: 1854 INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Amparo en revisión 256/2013. Luis Miguel Padilla Martínez. 7 de agosto de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 470/2013, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 2 de diciembre de 2013." Conforme al anterior criterio, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado como condicionantes para demostrar el interés jurídico lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. A su vez para acreditar el interés legítimo la promovente del amparo deberá demostrar: La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); Que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; y, La afectación o posición general frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. En esa tesitura, para lograr que un juicio de amparo sea procedente, quien lo promueva necesariamente se encuentra obligado a acreditar que es titular de un derecho subjetivo y que éste haya sido violado como consecuencia del acto reclamado, o bien la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); así como que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya que sea por una circunstancia personal o por una regulación grupal; y, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Así las cosas, aun cuando la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de cuatro de enero de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, dentro del juicio sumario civil número 898/2015, que sobre rescisión de contrato de arrendamiento promueve GABRIEL PRADO FERNÁNDEZ en contra de JOSÉ GARCÍA TOLEDO, a través del cual ordenó el desalojo del inmueble ubicado en la calle Privada Circuito de las Jacarandas, construida en el lote número 2, manzana E, con número 41-B, del fraccionamiento Las Huertas Country Club, antes Country Club, situado a la salida a Pátzcuaro, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, dicha quejosa carece de legitimación para promover el juicio de amparo. Es así, porque la determinación reclamada no tiene efectos sobre algún derecho de la parte quejosa, pues aunque esta refiere en su demanda de amparo que le fue donado por el padre de sus hijos, demandado en el contradictorio de origen, hoy tercero interesado JOSÉ GARCÍA TOLEDO, en pago de la pensión alimenticia. Sin embargo la quejosa no exhibió el documento con el cual pudiera acreditar ser titular de dicho derecho de posesión, esto es, el original o copia certificada de contrato de donación respectivo; de ahí que el acto reclamado no puede ser cuestionado por la impetrante, pues sólo a las referidas personas físicas que figuran como parte formal en dicho juicio sumario, es a quienes podría ocasionar el perjuicio personal y directo que se requiere, y, por ende, los únicos legitimados para reclamar su reparación. De lo anterior se evidencia que la promovente no cuenta con interés jurídico para reclamar dichas actuaciones mediante el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 807072 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo LXXXII Materia(s): Común Tesis: Página: 3490 PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias. Amparo civil en revisión 1365/44. Portilla viuda de García Bárcena Cándida. 17 de noviembre de 1944. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.". No es obstáculo para lo anterior, el que la parte quejosa haya exhibido como pruebas, las copias simples de constancias relativas a la jurisdicción voluntaria 1608/2015, tramitadas ante el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, por María de Carmen Ortega León, sobre fijación y pago de alimentos provisionales a favor de los menores José Alejandro y Mauricio ambos de apellidos García Ortega, a cargo de J. Salatiel García Toledo, pues las mismas, por su naturaleza, no hacen prueba plena sobre los hechos contenidos, dada la facilidad con la cual pueden confeccionarse, además de no encontrarse robustecidas con algún otro medio de convicción y dado que de éstas tampoco se desprende que la aquí quejosa cuente con un título jurídico que le dé el derecho de poseer el inmueble que defiende. Es aplicable la tesis siguiente: "Época: Novena Época Registro: 186304 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Agosto de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.11o.C.1 K Página: 1269 COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 157/2002. Guadalupe de la Rosa de la Rosa. 22 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.". De igual forma, la documental relativa al recibió de "MEGACABLE", a nombre de MARÍA DEL CARMEN ORTEGA LEÓN, y la copia del escrito con sello de recibido el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, por el Juzgado Séptimo Familiar de este Distrito Judicial, presentado por la ahora quejosa dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 1608/2015, a través del cual solicita al juzgador de primer grado ordene requerir al deudor alimentista de las mensualidades que ahí refiere se encuentran vencidas y no pagadas por el mismo por concepto del pago de alimentos provisionales, tampoco son idóneas para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa en el presente asunto, pues sólo demuestran los hechos contenidos en las mismas, pero en forma alguna acreditan tal interés que pudiera tener para promover este amparo, ni la titularidad del derecho de posesión que afirma ostentar respecto del inmueble en cita. Por último cabe destacar, que no pasa inadvertido para este juzgador, el hecho de que de las constancias del juicio de origen se advierta que en la diligencia de cinco de abril de dos mil dieciocho,haya estado presente la aquí quejosa por encontrarse en el inmueble que defiende; sin embargo, tal circunstancia únicamente acreditaría, en su caso, la posesión del bien raíz en calidad de simple ocupante, pero no demostraría en forma alguna que cuente con un título jurídico que le permita poseer el inmueble y, por tanto su interés jurídico. Sirve de sustento a lo anterior las tesis que a continuación se transcriben: "Época: Octava Época Registro: 230328 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988 Materia(s): Civil Tesis: Página: 403 POSESION. LA QUE DEL INMUEBLE POR LOS FAMILIARES DEL TITULAR LES DA EL CARACTER DE SIMPLES OCUPANTES, SIN DERECHO PARA DEFENDERLA EN EL JUICIO DE GARANTIAS. Es evidente que la esposa y los hijos del titular de un derecho de posesión, quiénes solamente están viviendo en el inmueble por su relación con éste, son simples ocupantes que no detentan ningún derecho propio sobre el bien, que pueda ser protegible por la justicia federal, por lo que si el titular del derecho fue demandado en el juicio de origen y con la ejecución de la sentencia se ordena la desocupación y entrega del inmueble a actor, tales actos no les deparan perjuicios que puedan reclamar mediante el juicio de garantías, el que debe sobreseerse, al surtirse la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, puesto que la cónyuge y sus menores hijos carecen de interés jurídico. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 202/88. Irma Aurora Estrada Cárdenas y coagraviados. 18 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Sánchez Fitta. Secretario: Guillermo Loreto Martínez." "Época: Octava Época Registro: 220548 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Febrero de 1992 Materia(s): Común Tesis: Página: 199 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO ES PROMOVIDO POR LOS FAMILIARES DEL TITULAR DEL DERECHO DE POSESION. Si el juicio de garantías fue promovido por la esposa del titular del derecho de posesión del inmueble de referencia, solamente por estar viviendo en el mismo, por su relación con aquél, debe ser considerada como simple ocupante, que no tiene ningún derecho propio sobre el bien que pueda ser protegido por la justicia federal, por lo que si el titular del derecho fue demandado en el juicio de donde emanan los actos reclamados, y en ejecución de sentencia se ordenó la desocupación y entrega del inmueble a los actores, tales actos no le deparan perjuicios a la esposa del demandado que pueda reclamar mediante el juicio de amparo; por lo que, lo actuado en el juicio del que afirma ser tercera extraña, sólo puede pararle perjuicios materiales, ya que sólo la posesión es protegible y no la simple tenencia, no implicando esta última la existencia de un interés jurídico, sino en todo caso un interés económico que no la faculta para reclamarlo en vía constitucional, por lo que el amparo que promueva debe sobreseerse al surtirse la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, puesto que la cónyuge carece de interés jurídico. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 22/91. Petra Celedón Martínez y otros. 12 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Angel Morales Hernández. Secretario: Miguel Avalos Mendoza." En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Por lo que con ello, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por el agraviado, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables y que con antelación se precisaron. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución reclamados, al no reclamarse por vicios propios, sino derivado de la inconstitucionalidad atribuida al acto de la ordenadora. Es aplicable la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "Época: Séptima Época Registro: 253622 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 91-96, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 286 AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. Séptima Epoca, Sexta Parte: Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 329/76. Alejandro y América Vázquez Talavera. 26 de octubre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Barredo Pereira. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 314/76. José María Moreno y Manuel de Jesús Argüello. 3 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 481/76. Patricio Cámara Peón. 15 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 247/76. José Jesús Mijangos Rosado. 17 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 485/76. Patricio Cámara Peón. 29 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Ismael Colmenares Martínez. Secretario: Leonardo Rodríguez Bastar. Nota: En el Informe de 1976, página 449, la tesis aparece bajo el rubro "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO.",en la página 450, "AUTORIDADES EJECUTORAS. SOBRESEIMIENTO.", y en la página 463, "SOBRESEIMIENTO. ES EXTENSIVO RESPECTO A AUTORIDADES EJECUTORAS.". En el Informe de 1977, la tesis aparece bajo el rubro "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO.". Sin que el sobreseimiento decretado, cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que éste principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2002139 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. LXXXI/2012 (10a.) Página: 1587 DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastacio Zaragoza Rojas y otro. 5 de septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón." QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por MARÍA DEL CARMEN ORTEGA LEÓN, contra los actos y autoridades que precisadas quedaron los considerandos tercero y cuarto del presente fallo, por las razones expuestas en los mismos. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma GERARDO ORTÍZ PÉREZ DE LOS REYES, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, ESPERANZA FUENTES REYES.- Conste. Esperanza Fuentes Reyes

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil dieciocho. SE APERSONA TERCERO INTERESADO. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el tercero interesado José García Toledo, a través del cual comparece dentro del presente juicio de garantías. SE SEÑALA DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otra parte, téngase al ocursante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso de cuenta; y como sus autorizados a José Elías Morales Domínguez y Ma. del Refugio Zamora González, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. SE ADMITEN PRUEBAS Y ALEGATOS Finalmente, se tiene al ocursante formulando alegatos a su favor, en términos del artículo 124 de la Ley Amparo, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con la Secretaria Esperanza Fuentes Reyes que autoriza.- Doy fe.mmg

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